LA LEY DE
EXTRANJERIA
¿Se cumple en
Asturias la ley de extranjería?
¿Qué
repercusiones está teniendo?
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Fernando Menéndez
Asturias Acoge
"Como consecuencia de la ley se aprecia una mayor inquietud
entre los inmigrantes y una demanda mayor de información. Además, buscan
más proximidad con organizaciones como la nuestra. Lo que se palpa es más
preocupación, y yo creo que ese es el termómetro con el que se mide el
impacto de esta ley hasta el momento. Veremos lo que sucede más adelante.
Dicen que van a recurrir a expulsiones masivas, pero ya veremos. Yo no lo
creo posible porque políticamente pueden pagarlo caro, sería un gesto que
les pondría en la picota y que tendría un encaje social difícil. El
propio Ministro del Interior dijo que no iban, en esos casos, a aplicar en
rigor la ley, con lo cual está demostrando que aprobaron una ley sin
convencimiento. Si temen aplicarla en todo su rigor ¿por qué la aprobaron?
Es un poco incoherente. Eso nos hace pensar que con esta ley al gobierno le
está pasando lo mismo que a cualquiera de nosotros cuando mete la pata en
algo, y es que aunque luego haga cualquier cosa para tratar de mejorarlo, lo
único que consigue es empeorarlo". ∆
"Si
temen aplicar la ley en todo su rigor ¿por qué la aprobaron?"
Mª Victoria Astorga
Rodríguez
Responsable del área de
Inmigración de UGT Asturias.
"Tras la entrada en vigor de la nueva ley de extranjería y a
la vista de la amplia repercusión, tanto social como política que ha
provocado su aprobación y corto periodo de vida, nos encontramos con
medidas parciales adoptadas por el Gobierno tendentes a paliar los efectos
de una regulación del todo desafortunada.
El retorno voluntario, dirigido a un colectivo específico, o la revisión
de solicitudes denegadas durante el proceso de regularización del año
pasado, tienen una probabilidad de éxito a largo plazo más que dudosa. En
el primero de los casos, no sabemos qué pasará en un futuro cuando los
ecuatorianos finalicen su contrato de trabajo y para renovar necesiten una
nueva oferta de trabajo o la continuidad de la anterior. Ante la
inexistencia de oferta y en situación de nuevo irregular en España ¿se
les pagará otro viaje? Por cierto, ¿qué opinan los inmigrantes de otras
nacionalidades sobre esta medida discriminatoria?
Respecto a la revisión de solicitudes denegadas durante el proceso de
regularización del año pasado, ¿qué opinan aquellos que no presentaron
su solicitud porque no cumplían algún requisito y ahora puede ser obviado
por la administración para conceder los "codiciados papeles"?
¿No es necesario para obtener un permiso de trabajo la existencia de una
oferta?
El problema de miles de trabajadores que carecen de permiso de trabajo no se
soluciona regularizándolos exclusivamente, ya que es necesario que la
concesión de permisos vaya acompañada siempre de un contrato de trabajo
con las condiciones que establece la legislación laboral para cualquier
trabajador, de lo contrario estaríamos contribuyendo a la creación de un
mercado de trabajo paralelo que será el germen de la marginación y futuras
actitudes racistas de los españoles. Por tanto, papeles para todos sí,
pero siempre que vayan vinculados a un contrato de trabajo real y sujeto a
las mismas reglas de juego que la legislación laboral establece para todo
trabajador.
Si la nueva legislación en esta materia no se está aplicando o se está
incumpliendo, se debe única y exclusivamente a la ineficacia de aquella
para regular la realidad del fenómeno migratorio, y claro ejemplo de ello
es el hecho de que quien crea la norma es el primero en incumplirla mediante
la adopción de medidas paralelas que ponen de manifiesto la inexistencia de
una política clara y apropiada para regular los flujos migratorios. Si
quieren cumplir la ley a "rajatabla". ¿Por qué no expulsar a
todos aquellos que estén en situación irregular? Si hay dinero para pagar
el retorno voluntario, ¿por qué no financian también la expulsión?
¡Total, el dinero es del contribuyente!". ∆
"Papeles
para todos sí, pero siempre que vayan vinculados a un contrato de trabajo
real"
Gonzalo Olmos
Vicepresidente del Conseyu da
Mocedá del Principau d’ Asturies.
"Es un poco pronto para hacer un balance. La ley entró en
vigor en enero y serán las asociaciones dedicadas a este tema, además de
la propia administración, quienes deban ofrecer estos datos. Creo que hay
una cuestión de base, y es que se trata de una ley destinada al fracaso.
