-Parece que no acaba de encontrarse una solución razonable al problema de la vivienda.
-Efectivamente, es uno de los problemas más importantes de los ciudadanos asturianos, además del empleo. En los últimos años se ha dejado hacer al mercado, y ello ha posibilitado que los principales actores de ese mercado, que son los promotores y constructores, obtuviesen el máximo beneficio posible. El artículo 47 de nuestra Constitución, que habla del derecho a una vivienda digna, ha sido gestionado fundamentalmente por los promotores y constructores. Ni en Asturias ni en el resto de España se le ha puesto ninguna cortapisa a la vivienda libre, sin ninguna intervención pública. Por tanto, han podido fijar libremente el precio. Eso ha llevado a las familias asturianas, y españolas en general, a una situación preocupante debido al nivel de sobreendeudamiento por el impacto del pago de la hipoteca, a la que, se dedica más del 50% de la renta disponible mensual, y eso durante treinta años en la vida. Esto es una espada de Damocles que atenta a nuestro juicio contra la dignidad de las personas.

-¿Por qué se ha llegado hasta ese punto?
-Porque los últimos gobiernos del Estado, en concreto del Partido Popular, dejaron hacer libremente a promotores y constructores. El artículo 47 de la Constitución no sólo dice que el ciudadano tiene derecho a una vivienda digna, sino que insta a los poderes públicos a que intervengan y garanticen ese derecho. Y al no hacerlo, a las personas no les ha quedado más remedio que comprar la única vivienda disponible, la vivienda libre. Es tanto como que uno se compra un coche del precio de un Mercedes, cuando su capacidad económica es para comprarse un utilitario. El poder público tiene la responsabilidad de intervenir en el suelo y producir un parque de vivienda protegida y en alquiler para que esas familias de rentas medias y rentas bajas, emigrantes y jóvenes, puedan tener garantizado el derecho a la vivienda. En la actualidad nos parece positivo que haya un plan de vivienda en el Estado y un plan de vivienda en Asturias. El responsable de lo que ha ocurrido hasta ahora fue el anterior Gobierno y el responsable de que no ocurra de nuevo lo mismo tiene que ser el Gobierno actual.

-Dentro de este contexto tenemos el caso de Oviedo. Recientemente han denunciado que el Ayuntamiento ha llegado a cobrar tasas ilegales.
-En efecto, un ejemplo de todo esto es Oviedo. Los promotores y constructores gozan de total impunidad, hacen lo que quieren incluso al margen de lo que diga la ley, bajo el "pretexto" de que el efecto locomotora del ladrillo y la construcción genera empleo y aumenta el producto interior bruto.

"El artículo 47 de nuestra Constitución, que habla del derecho a una vivienda digna, ha sido gestionado fundamentalmente por los promotores y constructores"

-¿En qué aspectos se detecta todo eso?
-Haciendo un análisis de los cinco últimos años de este municipio y haciendo una estimación a la baja, se han construido en Oviedo unas cinco mil viviendas. Estudiando los contratos de compraventa de los compradores de vivienda hemos visto que en su mayoría aparecen tres cláusulas que el promotor impone al comprador de vivienda: plusvalía, subrogación de la hipoteca y enganche de agua. En el contrato contempla la plusvalía de forma sofisticada y eufemística: "Si la hubiere, la pagará el comprador". Cuando se sabe que siempre la hay. La ley dice que, la plusvalía es el beneficio que grava al que se beneficia de la venta; pero curiosamente, el promotor y el constructor en el contrato de compraventa se la imponen al comprador. Hoy la plusvalía media en Oviedo está en torno a los 2.000 euros. Si multiplicamos 2.000 euros por 5.000 viviendas dan un importe de 10 millones de euros -1.666 millones de las antiguas pesetas- que los compradores de vivienda estuvieron pagando ilegalmente al constructor y al promotor en estos cinco últimos años.

-¿Qué se hace con la subrogación hipotecaria?
-El promotor y constructor contrata con una entidad financiera un crédito hipotecario para hacer el edificio, y cuando lo finaliza liquida lógicamente esa hipoteca, pero curiosamente impone en el contrato al comprador que se subrogue en su hipoteca, y no en la que él pueda elegir libremente con una entidad financiera y con unos intereses y condiciones que le sean más adecuadas. Esto es ilegal. Hay numerosas resoluciones judiciales y jurisprudencia abundante que considera que esta cláusula es abusiva y no se le puede imponer al comprador. La subrogación hipotecaria le cuesta al comprador una media también de unos 2.000 euros, que para las 5.000 viviendas significan otros 10 millones de euros.

-¿Y de la tercera cláusula qué nos dice?
-Al comprador se le obliga a pagar los enganches de agua de su comunidad de propietarios. Los enganches de agua vienen obligados a través de una ordenanza fiscal, la nº 109 del Ayuntamiento de Oviedo. Esta ordenanza fiscal que en su artículo cinco dice que: el promotor y constructor cuando solicitan licencia pagarán esos enganches, pero lo hacen a instancias de la comunidad de propietarios. Es decir, el enganche de agua lo paga provisionalmente el promotor, pero luego tiene que pagarlo la comunidad de propietarios. Esa ordenanza fiscal es ilegal y así está manifestado desde hace mucho tiempo. Lo dice el propio secretario del Ayuntamiento de Oviedo, que en el mes de julio emitió un informe a petición del propio alcalde, en el que dice: uno, que la ordenanza es ilegal y que no puede obligarse al comprador a que pague el enganche del agua. Dos, que la UCE en el 2003 impugna formalmente esa ordenanza fiscal, advirtiendo de la aplicación ilegal de esta ordenanza. No nos hicieron ningún caso y ni siquiera nos dieron respuesta. Ahora, a instancias de este informe, para el año 2006 ya se va a corregir. Y la UCE pregunta: ¿cuándo va a empezar el Ayuntamiento a devolver a los ciudadanos la tasa del enganche del agua, correspondiente a 5.000 viviendas vendidas, lo que significa en torno a 660 mil euros?