El Gobierno de España aprobó el pasado 28 de julio el Proyecto de la Ley por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura, más conocida como Ley de la Memoria Histórica. Se iniciará a partir del próximo periodo de sesiones de las Cortes Generales su tramitación parlamentaria que, posiblemente, comporte cambios en su redacción. Pero el paso decisivo ya ha sido dado, porque el Gobierno ha demostrado que está dispuesto a promover un reconocimiento legal -con efectos prácticos- que permita honrar a las personas que pagaron con su libertad, e incluso con su vida, su defensa del sistema democrático republicano, o, en un momento posterior su lucha frente a la dictadura franquista, con el objetivo de conseguir la reinstauración de la democracia.
Uno de los aspectos que más polémica está levantando en Asturias, y posiblemente en toda España, es la previsión que contiene el Proyecto de Ley sobre la eliminación de la simbología franquista en espacios públicos. En el caso de las dependencias propiedad del Estado, salvo contadas excepciones, se plantea retirar, por imperativo de esta Ley, cualquier elemento de glorificación de la dictadura franquista. En lo relativo a edificios o espacios que dependan de comunidades autónomas y ayuntamientos, el Proyecto de Ley contempla una recomendación con el mismo fin, preservando la autonomía de estas dos administraciones para decidir al respecto. Si el Proyecto no se altera en este aspecto, una vez aprobado como Ley, situará la pelota sobre el tejado de cada uno de los ayuntamientos y del Principado de Asturias, aunque en este último caso parece que son prácticamente inexistentes los vestigios de la simbología franquista en los edificios públicos, con sonadas excepciones, como por ejemplo el escudo preconstitucional que adorna la entrada principal al IES "Alfonso II" de Oviedo. No es anecdótica, por el contrario, la presencia de escudos, monolitos, placas, estatuas, etc. de exaltación del franquismo en el caso de los espacios públicos dependientes de algunos ayuntamientos. Los casos más singulares posiblemente sean los de Villaviciosa y Oviedo. El callejero de ambas localidades reserva además numerosos reconocimientos para los protagonistas del golpe frente a la República y la dictadura, ya que podemos encontrar desde la Plaza del Generalísimo en la capital maliaya, que por otra parte es felizmente conocida por los vecinos por otra denominación, como Plaza del Güevu; hasta nombres de calles dedicadas a numerosos militares franquistas en el callejero ovetense: Comandante Caballero, Coronel Aranda, General Yagüe, Comandante Bruzo, Teniente Coronel Tejeiro, General Zuvillaga, etc.; sin olvidar otras denominaciones asociadas a los partícipes de la guerra contra la República, como la calle Alférez Provisional; o vinculadas a hechos ensalzados por la historiografía franquista, como la Plaza de la Liberación o la Plaza de la Gesta; y mencionando también aberraciones en grado máximo, como el hecho de que Oviedo mantenga una calle dedicada a la División Azul, que no fue sino la ominosa colaboración del franquismo con el nazismo hitleriano.

Mantener las denominaciones franquistas, significa sostener una visión de la historia infinitamente sectaria que sólo una minoría de nostálgicos comparte, y que sigue hablando de gestas y cruzadas, ensalzando a aquellos que, con el uso de la fuerza, acabaron a sangre y fuego con el sistema constitucional y democrático republicano.

El asunto del callejero no es menor. Los espacios que los ciudadanos comparten, en los que conviven cotidianamente, deben venir asociados a valores compartidos por la sociedad y que expresen sus anhelos más elevados. Los acontecimientos que se desean recordar o las personas a las que se pretende honrar dando su nombre a una vía pública deben encontrar justificación en su vinculación con logros individuales y colectivos en beneficio de la comunidad. Mantener, lejos de este espíritu, las denominaciones franquistas, significa sostener una visión de la historia infinitamente sectaria que sólo una minoría de nostálgicos comparte, y que sigue hablando de gestas y cruzadas, ensalzando a aquellos que, con el uso de la fuerza, acabaron a sangre y fuego con el sistema constitucional y democrático republicano. Quienes defienden a capa y espada que es inconveniente modificar estas denominaciones no pueden evitar generar algunas dudas sobre su concepción de la vida política, atendiendo a los subterfugios que utilizan para evitar afrontar la reparación histórica que significaría hacer justicia y suprimir de nuestro callejero los nombres de quienes en 1936 suprimieron violentamente el sistema democrático durante un largo periodo de nuestra historia. ∆