Los flujos migratorios existen, han existido y seguirán existiendo. La ley
no lo va a impedir. Lo que hace es imponer unas formas más difíciles para
que esa emigración se haga dentro del ámbito de la regularidad
administrativa, y de esa manera deja a una mayor parte del colectivo de
inmigrantes en una situación de irregularidad administrativa. Con esta ley,
en determinadas situaciones se podría llegar a la expulsión en un trámite
de 48 horas, y desde luego con una asistencia jurídica que a veces puede
brillar por su ausencia. Es una ley en ese sentido absurda y falsa, es como
un bombero pirómano, en el sentido de que va a colocar a más personas en
situación irregular con la espada de Damocles de la marginalidad y de la
clandestinidad. Así no solamente no se protegen los derechos de los
trabajadores, sino que hay unas condiciones que pueden favorecer que se
vulneren más. Por otro lado, con respecto al tema de las mafias el efecto
va a ser contrario a lo que supuestamente se dice, porque la inmigración va
a seguir viniendo a España, el flujo es imparable y cada vez de una forma
más intensa. Esa inmigración va a seguir existiendo, y si no puede entrar
regularmente en España, va a entrar irregularmente, y es entonces cuando el
actuar de las mafias tiene un caldo de cultivo mejor todavía, con lo cual
va a intensificar los problemas que supuestamente el gobierno quiere atajar.
Por todas estas razones es una ley injusta y posiblemente inconstitucional,
una ley retrógrada y además condenada a ser un fracaso en la búsqueda de
los objetivos que dice que tiene, porque verdaderamente los objetivos de
fondo son otros. En ese sentido está condenada al fracaso como toda ley que
pretenda regular los flujos migratorios". ∆
"Es
una ley destinada al fracaso"
El Hadji Gaye
Vocal de la Asociación de
Inmigrantes Senegaleses de Asturias.
"Nosotros de momento no hemos tenido ningún problema, no nos
ha influido en nada. Yo creo que los inmigrantes que tenemos papeles no
vamos a tener problemas, pero los que no tienen papeles lo tienen muy
difícil. Por lo que he oído hablar en la radio y en prensa no pueden tener
derecho a asociaciones ni afiliarse a un sindicato, lo que me parece una
barbaridad porque eso es fundamental. Yo estoy en una asociación senegalesa
en Asturias, que ya tiene casi seis o siete años y esa asociación a
nosotros nos permite resolver todos los problemas que tenemos.
En cuanto a lo de pedir la documentación me parece que eso sí lo hacen en
las ciudades grandes como Madrid o Barcelona, pero aquí en Asturias
normalmente donde suelen pedir los papeles es en la estación de Renfe y en
los Alsa.
España se está convirtiendo en un país donde el racismo o la xenofobia se
nota más. La inmigración no es una novedad, yo llevo en España doce años
y con la política del PP parece como si fuera una cosa nueva. Hay una
política de criminalizar la inmigración, la gente cree que en España el
problema es la inmigración, y no es así, porque la inmigración existe
desde hace mucho tiempo y mientras haya guerras, terremotos, hambre, no se
puede frenar.
Estamos hablando de una cosa que va a seguir, que no va a parar porque para
inmigrar hay que tener un motivo y los países del tercer mundo lo tienen.
No se van a quedar ahí esperando la ayuda humanitaria que no llega nunca.
Además tenemos derecho a vivir donde nos dé la gana porque el mundo es
para todos, no para unos sí y para otros no". ∆
"Hay
una política de criminalizar la inmigración"
Juan José Palacios
Responsable del área de
inmigración en CC.OO.
"En otras comunidades autónomas ha saltado alguna noticia de
que la Guardia Civil pide los listados de los empadronamientos a los
ayuntamientos. Nosotros no tenemos noticia de que eso esté ocurriendo
aquí. Por otra parte determinados aspectos de la Ley de extranjería -como
los supuestos de las incoacciones de órdenes de expulsión- en otras
comunidades se están llevando de alguna manera a rajatabla. Nosotros en
Asturias tenemos un contacto bastante directo con la policía, y sabemos que
están a la espera de la fecha del 23 de abril, es decir, la fecha en la que
se cumplirían tres meses después de la entrada en vigor de la Ley.
