avegar hacia el
futuro y no perder el rumbo en un mar lleno de controversias, no sólo es
fundamental, sino indispensable desde una visión de coherencia.
-Parece que hay muchas ideas individuales de lo que debe
ser esta región. ¿Cree que es necesario "repensar" Asturias?
-Asturias, desde luego, está en una etapa de transición
económica demasiado alargada, y ofrece luces y sombras. En los aspectos
positivos nos hemos incorporado, débilmente, en algunos sectores
económicos. En cuanto a las sombras, sigue siendo muy importante el peso
de la Asturias industrial, que da la sensación de que está siempre entre
interrogantes. Es un reto incorporarnos a otros elementos de la política
económica, de la sociedad de servicio, de la sociedad de la información
y tecnológica, pero nos es fundamental mantener la Asturias industrial.
No podemos seguir perdiendo capacidades productivas y empleos. Por lo
tanto, tiene que haber una Asturias industrial y otra Asturias que
profundiza en otros elementos como son las nuevas tecnologías, la
sociedad de la información, la política de servicios, pero con un
equilibrio. Es cierto que hemos funcionado más con objetivos a corto y
medio plazo que a largo. Creo que hay que reforzar, más que liderazgos
personales, liderazgos colectivos de concepto de pueblo. La Asturias que
queremos está a diez o veinte años vista. Falta una reflexión colectiva;
Asturias necesita un liderazgo colectivo, de pueblo, de sociedad, no
sólo de gobierno. Este reto lo tenemos abierto y el gobierno regional
debe ayudar a que ese liderazgo social, esa tormenta de ideas y de
proyectos, sean articulados, armonizados e incluso impulsados.
-Está en el candelero político el tema del Estado de las
autonomías. ¿Será Asturias una autonomía de segunda?
-La Junta General del Principado de Asturias data del siglo XIV,
es decir, somos una comunidad con mucha historia. Somos de las pocas
comunidades que no tenemos que explicar, forzar o reinventar su
historia, porque obvia y lógicamente la tenemos. ¿Qué nos preocupa a
nosotros del debate que se está dando en el Estado? Que las
peculiaridades de un Estado, obviamente plural como es el Estado
español, deban significar diferencias en los elementos de cohesión
social. Dicho de otra manera: Todos los ciudadanos tienen derecho a los
servicios y prestaciones sociales por parte de las administraciones,
independientemente de quien sea su gestor. Las diferencias no pueden al
final justificar desigualdades sociales, o ir en el camino de la
descohesión social de este país. Nosotros creemos en la
descentralización del Estado, en el autogobierno de las comunidades
autónomas y creemos además, que eso no es un debate académico
institucional. Es un debate que puede influir en la calidad de vida de
los ciudadanos, en acercar el poder político y la democracia a los
ciudadanos. No compartimos, y nos parece una posición en este caso
insolidaria, por ejemplo, lo que plantea Cataluña, de pagar por rentas y
recibir por habitantes. Ahora, sí compartimos que los pueblos y
nacionalidades que comprenden el Estado español, tengan un autogobierno,
tengan más competencias, pero siempre garantizando los elementos de
cohesión social y que no haya una España de dos y tres velocidades.
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"El
clima institucional ha cambiado, y lo ha hecho para bien" |
-¿Puede decirse que las relaciones institucionales se
han normalizado con la entrada del gobierno de Zapatero?
-Son más fluidas, no sólo de la Administración asturiana con la
Administración Central, sino en el conjunto de las comunidades
autónomas. Hoy hay otra forma de entender la política y las relaciones
que se deben dar entre comunidades autónomas y el Gobierno Central,
incluso cuando no tienen el mismo color político. Creo que se ha
normalizado el diálogo social. El clima institucional ha cambiado y lo
ha hecho para bien. Para los ciudadanos la democracia y las
instituciones pierden credibilidad cuando se dan cuenta de que es un
elemento de batalla partidista pura y dura, donde no se respetan las
reglas de juego.
