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Foto: Javier Bauluz
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ENERO 2004
INMIGRANTES
El sueño roto
Tanto en verano como en invierno, las costas del sur
peninsular y de Canarias son testigos de la tragedia de
cientos de personas que buscan un descuido en la vigilancia
costera para colarse en el sueño europeo, que desde la distancia
parece brillante y prometedor.
Aquí los recibimos con una Ley de Extranjería reformada para
reducir, si cabe, un poco más, el estrecho agujero legal que
permite a los inmigrantes compartir derechos con los españoles.
Texto: Carolina Fernández
Todas
las historias que guarda la retina de cada una de estas personas son
espeluznantes. Son historias de riesgo, de supervivencia, de
desesperación, de valor. Historias que en otro contexto serían relatos
épicos de grandes hazañas, recorridos increíbles, pruebas para el ingenio
y para la resistencia física y mental. Hoy, contadas al abrigo de una
manta de la Cruz Roja, si para algo sirven es para avergonzar al Primer
Mundo, y para demostrar una vez más lo absurdo y lo cruel de unas
políticas económicas que no dejan de alimentar la desigualdad. Durante
2002, un total de 16.504 inmigrantes fueron detenidos a su llegada en
patera a las costas españolas. Las cifras de 2003 anuncian que éste será
el peor año de la inmigración clandestina, ya que a finales de noviembre
la Guardia Civil ya adelantaba que 17.327 inmigrantes irregulares habían
sido detenidos en las costas de Andalucía y Canarias.
Pero antes de poner pie a tierra han tenido que pagar una buena cantidad
de dinero para poder jugar a la ruleta rusa, es decir, tener una plaza en
una patera, pasar horas navegando en un bote inestable, generalmente
saturado y medio hundido por el sobrepeso, en la oscuridad y sabiéndose en
manos de un patrón que no duda, como ya ha sido el caso, en hacer una
llamada por móvil y abandonar la embarcación en el mar, cargada de
personas, si la cosa se pone fea. Dicen que él es el único que lleva
chaleco salvavidas. El resto, se agarra como puede a la lancha y se cuida
bien de mantener el equilibrio. Pero es complicado, sobre todo cuando se
avista una lancha y el miedo se apodera de los ocupantes de la patera. El
personal encargado de la vigilancia de la costa no descansa. A cualquier
hora del día o de la noche se puede recibir un aviso. Se movilizan la
Guardia Civil, Protección civil y Cruz Roja, para ofrecer ayuda sanitaria
de urgencia. Si todo va bien, llegan a tierra, la mayoría, en unas
condiciones penosas. Hambrientos, agotados, con síntomas de hipotermia,
con quemaduras producidas por el contacto del fuel de los motores y el
agua salada, sobre todo con el desánimo impreso en el rostro, al ver que
al final de su viaje se topan con una gruesa coraza: los sistemas de
vigilancia que impone la política migratoria tanto de España como de la
Unión Europea. Eso si la patera llega a tierra sin mayores problemas. En
otros casos las aguas del Estrecho se cobran un alto precio. A finales de
octubre del presente año tenía lugar uno de los episodios más dramáticos
de la historia de la inmigración en nuestro país. El naufragio de una
patera en aguas cercanas a Rota se saldaba con la muerte de 36 personas.
El Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, se comprometió a investigar la
veracidad de las denuncias por "falta de coordinación" de los servicios de
Salvamento Marítimo y la Guardia Civil, que a su vez denunció la "penuria
absoluta de medios" con que trabajan en las costas de Cádiz. "Es verdad
que aquí estamos instalados en la falta de medios y en la descoordinación.
No es que haya habido mala voluntad, pero ciertamente esto ha dejado al
aire todo el problema de los medios tanto de servicios marítimos, como de
la Guardia Civil", confirma José Chamizo, Defensor del Pueblo Andaluz.
La llegada
La mayoría de los
inmigrantes que llegan en patera a través del Estrecho son marroquíes.
Suelen pasar muy poco tiempo en territorio español, porque Marruecos es
uno de los países con los que hay un convenio de expulsión que hace
posible el inmediato viaje de vuelta. Los subsaharianos y asiáticos, por
ejemplo, se quedan, al menos de momento. El primer escalón son los
llamados Centros de Acogida, que prevén una primera asistencia a la
persona que llega. Teóricamente deberían servir para integrar a la persona
en algún circuito, de manera que pudiera acabar regularizando su situación
e integrándose en la sociedad, pero la realidad es que el recorrido se
queda en una primera ayuda básica, muchas veces con grandes dificultades y
pocos recursos. Las personas indocumentadas son dirigidas a los Centros de
Internamiento, bien cuando llegan a nuestro territorio por primera vez, o
bien en cualquier control policial de aplicación de la Ley de Extranjería.
