-Una vez
que los demócratas han llegado a las Cámaras, por boca de su
representante Nancy Pelosi han declarado que quieren actuar sobre la
privatización de las prisiones. ¿Desde cuándo están así organizadas las
cárceles?
-La privatización de las cárceles no es algo nuevo. Hace un siglo
fueron creadas en EEUU y las consecuencias fueron desastrosas. El
argumento de quienes defendieron la creación de los centros
penitenciarios privados en la década de los 80 era que reducirían los
costes al Estado y que estaban más capacitados para realizar los
servicios de reinserción social. Pero un detallado estudio de la
Universidad de Cincinatti en 1999 demostró que la reducción del gasto
público, si existe, es mínima, y los criterios utilizados suponen
siempre un recorte de los derechos fundamentales de los presos: limitan
la atención médica, la alimentación, la limpieza y su vigilancia.
Además, no son capaces de controlar la violencia, tres veces mayor que
en las prisiones públicas.
-Los
convictos estadounidenses se han convertido en mano de obra barata, ¿qué
beneficios les están reportando a las empresas que los explotan?
-Efectivamente, las cárceles privadas se sirven del trabajo de los
convictos en EEUU. La Correction Corporation of America (CCA), empresa
líder del sector, se ha convertido en un auténtico imperio. Representa
la mitad del mercado y forma parte de las cinco empresas más al alza en
la Bolsa de Nueva York.
-¿Bajo qué
leyes trabajan estos convictos?
-En los "correccionales", como se denomina a las cárceles privadas,
el trabajo de los presos no está sujeto a las leyes del salario mínimo y
éstos no tienen protección social alguna, por lo que de forma continua
sufren violaciones de sus derechos más básicos. Empresas como Microsoft,
Starbucks y Colgate Palmolive han aprovechado la fuerza laboral de estos
presos. Aunque ellos hayan mostrado interés en el trabajo y este haya
facilitado su reinserción, el salario neto que reciben es de uno a dos
dólares por hora, cifra inferior a la de los centros públicos, y en
ocasiones son obligados a trabajar gratis.
-Si el
porcentaje de delitos no ha aumentado desde 1970, ¿por qué el número de
prisioneros es diez veces mayor que desde entonces?
-El endurecimiento de las leyes garantiza la alta ocupación
necesaria para que sea rentable. Así surgió la guerra contra la droga y
la "ley de los tres delitos", que facilita que al tercer tropiezo,
aunque se trate de robar una pizza, el ladrón pueda ser condenado a
prisión el resto de su vida.
-Visto cómo
funciona el turno de oficio en EEUU, ¿las mejores víctimas de este
sistema son los más desprotegidos socialmente?
-Aprovecharse de los más desfavorecidos se convierte en el mejor
negocio. El 63% de los encarcelados pertenece a minorías negra y latina,
que en cambio son sólo una cuarta parte de la población estadounidense y
más de 100.000 encarcelados son inmigrantes sin papeles. Bush prometió
mano dura con la inmigración, y la cotización de las empresas del sector
creció aún más. Los indocumentados significan para ellas 230 millones de
dólares al año en beneficios extras.
-¿Dónde
quedan en estos centros privados la educación y la reinserción de los
presos?
-Se aprovechan de una política penitenciaria que desde la "guerra
contra las drogas", emprendida por Ronald Reagan en 1981, se basa en la
represión y deja a un lado la educación y la reinserción. En un Estado
de Derecho no cabe que la empresa se lucre a costa del deber que tiene
el Gobierno de hacer cumplir la condena, que también tiene el deber de
reeducar y reinsertar a las personas que han delinquido. Es cuestión de
principios: la privación de libertad humana es la condena; el respeto y
otra oportunidad, son sus derechos. ∆