Resulta necesario, aun cuando debería ser obvio, recordar que el Estado de Derecho ha de tener por principios fundamentales los de tutela de la vida -incluso de manera reforzada cuando media una relación especial de sujeción, como ha mantenido en otras ocasiones el Tribunal Constitucional- y de humanidad en el uso del Derecho Penal y en el tratamiento penitenciario. Como señala el citado Auto, la grandeza de la Democracia y el Derecho radica en la asimetría moral entre el Estado y quienes no respetaron los derechos de los demás, "sin perjuicio del enorme rechazo social y jurídico que merecen determinados comportamientos". Por otra parte, es menester recordar que la condena sometida a cumplimiento no lo ha sido por delitos de terrorismo, cuyas penas han sido plenamente ejecutadas de acuerdo con la legislación aplicable, sino por un delito de amenazas y otro de enaltecimiento, por cierto, precepto este último de constitucionalidad más que dudosa.

Finalmente, debe señalarse que no se está aplicando beneficio penitenciario alguno, sino que la decisión se realiza en estricto cumplimiento de la legalidad vigente aplicada por el juez competente, por lo que debemos manifestar nuestro estupor por el pronunciamiento, entrando en el fondo de una decisión judicial, del portavoz del Consejo General del Poder Judicial, tan escrupuloso en otras ocasiones con la independencia de los jueces. ∆