Viene de esa generación para la cual el compromiso social es un
componente importante como sentido ético de vida. La lucha contra la
dictadura y el tránsito a la democracia fueron etapas que marcaron a
quienes las vivieron en muchos sentidos. Una de las huellas más
profundas es el valor de la dignidad.
Texto y foto: Lupercio González
"No puedo entender
la vida si no es con un compromiso social"
Dacio
Alonso trabaja en FEVE como técnico ferroviario. Militó durante un
tiempo en el campo sindical, para más tarde, a finales de los 80,
involucrarse en una organización de consumidores que luego daría paso a
lo que hoy es la UCE en Asturias. Asume la presidencia de esta entidad
de forma altruista y a ella dedica gran parte de su tiempo libre. Esta
responsabilidad le exige de todo: "A medida que vamos invirtiendo más en
actividad y en actuación -explica Dacio Alonso- el nivel de exigencia es
mayor en todos los sentidos. Queremos estar a la altura de las
exigencias, tener una organización potente, y ser unos interlocutores
capaces de generar proyectos innovadores que favorezcan los derechos de
los ciudadanos".
-Gestionar adecuadamente esos derechos ¿requiere
actualizar la formación?
-Efectivamente, exige formación, conocimiento. Nosotros queremos
liderar determinados procesos y eso sólo es posible con un conocimiento
de la realidad para poder modificarla y cambiarla, porque para tener
credibilidad no sólo hay que tener razón, sino que hay que gestionar y
administrar adecuadamente esa razón para que tenga éxito. La clave está
en que somos un equipo de trabajo en donde yo soy uno más.
-¿Juegan los medios de comunicación un papel importante
en vuestra labor?
-Vivimos en una sociedad muy mediática, de manera que quien no
está en los medios da la impresión de que no existe. Para nosotros es
una necesidad estar en los medios de comunicación, porque creemos que
tenemos algo que decir. Nos servimos del efecto de llamada para que los
ciudadanos sepan que tienen derechos, cómo pueden ejercerlos, y a través
de qué ámbitos e instrumentos pueden hacerlo. Queremos estar en los
medios porque creemos que tenemos algo que aportar a la propia sociedad,
formándola, informándola, reivindicando, denunciando, valorando, y
creando opinión. Pero ello no es un fin en sí mismo. Lo que se vierte en
los medios lo elabora un equipo técnico de gente que está en el día a
día, que está muy sensible a lo que la gente nos cuenta. Nuestra
organización tiene un potente servicio jurídico, y a veces, más allá de
la reclamación, hacemos un poco de confesores, porque la gente nos
cuenta su problema y la dimensión que tiene en su vida. Tenemos un
observatorio que con una mínima metodología y con personal muy
cualificado sociológicamente, va canalizando las llamadas que nos hacen
los ciudadanos de Asturias. Eso nos da una radiografía de cuáles son los
problemas, dónde están, qué sectores los tienen, de qué naturaleza son.
Eso lo volcamos hacia afuera a través de los medios de comunicación.
"Para
tener credibilidad no sólo hay que tener razón, sino que hay que
gestionar y administrar adecuadamente esa razón" |
-¿De qué se suelen quejar más los consumidores y
usuarios?
-Lo que más quejas, reclamaciones e insatisfacciones acapara
tiene que ver con la vivienda. El tema de la vivienda es el número uno,
porque es el bien más importante que uno adquiere en su vida, donde más
invierte, y a pesar de tener unos precios de escándalo es lo que
paradójicamente menos garantías ofrece a los compradores, desde falta de
calidad en el proceso edificativo, hasta falta de regulación legal. Es
curioso que una vivienda tenga menos garantías que un electrodoméstico.
Una vez que uno compra una vivienda y hace la escritura y legaliza la
situación de compra, desaparecen el promotor y constructor, y uno se
queda con todos esos problemas que luego aparecen con el parquet, con
los acabados, etc. Para resolverlos generalmente se inician pleitos por
vía judicial, y en la mayoría de las veces resolvemos los problemas con
la presión de la UCE sobre promotores y constructores. Somos conscientes
de que una organización de consumidores, por muchos y buenos servicios
jurídicos y técnicos que tenga, si se dedica exclusivamente a resolver
reclamaciones de los ciudadanos es, a nuestro juicio, como matar moscas
a cañonazos. Por la vía de la reclamación individual no se pueden
corregir determinadas prácticas estructurales del mercado. Es decir, hay
que atacar las causas que provocan los problemas. Y qué duda cabe de que
eso es más complicado. Nosotros en ese sentido hemos sido pioneros e
innovadores. Estamos haciendo cosas que nos están permitiendo atacar
esas causas.
-Fundamentalmente ¿cuáles son esas causas?
-Vivimos en una economía y en una sociedad de consumo pura y
dura, en donde lo importante no es el consumidor sino el sistema
productivo. El papel del consumidor es garantizar el sistema de
producción. En lo cotidiano, a ese consumidor se le fueron dando
derechos y empieza a ejercerlos. Los grandes cambios de sensibilización
hacia los derechos de los consumidores han venido precedidos siempre de
grandes catástrofes. El tema de la colza en España; tuvo que haber un
envenenamiento masivo para que hubiese una ley de consumidores.
Recordemos el tema de las vacas locas recientemente... En ese sistema de
producción el dinero es lo fundamental y casi lo justifica todo.
