COMERCIO
a cualquier precio

El comercio mundial se rige por normas implacables. Las grandes empresas no tienen fronteras, y se instalan donde se les ofrecen mejores condiciones, es decir, mano de obra barata y sumisa. Jornadas exhaustivas por sueldos miserables. Falta de seguridad y miedo al despido. Así se alimenta el consumo de los países desarrollados.
Texto: Carolina Fernández

Vestir barato(*)
¿De dónde vienen esos pantalones de temporada que vemos en un escaparate por sólo 15 euros? Una buena parte de la ropa que compramos en cualquiera de las grandes cadenas de establecimientos de moda que hay en España está confeccionada por mujeres de países pobres que trabajan en condiciones laborales precarias. Las compañías hacen sus pedidos a fábricas de otros países para abaratar costes. Uno de estos países es Marruecos, donde la industria de la confección representa el 33% de las exportaciones y las mujeres ocupan el 70% de los puestos de trabajo. Para las empresas, todo son facilidades. A eso se suma la proximidad geográfica, lo que siempre simplifica las cosas y acorta los plazos de entrega de mercancía. Los clientes presionan: quieren más rapidez. Se trabaja sin derecho a bajas por enfermedad o maternidad. Sin pensión, sin cobrar las horas extraordinarias, y en lugares insalubres y mal acondicionados para el trabajo, además del factor añadido del acoso sexual, un ingrediente que siempre está presente cuando se habla de mujeres trabajadoras. Pueden someterse a jornadas de hasta 16 horas. Disponen de 30 minutos para comer e ir al servicio. La consigna es producir rápido con el menor gasto posible.
Ese es el principio de la cadena. El final es el comprador europeo o americano, que adquiere prendas a precios económicos, inconsciente del sufrimiento que hay detrás de unos estupendos pantalones de temporada que vamos a comprarnos, como decíamos, por sólo 15 euros.

La cesta del supermercado(*)
Una visita a la frutería es lo suficientemente elocuente. Podemos encontrarnos por ejemplo manzanas chilenas que han sido recogidas por mujeres en condiciones deplorables. También peras, uvas o kiwis. Las exportaciones de frutas frescas son una importante fuente de ingresos para Chile. En los últimos 30 años los beneficios casi se han multiplicado por cincuenta, hasta alcanzar los 1300 millones de dólares, pero las trabajadoras de este país no participan de esos beneficios. Son empleos precarios y sin cobertura que asegure una pensión en el futuro. Las jornadas pueden llegar a ser de 20 horas diarias, y pocas veces cobran el salario mínimo. Ganan un tanto por pieza, por lo que trabajan mucho tiempo y a gran velocidad para poder llenar el mayor número de cajas y obtener dinero suficiente. Además, hay que sumar la discriminación por razón de sexo: cobran tres cuartas partes de lo que gana un hombre por el mismo trabajo. Más de la mitad trabajan sin contrato.

Un ramo de flores(*)
Colombia es uno de los países exportadores de flores con mayor volumen de mercado. Las trabajadoras tienen jornadas que pueden durar hasta 16 horas, desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. Sólo cuentan como horas extra, las que sobrepasan este horario. La última reforma laboral, aprobada en 2002, alarga las jornadas, abarata los despidos y fomenta la contratación temporal. A pesar de que las exportaciones de flores producen importantes beneficios, sólo superados por el petróleo (700 millones de dólares en 2002), las trabajadoras no mejoran su situación. Actualmente se desarrolla una campaña con la que se pretende presentar una demanda al Tribunal Constitucional contra esta reforma laboral, que perjudica especialmente a las mujeres.