Pueden estar hasta cuarenta días. En las primeras 72 horas el juez tiene
que dictaminar la expulsión, si es que es posible. Si transcurre un
periodo de cuarenta días sin que hayan sido identificados por su embajada
ni haya sido gestionado su billete, salen a la calle. "No hay ninguna
alternativa ni posibilidades de que la gente venga de manera regular
-comenta Encarna Márquez, vicepresidenta y responsable de prensa de
Algeciras Acoge-. Toda la política del gobierno incide en el control y
en la persecución de las mafias, pero lo que no puede ser es que las
víctimas de las mafias sean las mismas personas que también son víctimas
del gobierno, es decir, los inmigrantes".
"Al
gobierno le interesan más unos inmigrantes que otros. No le interesa el
magrebí, porque es más peleón, tiene otra religión y otra cultura. Le
interesa el hispano, porque habla castellano, es más sumiso y además es
católico, apostólico y romano". Carlos Ugarte. Coordinador General de
Proyectos Cuarto Mundo de MSF.
Centros de
Internamiento
Existe en torno a los Centros de
Internamiento una fuerte polémica. Son muchas las organizaciones que
denuncian la permanente violación de los derechos humanos, al retener a
unas personas que no han cometido ningún delito. SOS Racismo, en su
Informe anual 2003 sobre el racismo en el Estado español, recoge las
quejas sobre estos centros, denunciados durante el 2002 por el Defensor
del Pueblo y por organizaciones como Human Right Watch. "Saturación,
pésimas condiciones de higiene y alimentación, falta de ventilación,
asistencia médica y jurídica deficiente, vulneración de la prohibición de
internar a menores, prohibición de visitas a familiares y de utilización
del teléfono, y falta de intérpretes, son las denuncias más graves de unos
centros cuya misma existencia es denunciable puesto que privan de libertad
por un máximo de 40 días a personas que no han cometido delito alguno". De
hecho, la indocumentación está considerada como una falta administrativa.
"Jurídicamente es como si yo no estuviera censada o no tuviera el DNI
-comenta Begoña Sánchez, portavoz estatal de SOS Racismo-. Además
de eso, no pueden entrar ni los medios de comunicación, ni las ONG de
manera periódica para detectar las irregularidades". La portavoz de
esta organización explica que la reforma de la Ley de Extranjería todavía
abre la puerta a más arbitrariedades, puesto que lo que antes estaba
establecido por ley y bajo responsabilidad de la administración, ahora
dependerá del criterio del director del centro. "Los Centros de
Internamiento tienen incluso menos transparencia que cualquier Centro
Penitenciario del Estado español -denuncia SOS Racismo-. El caso de
la Terminal de Fuerteventura ha sido el más conocido: falta de atención
sanitaria, brotes de enfermedades entre los recluidos e incluso se detectó
la presencia de algún menor ingresado en el centro. Se denunció que la
atención jurídica se hacía de manera colectiva, cuando debería ser
individualizada. La Delegación del Gobierno Central negó rotundamente
todas estas irregularidades.
Es muy difícil saber lo que pasa en estos centros. Por otra parte, mucha
de la gente que sale tiene miedo a denunciar o a decir lo que han vivido,
porque son personas sin papeles y lógicamente bastante vulnerables".
La arbitrariedad es también lo que determina el tiempo de estancia en
estos centros. A veces, quedan en libertad sencillamente porque "no
toca organizar un viaje con todos los expulsados", reconocen desde SOS
Racismo.
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Foto: Javier Bauluz |
Negocio para -casi- todos
Alrededor del tráfico humano
en el Estrecho florece un suculento negocio que alimenta muchas bocas; de
hecho el viaje en patera es bastante más caro que el viaje en barco o en
avión. Quienes lo tienen cerca no dudan en afirmar que es realmente
rentable, porque en los lugares pequeños se sabe de vecinos que han
cambiado de negocio: del tráfico de drogas al tráfico de inmigrantes.