Nosotros pensamos que la dureza de la ley se va a ver a partir de esa fecha,
porque a una persona que haya llegado a España o a Europa el 22 de enero no
se le puede aplicar la legislación nueva, por lo tanto la estancia
irregular no se le puede castigar con la expulsión. Por otra parte hay
asuntos colaterales que no son propiamente de la Ley de Extranjería de la
8\2000, pero que sí están teniendo repercusiones, como es la supresión
del convenio internacional con Ecuador, en cuanto a la igualdad de trato de
los trabajadores de uno y otro sitio. Esto conduce a este colectivo a tener
que pasar por la criba de la situación nacional de empleo, lo que dificulta
enormemente el acceso al trabajo". ∆
"La
dureza de la ley se va a ver a partir del 23 de abril"
Alejandro Riera Fernández
Abogado especialista en temas
de Extranjería.
"A raíz de la promulgación de la Ley Orgánica 8/2000 (la
"nueva ley de extranjería"), el panorama que se les ofrece a los
extranjeros en territorio español, en particular a los no comunitarios,
resulta progresivamente más preocupante.
La nueva ley (nueva por cronología, obsoleta por sus planteamientos y
filosofía), ha supuesto una notable merma de los derechos de los
inmigrantes en territorio español, en concreto de los extranjeros no
comunitarias, no residentes. Estas personas han visto desaparecer derechos
tan fundamentales como los de huelga, sindicación, reunión y
manifestación (todos ellos reconocidos por la "antigua" Ley
Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los
extranjeros en España y su Integración Social), lo que genera serias dudas
acerca de la constitucionalidad de esta nueva norma, máxime si tenemos
presentes anteriores pronunciamientos del Tribunal Constitucional.
La novedad más preocupante, en lo que afecta al inmigrante medio (el
"sin papeles") es que la estancia en territorio español, una vez
superado el periodo de los primeros noventa días, es causa de expulsión
mientras en el texto vigente durante el año 2000 sólo era sancionada con
una multa. No obstante, en la actuación por parte del Cuerpo Nacional de
Policía se observa una considerable cautela y prudencia, sugerente de que
la aplicación rigurosa del precepto no constituye una prioridad. En
consecuencia, las temidas expulsiones en masa no se están llevando a la
práctica.
La situación normativa de la extranjería es confusa, por no calificarla de
caótica, pues nos encontramos con una Ley de principios del año 2000,
reformada a finales del mismo año, que carece de un desarrollo
reglamentario propio, lo que obliga a aplicar el Reglamento de 1996, con
todas las contradicciones y disfunciones que ello ocasiona.
La ley actual requiere un desarrollo reglamentario que, supuestamente, ha de
ser llevado a cabo antes del mes de agosto del año en curso. En estos
momentos circula ya algún anteproyecto de reglamento, que no invita al
optimismo respecto a la futura situación de los extranjeros. Antes al
contrario: volvemos al "estado policial" que se vivía con la Ley
7/1985 (la antigua ley de extranjería). El oscurantismo actual en materia
de extranjería tiene como máximo exponente la situación en la que se
encuentran más de 25.000 inmigrantes de nacionalidad ecuatoriana que se han
acogido al convenio firmado entre los países de España y Ecuador.
Este presunto acuerdo internacional (no aparece publicado en parte alguna,
existen serias dudas acerca de la competencia de quienes lo han suscrito, y,
por ello, de su validez) pretende que los ecuatorianos en situación
irregular que dispongan de una oferta de trabajo se desplacen a su país al
efecto de solicitar el correspondiente visado para residir y trabajar en
España, y les promete un viaje de ida y vuelta con gastos sufragados por el
Estado español.
Al margen del dislate que supone tan imaginativa solución (que, por cierto,
represente un millonario despilfarro del dinero público), la realidad
difiere bastante de la letra del convenio. De hecho, de todos los acogidos a
ese acuerdo, sólo un pequeño porcentaje ha visto cumplidas las
expectativas creadas. Y, lo que es más preocupante: las declaraciones de
alguna persona con responsabilidad en la materia, sugieren que el Estado
español no podrá hacer frente a los gastos que supondría sufragar el
desplazamiento de todos los acogidos al programa. ¿Es que a nadie se le
ocurrió hacer las cuentas antes?
Como impresión general, se puede concluir que el futuro de los extranjeros
no comunitarios que desean sobrevivir y trabajar en territorio español no
se presenta demasiado halagüeño. Nada que ver con la situación de bonanza
que se vivió durante los últimos doce meses de vigencia, antes de la
modificación actual, de la Ley Orgánica 4/2000. ¿Era aquella norma un
mero catálogo de buenas intenciones utópicas e irrealizables o, por el
contrario, un instrumento válido para ordenar el flujo de inmigrantes?
Nunca lo sabremos: la corta vida de la criatura no lo ha permitido".
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"La
situación normativa de la extranjería es confusa, por no calificarla de
caótica" |