Legislar no aumenta el número de abortos; en los países con la legislación más permisiva, como Holanda, Suecia o Dinamarca, la tasa es muy baja y se realizan con todas las garantías en centros hospitalarios y de forma gratuita.

MARZO 2008

DERECHO A DECIDIR
POR ISABEL MENENDEZ

Cada año, ochenta millones de mujeres se enfrentan a un embarazo no deseado y algo más de la mitad se somete a un aborto que, en el 97% de los casos, será de alto riesgo por no disponer de las condiciones mínimas sanitarias. Según la Organización Mundial de la Salud, unas 70.000 mujeres mueren cada año a causa de los abortos clandestinos. Las que sobreviven, a menudo se enfrentan a secuelas irreversibles como lesiones de órganos, infecciones crónicas o esterilidad. En África, el 25% de este tipo de abortos de riesgo se practica a adolescentes.
Estas cifras, expuestas por la investigadora Anne Daguerre en un artículo publicado en "Le Monde Diplomatique" revelan que, más allá de posiciones ideológicas o religiosas respecto al aborto, es necesario dar respuesta a los embarazos no deseados o forzados. Legislar no aumenta el número de abortos; en los países con la legislación más permisiva, como Holanda, Suecia o Dinamarca, la tasa es muy baja y se realizan con todas las garantías en centros hospitalarios y de forma gratuita. Sin embargo, estamos asistiendo a un repunte de las posiciones más conservadoras que ponen en peligro un derecho que parecía consolidado en los países desarrollados.
El estatus jurídico del feto no nacido no es universal. En Estados Unidos, se considera que tiene los mismos derechos que la madre, por lo que se compromete el derecho a elegir de ésta, incluso si existe riesgo para su vida. Por esa razón, quienes practican abortos son perseguidos y amenazados, a veces asesinados, y en consecuencia es muy difícil acceder al aborto y únicamente las mujeres que tienen medios económicos pueden elegir. En la Unión Europea, por el contrario, no se otorga estatus jurídico al feto, tal y como acaba de disponer el Tribunal de Estrasburgo. Una mujer francesa, que perdió el bebé que esperaba por un error médico, había acudido a este tribunal al considerar que la justicia de su país había atentado contra el derecho a la vida del no nacido, al absolver al facultativo de homicidio involuntario. Para el tribunal europeo, desde el punto de vista del derecho no se puede responder a la cuestión de si un feto es una persona en el sentido que establece la Convención Europea de Derechos Humanos. En Italia, Berlusconi equipara el aborto con la pena de muerte y acaba de proponer que la ONU hable de derechos humanos "desde el momento de la concepción". Así, en lugares de Europa donde la legislación es relativamente abierta, sigue existiendo reprobación sobre las mujeres que se someten a una interrupción voluntaria del embarazo. Daguerre explica que algunas son calificadas como irresponsables cuando solicitan el aborto y, en ocasiones, son acusadas de acabar con una vida. Así las cosas, las mujeres deben afrontar la falta de recursos y estructuras. En España, más del 95% de los abortos se practican en clínicas privadas, las únicas que han facilitado este derecho. Ahora, estas clínicas están amenazadas y sus pacientes también, mientras que los sectores más reaccionarios hablan de prohibir el aborto, lo que ha provocado movilizaciones que incluyen la autoinculpación, como medida de presión para que la ley solucione la inseguridad jurídica actual. El derecho a elegir de las mujeres, que debería inspirar la norma, tal y como sucede en la mayoría de estados de nuestro entorno, vuelve a estar en cuestión, perdiendo el carácter de derecho fundamental que las mujeres le habían otorgado. Por eso, Anne Daguerre advierte que el avance de los movimientos reaccionarios en Estados Unidos y en Europa recuerda que, cuando se habla de derechos de las mujeres, nada es definitivo, sobre todo para las más pobres. §