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SUPLEMENTO ASTURIAS  -  ABRIL 2006

TEMA DEL MES

Javier de la Riera, miembro de APICE
Foto: L.G.

 PROTECCION DE DATOS

Nombre, dirección, teléfono, DNI, estado civil,… Tanto la administración pública como las empresas privadas con las que nos hemos relacionado en algún momento de nuestra vida, disponen de información sobre nosotros que puede ser utilizada para muchas más cosas, además de su finalidad original.

    Defender la privacidad   

A raíz de una denuncia formulada por el Grupo Municipal de Izquierda Unida, la Agencia Española de Protección de datos ha expedientado al Ayuntamiento de Oviedo por ceder los datos del padrón municipal a una empresa privada, encargada de la gestión del cobro de tasas e impuestos. Ha sido una lucha que ha durado cinco años, pero que finalmente pone sobre la mesa un tema importante para la privacidad de los ciudadanos: quién tiene nuestros datos y cómo los gestiona.
En ese terreno se mueven los miembros de APICE, la Asociación para la Promoción e Investigación de la Consultoría Estratégica. Son profesionales de distintos campos, relacionados con la Universidad o con la empresa, preocupados por la desinformación que existe en torno a este tema y la indefensión del ciudadano ante ello. Forman parte de una asociación mayor, Comisión de Libertades Informáticas (CLI), en la que hay presencia de sindicatos, asociaciones de internautas, de defensa de la sanidad pública, etc.
Javier de la Riera, tesorero de APICE, y abogado especializado en nuevas tecnologías y derechos fundamentales, explica que el derecho a la protección de datos está reconocido como derecho fundamental, de la misma manera que el derecho a la vida, a la integridad física, al honor o a la intimidad.

-¿Qué opina de lo sucedido en el Ayuntamiento de Oviedo?
-Por una parte, hay que decir que es lícito privatizar un servicio como ése, la recaudación de impuestos. Eso pertenece al terreno de las decisiones políticas. Pero eso supone que se va a dejar una cantidad de información de los ciudadanos en manos de alguien que no es de la Administración. La Ley de Protección de Datos en principio no impide entregar datos a terceros, pero siempre y cuando se rodeen de unas garantías adecuadas, es decir, exige que por escrito se garantice que solamente se van a utilizar para ese fin, que no van a salir bajo ningún concepto, que serán destruidos o devueltos una vez utilizados. Eso no ha ocurrido en el Ayuntamiento de Oviedo, ya que en la contrata de esos servicios no se contemplaba absolutamente nada de lo que dice la ley. ¿Hay infracción? Desde mi punto de vista, clarísimamente sí. No hay garantías para los ciudadanos de que mañana tus datos o los míos los pueda tener tal o cual empresa.

 "Nos fastidia mucho abrir el buzón y encontrar un montón de publicidad, pero no nos fastidia que tengan muchísima información de nosotros sin que sepamos de dónde ha venido"

-Algunas comunidades, como Madrid, Cataluña o el País Vasco, tienen su propia Agencia de Protección de datos. Otras tienen ya el proyecto sobre la mesa. ¿Hay intención de crear una Agencia de este tipo para Asturias?
-No me consta que haya ningún proyecto en este sentido, aunque considero que sería algo bastante positivo. La verdad es que somos una Comunidad Autónoma pequeña, y es difícil que eso sea una prioridad para el poder político. Lo que sí hay es una creciente preocupación por parte de la Administración para que la información no esté diseminada de mano de particulares a través de contratas, de manera que luego no se sepa dónde van a parar los datos porque no hay unas garantías formales. Sabemos que, por ejemplo, el Principado de Asturias tiene centralizado el tema de la protección de datos a través de la Consejería de Administración Pública. Eso ya es algo elogioso, porque prácticamente en todas las administraciones que conocemos hay una dispersión de la información total.

-Todavía el ciudadano no tiene conciencia de que la protección de sus datos es un derecho.
-Efectivamente, no está tan asimilado como otros derechos. Al final el ciudadano no sabe bien si "protección de datos" es un paisano, es una agencia o es otra cosa. No hay una conciencia social de que la privacidad debe ser respetada. Nos fastidia mucho abrir el buzón y encontrar un montón de publicidad, pero no nos fastidia ir a un sitio donde posiblemente tengan muchísima información de nosotros sin que sepamos de dónde ha venido. Digamos que lo damos por bueno, nos facilita las relaciones sociales o que nos concedan créditos más fácilmente. La raíz del problema es la falta de información.

-¿Qué puede hacer el ciudadano que considere que se vulneran sus derechos?
-Como abogado especialista en protección de datos te diría que puede denunciarlo al organismo de control que es la Agencia Española de Protección de Datos. Eso es lo que ha hecho el Grupo municipal de IU y es lo que hacen los grupos de oposición en las distintas administraciones. El ciudadano particular puede tener un derecho individual sobre el uso de sus datos por parte de las administraciones públicas. Si demuestra que ha habido un daño directo, puede solicitar la responsabilidad patrimonial, de la misma manera que cuando una calle tiene un pavimento en mal estado y un ciudadano se cae y se lesiona, existe una responsabilidad patrimonial. Teóricamente es posible que un ciudadano reclame una indemnización por ese motivo, aunque lo cierto es que yo todavía no conozco ningún caso.
/ L.G.

   

   
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Última revisión: abril 07, 2011. 
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