-¿Cómo se valora desde la FACC la evolución de los ayuntamientos en el desarrollo de sus políticas municipales?
-Si algo permitió comprobar la Federación Asturiana de Concejos es cómo los ayuntamientos asumen un compromiso cada vez mayor, aún desde su carencia de recursos, más allá de plantear permanentemente una reivindicación de mejores condiciones a las otras administraciones. También se ha constatado que en el ámbito de la cooperación y del trabajo conjunto, muchas veces se alcanzan soluciones a problemas que individualmente parecen irresolubles. De hecho, eso provocó un crecimiento de recursos de la FACC en lo que se refiere a prestación de actividades de asesoramiento, planificación y demás, con personal que se incorpora al desarrollo de programas. La Federación Asturiana de Concejos en los últimos cinco años triplicó su estructura de personal dedicado a labores de todo tipo en la coordinación de ayuntamientos: políticas de empleo, nuevas tecnologías, energías alternativas, coordinación de políticas turísticas, etc. Aquí se hace absolutamente de todo y se hace por dos vías: una, por iniciativa propia, porque estando en el ámbito europeo podemos anticiparnos en el tiempo y actuar antes de que se genere la necesidad. Por otra parte está la demanda de los propios ayuntamientos. Hay muchas iniciativas municipales que se dirigen a la Federación, eso ha obligado a la Federación a crecer mucho, a pesar de la limitación y recursos escasos de que disponemos.

-El área central asturiana va camino de convertirse en una gran metrópoli, con una población en torno a ochocientos cincuenta mil habitantes. Eso implicará a nivel europeo una serie de prestaciones. ¿Cómo se está abordando este futuro?
-Esa realidad ya existe. Hay un espacio en el cual la gente se mueve olvidándose de que hay límites geográficos marcados en un mapa. Las relaciones comerciales ya hace mucho tiempo que superaron esas barreras; el movimiento de la población también. Nosotros abordamos esto desde dos puntos de vista. Uno, insistir en el discurso de que Asturias debe ser una realidad única, por más que el área central, por su mayor dinamismo, pueda a veces provocar la tentación de acaparar más trabajo y más esfuerzo. Asturias debe ser un todo, y si no se entiende así todos perdemos. Pierde el área central sin occidente y sin oriente, y las alas pierden sin el área central. Nuestro primer gran objetivo es no desestructurar Asturias en tres espacios independientes, sino actuar conjuntamente. La segunda cuestión es cómo superar las rivalidades innatas. La gente tiende a preservar esos espacios de identidad propios: primero individuo, luego familia, luego comunidad de propietarios, barrio, municipio, pueblo... La identidad local es una parte más de la identidad de la persona, por eso yo creo que plantear el discurso en base a la desaparición de los municipios es un error, porque provoca el rechazo de la población. Debemos conservar ese espacio de identidad de los ciudadanos y diseñar territorios de gestión que no tienen por qué confrontar los espacios de identidad. Un ciudadano de Morcín puede sentirse europeo, español, asturiano, de las cuencas y de Morcín, y sin embargo que eso no sea una frontera para la búsqueda de empleo, establecer una actividad económica, acceder a prestaciones y a servicios. Ese es el gran reto. Es un problema de cambio de cultura.

-La Asturias verde y rural se está despoblando. ¿Qué se está haciendo para detener este proceso?
-La responsabilidad de este despoblamiento no es de las personas que se van del medio rural, sino de una sociedad que ha aceptado una escala de valores, que se difunde a través de los medios de comunicación, basados en que las expectativas y las mejores oportunidades, están en la zona urbana, en los grandes núcleos de población.
Es cierto que los grandes núcleos son aquellos que generan una mayor actividad económica. Sabemos lo que provocó el desarrollo de la siderurgia, de la minería, de la industria naval y del armamento: grandes concentraciones de población, grandes desplazamientos, porque había que estar allí donde el territorio ofertaba posibilidades.

