-Cuál es el motivo de que nos encontremos ante el grado de endeudamiento municipal más alto de la historia española?
-Porque los ayuntamientos cada vez tienen más servicios públicos que prestar. Además los ciudadanos cada vez somos más exigentes y muchas veces esas peticiones se dirigen precisamente a las administraciones más cercanas, que son los ayuntamientos. Por ejemplo la recogida de basuras y los transportes son dos típicas competencias municipales que cada vez precisan más dinero: no nos conformamos simplemente con que nos recojan la basura, queremos también que lo haga un camión silencioso; y por su parte, los autobuses deben tener acceso para las personas con minusvalías. Todo eso son exigencias que cuestan dinero. Los ayuntamientos están haciendo frente a todo eso y como no siempre sus propias fuentes de financiación pueden dar respuesta a esas exigencias, se endeudan.

-¿Está asociada una mayor deuda municipal a un partido político concreto?
-Cualquier partido político tiene los mismos problemas. La prueba está en que los políticos cambian en los ayuntamientos, pero éste es un asunto de fondo que no varía, de modo que ahí no hay posibilidad de hacer distinciones. Fuera de la palabrería tonta que suelen utilizar los partidos, a la hora de la verdad tienen que hacer frente a unas mismas responsabilidades que deben cubrir con unos determinados ingresos. Si estos no llegan tienen que endeudarse, y da igual que se cobijen bajo unas siglas u otras.

-¿Hay algún sistema de control que limite las deudas municipales, imposibilitando a los políticos municipales a seguir gastando?
-Existe el sistema de control tradicional: el interventor y el tesorero del Ayuntamiento, que son los que controlan la ejecución del presupuesto y que los gastos municipales se acomoden a las previsiones presupuestarias. A mi juicio, todo lo que se haga erosionando las competencias de estos dos funcionarios va en una mala dirección. Y esto precisamente es lo que está sucediendo de modo constante desde hace más de veinte años, a través de las reformas de la Función Pública Local. En cambio, el modelo de Función Pública Local tiene que partir del respeto a estos dos cargos, que no dependan de los caprichos del político de turno. Eso es absolutamente clave para una gestión limpia y transparente de los ayuntamientos.

-¿De qué manera se abonan esas deudas?
-La tradición ha sido que los ayuntamientos de vez en cuando ponían la mano y el Estado a través de una Ley Presupuestaria especial jugaba los déficit presupuestarios municipales. Esa es una técnica incorrecta, porque los ayuntamientos tienen que saber con qué cantidades de dinero cuentan y qué tipo de servicios tienen que prestar. Y la financiación municipal no puede venir más que de los tributos municipales: impuestos, tasas y contribuciones especiales. A eso hay que añadir las subvenciones que se reciban por parte del Estado, por parte de la Comunidad Autónoma o las que todavía se están recibiendo de la UE. Si no se deja esto claro, ocurre que los ayuntamientos recurren a fórmulas irregulares de financiación -irregulares, no ilegales- y una de ellas es el urbanismo. Porque simplemente trazando con un bolígrafo en un plano, convirtiendo suelo rústico en urbano, se multiplica el precio del suelo. Eso es una tentación muy grande para las corporaciones locales y hay que evitarlo creando una estructura perfectamente nítida y clara de financiación municipal. No se debe utilizar nunca la vía urbanística para financiar a los ayuntamientos; la planificación y gestión urbanísticas sirven para lo que sirven: para crear ciudad y para ordenar la ciudad, no para financiar el ayuntamiento. Eso es un error tremendo, fuente de corrupción o de irregularidades.

-¿Cómo repercuten en la economía estatal los endeudamientos millonarios de las grandes ciudades?
-Yo no soy un experto en economía, pero evidentemente repercuten. Ahora una de las fórmulas que se utilizan para disimular las grandes deudas públicas es crear sociedades dependientes de las administraciones públicas en general, porque todo eso tiene luego repercusión en el cómputo de la deuda frente a las autoridades europeas. El déficit de cada país se computa frente a la autoridad europea de manera global, es decir, la deuda del Estado, la de las CCAA y de las corporaciones locales. Mediante esta fórmula no se imputan determinados gastos a las administraciones públicas propiamente dichas, sino a sociedades públicas de ellas dependientes. Esto es una forma de travestismo económico, hacendístico. Es un artificio que las autoridades europeas conocen y persiguen. Pero es una técnica muy común.