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SUPLEMENTO ASTURIAS
- FEBRERO 2004
JOSE MANUEL BUJAN
Coordinador
de "Jueces para la Democracia" en Asturias y Magistrado
del Tribunal Superior de Justicia de Asturias
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Texto y foto: Lupercio González
Apuesta siempre
por el diálogo, porque cree que es la vía para resolver todos los temas,
por muy delicados que sean. Su talante progresista y conciliador le ha
llevado a estar al frente de la coordinación en Asturias de Jueces para
la Democracia.
"Los únicos
y auténticos dueños del poder son los ciudadanos"
E ste magistrado, que
ha ejercido como abogado laboralista durante 25 años, aspira a que la
justicia en este país no sea algo separado del ciudadano, quiere ser
crítico con ella y acercarla a la gente. Entiende que el poder de la
justicia emana del pueblo y éste debe ser un colaborador de la
Administración de Justicia, que no un colaborador del juez.
-Habéis elaborado una "Carta de Derechos de los
Ciudadanos ante la Justicia". ¿Qué va a significar este documento para
los ciudadanos?
-Desde hace años, una de las primeras aspiraciones que
planteamos fue el acercamiento de la Administración de Justicia a los
ciudadanos, y se vio que era necesario hacerlo a través de un documento
que se llamó Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia. Esta
Carta, que ya tuvo una primera plasmación en el año 2000 en "Jueces para
la Democracia" a nivel interno, posteriormente es aprobada como
proposición no de ley por el pleno del Congreso de los diputados y por
unanimidad de todos los grupos parlamentarios, concretamente el 16 de
abril del 2002. Y hoy es uno de los pilares sobre los que se basa
nuestra asociación, su filosofía política y su praxis diaria.
En el momento en que haya competencias a través de las transferencias
del Ministerio de Justicia a la Consejería de Justicia del Principado de
Asturias, una de las primeras cosas que pedimos es que el Consejo de
Gobierno edite un decreto que recoja los aspectos básicos de la Carta,
que ha de servir de base para la actividad política del Gobierno y el
Parlamento asturiano y para que todos los ciudadanos que vayan a los
juzgados lo tengan en lugar bien visible y puedan exigir a jueces,
magistrados, fiscales y el resto de funcionarios el cumplimiento de ese
decreto, que ya tendría forma legal. Eso para nosotros es muy
importante.
-¿Realmente son los ciudadanos los únicos y auténticos
dueños del poder?
-El poder no emana de ningún sitio salvo del pueblo. Hay un
poder ejecutivo, un poder legislativo y hay un poder judicial. Es la
teoría de los tres poderes, una cuestión de filosofía política de
siempre. Antes se hablaba del origen divino del poder, pero eso ha
quedado filosóficamente totalmente sobrepasado por la corriente
librepensadora. En la propia Edad Media ya se hablaba, por parte de
algunos filósofos, de negar el origen divino del poder. El poder reside
en el ciudadano, que es el que hace un contrato social y hace una cesión
a la sociedad para que ésta administre todas las cuestiones relativas a
su bienestar. ¿Qué ha ocurrido? Pues que estos poderes llegan a
constituirse como un fin en sí mismos olvidándose de su origen. Y el
origen no deja de ser el pueblo, que es donde radica la soberanía y la
justicia, y donde está el origen del poder legislativo y del poder
resolutivo.
"El gobierno del PP, hace
propuestas que van más encaminadas a atajar el descontento de la
ciudadanía en general, que a una verdadera reforma de la
Administración de Justicia" |
-Las estadísticas de este pasado año dicen que la
justicia suspende. ¿Se plantea recuperar la confianza ante los
ciudadanos?