Comercio con Justicia es el nombre de la campaña con la que Oxfam Internacional pretende aportar datos rigurosos sobre las condiciones en las que se desarrolla el comercio internacional. El principal valor de este trabajo, en palabras de Eduard Cantos, miembro del Departamento de Estudios y Campañas de Intermon Oxfam, es que se ha elaborado tras la investigación en doce países, diez del sur y dos del norte (Reino Unido y EE.UU.), con la colaboración de organizaciones locales dedicadas a temas relacionados con los derechos humanos, laborales, mujeres, etc. Dentro de este marco, se presentan en febrero de este año otros documentos, "Más por menos. El trabajo precario en las cadenas de producción globalizadas", y "Moda que aprieta. La precariedad de las trabajadoras de la confección y la responsabilidad social de las empresas". Este último es un informe sobre la industria textil en Marruecos, que es donde centran su actividad las cuatro principales empresas españolas del sector. En el que se denuncia la presión de las empresas textiles españolas sobre sus proveedores y la repercusión que esto tiene en las mujeres trabajadoras. Para elaborar este informe, fueron entrevistados 9 gerentes y 46 trabajadoras de 11 fábricas textiles que producen ropa para firmas como Induyco (principal abastecedor de El Corte Inglés), Inditex (Zara, Bershka, Stradivarius, Pull & Bear, etc) Mango y Cortefiel y otras. Aunque son empresas que generan beneficios, quienes trabajan en ellas no mejoran su calidad de vida en la misma proporción, al contrario, el coste humano que tienen que pagar es grande. Muchas no pueden cubrir con lo que ganan las necesidades básicas de su familia. No pueden coger una baja por enfermedad o por maternidad. En ocasiones trabajan sin contrato y sin seguro sanitario, no pueden pertenecer a ningún sindicato y no tendrán pensión para la vejez. No hoy indicios de que esta situación vaya a cambiar a favor de las trabajadoras, salvo que la presión social obligue a las compañías a crear códigos de conducta que regulen las condiciones de trabajo. La colaboración es un factor clave para poder dar pasos. De momento las empresas implicadas están mostrando interés en las conclusiones de este trabajo y algunas están dando pasos en su organización interna para mejorar las condiciones laborales de las trabajadoras. Responden incluso a las invitaciones que les ha hecho Intermon Oxfam para debatir la necesidad de esta transformación. Según Eduard Cantos, las más receptivas son Inditex, Mango y Cortefiel. De momento Induyco es la más reacia a plantear cambios en su política, y la que aún no ha mostrado interés en plantearse la necesidad de asumir una responsabilidad social con las comunidades con las que trabajan. "El centro del debate -puntualiza Eduard Cantos- consiste en analizar las políticas de compra y suministro, porque muchas veces entran en contradicción con los códigos éticos de conducta. Hay que supervisar esos códigos. El consumidor pide precios más baratos y que la moda se renueve más rápidamente. Esto origina que los talleres de las empresas proveedoras de países como Marruecos, soporten una presión más fuerte. Todo tiene que ser más rápido, más flexible, más barato. Estas condiciones de compra tan duras son las que impiden que los códigos de conducta muchas veces no se puedan cumplir en la práctica". En algunos países ya se están viendo algunos resultados en este sentido, pero hay que tener en cuenta que en el sector de la confección las tasas de analfabetismo son altas. Las trabajadoras no conocen los avances que se producen en algunos casos gracias al trabajo conjunto de muchas organizaciones que luchan por los derechos de los trabajadores. Si no conocen, no reclaman, y son víctimas fáciles de la explotación en todas sus variantes.

Ropa viajera
El comercio global también beneficia a las firmas de moda. Hoy en día las distancias no son un problema, por eso es fácil que una prenda que compramos cerca de nuestra casa, haya sido confeccionada a muchos miles de kilómetros, allí donde los costes de producción son más bajos.
La mayoría de estos puestos de trabajo están ocupados por mujeres. "Sabíamos que ellas son la parte más vulnerable, la más perjudicada en unas condiciones laborales que no son las apropiadas". Especial atención merecen los llamados costes ocultos. "Muchas veces nos fijamos en cosas que podemos observar en una fábrica: el sueldo, las horas extras, las condiciones de salubridad, de luz, etc. Pero cuando hablamos de costes ocultos, hablamos de cuestiones mucho más a largo plazo. Muchas mujeres, cuando el ritmo de trabajo es tan fuerte, desatienden a sus hijos; en algunos casos las hijas mayores tienen que dejar la escuela para cuidar a los pequeños. Padecen enfermedades en la espalda, en el aparato urinario. Muchas tienen que dejar sus pueblos para ir a trabajar a la fábrica, y sufren el desarraigo. Estos costes ocultos aparecen a lo largo de los años".
Finalmente son ellas quienes se amoldan para que la empresa pueda cumplir. Constantemente está presente el miedo a perder contratos si se plantean muchas exigencias. El gerente de una fábrica de Tánger se queja de que los plazos se han reducido considerablemente. "Hace tres años un pedido estándar podía ser de un mes. Ahora hay pedidos en los que el camión llega un martes y el sábado tiene que volver con las prendas a España. Eso es así porque algunas veces hay Semanas Fantásticas en España... y lo necesitan urgente. Nosotros debemos hacer un esfuerzo para sacarlo". Los precios caen. Un pantalón que hace tres años valía 3,3 euros, hoy cuesta 2. "El precio disminuye por la competencia. Los pedidos son a veces muy urgentes y los aceptamos".
En la medida en que se va dando a conocer este tema, la presión social aumenta.

