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Las quejas se centran en las preasignaciones telefónicas y sobre todo en los servicios de tarificación adicional -esos famosos códigos 803, 806 y 807, así como 907 en el caso de acceso a Internet-. La última estimación de este año, realizada por la Unión de Consumidores de España (UCE) establecía que el 30% de las familias españolas había sufrido alguna estafa a través de un número 800. Muchas veces la línea de entrada a estas llamadas es a través de Internet, donde hay programas que reconducen su conexión, o se incluyen avisos que hacen que el usuario coja urgentemente el teléfono y marque esas cifras fatídicas. La Policía y la Guardia Civil se quejan a menudo de las pocas denuncias que hay, y no tanto por parte de los particulares, sino y sobre todo, por parte de los bancos y las grandes empresas, que sufren fuertes ataques. En Estados Unidos el servicio secreto y el CERT -grupo gubernamental de seguridad informática- estiman que el 70% de las empresas de su país ha sufrido un delito de este tipo. Para mantener su imagen de inexpugnabilidad, ni bancos ni empresas suelen dar a conocer a sus clientes las estafas que se están realizando en su nombre, con lo cual la lista de ciudadanos engañados se incrementa cada vez más.

Las estafas más frecuentes
Dejamos de lado el timo de la estampita -que ha sido actualizado para Internet y sigue alimentándose de incautos que lo creen- para centrarnos en las dos estafas más importantes que están dándose hoy en día en Internet. El conocido como dialer es un fraude habitual con el que hay que tener mucho ojo, puesto que es un programa que se autoinstala en el ordenador de la víctima cuando ésta visita algunas páginas de la web. Pongamos un ejemplo: yo me conecto a una determinada página de coches; esa página automáticamente autoinstala un dialer en mi ordenador. Cuando yo al día siguiente vuelvo a Internet el programa se activa y hace que mi paseo por la red lo haga, no a través del número local que me corresponde, sino que el dialer me hace pasar por un número de tarificación especial 907 que se traduce a fin de mes en una factura astronómica, pues tiene un coste de 3 euros por minuto. Relacionado con esta estafa la Guardia Civil detuvo en junio a cinco personas que habían creado con este fin 150 páginas web de música, coches y pornografía, con las que estafaron 35 millones de euros. La buena noticia es que todo se inició gracias a la denuncia de un pontevedrés que recibió una factura telefónica de 1.300 euros por servicios que no usó. Pero desde la Unión de Consumidores aseguran que tienen reclamaciones de hasta 3.000 euros.

La falta de denuncia por parte de las entidades financieras crea impunidad y una importante situación de riesgo.

Técnicos consultados aseguran que el dialer sólo es efectivo en ordenadores que se conectan a la red a través de la línea habitual y no actúa si lo hacemos a través de ADSL. Eso sí, una vez instalado no puede detectarse si no se es un experto, por lo cual sólo nos daremos cuenta cuando llegue la factura telefónica. Dacio Alonso, Presidente de la Unión de Consumidores de Asturias y Portavoz de la UCE, nos informa del procedimiento a seguir cuando llega esta factura: "No hay que pagarla. Lo que debemos hacer es exigirle a nuestra operadora telefónica que nos desglose la factura, indicándonos lo que corresponde al servicio normal de teléfono y lo que es tarificación adicional, sea de un 800 o un 907 de Internet. Cuando llegue esa nueva factura el usuario debe abonar lo correspondiente al uso telefónico para que no le corten el teléfono. La parte que corresponde a la tarificación adicional que no la pague, que no hay ningún problema. El proveedor, puesto que es un fraude, no se lo va a exigir a través de la compañía operadora".
Otro de los timos más frecuentes es conocido como phising: en nuestro correo recibimos una carta de nuestro banco que nos pide que nos pongamos inmediatamente en contacto con su web. En cuanto pinchamos la supuesta página bancaria en realidad entramos en una página falsa creada por hackers que nos solicitan desde nuestro número de cuenta, nombre y DNI, a las claves de acceso de nuestras tarjetas. Una vez dada esta información ellos se encargan de, en nuestro nombre, vaciarnos la cuenta a través de la red. Se estima que los principales bancos españoles han sufrido algún ataque de este tipo, pero muchos se niegan a dar datos. Para Dacio Alonso, "las muy seguras redes bancarias son muy vulnerables. Los hackers bancarios dominan todo este ámbito y los bancos muchas veces no dicen que fueron estafados porque no quieren manifestar su inseguridad frente a los usuarios. La falta de denuncia por parte de las entidades financieras crea una impunidad y un silencio que en el fondo está creando una importante situación de riesgo y desconfianza".
Hasta el momento sólo se tiene constancia de que el Banco Popular denunció un caso a la Guardia Civil y con ello permitió que en mayo apresaran a hackers aliados con mafiosos rusos. Este banco advierte a sus clientes que no deben facilitar sus claves jamás, ni por Internet, ni por teléfono, ni en persona. Conviene tenerlo en cuenta porque existe un vacío legal de tal magnitud que a un mallorquín que contestó una supuesta carta de su banco y le robaron 36.000 euros nadie le da una solución. "Hay una situación de alegalidad porque hay una inseguridad jurídica importante -señala Alonso- con lo cual, se entra en un riesgo muy peligroso porque los bancos pueden considerar que tú has hecho una cesión de tus datos para una operación comercial o bancaria". Por su parte los estafados que han presentado denuncias lo hacen en base a que el banco, sabiendo lo que está sucediendo, no alerta a sus clientes para no desprestigiarse ni crear alarma.

