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SUPLEMENTO ASTURIAS   -  FEBRERO 2004

JOSE MANUEL BUJAN

 Coordinador de "Jueces para la Democracia" en Asturias y Magistrado
 del Tribunal Superior de Justicia de Asturias

"A veces, por desgracia, nosotros mismos nos consideramos un poder aislado del origen, del pueblo, de los ciudadanos. El juez o el magistrado se enquista pensando que el poder es sólo él ."


Texto y foto: Lupercio González

Apuesta siempre por el diálogo, porque cree que es la vía para resolver todos los temas, por muy delicados que sean. Su talante progresista y conciliador le ha llevado a estar al frente de la coordinación en Asturias de Jueces para la Democracia.

"Los únicos y auténticos dueños del poder son los ciudadanos"

Este magistrado, que ha ejercido como abogado laboralista durante 25 años, aspira a que la justicia en este país no sea algo separado del ciudadano, quiere ser crítico con ella y acercarla a la gente. Entiende que el poder de la justicia emana del pueblo y éste debe ser un colaborador de la Administración de Justicia, que no un colaborador del juez.

-Habéis elaborado una "Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia". ¿Qué va a significar este documento para los ciudadanos?
-Desde hace años, una de las primeras aspiraciones que planteamos fue el acercamiento de la Administración de Justicia a los ciudadanos, y se vio que era necesario hacerlo a través de un documento que se llamó Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia. Esta Carta, que ya tuvo una primera plasmación en el año 2000 en "Jueces para la Democracia" a nivel interno, posteriormente es aprobada como proposición no de ley por el pleno del Congreso de los diputados y por unanimidad de todos los grupos parlamentarios, concretamente el 16 de abril del 2002. Y hoy es uno de los pilares sobre los que se basa nuestra asociación, su filosofía política y su praxis diaria.
En el momento en que haya competencias a través de las transferencias del Ministerio de Justicia a la Consejería de Justicia del Principado de Asturias, una de las primeras cosas que pedimos es que el Consejo de Gobierno edite un decreto que recoja los aspectos básicos de la Carta, que ha de servir de base para la actividad política del Gobierno y el Parlamento asturiano y para que todos los ciudadanos que vayan a los juzgados lo tengan en lugar bien visible y puedan exigir a jueces, magistrados, fiscales y el resto de funcionarios el cumplimiento de ese decreto, que ya tendría forma legal. Eso para nosotros es muy importante.

-¿Realmente son los ciudadanos los únicos y auténticos dueños del poder?
-El poder no emana de ningún sitio salvo del pueblo. Hay un poder ejecutivo, un poder legislativo y hay un poder judicial. Es la teoría de los tres poderes, una cuestión de filosofía política de siempre. Antes se hablaba del origen divino del poder, pero eso ha quedado filosóficamente totalmente sobrepasado por la corriente librepensadora. En la propia Edad Media ya se hablaba, por parte de algunos filósofos, de negar el origen divino del poder. El poder reside en el ciudadano, que es el que hace un contrato social y hace una cesión a la sociedad para que ésta administre todas las cuestiones relativas a su bienestar. ¿Qué ha ocurrido? Pues que estos poderes llegan a constituirse como un fin en sí mismos olvidándose de su origen. Y el origen no deja de ser el pueblo, que es donde radica la soberanía y la justicia, y donde está el origen del poder legislativo y del poder resolutivo.

"El gobierno del PP, hace propuestas que van más encaminadas a atajar el descontento de la ciudadanía en general, que a una verdadera reforma de la Administración de Justicia"

-Las estadísticas de este pasado año dicen que la justicia suspende. ¿Se plantea recuperar la confianza ante los ciudadanos?
-Desde Jueces para la Democracia ésta ha sido siempre una de nuestras obsesiones. La Administración de Justicia está integrada por una serie de mecanismos de tipo burocrático y demás, que son necesarios para llevar adelante todas las funciones que la Constitución y las normas del Estado le tienen encomendadas. Dentro de la Administración de Justicia está el Poder Judicial, que está integrado por los jueces y magistrados. A veces, por desgracia, nosotros mismos nos consideramos como poder aislado del origen, del pueblo, de los ciudadanos. El juez o el magistrado se enquista pensando que el poder es sólo él, o sea, se hace una patrimonialización del poder y éste se puede utilizar en contra de quienes son los auténticos dadores de ese poder. Para nosotros ésa es una preocupación constante. Es una relación dialéctica. Una cosa es que el juez, cuando está examinando un pleito o poniendo una sentencia, su labor fundamental es la de administrar la justicia y ahí tiene que ser absolutamente independiente e imparcial; es cuando actúa como poder, porque la Constitución le dice que es un poder. Otra cosa distinta es que a veces en la práctica diaria, los ciudadanos no perciban que ese juez o magistrado forma parte también del mismo pueblo, porque nosotros no dejamos de ser pueblo, aunque a veces alguien trata de olvidarlo. Siempre se ha marcado en todas las profesiones una diferencia, hay una liturgia, que al propio poder le interesa tener bien diferenciada. No hay que olvidar que la Administración de Justicia no sólo está constituida por el personal que trabajamos para ella, sino también por todos aquellos que institucionalmente tienen reconocido, por la Constitución y por las Leyes Orgánicas del Poder Judicial, la misión de ser colaboradores de la Administración de Justicia, que no colaboradores del juez en este caso.