Justifica, efectivamente, que haya gente desalmada y que se quiera
aprovechar del momento, como pasó con vacas locas para rentabilizar
determinados piensos y economizar sus costes; luego vinieron las
consecuencias. En un sistema que tiene por objetivo que la producción se
mantenga por encima de todo es muy complejo dotar al consumidor de
derechos. El papel de los consumidores y sus derechos en el ámbito
político es muy pequeño.
"Lo que incorporó la Ley de
Consumidores de Asturias a diferencia del resto de las leyes en España,
es la reparación del daño"
-No obstante, se están legislando bastantes normas de
protección a los consumidores.
-Al consumidor, como sujeto de derecho, se le está dotando de
una legislación donde empiezan a regularse sus derechos, y por lo tanto
ya se pone coto a ese planteamiento capitalista puro y duro donde la
economía de mercado y la producción es lo fundamental. Pero el hecho de
que se están produciendo muchas normas que protegen los derechos de los
consumidores, no significa que haya realmente una protección y una
tutela real de esos derechos. Incluso ahora estamos en un proceso
productivo de normas desde el ámbito europeo comunitario. Todos los días
se crean directivas comunitarias y cada una de ellas tiene que ver en
última instancia con el consumidor, porque en esta sociedad de consumo,
el ciudadano es fundamentalmente consumidor y usuario.
-En Asturias entró en vigor ya la Ley de Consumidores
del Principado, que al parecer es una ley bastante avanzada. ¿Cuál es su
apreciación al respecto?
-El avance en los derechos de los consumidores se ha hecho a
costa de la salud y la seguridad de los propios consumidores. Un ejemplo
fue el de la colza. Para dar respuesta a ese problema hubo que promulgar
una ley, la Ley General de Consumidores del 84, que se aplica a nivel
general del Estado. Hoy todas las comunidades autónomas tienen su propia
ley, pero es curioso que, analizando comparativamente esa legislación
autonómica de protección de los consumidores, aún la ley del 84 es más
progresista que las leyes que se han ido haciendo después.
Los partidos políticos no le están dando a la política de consumo la
prioridad que debía tener. Nosotros como organización de consumidores
preparamos aquí en Asturias un debate público con los parlamentarios y
creamos el caldo de cultivo en la opinión pública para que se entendiera
el alcance que tenía esta ley para la sociedad asturiana. Tocamos muchos
aspectos, pero nos centramos en una parte de la ley que nos parecía
importante que recogiese la Ley del Principado y que no recogía ninguna
ley en España, y era la reparación del daño.
"Es
curioso que una vivienda tenga menos garantías que un
electrodoméstico" |
-¿Puede matizarnos en qué consiste esa reparación del
daño?
-Sí, cuando un consumidor sufre un problema y se presenta una
reclamación, lo que da credibilidad es que se le responda con la
reparación del daño. Hasta ahora lo máximo que se conseguía era que una
administración ante una denuncia de un consumidor abría un expediente
informativo, luego, a través de esa denuncia deduce si hay un
incumplimiento de norma. Si lo hay, se ponía en marcha un procedimiento
sancionador pero el daño al consumidor no se reparaba. Esa era la
prioridad, y aunque no se consiguió del todo, el listón ha quedado alto.
La Ley de Asturias es la única en España que dice que cuando un
consumidor presenta una denuncia porque cualquier actividad en el
mercado le ha provocado un daño, en el mismo procedimiento sancionador
de la Administración se le repare el daño. Es más, si ese empresario o
entidad objeto de la denuncia le repara el daño al consumidor, será
considerado falta leve y se le reducirá la sanción. Así quedamos todos
satisfechos, el consumidor porque ve reparado su daño y el empresario
porque en vez de pagar la cantidad mayor va a pagar una menor. Eso fue
lo que incorporó la Ley de Asturias a diferencia del resto de las leyes
en España.
-Nuestra Constitución reconoce el derecho que tiene todo
español a una vivienda digna. Si es así, ¿por qué el Estado ha dejado la
gestión de este derecho en manos privadas?
-A nuestro juicio ésa es la parte más perversa de esta historia,
porque ese derecho constitucional, que tanto significa para una familia,
no lo está gestionando el poder público, sino los promotores y
constructores en el ámbito inmobiliario. Y la lógica de estos promotores
y constructores es la del beneficio, porque ellos están en un mercado
para ganar dinero. Pero ¿cómo alguien va a entender que la garantía de
un derecho tan fundamental como éste pueda estar en manos de los
mercaderes del mercado? Ese es el gran fracaso de la política del
Gobierno del PP en materia de vivienda. En España se está produciendo
vivienda libre que no está sujeta a control de ningún tipo y los
márgenes de beneficio son astronómicos. Familias con recursos normales,
que tendrían posibilidades de acceder a una vivienda de protección
oficial, están entrando en la vivienda libre porque no se está
produciendo otra, y están hipotecando treinta años de su vida y el 50%
de sus ingresos. Además, en un mercado con una gran precariedad laboral
las incertidumbres son tremendas. Ahora bien, esto se corrige si los
poderes públicos intervienen creando un parque de vivienda protegida en
el que las familias normales puedan entrar. Es un problema de
competencia en el mercado, y en definitiva, de naturaleza política. ∆ |