Nuevo gobierno, nueva normativa
Pero son muchos más los timos que tienen lugar en la red: desde objetos a subasta a precios ridículos -una vez comprados nunca llegan al dueño-, a premios que para darlos hay que ponerse en contacto con un prefijo 800; incluso se llega a ofrecer trabajo a través de estos números... El más tentador es un correo electrónico que advierte al destinatario del "inminente cargo en su tarjeta de crédito de 78.000 pesetas. Para cualquier aclaración a este pedido llame al 005 691 4006 (servicio GRATUITO para nuestros clientes)". Además de no ser gratuito, una vez que se llama se mantiene al cliente retenido a la escucha indefinidamente, pasando de una sección a otra.

Para nuestra información, desde las diferentes organizaciones de consumidores informan que los teléfonos 903, 906 y 907 han sido sustituidos por los 803, 806 y 807. Por lo que cualquier nota de Internet que le remita a llamar a estos números le está indicando claramente que la llamada tiene un coste adicional por los servicios que presta. Si la cuarta cifra es un 0 la tarifa es de las más baratas, pero el precio aumenta hasta llegar a 9, que llega a costar incluso 3,45 euros el minuto. Conviene también saber que el 803 es para servicios exclusivos para adultos, como teléfonos eróticos; el 806 conecta con servicios de ocio y entretenimiento, como concursos y el 807 con servicios profesionales. Los proveedores que dan de alta este último prefijo han de estar colegiados o poseer un título homologado. Dicho esto hay que señalar que con la llegada del nuevo gobierno se han tenido en cuenta las peticiones de la UCE y ha cambiado la normativa con los números 800 y 907. Mientras que antes se podía acceder libremente y era el usuario el que debía llamar a la compañía telefónica para restringir esas llamadas, ahora las operadoras impiden la llamada al 907, 803, 806 y 807 que cobren más de un euro el minuto. En caso de querer hacer la llamada habría que ponerse en contacto con la compañía telefónica y dar nuestra autorización para que nos desbloqueen esa restricción. Para Dacio Alonso "es un avance muy importante pero todavía insuficiente, porque permitiendo hacer esas llamadas de menos de un euro sigues teniendo una bomba de relojería en casa". Ante la duda de por qué no se ha restringido totalmente este servicio planea la sombra de oscuros intereses: "Te voy a dar un dato de por qué no lo hacen: porque el año pasado se facturaron por ese tipo de servicios 210 millones de euros. Es un negocio que quieren mantener, pero que se está haciendo a costa de engañar a los ciudadanos. Además ten en cuenta que con esos teléfonos son dos los que se reparten el beneficio: la operadora que da el teléfono de tarificación y el proveedor de ese servicio. Todas las operadoras tienen ese servicio y quieren mantener ese negocio". Por tanto, y a modo de resumen, hay que indicar que no se deben facilitar nunca datos personales a nadie. En caso de ser timado hay que informarse antes de pagar, y que siempre, siempre conviene reclamar. Gracias a las denuncias se han solucionado muchos casos y de hecho en la UCE garantizan que por lo menos el 80% de las reclamaciones se resuelven a favor del consumidor. Alonso afirma que "las organizaciones de consumidores son contrapoderes en la economía de mercado. Cuantos más seamos, mejor y mayor defensa de los intereses particulares y colectivos podemos dar a los ciudadanos. Creemos y estamos convencidos de que las reclamaciones de los usuarios son consecuencia de que el 90% de las empresas que ofrecen servicios no cumplen la ley. Pero curiosamente quien tiene que obligar a cumplir la ley es la Administración, que generalmente ni controla ni inspecciona a las empresas. Hay un falso planteamiento por parte de la Administración, que es mirar para otro lado considerando que el dejar hacer a las empresas beneficia a la generación de empleo y al desarrollo económico. Y es al contrario, lo que crea es inseguridad jurídica y desconfianza de los consumidores". Unámonos para cambiar las reglas. ∆