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OPINION
Igualdades
Gonzalo Olmos Fernández-Corugedo
El
Gobierno de José Luís Rodríguez Zapatero ha emprendido una tarea
reformadora de gran calado en el ámbito de las libertades individuales y
la promoción de la igualdad en la sociedad española. En poco más de dos
años de acción de gobierno, se ha impulsado un abanico de reformas,
algunas ya culminadas y otras en marcha, que tienen gran impacto sobre
la realidad cotidiana de millones de españoles, y que tienen un eje
común: garantizar los derechos de los ciudadanos y fomentar la igualdad
entre estos. Cabe citar, por ejemplo, la erradicación de toda
discriminación -en nuestro ordenamiento jurídico- motivada por la
orientación sexual; la futura ley de identidad de género que facilitará
a las personas transexuales acomodar su situación legal a su identidad;
la acción positiva para asegurar la igualdad entre hombres y mujeres; la
actividad institucional y del sistema judicial frente a la violencia
contra las mujeres; la regularización de la bolsa de cientos de miles de
inmigrantes en situación administrativa irregular, etc. También es
posible subrayar iniciativas decisivas para avanzar en cotas de equidad
social y robustecer el sistema de protección pública, como por ejemplo
la puesta en marcha del sistema de atención a las personas dependientes,
la dignificación del Salario Mínimo Interprofesional, etc.
Efectivamente el punto de inflexión con la situación anterior es
notorio. En la década comprendida entre 1994 y 2004, se produjo un
descenso continuado del gasto social y un debilitamiento generalizado de
las redes públicas de protección, en el marco de un progresivo
adelgazamiento del Estado. La agenda de los poderes públicos ha cambiado
con la modificación de las mayorías políticas, y las acciones
gubernamentales tienen como vector principal avanzar en la cohesión
social y la igualdad. No obstante, conviene subrayar que frente al
incisivo y ambicioso programa de reformas en materia de derechos
civiles, antes detallado, aún se perciben demasiadas precauciones en lo
que se refiere a atajar las causas de la importante desigualdad
económica que persiste en nuestro país. Se ha priorizado el
reconocimiento de derechos y, felizmente, se ha comenzado a avanzar con
determinación para garantizar la igualdad independientemente de
consideraciones como el género o la orientación sexual. Pero todavía
quedan asignaturas pendientes en la superación del abismo establecido
entre los sectores sociales con mayor poder adquisitivo y los menos
favorecidos económicamente.
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En
poco más de dos años de acción de gobierno, se ha impulsado
un abanico de reformas, algunas ya culminadas y otras en
marcha, que tienen gran impacto sobre la realidad cotidiana
de millones de españoles, y que tienen un eje común:
garantizar los derechos de los ciudadanos y fomentar la
igualdad entre estos. |
No conviene olvidar que la desigualdad social motivada por las
diferencias de renta es la principal de las desigualdades, que agrava
sobremanera cualquier otra fuente de desigualdad, que afecta a todos los
ámbitos vitales, y que limita la capacidad de los ciudadanos para
desarrollar sus proyectos personales. De hecho, se podría afirmar que
sin equidad y redistribución, es decir, sin derechos sociales, muchos
derechos civiles no son sino filfa, en la práctica.
Tampoco debemos desdeñar que la desigualdad económica afecta sobre todo
al sector juvenil, que padece especiales dificultades para la
emancipación personal. Según el informe relativo al cuarto cuatrimestre
de 2005 del Observatorio Joven de Vivienda del Consejo de la Juventud de
España (CJE), a los jóvenes entre 18 y 34 años les cuesta acceder a una
vivienda el 55% de sus ingresos; sólo el 42,1% está emancipado;
únicamente el 32% tiene contrato indefinido y el desempleo en este
sector de población alcanza el 11,6%. Si las vías principales de acceso
al bienestar más elemental (el que proveen vivienda y empleo) son
demasiado estrechas para los jóvenes, la desigualdad cada vez más será
una cuestión generacional, llamada a abrir brecha entre sectores de
edad. En los casos más extremos de desigualdad, precisamente, nos
encontramos con datos inquietantes, ya que según el informe "La
exclusión social: una realidad a superar" (también del CJE), la media de
edad de la población en situación de pobreza es de 32 años; media que se
rebaja a 25 años cuando hablamos de las personas en situación de pobreza
extrema.
El presidente Rodríguez Zapatero parece ser consciente de esta carencia,
ya que en el último debate sobre el estado de la nación planteó un
programa prioritario de 12 medidas básicas para favorecer el acceso de
los jóvenes al empleo y a la vivienda. Quizá no sea suficiente, porque
es preciso involucrar además a comunidades autónomas y gobiernos locales
en la tarea, y porque faltan acciones más contundentes en materia de
política fiscal, servicios públicos y redes estatales de protección
social. Pero cuando menos denota que el presidente conoce las
inquietudes de la ciudadanía, y que la orientación de sus políticas es
la adecuada. ∆ |