Inditex, por ejemplo, es una de las firmas más importantes, con unas ventas valoradas en 3.974 millones de euros en el 2002. Sus plazos de entrega son de los más cortos del mercado. Los escaparates se renuevan cada 20 días. Los pedidos son muy voluminosos y urgentes. El proveedor no tiene capacidad para negociar. Es sólo un ejemplo. Algunas compañías han elaborado un código de conducta que deben firmar las empresas proveedoras. Con ello lo que se pretende es exigir unas condiciones laborales mínimas para los trabajadores, pero a la hora de la verdad, sólo se comprueba parcialmente que esas condiciones se cumplan. Eso en el mejor de los casos. Otros, como el grupo Induyco, no tienen departamento ni Consejo de RSC (Responsabilidad Social Corporativa). No está adherido al Pacto Mundial. No realiza memoria social ni ambiental, ni tiene Código de Conducta. Los plazos en ocasiones se reducen a cinco días, sin posibilidad de negociación.
Es, por tanto, un proceso lento, que avanza con dificultades y da frutos escasos. "Los consumidores son cada vez más conscientes de esta problemática. Cada vez son más los que piden información, transparencia, garantías. Es un proceso que las empresas han entendido. Muchas de ellas se dan cuenta de que es necesario avanzar, y eso se traduce en cosas como los llamados Códigos de conducta". Se trata fundamentalmente de un compromiso para cumplir los estándares laborales internacionales en sus cadenas de producción. Lo más importante es que estas compañías reconozcan la relación que existe entre sus prácticas de compra y el empleo precario al final de la cadena.
Cada vez son más las empresas que cotizan en bolsa y que hacen un triple balance, que consiste en incluir en sus informes anuales no sólo los datos económicos, sino también información sobre medio ambiente y temas sociales. Es una consecuencia del interés cada vez mayor del consumidor y del inversor.
En España, hay empresas que ya han dado sus primeros pasos en este sentido. Se trata de Inditex, Mango y Cortefiel. Induyco, y por extensión El Corte Inglés, deben comenzar ese camino, ampliando el objetivo económico hacia una vertiente social.

Las empresas se fugan
El fenómeno se llama deslocalización. Las grandes empresas no tienen patria. Buscan en todo el globo el territorio que ofrezca mejores condiciones para asentarse. Traducido: Mano de obra barata y sumisa. Pocos gastos. Ninguna responsabilidad añadida. Y ahí se quedan. Si en algún momento aumentan las exigencias de manera que suponga una merma en los beneficios, sencillamente recogen sus bártulos, cierran las puertas y se van a otro lugar. No importa el descalabro que causen en las comunidades donde se habían instalado. El mercado manda, y es implacable.
¿Y qué dicen los gobiernos de todo esto? Poco o nada. En muchos casos, necesitan inversiones extranjeras, y se pliegan ante las presiones que reciben por parte de los empresarios. Según el portavoz de Intermon Oxfam, la realidad es que en muchas ocasiones tienen un margen de maniobra bastante limitado. "Los países que reciben las inversiones, a veces, no pueden hacer cumplir la legislación existente. Muchas veces padecen graves situaciones de pobreza y un alto índice de paro. Si son demasiado estrictos las empresas no se sienten cómodas y se van. Están entre la espada y la pared". También las grandes instituciones financieras como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional recomiendan que la legislación laboral se adapte a las exigencias de las compañías.
Para Eduard Cantos, la fuga de empresas hacia países con mano de obra más barata es un proceso que tiene difícil vuelta atrás. "A corto plazo no es posible competir en los precios, porque por muy mecanizados que estén los procesos, para hacer una camisa al final hay una persona sentada detrás de una máquina de coser. Los costes de mano de obra son muy altos y la diferencia entre lo que percibe una trabajadora de España y una de Marruecos, aún cobrando bien, es muy grande. Es algo que las empresas ya han asumido. La cuestión entonces es no aprovechar en exceso la debilidad de estos países".
Muchas empresas no se instalan directamente, prefieren subcontratar. Así, si en algún momento hay problemas pueden declinar toda responsabilidad, que tienen que asumir las empresas locales. Estas, a su vez, son presionadas para reducir costes, que normalmente se recortan de los gastos laborales y los destinados a proteger el medioambiente. Los proveedores se ven obligados a ajustarse a lo que les pidan y flexibilizar hasta el extremo sus condiciones para no perder contratos que podrían significar su ruina.

