-En la portada del informe que acaba de publicar Amnistía Internacional (AI) aparece la frase: "El pasado dice cosas que interesan al futuro". ¿Qué cosas son interesantes para el futuro?
-Esa frase pertenece a Eduardo Galeano y es muy significativa. AI cumple cuarenta años de trabajo en todo el mundo. En este tiempo hemos recogido mucha información sobre abusos y violaciones de los derechos humanos y de todo ese trabajo que ya es pasado, AI ha extraído una serie de lecciones que consideramos esenciales para el futuro de cara a la prevención de los conflictos. En primer lugar luchamos para terminar con la impunidad, para que personas que hayan vulnerado los derechos humanos en un pasado, no tengan la sensación de que eso prescribe y puedan gozar de jubilaciones doradas. Por otro lado, el pasado también nos alerta para ver con otros ojos todo lo que está ocurriendo a raíz del 11-S: Estados -encabezados por EEUU- deciden actuar unilateralmente contra el terrorismo, vulnerando derechos y libertades antes reconocidos. Tenemos la sospecha de que este sistema ya fue empleado durante los años 70 y 80 en el Cono Sur contra los disidentes. El resultado fueron miles de personas detenidas y desaparecidas, que en su momento también fueron consideradas terroristas por los regímenes de aquellos países. Hoy sus familias exigen justicia. AI no está de acuerdo con la ecuación de que para garantizar la seguridad hace falta sacrificar los derechos humanos y las libertades de las personas. Creemos que lo ocurrido aquel 11-S es deleznable, ahora bien, la respuesta no puede ser vulnerar los derechos de las personas, ni que el terrorismo sea la excusa perfecta para que los gobiernos pongan en marcha su lucha particular contra la disidencia interna.

-Sólo tenemos que observar el mundo para ver con qué ligereza son acusados y juzgados como terroristas, muchos críticos y disidentes.
-Por ejemplo Reino Unido tiene en estos momentos una legislación antiterrorista que permite detener indefinidamente a una persona sólo por su aspecto. A partir de ahí, no tiene derecho ni a la asistencia de un letrado, ni a informar a sus familiares, ni a ser reconocido por un médico y además, el Gobierno no da explicaciones de por qué tiene retenida a esa persona. Fíjate que estamos hablando del Reino Unido. Lamentablemente muchos gobiernos se están apuntando a este tipo de medidas. Ahí están los presos de Guantánamo, retenidos en una especie de limbo jurídico sin ningún tipo de derechos. O los independentistas chechenos, que también son considerados terroristas.

-Desde AI apoyáis que España colabore con la Corte Penal Internacional (CPI) para hacer efectiva una justicia universal con el máximo de garantías. Después de lo aquí ocurrido con el caso de los militares argentinos, ¿pensáis realmente que todos los gobiernos están interesados en destapar este tipo de delitos que implican a terceros estados?
-Desde el principio apoyamos la creación del CPI e hicimos campaña para que los gobiernos firmaran y ratificaran el Estatuto de Roma. Después de una serie de años, por fin el tribunal se pone en marcha para investigar y juzgar crímenes de guerra y delitos contra la humanidad, pero sólo los que han sido cometidos después del 1 de julio de 2002 que es cuando este Tribunal entra en vigor. Esto por supuesto marca un antes y un después.
El Gobierno español que fue uno de los primeros en sumarse a esta iniciativa, está poniendo en estos momentos una serie de "pegas". Pide que desaparezca en España el principio de justicia universal por el que se confiere competencia a los tribunales españoles para juzgar crímenes internacionales. El gobierno español no está muy interesado en investigar temas anteriores a esta fecha como es el caso de Argentina. AI cree que sí puede hacerlo, y además nos parecen muy acertadas las declaraciones del presidente argentino cuando habló de eliminar el decreto que impide la extradición de personas acusadas de crímenes contra la humanidad, dado que allí seguían vigentes las leyes de punto y final. Lo que nosotros pedimos está muy claro: Luchar contra la impunidad. Si allí no pueden ser juzgadas estas personas, que se juzguen en otro país con las debidas garantías democráticas.