-Desde Jueces para la Democracia ésta ha sido siempre una de
nuestras obsesiones. La Administración de Justicia está integrada por
una serie de mecanismos de tipo burocrático y demás, que son necesarios
para llevar adelante todas las funciones que la Constitución y las
normas del Estado le tienen encomendadas. Dentro de la Administración de
Justicia está el Poder Judicial, que está integrado por los jueces y
magistrados. A veces, por desgracia, nosotros mismos nos consideramos
como poder aislado del origen, del pueblo, de los ciudadanos. El juez o
el magistrado se enquista pensando que el poder es sólo él, o sea, se
hace una patrimonialización del poder y éste se puede utilizar en contra
de quienes son los auténticos dadores de ese poder. Para nosotros ésa es
una preocupación constante. Es una relación dialéctica. Una cosa es que
el juez, cuando está examinando un pleito o poniendo una sentencia, su
labor fundamental es la de administrar la justicia y ahí tiene que ser
absolutamente independiente e imparcial; es cuando actúa como poder,
porque la Constitución le dice que es un poder. Otra cosa distinta es
que a veces en la práctica diaria, los ciudadanos no perciban que ese
juez o magistrado forma parte también del mismo pueblo, porque nosotros
no dejamos de ser pueblo, aunque a veces alguien trata de olvidarlo.
Siempre se ha marcado en todas las profesiones una diferencia, hay una
liturgia, que al propio poder le interesa tener bien diferenciada. No
hay que olvidar que la Administración de Justicia no sólo está
constituida por el personal que trabajamos para ella, sino también por
todos aquellos que institucionalmente tienen reconocido, por la
Constitución y por las Leyes Orgánicas del Poder Judicial, la misión de
ser colaboradores de la Administración de Justicia, que no colaboradores
del juez en este caso.
-La justicia en este país va lenta a pesar de que
tenemos juicios rápidos ¿no es en cierta manera un engaño si a ésta no
se la dota de los mecanismos técnicos adecuados?
-Los juicios rápidos han sido una medida política del Gobierno.
Estamos en época preelectoral continuamente y según las encuestas del
CIS lo que más preocupa a los ciudadanos, aparte del desempleo, es la
seguridad ciudadana y el tema del terrorismo. Hay quejas, y el gobierno
de turno, ahora el gobierno del PP, hace propuestas que van más
encaminadas a atajar un descontento de la ciudadanía en general, que no
a una verdadera reforma de la Administración de Justicia. No estoy en
contra de los juicios rápidos en sí mismos, sino cómo están concebidos.
La solución pasa primero por una reforma de las instituciones y de la
política social, una política de pleno empleo y unos mecanismos de
inserción de los ciudadanos, los que no están integrados como debieran,
en el sistema social democrático. Hay determinadas cosas que no se ven.
Los soportes informáticos de que disponemos no son en absoluto lo que
exigiría una red informática actualizada a los tiempos modernos. Lo que
aparece ante el público es que en unos días ya se ha sancionado a un
ciudadano. Eso no soluciona el problema, porque al juez y al fiscal que
tienen que dedicarse al tema de juicios rápidos, al mismo tiempo le
están entrando otra serie de asuntos de tipo civil en el juzgado, es
decir, hay rapidez para unas cosas pero en otros temas que tienen un
procedimiento un poco más largo se está produciendo atasco.
-¿Es posible una justicia de calidad en un tiempo
razonable?
-Sí es posible, lógicamente si el Ministerio se dedica a
invertir en la Administración de Justicia como un servicio público,
porque para nosotros es un servicio público, no un elemento represor del
sistema. La represión o el carácter punitivo o sancionador que pueda
tener la Justicia Penal por ejemplo, es una de las partes que el Estado
de Derecho asigna al Poder Judicial. Es igual a lo que se tiene en el
orden administrativo, donde hay también la inspección tributaria;
organismos encargados de hacer cumplir, de sancionar y demás. Nosotros
no creemos que ésa sea la función principal. Puede haber una justicia
que sea rápida, pero para eso hay que invertir, y hay que invertir en
hacer mejores locales, porque a veces el personal está hacinado. Creo
que ésas y otras, son cosas que se pueden mejorar con las transferencias
que van a venir.