-Sin embargo paralelamente empieza a despuntar el fenómeno contrario, es decir, personas que trabajan en las zonas urbanas y establecen su residencia en núcleos rurales, en busca de una mayor calidad de vida.
-Sí, comienza a haber una especie de involución, es decir, se empieza a entender que la calidad no está allí donde hay un mayor volumen de actividad, que es también donde se genera un mayor impacto, sino donde uno puede ejercer su actividad sin tener que convivir todos los días con un medio ambiente agresivo. Los cambios culturales exigen mucho tiempo. La administración no puede obligar a cambiar la forma de entender la vida diaria de la gente, pero sí puede poner medios para que en un proceso, probablemente de decenas de años, la gente vaya asumiendo que es necesario permanecer en el medio rural. Y debe garantizarse que cuando la gente retorne a esos espacios lo haga sin perder calidad de vida, y sin que su retorno implique agresión al medio. Ese es el gran reto y la gran apuesta. La Unión Europea lo sabe y por eso ha cambiado sus criterios en torno a la política agraria común, estableciendo primas a la conservación. De todas formas, por más que nos empeñemos, no es posible rentabilizarlo en una legislatura. Eso se hará en décadas.

-Al parecer la Federación de Concejos se queja del nuevo Reglamento del Desarrollo de la Ley del Suelo. ¿En qué consisten las discrepancias?
-En los últimos años en este país se está permanentemente culpabilizando a los ayuntamientos en dos cuestiones que afectan al urbanismo. Una es la carestía de la vivienda, y otra es el desarrollismo y la agresión a espacios medioambientalmente de alta calidad. Esto se hace intentando eludir responsabilidades desde otros ámbitos, porque es más fácil culpar al más débil. Un ejemplo muy gráfico: en Asturias cuarenta ayuntamientos tienen menos de dos mil quinientos habitantes. Cuentan con una capacidad presupuestaria escasísima y un margen de maniobra para intervenir en los flujos económicos muy corto y no son propietarios de suelo. Es imposible que especulen con el suelo porque no tienen suelo de su propiedad. Por lo tanto, no puede decirse que el encarecimiento de la vivienda sea por culpa de los ayuntamientos. La inmensa mayoría de los ayuntamientos en este país son pequeños y no tienen capacidad para poner suelo en el mercado. Con esto lo que se intenta es justificar lo que se produce a continuación, y es una retirada de competencias a los ayuntamientos.

-¿Qué consecuencias tiene esto?
-Pues lo que ocurre a medio plazo es que los ciudadanos juzgan a quienes gestionan el ayuntamiento, no por lo que hacen ellos, sino por lo que hacen otras administraciones, es decir, si la corporación municipal que los ciudadanos eligieron pierde la capacidad de planificar e intervenir en el territorio, si está totalmente disminuida para poner en marcha iniciativas y lo único que hace es asumir las iniciativas de otros, cuando los ciudadanos juzguen su trayectoria política, lo harán en realidad por una responsabilidad que es ajena. Los ciudadanos son suficientemente inteligentes como para no dejar que dure más de cuatro años una corporación municipal que hace uso y abuso de sus competencias. Pero juzgarlo desde otra administración no me parece correcto.

-Los ayuntamientos cada día asumen más competencias con el fin de dar mayores servicios a sus ciudadanos y mejorar la calidad de vida. ¿Cómo afrontan tales retos?
-Nada tiene que ver la cantidad de servicios que prestan los ayuntamientos hoy con los que prestaban hace veinticinco años. Y nada tiene que ver hoy la capacidad que tiene el ciudadano de acceder directamente al ayuntamiento con aquella especie de temor que había hace veinticinco años a traspasar las puertas. Esa realidad los ciudadanos la perciben. Sin embargo se desconoce que en la mayoría de los casos esa realidad no ha venido acompañada de un nuevo modelo de administración local. Seguimos funcionando con los mismos esquemas que teníamos hace veinticinco años, me refiero concretamente a que la capacidad de gestión de un ayuntamiento sigue estando igual de limitada. Hoy los ayuntamientos son, en último término, instrumentos gestores de las políticas de las administraciones autonómicas. Eso es un error.