-El gobierno español ha demostrado reiteradamente una falta de voluntad política a la hora de abordar el tema de la violencia de género. Existen medidas puntuales y dispersas, y como consecuencia el número de víctimas ha aumentado. ¿Qué valoración hacéis vosotros de cómo se está enfocando este problema?
- No queremos que la sociedad española se resigne a ver cómo todos los años cerca de un centenar de mujeres pierden la vida a manos de sus parejas, o bien sufren agresiones que es otra forma de tortura. En torno a este problema creemos que existe mucha propaganda y poca efectividad, no hay una política clara. Un ejemplo son las campañas de publicidad que se hacen todos los años para animar a las víctimas a que denuncien a sus maltratadores. Tienen éxito, pero sólo duran un mes hasta que se celebra el día de la mujer. Por otro lado estos mensajes van dirigidos siempre a la víctimas, pero ¿por qué no se dirigen al agresor, advirtiéndole las consecuencias que pueden tener sus actos delictivos? Para AI este tema es prioridad de alto nivel, por eso estamos elaborando campañas -en colaboración con asociaciones y colectivos de mujeres que llevan años trabajando en esto- para promover el respeto por los derechos humanos en los hogares de todas estas mujeres.

-AI junto con Greenpeace, Intermón y Médicos sin Fronteras estáis trabajando desde hace tiempo en una campaña para exigir al gobierno español transparencia en el comercio de armas. Nuestro país, al igual que otros, exporta armamento y luego envía ayuda humanitaria a los lugares del conflicto. ¿Cómo terminar con tanta hipocresía?
-España entraría en el segundo grupo de exportadores. El primero estaría compuesto por los integrantes del Consejo de Seguridad y algún país más. Cuando empezamos esta campaña solicitando control y transparencia, los permisos que concedía el Gobierno para exportar armas era materia reservada. No se sabía qué se vendía ni a quién. En estos años de trabajo esta cuestión ha dejado de ser "top secret", aunque los documentos que nos aportan siguen estando muy incompletos. Acabamos de elaborar un informe ("Regulación del comercio de armas") donde señalamos una serie de medidas para un control más efectivo. En cuanto a la pregunta te diré que afortunadamente existen ONG que se han negado a ir en esos paquetes humanitarios organizados por los gobiernos porque consideran que se trata de un servicio post-venta.

-¿Cuál sería nuestro talón de Aquiles en materia de derechos humanos?
-Aparecen detallados en el informe 2003. En resumen, desde AI rechazamos los asesinatos de ETA que el pasado año costaron la vida a seis personas y una niña menor de seis años. Creemos que no se pueden conseguir objetivos políticos a costa de la vida de las personas. Por otro lado nos preocupa e investigamos el aumento de las denuncias por torturas y malos tratos por motivos racistas infligidos por parte de funcionarios públicos. También los daños sufridos en aquellas personas detenidas en régimen de incomunicación como presuntos miembros de ETA, que han denunciado a las Fuerzas de Seguridad del Estado por tortura. Muy preocupante es también la situación de las mujeres inmigrantes indocumentadas, especialmente vulnerables a sufrir todo tipo de agresiones y violencia, y que precisamente por carecer de papeles, no acuden a la justicia. Reclama también nuestra atención la situación de los niños que llegan a Ceuta y Melilla, que en muchas ocasiones han sido expulsados por las propias Fuerzas de Seguridad del Estado, las mismas que deberían de haberles protegido. En este sentido, también han sido denunciados centros de internamiento en esas ciudades, ya que existían condiciones de vida muy extremas entre los propios internos. El aumento de la violencia en las cárceles españolas también dio lugar a la elaboración de un informe y una serie de recomendaciones dirigidas a los órganos competentes.