-La justicia en este país va lenta a pesar de que tenemos juicios rápidos ¿no es en cierta manera un engaño si a ésta no se la dota de los mecanismos técnicos adecuados?
-Los juicios rápidos han sido una medida política del Gobierno. Estamos en época preelectoral continuamente y según las encuestas del CIS lo que más preocupa a los ciudadanos, aparte del desempleo, es la seguridad ciudadana y el tema del terrorismo. Hay quejas, y el gobierno de turno, ahora el gobierno del PP, hace propuestas que van más encaminadas a atajar un descontento de la ciudadanía en general, que no a una verdadera reforma de la Administración de Justicia. No estoy en contra de los juicios rápidos en sí mismos, sino cómo están concebidos. La solución pasa primero por una reforma de las instituciones y de la política social, una política de pleno empleo y unos mecanismos de inserción de los ciudadanos, los que no están integrados como debieran, en el sistema social democrático. Hay determinadas cosas que no se ven. Los soportes informáticos de que disponemos no son en absoluto lo que exigiría una red informática actualizada a los tiempos modernos. Lo que aparece ante el público es que en unos días ya se ha sancionado a un ciudadano. Eso no soluciona el problema, porque al juez y al fiscal que tienen que dedicarse al tema de juicios rápidos, al mismo tiempo le están entrando otra serie de asuntos de tipo civil en el juzgado, es decir, hay rapidez para unas cosas pero en otros temas que tienen un procedimiento un poco más largo se está produciendo atasco.

-¿Es posible una justicia de calidad en un tiempo razonable?
-Sí es posible, lógicamente si el Ministerio se dedica a invertir en la Administración de Justicia como un servicio público, porque para nosotros es un servicio público, no un elemento represor del sistema. La represión o el carácter punitivo o sancionador que pueda tener la Justicia Penal por ejemplo, es una de las partes que el Estado de Derecho asigna al Poder Judicial. Es igual a lo que se tiene en el orden administrativo, donde hay también la inspección tributaria; organismos encargados de hacer cumplir, de sancionar y demás. Nosotros no creemos que ésa sea la función principal. Puede haber una justicia que sea rápida, pero para eso hay que invertir, y hay que invertir en hacer mejores locales, porque a veces el personal está hacinado. Creo que ésas y otras, son cosas que se pueden mejorar con las transferencias que van a venir.

-El Gobierno pretende con la reforma del código penal meter a Ibarretxe en la cárcel, ¿no es esto en sí mismo una burla a la justicia, a la democracia, a los ciudadanos en general?
-Nos parece de suma gravedad este aspecto en general de la reforma del código penal. De todo el código penal se han reformado ciento y pico artículos, pero han ido manteniendo lo que hay. Hablábamos de los juicios rápidos, de imponer más penas a delitos de poca monta; de incrementarle las penas al delincuente habitual. Lo importante cara a la galería es que la ciudadanía vea que el Gobierno actúa para fomentar la seguridad. Sin embargo hay otros delitos mayores, de tipo económico, como las grandes estafas, el blanqueo de dinero, etc, que no se tocan. Es ahí donde está la podredumbre del propio sistema democrático, en ese dejar hacer a sus anchas a los poderes fácticos que hay en el Estado. No voy a decir que la ley protege a ese gran delincuente, pero eso se olvida y siempre vamos a perseguir y condenar más al pequeño. Nosotros, desde la asociación, hemos dicho que ésta es una reforma a la carta para hacer frente al tema de la autodeterminación del pueblo vasco, del referéndum que quieren plantear. Esto nos parece que es totalmente represivo y no soluciona el problema del País Vasco, al contrario, puede encresparlo mucho más. La ley tiene que atender cuestiones de tipo general. Cuando no se adoptan medidas políticas para resolver determinados problemas de tipo político, lo que no se puede es echar mano de la mayoría absoluta: apruebo una ley y luego allá los jueces que decidan. Concretamente lo del País Vasco, lo ve de distinta manera el gobierno del PP, el PSOE e Izquierda Unida. Pero claro, como yo tengo la mayoría y aquí el que está en posesión de la verdad soy yo y éstos son unos díscolos, pues legislo dentro del Estado de Derecho, y garrotazo. Entonces, por no saber hacer política se están utilizando resortes e instrumentos que pone a nuestra disposición la Constitución y el Estado de Derecho, pero se están usando al servicio de un partido determinado que no está siendo capaz de solucionar un problema político.

"En el pueblo radica la soberanía y la justicia, y es donde está el origen del poder legislativo
y del poder resolutivo"

-La democracia no es sólo el gobierno de la mayoría, sino el gobierno en el que se respeta a la minoría. ¿Se están cargando a la democracia?
-Sí, sí. Las mayorías absolutas en el sistema democrático han demostrado que de una u otra manera acaban convirtiéndose en una especie de dictaduras o dictablandas. No vamos a decir que haya una dictadura, pero bueno.

-Y ello puede ser alimento para el terrorismo.
-Hay que ver también por qué existe el terrorismo y qué instrumentos se podían utilizar, dentro siempre del Estado de Derecho, para corregir o evitar el terrorismo. Hay que hacer análisis flexibles de los problemas que hay en determinados lugares. Por ejemplo, si estamos hablando del País Vasco, pues no crear crispación, ni frustración entre la ciudadanía general. Esa es la única manera de acabar con los problemas que hay. El terrorismo es una lacra muy importante, lo estamos viendo. Los jueces tienen que tener escolta, la mayoría de la gente tiene miedo a hablar... Eso en un Estado de Derecho no se puede consentir. Hay medidas represivas para hacerlo, pero si estamos siempre utilizando medidas represivas, si la fuerza la atacamos con la fuerza, estamos generando una espiral que es el cuento de nunca acabar. Alguna vez tendrán que establecerse unas normas de juego democráticas que a lo mejor pueden pasar por la modificación de la Constitución, no pasa nada. Tiene que ser la mayoría de los ciudadanos quienes determinen en qué casos procede, por ejemplo, mantener el estado de las autonomías a ultranza. Así se pueden buscar fórmulas que se acerquen más al sentir y a las necesidades de cada región. ∆

   

   
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