"La patera le da de comer al que la manda construir, al que la construye y
al que la vende -denuncia Julio Martínez, responsable de inmigración
de la comarca del Campo de Gibraltar (CC.OO.)- Y por el camino hay un
montón de gente que gana dinero. Los motores fueraborda no se fabrican en
Marruecos, que son de importación, la mayoría comprados en Ceuta. Ya se ha
dado casos paradójicos: los motores de pateras incautadas por las
autoridades, se venden en subasta y posteriormente son cogidos de nuevo en
otra barca. Todo es muy hipócrita. Las mafias organizadas son la punta de
la pirámide, pero antes de llegar hasta ahí todo el mundo gana dinero".
"Las mafias existen porque hay unas leyes que no facilitan que la gente
venga de manera regular -insiste Encarna, de Algeciras Acoge-. La
inmigración no es consecuencia de la mafia, sino que la mafia es
consecuencia de una normativa terriblemente restrictiva". Hay un
entramado que cubre todas las posibles necesidades del recién llegado.
Algunas personas se dedican al negocio de fabricar las embarcaciones;
otros los esperan al llegar a tierra, otros los trasladan. Cada paso es
dinero. La burocracia también se paga, y a precios desorbitados. Hay
abogados que prometen permisos de trabajo. Cobran grandes cantidades y
prometen "papeles" en poco tiempo. Asesorías, falsificadores de
documentos, venta de certificados de empadronamiento... La burocracia es
negocio. Hay quien va más lejos y secuestra a los recién llegados;
posteriormente se ponen en contacto con su familia para pedir dinero a
cambio. También es común la extorsión: dinero a cambio de no denunciar a
los indocumentados a la policía. "Ofertas de trabajo falsas, contratos
falsos... Por cursar una solicitud les cobran 200 ó 300 euros. Nosotros
hemos visto pedir 420 euros por rellenar un impreso y presentarlo en un
lugar, a sabiendas de que no le iba a llegar a la administración. El
entramado es amplio y da dinero a muchísima gente". Es la experiencia
de Algeciras Acoge.
Julio Martínez (CC.OO.) denuncia la pasividad de las autoridades y la
hipocresía a la hora de condenar a unos y disculpar a otros. "Lo que
pasa aquí lo sabe todo el mundo. El problema es que las autoridades se
dedican a luchar contra las mafias, pero no se dedican a luchar contra la
corrupción "legal" que existe con la explotación de estas personas. ¿Por
qué no van a 'meterle mano' al empresario que cogen pagando salarios
miserables, en jornadas de doce horas, con la gente viviendo en chabolas
llenas de ratas? Sin embargo a ése no le dicen nada, cuando es tan
traficante y tan sinvergüenza como el que los trae aquí cobrándoles, por
cierto, un dineral. Ese tráfico es ilegal, pero lo que hacen aquí los
otros ¿no es ilegal?".
Amor y odio
Así es la relación de
nuestro país con la inmigración. Tanto España como Europa tienen una
urgente necesidad de incorporar personal a la vida laboral activa. Hace
tiempo que se ha previsto un posible desplome del sistema de pensiones
ante el progresivo envejecimiento de la población. Sin embargo, las
políticas migratorias no están pensadas para regular la entrada
normalizada de personas en el continente, sino que se centran en el
control y la represión.
El control de las fronteras fue uno de los principales temas abordados
durante la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la UE celebrada en
junio de 2002, bajo presidencia española, donde los Quince sentaron las
bases para poner en marcha una política común en materia de inmigración, a
saber: un programa de repatriaciones para la expulsión masiva de los
inmigrantes ilegales. Desde enero de 2003, buques de España, Francia,
Reino Unido, Portugal e Italia vigilan el Mediterráneo para controlar la
llegada ilegal de pateras. En junio de 2003, los 15 aprobaron un nuevo
paquete de medidas para reforzar el control de las fronteras. ¿Dónde están
las políticas de integración? "Es una enorme contradicción -explica
Begoña, SOS Racismo-. Tanto en España como en Europa se necesita a esa
gente para trabajar, y sin embargo no se les otorgan derechos como
ciudadanos".
Mientras tanto, la entrada de inmigrantes nos está salvando de un
crecimiento demográfico negativo que sería muy perjudicial para nuestro
país. Gracias a los más de 20.000 bebés nacidos de padres extranjeros, la
balanza demográfica se mantiene y las muertes no superan a los
nacimientos, según cifras del INE. Este dato quizá debería bastar para
facilitar su regularización y su incorporación al país de acogida con los
mismos derechos que el resto de la población. Sin embargo, ya sabemos, no
es así.
