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España hay un encontronazo entre la Iglesia y el Estado que latía desde
hacía tiempo y que nadie era capaz de afrontar con entereza. Después de
cuarenta años de nacional catolicismo, de dictadura y de control por
parte del episcopado, de la educación, la moral y la vida misma en todas
sus dimensiones. Parecía que no se hubieran dado la Ilustración, ni las
Revoluciones en EEUU y Francia, ni las Cortes de Cádiz, ni las
Declaraciones Universales de Derechos, el progreso en las conquistas
sociales, el acceso de la mujer a la educación y a puestos de
responsabilidad. Se diría que el tiempo se hubiera detenido en el
Concilio de Trento y en el Vaticano I. Las prácticas de la Inquisición,
tan próxima, la intolerancia y la intransigencia, el maridaje con el
gran capital y con las oligarquías, la transformación en "Cruzada"
(garantizado el cielo a quienes morían en ella, como entre los talibanes)
de un Alzamiento militar contra la República democrática y legítima en
1936, las persecuciones y ejecuciones subsiguientes, el exilio de los
mejores talentos, los escandalosos privilegios de obispos y de clérigos,
la unión entre el Trono y el Altar, los esfuerzos del Gobierno de Felipe
González por el diálogo con la Iglesia… parecen no haber servido de nada
ante el inconcebible ataque de algunos cardenales y el estruendoso
silencio de los obispos en una nueva cruzada que pone en duda el sistema
democrático, que acusa al Gobierno legítimo de España de pretender
destruir la familia con las leyes del divorcio, la de interrupción del
embarazo en los casos previstos, las uniones con efectos jurídicos de
personas del mismo sexo, la asignatura de "Educación para la ciudadanía"
en los colegios, a la que acusan de manipulación y totalitarismo
doctrinario, y la nueva ley que concede una ayuda por unos 240 euros al
mes a los jóvenes que trabajan para que puedan acceder a un piso de
alquiler. Los obispos han calificado esta ayuda como "un ataque a la
familia tradicional y unida". Lo curioso es que las leyes de divorcio y
del aborto no fueron ni modificadas ni discutidas durante los gobiernos
del PP y ahora ambas entidades han formado un frente común contra los
fundamentos del Estado constitucional, plural, libre y democrático que
tenemos. En los medios, y ya en la universidad y en el mundo académico,
se abordan estos temas tan propios del peor carácter y de la tradición
españoles. Produciría vergüenza si no hubiera algo más en juego. Las
descalificaciones e insultos desde los púlpitos y la emisora de los
Obispos, así como en sus instituciones, colegios y universidades están
creando un ambiente que alarma. Muchos son los españoles que piden la
denuncia de los Acuerdos con el Vaticano, que la Iglesia corra con sus
gastos y que sus fieles la sostengan, que paguen impuestos, que se
acaben los privilegios y asuman su corresponsabilidad democrática. Con
sus actitudes, denuncias y manifestaciones por las calles están haciendo
más anticlericales, más partidarios de un laicismo radical y más
ciudadanos conscientes de su responsabilidad y de su fuerza que las
denostadas olas de frivolidad y de violencia de las series televisivas.
Una Iglesia despoblada de feligreses
ha buscado en el ruido callejero una manera para hacer
sentir su voz
Junto a esta caterva de insultos, el
Gobierno se resiste a incluir en su programa electoral la denuncia de
esos Acuerdos que sustituyeron al Concordato franquista.
Entre los artículos destacan los de Juan Luis Cebrián, del monje de
Montserrat Hilari Raguer y el de Josep Ramoneda que escribe "Cualquier
relato que pretenda dar sentido a la existencia humana emana de la
imaginación de los hombres. Los obispos pretenden excluir al suyo de la
controversia con el obsceno recurso de hablar en nombre de Dios. Por lo
menos podrían tener la modestia del personaje de una novela de Andrei
Makine: ‘Sólo se me ha pedido que os lo diga, no que os obligue a
creerlo’. Y Zapatero, a pesar de la contumacia de los señores obispos,
sigue haciendo concesiones. Debería tener el coraje de acabar con los
privilegios de una religión que merece los mismos derechos que las
demás".
El peso histórico de la Iglesia ha dificultado que apareciera una
verdadera tradición liberal en España. Una Iglesia despoblada de
feligreses y sin apenas vocaciones y que es incapaz de autofinanciarse,
ha buscado en el ruido callejero una manera para hacer sentir su voz en
una sociedad que cada vez la escucha menos.
Como señala Ramoneda, todos los españoles de cualquier creencia o
increencia estamos financiando a la Iglesia católica y ésta, ante
cualquier contratiempo, responde cuestionando la democracia. A dos meses
de unas elecciones generales esta acritud e inconsciencia puede derivar
más lejos de donde quisieran sus responsables. §
