AGOSTO 2004

-¿Por qué, más que ayudar a las víctimas de maltrato, esta ley contra la violencia sobre la mujer se ha convertido en arma arrojadiza entre gobierno, CGPJ, feministas...?
-En un país democrático y en un Estado de Derecho creo que el debate es bueno. Es lógico que en democracia se puedan expresar todas las opiniones respecto a una fase inicial en la que estamos. Esta ley requerirá no sólo el debate social que ya se ha iniciado, sino también el debate parlamentario que previsiblemente va a haber en cuanto se presente la propuesta del gobierno a las Cortes Generales. En ese momento todos los grupos parlamentarios podrán presentar las enmiendas y yo espero que de este gran debate se produzca un consenso social y político en torno a los términos de esta ley. Porque el problema que pretende afrontar es tan grave y a la vez tan complejo de resolver, que desde luego sólo sumando esfuerzos y aunando voluntades seremos capaces de solucionarlo en un futuro.

-¿Por qué cree que desde los medios de comunicación da la impresión de que esto es un fracaso del PSOE?
-Yo no comparto esta visión. Desde luego en el CGPJ se han producido dos opiniones respecto a la filosofía de la ley. Sin embargo hay que tener en cuenta que el Consejo es un órgano consultivo que emite informes preceptivos a todos los anteproyectos de ley de cualquier gobierno, pero el informe no es vinculante. En segundo lugar creo que en democracia el debate plural en modo alguno deslegitima una acción legislativa legítima que tiene el gobierno de la nación. Y en este sentido, el querer dar un paso adelante para afrontar un problema que no está resuelto merece el respeto de todos los ciudadanos, aunque se pueda discrepar de la concreta opción legislativa.

-Que el informe del CGPJ haya sido elaborado por Requero -supernumerario del Opus Dei-, ¿no añade una connotación religiosa a la postura del Consejo?
-En mi opinión no creo que esto haya influido, porque aunque el ponente haya sido él, compañeros vocales del sector conservador comparten las ideas que existen en este informe y no es por razones religiosas que lo comparten, ya que es el único vocal que tiene esta opción religiosa. Yo creo que lo que sí ha influido es una visión muy poco realista y muy poco sensible respecto al problema de las víctimas mujeres de este país. El problema esencial de este informe es que cuando habla de las relaciones de dominio en el ámbito familiar no reconoce que éstas se producen en el ámbito de la pareja, porque no afronta el problema de la cultura sexista o machista, que es la que impera todavía en muchos hogares en los que muchos hombres establecen con sus parejas relaciones de dominio, de posesión, de sumisión o de creer que sus parejas mujeres son de su propiedad. El principal defecto de este informe es partir de que todos los miembros de una familia están en una situación de igual a igual, cosa que choca con la historia misma.

-¿Usted considera, como afirman los críticos, que la futura ley es inconstitucional?
-En mi opinión no lo es por dos razones. En primer lugar porque son muchos los tratados internacionales dirigidos a los gobiernos de los Estados para que hagan políticas específicas para mujeres para combatir la violencia contra ellas. Y en segundo lugar, el caso concreto de la violencia afecta al colectivo de mujeres y para poder igualar lo que en la realidad es desigual el Tribunal Constitucional ha avalado que se pueden hacer políticas de discriminación positiva precisamente para poder garantizar la efectividad del principio de igualdad que se contiene en el artículo 14 de la Constitución.

-Entonces, ¿es partidaria de una discriminación positiva para que la mujer acceda a la igualdad en todos los ámbitos?
-Es indudable que una de las causas reside en los patrones culturales sexistas de discriminación hacia la mujer, muy enraizados en nuestra sociedad. Esto obliga a que desde los poderes públicos -de acuerdo con el artículo 9 de la Constitución-, se remuevan todos aquellos obstáculos que hacen imposible que el principio de igualdad sea un principio real y efectivo. Y en el entorno doméstico es indudable que son las mujeres quienes están sufriendo situaciones intolerables de violencia en el ámbito de la pareja, fruto de las relaciones de dominio y de posesión que históricamente han ejercido los hombres contra las mujeres. Para afrontar esta realidad social que se ha convertido en una lacra social, entiendo que sí se justifica la opción legislativa de una ley que pretende afrontar este problema desde la raíz. Y además creo que ello se hace sin perjudicar y sin que queden desatendidos el resto de sujetos pasivos que de forma individualizada pueden recibir violencia en el ámbito familiar, porque tienen derecho a la tutela efectiva y a una respuesta punitiva por igual del Código Penal.

