-¿Qué principales empresas españolas operan en América Latina y qué porcentaje de sus beneficios totales proceden de este subcontinente?
-Las empresas de capital mayoritariamente español llegaron en una primera oleada en la década de los noventa y se concentraron en el sector servicios y, más concretamente, en los de energía, telecomunicaciones y banca. Son, por lo tanto, las empresas "españolas" más relevantes de esos sectores las que tienen presencia en aquel continente (Telefónica, Repsol-YPF o BBVA y BSCH). La siguiente incursión, ya en el siglo XXI, la protagonizarían las empresas eléctricas (Endesa, Iberdrola o Unión Fenosa) y las concesionarias de grandes infraestructuras, como es el caso de Dragados. La atribución de beneficios al negocio que desarrollan en los países latinoamericanos es compleja de determinar para todas ellas, al menos, si se pretende imputar separadamente por países. En cualquier caso, se trata de porcentajes muy elevados de sus beneficios dadas las más que favorables condiciones en las que desarrollan su negocio como consecuencia de unas regulaciones laborales, sociales o medioambientales muy laxas y que, en muchas ocasiones, ni siquiera llegan a cumplir.

-¿Por qué los ciudadanos latinoamericanos perciben que las empresas españolas les tratan abusivamente? ¿Bajo qué condiciones especiales operan?
-Esa percepción refleja fielmente las condiciones abusivas en las que esas empresas desarrollan su actividad en aquellos países. El menosprecio a formas de vida tradicionales; la desatención de normativas medioambientales básicas que son de obligado cumplimiento en las economías occidentales pero que se vulneran sistemáticamente, a pesar de ser mucho menos restrictivas, en los países latinoamericanos; las condiciones de explotación a la que someten a sus trabajadores, pagando salarios de miseria, con jornadas laborales muy superiores a las ocho horas, sin atender normativas laborales de reconocimiento internacional y prácticamente sin derechos sociales ni laborales son algunas de las razones que inducen a que dichos ciudadanos tengan esa, más que justificada, percepción negativa. Pero también, en aquellos casos de empresas que prestan servicios básicos en esos países, se constata la existencia de tarifas excesivamente elevadas si se tiene en cuenta la renta media de la mayor parte de la población, lo que implica el que ésta quede sin atención. Además, esas empresas no acometen proyectos que, a pesar de ser demandados y necesitados socialmente, no son rentables. Y, finalmente, se producen en muchas ocasiones abusos en la tarificación de los servicios y desasistencia cuando existen problemas imputables a la empresa.

-¿Cómo considera que ha de ser el paso de la nacionalización de las empresas latinoamericanas, de modo que haya una relación de equilibrio, ayuda y colaboración entre empresas españolas y sudamericanas?
-La nacionalización de los sectores estratégicos de las economías latinoamericanas exige de la colaboración de todas las partes implicadas. Ante todo, exige que los gobiernos de los países occidentales entiendan que el desarrollo del continente y la progresiva salida de la pobreza en la que vive la mayor parte de su población demanda, en este momento, que esos sectores reviertan las rentas que captan hacia la satisfacción de las necesidades de sus ciudadanos. Sólo a partir de esa comprensión dejará de presionarse a los gobiernos latinoamericanos para que mantengan el control privado de esos sectores estratégicos. Además, las empresas "españolas" también deben de ser conscientes de que las condiciones privilegiadas en las que han venido desarrollando su negocio eran terriblemente perniciosas para esos países. A partir de ahora, y si desean mantener su presencia, esas empresas deberán entender que será como socios y no como dueños y, consiguientemente, aceptando unos niveles de beneficios menos "espectaculares" y sometidos a una regulación menos lesiva para los intereses de los pueblos de Latinoamérica.

-¿Son estas transnacionales el último ejemplo del colonialismo español en las Américas?
-Sin duda, esas empresas y sus prácticas constituyen una expresión -menos sanguinaria en algunos casos, pero igualmente lesivas para los ciudadanos-, del colonialismo español o portugués de siglos pasados.