En
otros casos las aguas del Estrecho se cobran un alto precio. A finales de
octubre del presente año tenía lugar uno de los episodios más dramáticos
de la historia de la inmigración en nuestro país. El naufragio de una
patera en aguas cercanas a Rota se saldaba con la muerte de 36 personas.
Se busca empleo digno
Las últimas cifras
facilitadas por el Ministerio del Interior revelan que España ha ganado
más de dos millones de habitantes desde 2000, gracias a la inmigración. En
nuestro país viven más de dos millones y medio de extranjeros, y suponen
más del 6% de la población. Sólo la mitad tienen tarjeta o permiso de
residencia. El resto, espera por los ansiados "papeles". Las entradas en
patera son las que crean más alarma social, pero no son ni mucho menos las
más numerosas. "El año pasado por el aeropuerto de Barajas entraron
cuatrocientos ochenta mil ciudadanos de países de Hispanoamérica, con sus
visados de turista -apunta Carlos Ugarte, coordinador general de
Proyectos Cuarto Mundo de Médicos Sin Fronteras-. Todo el mundo sabe
que es la forma de entrar, y que se quedan una vez que esos visados
vencen, mientras que por el Estrecho llegaron sólo diecisiete mil el año
pasado, de los cuales únicamente se quedó el 20%". ¿Por qué estas
diferencias? "El gobierno nunca lo va a reconocer -continúa
Ugarte-, pero le interesan mucho más unos inmigrantes que otros. No le
interesa el magrebí, porque es más peleón tiene otra religión y otra
cultura. Le interesa mucho más el hispanoamericano, porque habla
castellano, es más bien sumiso, cumple su función y se calla. Además es
católico apostólico y romano. Y por Barajas están entrando a miles".
Al llegar, no se quedan de brazos cruzados. "Obviamente son personas
que están trabajando, porque no podríamos tener un colectivo tan grande
dedicado a no hacer nada", observa Begoña Sánchez, portavoz estatal de
SOS Racismo. Lo que prevalece es el empleo precario y la explotación
laboral, en la economía sumergida, sobre todo en las grandes ciudades.
"Además de eso, todas las personas con orden de expulsión no ejecutada
dependen mucho de los servicios sociales, porque no se les permite
trabajar de forma normalizada. Son uno de los colectivos más vulnerables
que existen en las ciudades. El resultado de esta política es la exclusión
social".
También en el campo hace falta gente con ganas de trabajar. El inmigrante
aprovecha el vacío que dejan los trabajadores españoles, que prefieren
otras ocupaciones antes que la dureza de la agricultura. "El campo tira
de esta mano de obra barata, para la que no se necesita una gran
cualificación profesional -explica Julio Martínez-. Además, en la
mayoría de los casos la gente no está dada de alta, no se cotiza por
ellos, no se les paga lo que se les tiene que pagar. No cotizan pero
tampoco reciben, y en un futuro, cuando llegue el momento de la jubilación
o de irse del país, se van como vinieron, sin ninguna prestación, sin
ninguna pensión. Con lo cual tanto el empresario como el propio Estado
hacen el agosto. De esta situación todo el mundo se beneficia menos el
pobre que tiene que estar trabajando en estas condiciones".
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Foto: Andrés Carrasco |
Drama a diario
Día a día los habitantes del
litoral andaluz conviven con la realidad de una manera mucho más cruda que
las personas que viven en otras zonas de España, para quienes el fenómeno
de la inmigración se traduce en las crudas imágenes que recogen las
noticias. Pero la perspectiva cambia cuando la tragedia se desarrolla a la
puerta de casa. "Tienes que estar emocionalmente preparado para
cualquier cosa, desde bajar a la playa y tropezarte el cadáver de un
inmigrante en la arena o entre las rocas, hasta ir con el coche y que te
salga a la carretera un grupillo que te pide que pares y que les ayudes",
comenta Antonia, vecina de Tarifa. "A nivel general la gente está muy
sensibilizada con el que llega -apunta Encarna, de Algeciras Acoge-.
Por toda la zona campera hay gente que junta ropa, mochilas y comida.
