Los obispos y los católicos se han lanzado a la calle. ¿Qué respuesta cabe esperar de la sociedad laica?
-La Constitución Española ampara a todos pues es pluralista, pero quienes no practican en su estructura organizativa, en su funcionamiento y en sus principios los métodos democráticos -como sucede con la Iglesia-, no pueden ampararse en el sistema democrático para monopolizar la educación, la sanidad y la moral pública. Los laicos debemos responder invocando la aconfesionalidad del Estado y la neutralidad religiosa de la vida pública, en particular de la educación.

-¿Qué medidas consideran que deberían tomarse para dar un paso más como Estado aconfesional?
-La denuncia de los Acuerdos con el Vaticano de 1979, con la consiguiente supresión de los beneficios fiscales para la Iglesia Católica, que deberá procurarse su autofinanciación sin acudir a las arcas públicas. Es imprescindible la regulación de una ley de plazos para la interrupción del embarazo, cesando por antidemocráticas las campañas de acoso a quienes ejercitan un derecho legalmente reconocido. También hay que regular la eutanasia, propiciando un debate social que permita reformar una legislación restrictiva, a fin de reconocer la existencia del derecho a la disponibilidad de la propia vida, con las condiciones y cautelas que se requieran. Hay que suprimir la religión como materia de obligada impartición por los centros escolares; la neutralidad del ámbito educativo es incompatible con el adoctrinamiento religioso, de manera que las aportaciones públicas a la educación no serán compatibles con idearios que no respeten los valores constitucionales. Y finalmente, deben adoptarse las medidas que pongan fin a los símbolos y ceremonias religiosas en los edificios, actos e instituciones públicas.

-¿La posición de la Iglesia ha servido para que el ciudadano tome conciencia de lo limitado que sigue estando el Gobierno por la religión?
-El Gobierno actual ha intentado pactar una paz tácita con la Iglesia para poder gobernar, les ha concedido más financiación pública que en los ocho años de Aznar, les ha mantenido los privilegios fiscales y las subvenciones, ha mantenido la religión en la educación, y ha incumplido su promesa electoral de regular la eutanasia y la ley de plazos para el aborto. Ése ha sido un precio muy alto que no ha servido para nada, pues la Iglesia añora el poder y el monopolio religioso, combate las leyes democráticas y se opone a cualquier avance social. La respuesta ciudadana debe ser exigir la laicidad del Estado y el fin de los privilegios de la Iglesia.

-¿Qué cree que sucedería si se pusiese fin a los privilegios sociales y económicos de la Iglesia? ¿Cómo reaccionaría la ciudadanía?
-No pasaría nada, viviríamos una normalidad democrática si los cambios se hacen con respeto a la legalidad constitucional. La sociedad lo entendería, pues no se comprende que aún existan privilegios de ese tipo. La ciudadanía apoyará que se respete el derecho a las creencias religiosas, pero nunca su imposición a los no creyentes.

-¿Qué leyes pendientes están influenciadas por la moral religiosa?
-En cuanto a la eutanasia sólo hay que ver la actuación del Consejero Lamela en Leganés, la negación del derecho a la elección de una muerte digna, los sufrimientos innecesarios de enfermos irrecuperables. Si nos referimos al aborto veremos la ley de plazos paralizada, persecución de médicos y mujeres que abortan, objeción de conciencia médica, negación en la sanidad pública, campañas de denigración de quienes interrumpen el embarazo... En la escuela se sigue con el adoctrinamiento religioso de los escolares, con dinero público y con el control de la Iglesia. Y mientras, la Iglesia sigue con sus beneficios fiscales, ya que no paga IBI, IAE, Plusvalía, contribuciones especiales, etc., y se nutre de las arcas públicas en lugar de autofinanciarse.