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AGOSTO 2007

Ventana Nacional
FUNCIONARIOS

Cómo es posible que un funcionario público, sea del rango que sea, fije la cuantía de su propio sueldo hasta donde la conciencia le indique (y ya vemos que la mayoría tienen la conciencia muy ancha).

Cómo es posible que un funcionario público, sea del rango que sea, fije la cuantía de su propio sueldo hasta donde la conciencia le indique (y ya vemos que la mayoría tienen la conciencia muy ancha).

 

Veamos. Hasta donde yo sé, un alcalde es un funcionario. Un concejal es un funcionario. Un ministro es un funcionario. Un presidente es un funcionario. Siguiendo la definición del diccionario, funcionario es aquel que desempeña un empleo público. Público, para los amnésicos, y continuando con el diccionario en la mano, quiere decir perteneciente o relativo a todo el pueblo.
Pero hete aquí que el administrador público, al ver tanta pasta junta y al alcance de la mano, se ciega y se olvida de su condición de funcionario. El cajero se cree el dueño del banco. Y ahí estamos. Después de las elecciones empieza el espectáculo. Primero fueron los pactos, los chanchullos, las negociaciones, el trapicheo de concejalías y consejerías, la suma de esfuerzos para que finalmente no gobierne el más votado, sino la suma de todos los despechados juntos. Un esperpento. Cuando ya tienen los sillones repartidos y asegurados, el paso siguiente es el sueldo. Sin arreglar ese punto nadie mueve un dedo, evidentemente, no se va a trabajar de balde. Todo se detiene hasta que se cierran las condiciones del contrato. Ahí es donde alucinamos. Primero, por las cantidades desorbitadas que se manejan, y segundo, por la soltura con que se dispone de los dineros públicos, y tercero, porque no se monte ya mismo una revolución popular de tintes épicos para echar a determinados energúmenos de sus asientos, y reclamar de una vez por todas leyes que protejan el dinero de todos y pongan a los funcionarios en el lugar en el que tienen que estar.
No se puede explicar cómo un país que presume de democrático puede tener, ya no un vacío legal, si no un agujero negro de dimensiones tales que permite situaciones tan surrealistas como éstas. Cómo es posible que un funcionario público, sea del rango que sea, fije la cuantía de su propio sueldo hasta donde la conciencia le indique (y ya vemos que la mayoría tienen la conciencia muy ancha). Cómo es posible que no existan leyes que impidan situaciones como ésta, que protejan el dinero público, que regulen los salarios de los trabajadores que se benefician directamente de las arcas comunes. Y seguimos: cómo es posible que una persona con un proceso judicial abierto por asuntos relacionados con su gestión, pueda presentarse a unas elecciones (y encima ganarlas, pero eso ya forma parte de la peculiaridad nacional). Cómo es posible, por poner un ejemplo con nombre y apellidos, que un señor como Carlos Fabra, que tiene encima una investigación judicial por cohecho, tráfico de influencias y fraude fiscal, ocupe un cargo público como la presidencia de la Diputación de Castellón, sin que pase nada. Y que se acabe de subir el sueldo un 10%, y nada. Y que le acaben de poner más de treinta asesores. Y nada. Y que coloque a su hija en el Senado a la manera en que se gobierna en muchos pequeños feudos de España: a dedo y por cojones. Y nada de nada. Todo continúa adelante. ¿Cómo es posible? ¿Qué credibilidad tiene un partido político que permite que sus miembros actúen con semejante arbitrariedad, sin ceñirse a ningún tipo de código de conducta? Quizá es que no existen tales códigos de conducta; muy bien, entonces es momento de que la ley cubra el hueco.
Tendrán que perdonar, pero las personas normales, la gente de a pie que lleva al niño a la guardería, paga la hipoteca, hace horas extra y vigila la cuenta bancaria para que no se desmadre, o sea, la mayoría del país, no entendemos nada de nada. Eso nos lleva a preguntarnos qué esperpento de democracia es ésta que vivimos, o si el asunto es otro bien distinto y el verdadero partido se está jugando fuera del campo, mientras a los votantes nos dan las migajas, nos organizan unas elecciones cada cierto tiempo, nos llenan los oídos de propósitos y nos entretienen con el interminable espectáculo diario de los rifirrafes entre gobierno y oposición.
Porque si en esas estamos, no sé por qué no podrían seguir los mismos métodos el resto del cuerpo de la función pública, empezando por los ordenanzas. ¿Qué problema habría?
O todos o ninguno.
/ CF

   

   
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