Lo tienen allí por si pasa alguien que necesita ayuda. Sí existe la
solidaridad inmediata con la gente que está de paso. Otra cosa es la gente
asentada. Hay un rechazo más o menos sutil, que se traduce por ejemplo en
la negativa a alquilar viviendas a marroquíes". Hace pocos años se
castigaba la ayuda espontánea de los ciudadanos. La gente recuerda algunos
casos. El más espectacular, una multa de 500.000 pesetas, un fin de semana
en el calabozo, etc. "La gente tenía miedo, no quería problemas",
recuerda Encarna. Se organizó una campaña con el eslogan "Contra el
castigo a la solidaridad", y actualmente las penalizaciones por prestar
ayuda son prácticamente inexistentes. También es cierto que en los últimos
años las cosas se han puesto más difíciles para los inmigrantes, y son
menos los que consiguen esquivar los primeros controles y continuar su
camino.
¿Más racistas que antes?
Las últimas noticias de
brutales agresiones a inmigrantes han dejado una pregunta en el aire. ¿Son
brotes aislados en zonas que soportan una gran presión? ¿O son por el
contrario la prueba de que el racismo en España está aumentando
alarmantemente? Los ataques registrados en El Ejido desde finales de
agosto son especialmente truculentos: los agresores golpearon a las
víctimas por la espalda y desde un coche en marcha, con una barra de
hierro, un bloque de hormigón o similar. Sin embargo, las fuentes
consultadas coinciden en afirmar que, afortunadamente, los episodios más
brutales son actos aislados, concentrados en las provincias más
conflictivas, como Huelva y Almería. En otros lugares, el sentimiento
racista se traduce en comentarios, actitudes, negativas, insultos. La
portavoz de Algeciras Acoge recuerda que en alguna ocasión sus oficinas
sufrieron rotura de cristales, llamadas de teléfono y anónimos, con
intención de intimidar.
"Hay que entender que tampoco se ponen facilidades para que la
convivencia sea fluida. El inmigrante está en una situación muy difícil.
Ha dejado a su familia, su país, su cultura, sus amigos, su paisaje, y
está aquí solo y sin contacto con su gente, más que alguna llamada de
teléfono. Es lógico que eso también les cree una tensión interna. La
persecución al extraño, si no se facilita un acercamiento, lo que crea es
conflicto", señala Encarna.
SOS Racismo se encarga de recoger todo tipo de denuncias por
discriminación, actitudes o actos racistas. No hace diferencias a la hora
de encargarse de casos de personas con o sin papeles. Reciben denuncias de
agresiones individuales, problemas con el derecho de admisión en lugares
públicos y de ocio, problemas con los cuerpos de seguridad, que en algunos
casos van más allá de la aplicación de la Ley de Extranjería y comenten
irregularidades, como los malos tratos tanto físicos como verbales. Pero
su preocupación se centra más allá de los actos puntuales: "Ha
aumentado el clima xenófobo, y además está creciendo el racismo social,
sobre todo debido a un racismo institucional o de Estado, que viene
marcado por las leyes. Esto está también vinculado a un discurso por parte
de muchos representantes políticos, incluido el gobierno, que vincula
inmigración con delincuencia. Pocas veces vemos a los políticos
manifestarse ante un acto racista, ni condenando con firmeza este tipo de
actitudes. Esto hace que el ciudadano de a pie no le dé mucha importancia
a este tema y da impunidad a ciertos sectores que en otros momentos se lo
pensaban antes de agredir a una persona de otro origen o antes de hacer
cierto tipo de comentarios. Poco a poco cala en la sociedad y hace que la
inmigración se vea, como mínimo, como un problema. Mucha gente empieza la
frase diciendo: 'yo no soy racista, pero...'. Ya no está mal visto ser
racista". La situación en España no puede analizarse de forma aislada,
sino dentro de un contexto europeo en el que estamos viendo cómo ganan
votos los partidos de extrema derecha, a la vez que aumentan las
agresiones, retroceden los derechos humanos, y se generaliza el discurso
antiterrorista, aplicado en ocasiones a conceptos que no tienen nada que
ver, como la inmigración. Todo ello contribuye a crear un clima de
confusión y miedo en torno a la figura del inmigrante.
Ceuta. La ratonera
Hace unas semanas, la
organización humanitaria Médicos sin Fronteras hacía saltar a los medios
de comunicación la situación de los inmigrantes que llegan a Ceuta.
Tanto Ceuta como Melilla son lugares con características distintas a las
del resto del territorio español, precisamente por su situación
geográfica. Es un territorio con una especie de doble frontera, por un
lado con Marruecos y por otro con España. Lógicamente la presión
migratoria es mayor, puesto que toda la población subsahariana y magrebí
tiene contacto por tierra, sin necesidad de jugársela en el paso del
Estrecho.
