-¿Por qué era
necesaria esta reforma? ¿Qué aspectos concretos toca?
-El acuerdo que se ha producido a través del diálogo social en la mesa
de mercado de trabajo era un compromiso que se estableció en la Declaración
del 8 de julio de 2004, para dar respuesta a los problemas del mercado
laboral español, una preocupación que entonces compartíamos la patronal, los
sindicatos y el gobierno. Esos problemas son la temporalidad del empleo y la
mala calidad del mismo, temas que afectan más a las mujeres y a los jóvenes.
Junto con estas dos ideas centrales estaba el dar respuesta a nuevas
realidades que se producen en el ámbito empresarial, que son las llamadas
contratas y subcontratas. También había aspectos que nos comprometíamos a
abordar como el desarrollo de la ley de empleo, el fortalecimiento de los
servicios públicos de empleo, el análisis de las políticas activas y la
búsqueda de una mayor eficacia en ellas, el reforzamiento de la inspección
de trabajo dentro del compromiso de revitalizar las instituciones
laborales... Como verás nosotros no utilizamos el término 'reforma laboral'
porque éste no es un proceso de reforma clásica; hay tantos temas sobre la
mesa que esto no se soluciona adoptando una medida, sino que hay que hacer
una actuación más amplia y poliédrica. En lugar de reforma le llamamos
'acuerdo del diálogo social'.
-¿Qué medidas
concretas rebajarán la elevada temporalidad del mercado laboral, que alcanza
en nuestro país más del 30% de los contratos?
-Efectivamente la realidad dice que hay más de cinco millones de
trabajadores temporales, triplicando la media europea. Para disminuir esa
cifra se contemplan tres tipos de medidas en el acuerdo: de reforma legal,
medidas de políticas de estímulo mediante las bonificaciones, y medidas de
control ante la utilización inadecuada o abusiva en ese terreno. Como
elemento fundamental se introduce el elemento novedoso del límite a los
encadenamientos. Es decir, que hay en el acuerdo y se trasladará al Estatuto
de los Trabajadores -por lo tanto tendrá fuerza legal- el que en este país
dentro de un periodo de treinta meses, ningún trabajador que haya enlazado
más de dos contratos durante 24 meses pueda continuar siendo temporal. Es la
gran apuesta, que se refuerza a su vez con el deber de negociar límites al
encadenamiento en el mismo puesto de distintos trabajadores. También se
establece un plan extraordinario, que da bonificaciones para la conversión
de temporales a indefinidos hasta el 31 diciembre de este año. Luego
desaparecerán las bonificaciones, con lo cual obliga a realizar la
conversión en este año. Como tercer aspecto se fortalece, impulsa y potencia
la contratación indefinida por la vía de las bonificaciones destinadas a la
contratación inicial. Luego el tema de la temporalidad se refuerza con un
tema que no existía hoy en día en la norma y que también se va a trasladar
al Estatuto: una definición de cesión ilegal de trabajadores. Mediante esto
se declararán ilegales todas las empresas que establecen contratos de
servicios pero que no tienen estructura propia, ni organización, sino que lo
único que hacen es una mera cesión de mano de obra. Por último todo ello se
refuerza con el papel de la inspección y con las campañas específicas de
control de fraude en la contratación, que se van a desarrollar.
-Para llegar a
esta reforma laboral, ¿en qué tuvieron que ceder los sindicatos, perdiéndose
esas medidas para los trabajadores?
-Cualquier proceso que no se enfoque contando con que quedarán cosas en
el camino, realmente implica que no se quiere negociar. Dicho esto, añadiré
que el mayor problema fue la falta de objetivo común. Mientras que en julio
de 2004 el gobierno, la patronal y los sindicatos compartíamos el
diagnóstico de que el problema era la mala calidad en el empleo de nuestro
país, luego esto fue abandonado por parte de la CEOE. La patronal llegó al
proceso de negociación planteando que los problemas no estaban en la
temporalidad y la mala calidad, sino en una búsqueda de flexibilizar, de
regular la contratación y el despido. Eso es lo que más dificultad ha
generado. Los sindicatos vemos dos aspectos en los que se podría haber ido
más lejos: el contrato de obra y servicio, que queríamos desvincular de su
utilización de las contratas y subcontratas, y la definición y
responsabilidades de las contratas y subcontratas. Estos son temas que la
Patronal no quería que se abordaran, y nosotros no queríamos que se abordara
el tema del despido. Al final se ha producido este acuerdo que tiene
equilibrios de reciprocidad entre ambas partes.
-¿Qué
valoración hace su sindicato del acuerdo?
-Nosotros creemos que tiene medidas útiles para avanzar en la calidad
del empleo porque introduce mejoras en la protección de los trabajadores
ante la falta de empleo; genera nuevos derechos para los representantes de
los trabajadores en todo lo referente a contratas y subcontratas; genera
nuevos ámbitos de participación de los interlocutores sociales como es la
inspección de trabajo; refuerza el papel de instituciones laborales como son
los servicios públicos de empleo, y traslada aspectos muy importantes sobre
la exigencia del cumplimiento de las normas. Pero uno de los grandes
objetivos del 'proceso de diálogo social' es el cambio de modelo productivo,
ampliando las bases de crecimiento a sectores industriales, sectores de
valor añadido... Por decírtelo claramente: si de este proceso no se deriva
una mayor inversión tanto de los poderes públicos como de las empresas en
tecnología, formación, innovación... evidentemente la calidad del empleo
seguirá siendo mala, por mucho que escribamos en el Estatuto. ∆