-El Gobierno pretende con la reforma del código penal
meter a Ibarretxe en la cárcel, ¿no es esto en sí mismo una burla a la
justicia, a la democracia, a los ciudadanos en general?
-Nos parece de suma gravedad este aspecto en general de la reforma
del código penal. De todo el código penal se han reformado ciento y pico
artículos, pero han ido manteniendo lo que hay. Hablábamos de los
juicios rápidos, de imponer más penas a delitos de poca monta; de
incrementarle las penas al delincuente habitual. Lo importante cara a la
galería es que la ciudadanía vea que el Gobierno actúa para fomentar la
seguridad. Sin embargo hay otros delitos mayores, de tipo económico,
como las grandes estafas, el blanqueo de dinero, etc, que no se tocan.
Es ahí donde está la podredumbre del propio sistema democrático, en ese
dejar hacer a sus anchas a los poderes fácticos que hay en el Estado. No
voy a decir que la ley protege a ese gran delincuente, pero eso se
olvida y siempre vamos a perseguir y condenar más al pequeño. Nosotros,
desde la asociación, hemos dicho que ésta es una reforma a la carta para
hacer frente al tema de la autodeterminación del pueblo vasco, del
referéndum que quieren plantear. Esto nos parece que es totalmente
represivo y no soluciona el problema del País Vasco, al contrario, puede
encresparlo mucho más. La ley tiene que atender cuestiones de tipo
general. Cuando no se adoptan medidas políticas para resolver
determinados problemas de tipo político, lo que no se puede es echar
mano de la mayoría absoluta: apruebo una ley y luego allá los jueces que
decidan. Concretamente lo del País Vasco, lo ve de distinta manera el
gobierno del PP, el PSOE e Izquierda Unida. Pero claro, como yo tengo la
mayoría y aquí el que está en posesión de la verdad soy yo y éstos son
unos díscolos, pues legislo dentro del Estado de Derecho, y garrotazo.
Entonces, por no saber hacer política se están utilizando resortes e
instrumentos que pone a nuestra disposición la Constitución y el Estado
de Derecho, pero se están usando al servicio de un partido determinado
que no está siendo capaz de solucionar un problema político.
"En el pueblo radica la
soberanía y la justicia, y es donde está el origen del poder legislativo
y del poder resolutivo"
-La democracia no es sólo el gobierno de la mayoría,
sino el gobierno en el que se respeta a la minoría. ¿Se están cargando a
la democracia?
-Sí, sí. Las mayorías absolutas en el sistema democrático han
demostrado que de una u otra manera acaban convirtiéndose en una especie
de dictaduras o dictablandas. No vamos a decir que haya una dictadura,
pero bueno.
-Y ello puede ser alimento para el terrorismo.
-Hay que ver también por qué existe el terrorismo y qué
instrumentos se podían utilizar, dentro siempre del Estado de Derecho,
para corregir o evitar el terrorismo. Hay que hacer análisis flexibles
de los problemas que hay en determinados lugares. Por ejemplo, si
estamos hablando del País Vasco, pues no crear crispación, ni
frustración entre la ciudadanía general. Esa es la única manera de
acabar con los problemas que hay. El terrorismo es una lacra muy
importante, lo estamos viendo. Los jueces tienen que tener escolta, la
mayoría de la gente tiene miedo a hablar... Eso en un Estado de Derecho
no se puede consentir. Hay medidas represivas para hacerlo, pero si
estamos siempre utilizando medidas represivas, si la fuerza la atacamos
con la fuerza, estamos generando una espiral que es el cuento de nunca
acabar. Alguna vez tendrán que establecerse unas normas de juego
democráticas que a lo mejor pueden pasar por la modificación de la
Constitución, no pasa nada. Tiene que ser la mayoría de los ciudadanos
quienes determinen en qué casos procede, por ejemplo, mantener el estado
de las autonomías a ultranza. Así se pueden buscar fórmulas que se
acerquen más al sentir y a las necesidades de cada región. ∆ |
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