Portavoces de MSF denuncian que el nuevo delegado de Gobierno de esta
ciudad ha decidido recortar drásticamente el flujo de personas hacia la
península, y en el último año y medio ha endurecido las medidas y ha
restringido drásticamente el paso. Por esa razón, Ceuta se ha convertido
en una ratonera. Aquellos que no pueden ser expulsados a sus países de
origen y cuya solicitud de asilo es rechazada, quedan literalmente
atrapados en territorio ceutí.
Desde octubre del 2002 el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI)
está saturado, y Médicos sin Fronteras denuncia que todas las nuevas
llegadas están viviendo en la calle. "El delegado de gobierno de Ceuta
tiene una política clara, que en su momento manifestó públicamente: no
facilitar en modo alguno la vida de los inmigrantes que lleguen a Ceuta,
con ánimo de desalentar a los posibles candidatos que están al otro lado
-denuncia Carlos Ugarte, Coordinador General de Proyectos Cuarto Mundo de
MSF- Con eso se está llevando por delante los Derechos Humanos más
elementales. Si vas a Ceuta en este preciso instante te vas a encontrar
con quinientas sesenta personas viviendo en la calle, a la intemperie,
bajo la lluvia, sin comida y sin asistencia médica. Se da la contradicción
de que son quinientas sesenta personas que están desde el primer día de
llegada registradas en la Brigada de Extranjería de la Policía Nacional y
solicitantes de asilo, retenidas en Ceuta hasta que se resuelva su
expediente".
Según explica el representante de MSF, esta aplicación de las normas
provoca crueles paradojas, "por ejemplo, si un inmigrante al entrar en
Ceuta, en lugar de seguir todos los trámites administrativos que le marca
la propia ley española, le da un palo en la cabeza a alguien y le roba la
cartera, a ése le dan de comer, tiene cobijo y asistencia médica. Al otro
no".
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Foto: Andrés Carrasco |
Médicos Sin Fronteras, durante la primera fase del año 2003, ha
intervenido puntualmente en Ceuta, distribuyendo material y denunciando la
situación. Visto el poco eco que tenían estas denuncias ante las
autoridades, y ante la realidad de un problema creciente sin soluciones en
un horizonte, a finales de junio de 2003 decidieron intervenir
directamente con un proyecto de asistencia a la población exactamente
igual al que Médicos sin Fronteras pueda poner en marcha en cualquier
parte del mundo. Es decir, un campo de refugiados en territorio español.
"Enviamos un equipo con médico, enfermera, logista, traductor, en fin,
la estructura típica de un proyecto de MSF. Se montó un campo de
refugiados en las inmediaciones del CETI, donde antes había un campamento
de chabolas en el que la gente vivía entre plásticos, basuras, cartones
viejos, sin comida, sin asistencia médica y en unas condiciones higiénicas
lamentables". La organización comenzó a dar asistencia médica y a
distribuir complementos alimenticios, kits higiénicos, etc, tratando de
llamar la atención de las administraciones públicas para que asumieran su
responsabilidad. "A las autoridades no les gustó nada ese campo, porque
ponía de manifiesto algo que no funcionaba bien en la administración.
Empezamos a recibir presiones hasta que un buen día me llamó el secretario
general de la delegación de gobierno de Ceuta, diciéndome que lo
desmontara. Yo le hice una pregunta muy sencilla: ¿qué va a hacer usted
con las trescientas personas que en este momento tenemos acogidas? El tira
y afloja duró tres semanas, y al final nos mandaron ciento y pico
antidisturbios y desmontaron el campo".
A partir de ese momento MSF continúa trabajando en Ceuta, aunque en
condiciones bastante más penosas. "Ahora estamos haciendo exactamente
lo mismo que antes, sólo que en lugar de pasar consulta en el campo la
pasamos con una furgoneta, los desayunos los distribuimos por la mañana en
una playa cercana, etc." Resulta sorprendente que en territorio
español las condiciones de trabajo sean bastante más difíciles que en
cualquier otra parte del mundo donde MSF tiene proyectos de ayuda
humanitaria. El caso de Ceuta es único en todo el territorio español,
tanto que ya está despertando reacciones a nivel internacional, desde el
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) hasta
el Vaticano. "Sólo pretendemos que el gobierno asuma sus
responsabilidades en materia de acogida, porque evidentemente pasar
consulta a trescientas personas en la calle, lloviendo y en medio de
charcos no es manera. Cuando el Gobierno asuma su responsabilidad,
nosotros nos marchamos". ∆
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