-Asturias y el protocolo de Kioto. ¿Tiene nuestra región
los deberes hechos?
-Aquí hay un error muy importante. El anterior gobierno español
firmó el Protocolo de Kioto y durante ocho años no hizo nada. La prueba
de ello es que las emisiones de CO2 no han bajado, sino que han subido.
Creo que la recién llegada Administración del PP lo firmó, en aquellos
momentos, por un elemento de imagen. Resulta incomprensible que firmando
un protocolo internacional, durante ocho años no se haya hecho nada, y
no sólo eso, sino que las emisiones que se habían comprometido a
reducir, aumenten. Nosotros, como fuerza política, creemos que es
posible el desarrollo económico y la sostenibilidad. No se puede estar
hablando de las consecuencias de las crisis ecológicas y
medioambientales para dentro de una década, porque tienen consecuencias
inmediatas; y eso afecta de forma directa a la calidad de vida de los
ciudadanos. Tiene que haber un esfuerzo para que se cumplan los
objetivos de Kioto y éste ha de ser consesuado y que contemple las
especificidades de los territorios. Hay que avanzar en los objetivos de
Kioto, sin que sea a costa de los empleos. No compartimos la dialéctica
ni las amenazas que hacen a veces, en este sentido, algunas empresas.
Nos parece fundamental alcanzar los objetivos de Kioto y planteamos que
haya, como las hay en otras materias, una especie de conferencia
sectorial a nivel del Estado donde puedan participar todas las
comunidades autónomas para definir todos los temas que tengan que ver
con las emisiones, e ir a una tecnología con más criterios medio
ambientales y sostenibles.
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"El anterior Gobierno español firmó el
Protocolo de Kioto y durante ocho años no hizo nada" |
-¿Cómo queda Asturias frente a la Unión Europea con la
reforma de la Política Agraria Comunitaria (PAC)?
-Hemos planteado de forma clara de que hay que buscar una
aplicación de la Política Agraria Común que sea lo menos lesiva para
Asturias, teniendo en cuenta las condiciones de nuestras explotaciones,
muchas de ellas en montaña con unas dificultades orográficas muy
determinadas. A dicha reforma la hemos definido como una reforma
negativa y perjudicial, sobre todo para lo que es la agricultura y la
ganadería muy industrializada; como decimos en alguna terminología
europea: en base a tierra. Son explotaciones pequeñas y medianas con un
componente familiar; son extensivas y no tienen una gran concentración
industrializada.
La primera quincena de diciembre hay una reunión de la ministra con
todos los consejeros de las comunidades autónomas, donde se va a
determinar cómo se aplica la Política Agraria Común en España, dentro de
los márgenes que ésta deja a cada estado miembro. El Gobierno asturiano
ha expresado su rechazo a la última reforma de la Política Agraria
Común. También es cierto que hay unos márgenes de actuación que aminoran
los efectos negativos para Asturias. Nosotros desde la posición
contraria a la última reforma, que es una posición contraria también del
Gobierno asturiano, creemos que hay que aprovechar los recursos que
permite esta reforma a los estados miembros, recursos como los de poner
trabas a la mercantilización de derechos. La única forma de que no
salgan derechos de producción y de primas en Asturias es lógicamente
poner trabas. Nosotros nunca hemos entendido que pueda existir una
mercantilización de derechos, que a fin de cuentas son de concesión
pública, porque creemos que una gran parte de las ayudas deben
mantenerse acopladas a la producción. No creemos que los derechos de
prima, de producción sean objeto de mercantilización y en la situación
singular de nuestra comunidad autónoma, acabar siendo derechos de
producción, que salen de nuestra región como está saliendo ahora la
cuota láctea. No queremos que eso nos pase en otras materias. Y después,
queremos aprovechar los recursos que le deja la Unión Europea a cada
estado miembro para hacer políticas propias, cuando le permite, por
ejemplo, un 10% de las ayudas, hacer una redistribución en función de
características específicas de cada estado miembro. ∆