-¿Cuál considera la mayor carencia legal que sufren las mujeres maltratadas?
-Hay que reconocer que en este país se han hecho buenas leyes, como la Ley Reguladora de la Orden de Protección, que en mi opinión ha servido para proteger más y mejor a las víctimas de violencia doméstica y fundamentalmente a las mujeres víctimas, porque hay que recordar que de las 6.004 órdenes de protección judiciales dictadas en los cinco primeros meses en un 95,7% las víctimas protegidas son mujeres. Junto con ello ha habido reformas en el Código Penal tales como el hecho de que desde la primera agresión se considere delito la amenaza de muerte con exhibición de arma. Pero hay que reconocer que estas reformas no han sido suficientes para reducir las insoportables cifras de actos violentos que sufren las mujeres en el ámbito familiar. Por eso considero que la ley es necesaria y políticamente oportuna, precisamente para poder afrontar de una forma global e integral en un único texto legal las medidas educativas, las medidas dirigidas a combatir la publicidad ilícita que afecta a la dignidad de la mujer, las medidas dirigidas a prevenir los delitos, las medidas de recuperación y reinserción de las víctimas... Y todo ello afrontándolo con nuevos recursos económicos, porque quizás una de las cuestiones más importantes de este Anteproyecto de Ley es que se ha aprobado con una memoria económica que hace creíble que en el caso de que se apruebe en el Parlamento pueda aplicarse con toda su efectividad. Además lo valoro porque inaugura una nueva forma de legislar, ya que en este país se han hecho muy buenas leyes pero con el defecto de no ir acompañadas de la aprobación de una memoria económica para que puedan ser efectivas y eficaces.

-¿Sería una buena solución casas de acogida para maltratadores, en lugar de para mujeres maltratadas, como apuntan algunas asociaciones?
-En este país se ha de hacer una apuesta respecto a la reinserción social de los maltratadores condenados, porque es una exigencia de la Constitución que no se ha efectuado. No hay reinserción ni en los delitos de terrorismo, ni tampoco en los delitos relacionados con la violencia doméstica y de género, recordando que una de las finalidades de la pena es precisamente la reinserción social. Inclusive para aquellos que no tienen que cumplir penas privativas de libertad, deben existir centros donde puedan ser tratados para darles la posibilidad de que salgan de la espiral de violencia. Y en el caso de los maltratadores, en muy pocas comunidades autónomas tienen la opción de ser tratados.

-¿Por qué el 12% de las víctimas retiran la denuncia, no se presentan a juicio o perdonan a su agresor?
-La retirada de una denuncia no implica el archivo automático de la misma. Aunque la víctima retire la denuncia, el Ministerio Fiscal puede solicitar prueba y que se mantenga abierto el procedimiento. Cuestión distinta es que en muchas ocasiones se ha de archivar la causa porque la única prueba existente es la declaración de la propia víctima, por ausencia de otros testigos o porque no existen pruebas documentales, cuando estamos hablando de delitos de amenazas verbales, de coacciones o de maltrato psíquico. En mi opinión, creo que hay que situarse en la piel de las víctimas para entender por qué en ocasiones se retiran las denuncias: es el único caso en el que se trata de denunciar a la persona con la que se está vinculada sentimentalmente, y en muchas ocasiones también económicamente. Y las dependencias sentimentales y económicas, o el temor a la reacción del agresor porque se ha recibido una nueva amenaza son razones que dan a entender por qué en ocasiones se retiran las denuncias.