El caso de Nike es paradigmático. En cuanto empieza a aparecer en el horizonte la sombra de sindicatos que buscan proteger los derechos de los trabajadores, abandona el territorio. En 2002, unos 7.000 trabajadores indonesios fueron despedidos por PT Doson cuando Nike anuló sus pedidos, y cerraron la fábrica. Doson se niega a pagar a los trabajadores la indemnización total requerida por el gobierno indonesio. Aunque Nike no se viera obligada finalmente a contribuir económicamente, es indudable que la multinacional tiene una responsabilidad moral. Muchos trabajadores indonesios, por ejemplo, se quedaron sin trabajo cuando esta empresa redujo sus inversiones en el país, en favor de China o Vietnam, lugares donde la actividad sindical es prácticamente inexistente.
Quien manda, en resumen, es el mercado, por encima del interés humano.
El informe elaborado por Oxfam Internacional denuncia que muchos países presuponen que atraerán inversiones extranjeras que impulsen el crecimiento si "flexibilizan" los derechos de los trabajadores. Así mismo, defiende la necesidad de modificar las prácticas de suministro y compra, y exige a los gobiernos que garanticen la aplicación de las normas internacionales del trabajo, así como el derecho de los trabajadores a pertenecer a un sindicato para poder negociar colectivamente sin miedo a perder su puesto de trabajo.
Se proponen también nuevos enfoques. A quienes sostienen que "un mal trabajo con salario deficiente es mejor que nada", como el economista Paul Krugman, se les propone un cambio de enfoque: el tema no es si el comercio puede ofrecer una mejora marginal dentro de la pobreza, si no comprobar si los trabajadores obtienen la parte que les corresponde de los beneficios que ellos mismos contribuyen a generar a través del comercio.

 COMERCIO: la clave

El comercio mundial bien podría ser una vía de salida para la economía de muchos países. Sería una manera de reducir los índices de pobreza y mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Pero la realidad es que el desequilibrio sigue dominando las redes internacionales, y el modelo de comercio no está orientado hacia la reducción de la pobreza, de modo que los beneficios que se pudieran generar se canalizan de manera que no llegan a alcanzar a los más desfavorecidos.
Según un informe de la ONG Oxfam Internacional, si África, el sureste asiático y América Latina vieran incrementada en tan sólo un 1% respectivamente su participación en las exportaciones mundiales, los ingresos obtenidos sacarían de la pobreza a 128 millones de personas. Apunta el periodista de la Agencia de Colaboraciones Solidarias, Oscar Gutiérrez, que el comercio se ha convertido en el principal responsable del crecimiento económico mundial: "Las exportaciones crecen más deprisa que el Producto Interior Bruto (PIB). De hecho, para los países en desarrollo, el comercio exterior representa casi una cuarta parte de su PIB, una proporción más grande incluso que la de los países ricos. El obstáculo: las barreras arancelarias, subsidios y trabas comerciales que hacen imposible un intercambio justo de Norte a Sur. En otras palabras, más de 1000 millones de dólares que se quedan en las fronteras comerciales, casi el doble de lo que los países pobres reciben a través de la ayuda al desarrollo".
Oscar Gutiérrez aporta más datos: En el caso del África Subsahariana o los países del sur de Asia, si se aumentase un 1% su participación en el comercio, las rentas superarían en cinco veces lo que reciben como ayuda desde los países OCDE (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico).

