l número de delitos en nuestro país ha
aumentado un 14,5% durante el pasado año, según datos del Fiscal General del
Estado. Lejos de entrar en el origen del problema, el Ministerio del
Interior acaba de presentar un Plan para luchar contra la delincuencia, que
incluye una serie de medidas que han sido duramente criticadas, por vulnerar
garantías constitucionales en algunos casos. De todo ello hablamos con el
Magistrado Joaquín Navarro.
-¿Qué opinión le merece este Plan contra la delincuencia que pretende
poner en marcha el Gobierno para, -según palabras del presidente Aznar-
"barrer las calles"?
-Es un plan que no aporta ninguna novedad y me parece que es abierta y
profundamente represivo.
-¿Qué puntos considera usted más preocupantes?
-Todos. Empezando por los juicios rápidos: o hay juicios o no los hay.
Jueces y fiscales se oponen a este tipo de juicios porque a su entender
atentan contra las garantías constitucionales, especialmente para los
delincuentes menores que es a quienes va dirigida la norma. Fíjese que en
ningún momento hablan de los delincuentes mayores.
Segundo tema: cambio de la normativa en lo referente a la prisión
provisional. Es otra barbaridad. En comparación con otros países europeos,
aquí tenemos el tiempo más prolongado de detención, hasta 72 horas. Luego,
la prisión por causas graves puede llegar hasta cuatro años de preventiva. Y
para decretar prisión preventiva se exige algo tan estúpido como que el
delito pueda ser causa de alarma social ¿?. Es imposible ampliar más este
tipo de prisión. Se pretende crear una medida general por la cual la prisión
sea la regla y la libertad la excepción, cuando la Constitución ordena
precisamente lo contrario. Tampoco estoy de acuerdo con la aplicación de
esta medida para los delincuentes reincidentes, porque es tanto como decir
que no creo en la resocialización de los individuos como finalidad de la
pena, que es lo que señala la Constitución.
Otro tema: cuando se trate de inmigrantes irregulares que hayan cometido un
delito por el que quepa una pena inferior a seis años, se sustituye la pena
por la expulsión. ¿Y dónde queda el derecho de recurso? ¿El inmigrante
irregular no tiene derecho a recurrir si ha sido condenado de manera
injusta? El derecho a la doble instancia es un derecho universal, según las
Declaraciones Internacionales de Derechos. Además, si un español comete un
delito tiene la obligación de cumplir una pena, ¿y el inmigrante irregular
no? Estas desigualdades atentan directamente contra el alma de la justicia.
-La fiscalía de Madrid ha pedido cautela al Gobierno a la hora de valorar
el problema de la delincuencia porque señala con el dedo a los inmigrantes
como causa del mismo, cuando existen otras razones de fondo como la pobreza
y la marginación.
-Estoy de acuerdo con el fiscal de Madrid. La causa más importante de la
delincuencia es la miseria, la falta de adaptación a una sociedad que no
suministra los elementos indispensables para la subsistencia de un sector
muy importante de la propia sociedad. No es que los inmigrantes -algunos de
ellos-, estén proclives a apoderarse de lo ajeno porque adoran ese deporte;
sino que son pobres, han venido aquí para sobrevivir y quieren hacerlo
dignamente, trabajando, pero como no encuentran trabajo y se ven perseguidos
y acosados, pues roban un poco para subsistir. ¿Por ello se les llama
delincuentes peligrosos y proclives al delito?
Fíjese que Aznar en vez de decir que va a barrer la calle de delincuentes,
se refiere especialmente a los delincuentes menores. ¿Y los mayores,
incluido su amigo Berlusconi? Me indignan este tipo de proclamaciones
propias de la extrema derecha que ya parecían superadas por la historia.
-El Ejecutivo va a convocar, de aquí al 2004, cerca de trece mil plazas
de policía y más de siete mil de guardia civil, con el fin de tener más
efectivos en la calle para luchar contra la delincuencia. ¿Cómo ve este tipo
de medidas?
-Nos encontramos en la antesala de un estado policial donde los
gobernantes se convierten en pretores, los jueces en policías, los policías
en jueces. Esto va directamente a un totalitarismo real. He llegado a decir,
y lo repito, que la cuestión no está ya entre Monarquía o República, sino
entre República Constitucional o Dictadura. No es necesario estar en un país
totalitario para comportarse totalitariamente. Y eso Aznar y los suyos lo
demuestran cada día. Estamos a la cabeza de Europa en cuanto a reclusos por
habitante, (sobrepasamos los 52.000 reclusos) y se están construyendo siete
nuevas cárceles por el grado de saturación existente. Estamos por detrás de
EEUU que ya cuenta con una población reclusa de más de dos millones de
habitantes pero parece que seguimos la misma tónica que mister Bush.
Mire, hay una teoría en Norteamérica que sin duda ha conducido a esos dos
millones de reclusos y se llama la "teoría de la ventana rota". Cuando un
niño rompe una ventana con una piedra -acontecimiento no habitual pero
tampoco anormal-, un juez o policía con sensatez le diría que no tiene
importancia. Si acaso que el padre del niño pagase el cristal. En EEUU dicen
que no. Allí el niño va a juicio porque romper una ventana significa iniciar
una carrera de delincuente que, si no se ataja en su momento, lo convierte
en un delincuente peligroso que luego va decapitando a la gente por la
calle.
-Por último, y aprovechando un tema de actualidad, ¿me podría explicar su
visión sobre el actual conflicto jurisdiccional entre el gobierno vasco y el
Juez Garzón?
-La única salida civilizada que tiene este problema es el planteamiento
de un conflicto de jurisdicciones (Poder Judicial-Gobierno Vasco), o bien
que hablen de una vez el Gobierno español y el Gobierno vasco y se pongan de
acuerdo. La política ante todo exige diálogo y negociación. Lo que no se
puede tolerar es que un juez -sea el que sea-, por medio de un Auto dictado
dentro de unas medidas cautelares (de supresión de actividades de un partido
parlamentario), ordene al Parlamento Vasco lo que tiene que hacer con los
grupos parlamentarios internos. Eso es una injerencia inadmisible, una
intromisión intolerable en la médula misma de la institución parlamentaria
vasca. ¿Qué entiende este señor por separación de poderes? ¿Cómo es posible
que un Juez de Instrucción, mediante un Auto, se crea legitimado para
entrometerse en la médula del sistema legislativo de una Comunidad Autónoma?
Ese Auto no es que sea nulo, es que no tiene existencia jurídica. ∆