Los precios de las materias primas no dejan de caer. Los países aumentan la producción pero ganan menos dinero por ella. Es el caso de Ghana, que entre 1996 y 2000 incrementó la producción de cacao en casi un tercio pero le pagaron por ella un tercio menos. Son datos recogidos en la Campaña Comercio con Justicia, de Oxfam Internacional. De la misma manera, en 2001 los países productores de café vendieron un 20% más que tres años antes, pero obtuvieron un 45% menos por él.
Para el PNUD, una de las llaves que abrirá la puerta al desarrollo del Tercer Mundo será el desmantelamiento de las subvenciones y aranceles comerciales. Como señala su Informe sobre Desarrollo Humano, Estados Unidos concede como subvenciones a los productores de algodón el triple de lo que destina como ayuda a toda África Subsahariana. La Unión Europea gasta por cada vaca lechera más de lo que concede para el desarrollo de cada uno de los habitantes de la misma región africana. Estas barreras eligen precisamente echar el freno al comercio de productos de los que dependen totalmente países en desarrollo, de los que pueden lograr cierta ventaja comparativa en el mercado y mantener su competitividad. Las subvenciones europeas han desbaratado el comercio de lácteos desde Jamaica y Brasil, al igual que lo han hecho con el mercado surafricano de azúcar. La razón: las ayudas a estos sectores facilitan la sobreproducción a bajo coste, el exceso de demanda en el mercado y la caída de precios para los países en desarrollo que no cuentan ni con subvenciones ni con otro producto para competir.

Algunos, como Lula, han denunciado en varias ocasiones los diferentes criterios que se utilizan para situar las normas del comercio mundial: los países del sur tienen que ceñirse a las normas del liberalismo económico, mientras el norte protege sus fronteras. La justicia social no es un tema frecuente en las mesas donde se negocian las normas comerciales. El doble rasero, evidentemente, favorece a los países ricos y empobrece a los que están en vías de desarrollo. Comercio leal, es lo que pide Luiz Inázio Lula da Silva, junto con otros dirigentes de izquierda y de centro.
El comercio, que podría hacer despegar las economías de muchos países, no puede basarse en normas desiguales. Los países ricos protegen su agricultura frente a las normas del comercio internacional, tendentes a la liberalización del comercio. Lo hacen a base de subvenciones para hacer los productos competitivos. Eso deja a los más pobres fuera de la competición, y produce fenómenos paradójicos: Europa puede exportar productos agrícolas a países del sur a un precio por debajo de lo que les cuesta a estos mismos países producirlos. Esto está suponiendo una destrucción de los mercados agrícolas en el sur. Es una política comercial creada para las grandes multinacionales, que cada vez tienen más beneficios.
"Cambiar este panorama resultará complicado mientras prime la hipocresía de los países del Norte que exigen a los Gobiernos del Sur que reduzcan el apoyo a sus campesinos, a la par que siguen invirtiendo 1.000 millones de dólares al día en subsidios para los agricultores de los países ricos", explica el periodista de la Agencia de Información solidaria Jesús Barcos, que aporta una cifra como referencia: Si el total del continente africano consiguiese incrementar en un 1% su cuota de participación en las exportaciones mundiales -actualmente sólo es del 1,3%- obtendría unos ingresos adicionales equivalentes a cinco veces la cantidad que recibe en concepto de AOD y alivio de la deuda externa.

Comercio justo
El Comercio Justo surge en España aproximadamente a mediados de los años ochenta, veinte años más tarde que en Europa. No se puede decir que haya habido un crecimiento explosivo. El desarrollo ha sido más bien escaso, a pesar del esfuerzo de las organizaciones que desde hace muchos años trabajan en este campo.
En España surge por iniciativa de algunas organizaciones, en respuesta a un movimiento que viene del Sur por parte de países que reclaman un lugar dentro del circuito del comercio internacional. Pero imponen sus propias reglas, es decir, precios justos para los productos; que puedan ser exportados en condiciones dignas; y que el dinero llegue a los productores y no quede retenido en los intermediarios.
Una de estas organizaciones es Sodepaz, con sede en Cataluña, pionera en España en la gestión de productos para Comercio Justo. José Verdú de la Orden es miembro del Gabinete de Investigación Sodepaz. Junto con Federica Carraro, Ignacio Martínez y Rodrigo Fernández prepara actualmente un informe sobre el Comercio Justo en España. "Hay diferencia con respecto a otros países europeos, quizás porque nos llevan unos cuantos años de ventaja. En España el consumidor medio no tiene mucho conocimiento de este tema y hay pocos puntos de venta".
El Comercio Justo busca reducir el número de intermediarios entre el productor y el cliente. Para eso se compra directamente al productor o a las cooperativas. Hay seis importadoras en España. Entre ellas canalizan el grueso de los productos destinados al Comercio Justo en España. Sodepaz se encarga de importaciones más pequeñas. "Se quiere crear un comercio alternativo que no esté basado únicamente en la solución drástica de los costes, en la deslocalización empresarial para reducir gastos e incrementar beneficios. Por eso productos de Comercio Justo tienen un precio un poco mayor que el precio del mercado, porque está permitiendo una remuneración más elevada al productor, que necesitaba unas condiciones más dignas de vida".

Actualmente existe un debate en España en torno a la creación de un sello que identifique los productos de Comercio Justo, que ya existe en la mayoría de los países europeos. Se trata de un distintivo que está generando dudas en algunas organizaciones, ya que ven en ello un arma de doble filo que podría ser utilizado por algunas empresas para "lavarle la cara" a los servicios que ofrecen. "Por ejemplo McDonald’s en suiza vende café de Comercio Justo, por eso algunas organizaciones nos preguntamos hasta qué punto ellos, que explotan un montón de mercados agrícolas para su producción, deberían tener permitido vender café de Comercio Justo". Eso le permite hacer un lavado de su imagen no sólo en los países del Sur, sino en los países desarrollados, donde las condiciones laborales que ofrece esta empresa a sus trabajadores son ejemplo de precariedad. "Les interesa vender una parte de productos de Comercio Justo porque eso es lo que saldrá en la publicidad -denuncia José-. Supongo que habrá empresas que no realicen estas prácticas, pero sí son muchas de las que conocemos todos, como Coca-Cola, Levi's, Nike, Adidas, etc. Algunas de las cuales también permiten el trabajo de niños".
La baza fundamental para el futuro es la educación: enseñar a consumir responsablemente. "Es muy importante hacer entender a la gente joven que la desigualdad en el mundo no es algo fortuito, es decir, que la riqueza de los países del norte es la pobreza de los países del sur. Esto es de vital importancia para luego tener sensibilidad a la hora de consumir".
Teniendo en cuenta que los precios son un poco más elevados de lo que podemos encontrar en el supermercado, y que los lugares donde se pueden encontrar este tipo de productos son más bien escasos ¿qué futuro tiene el Comercio Justo? "Yo tengo la esperanza de que tienda a incrementarse, ya que está muy relacionado con un movimiento de consumo responsable, es decir, no motivado por la publicidad, sino por la conciencia de que el consumidor cada día tiene la oportunidad de cambiar situaciones de desigualdad e injusticia. Las cosas no van a cambiar si no hay una sociedad que lo exija. Yo siempre digo que votamos a nuestros representantes cada cuatro años, pero con el consumo votamos todos los días. Si con nuestros hábitos penalizamos todos los días las prácticas injustas, se podrá generar un cambio". ∆

(*) Intermon Oxfam lleva años haciendo un importante esfuerzo de investigación para dar a conocer las características del comercio mundial, dentro del marco de la globalización económica, sus consecuencias, y la situación de los trabajadores en distintos países del mundo. Los datos recogidos en este reportaje pertenecen a las campañas "Comercio con Justicia", "Más por menos. El trabajo precario en las cadenas de producción globalizadas", y "Moda que aprieta. La precariedad de las trabajadoras de la confección y la responsabilidad social de las empresas".

Finalmente llegamos a la conclusión de que todo el entramado del comercio mundial tiene una dosis importante de ficción. Las cifras se inflan, los beneficios aumentan, el sistema funciona... ¿Funciona? Sí, a costa de la dignidad de los trabajadores. Producir en los países en vías de desarrollo es más barato porque se sacrifica la mano de obra para conseguir contratos. El mundo desarrollado, donde la mano de obra es mucho más cara gracias a los derechos laborales logrados tras años de lucha, de ninguna manera se podría competir con semejantes precios, de manera que para hacer sus producciones rentables tienen que echar mano de importantes subvenciones, que a la vez salen del bolsillo de todos. ¿Cuál es la salida? Desde muchos frentes ya se está intentando poner remedio. Las organizaciones de Comercio Justo recuerdan constantemente que el dinero no debe quedarse en los intermediarios, sino alcanzar el final de la cadena. El primer eslabón merece un sueldo justo que le permita vivir con dignidad, aunque al consumidor le cueste un poco más. El consumidor elige y puede presionar para que las empresas modifiquen sus prácticas y las hagan más humanas. Pero hasta un punto. Se amortiguan los efectos, pero las causas son mucho más profundas: egoísmo. Cuando un directivo de una gran firma comercial acepte reducir su propia nómina en favor de sus empleados, cuando se admita que no es lógico, razonable y ni siquiera rentable alimentar un sistema que basa sus pilares en la desigualdad, la injusticia y el desequilibrio, en ese momento habremos dado un paso fundamental.
Mientras tanto, sigamos caminando. ∆