-Hace un tiempo el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) dio a conocer una encuesta realizada a los ciudadanos sobre la valoración que estos hacían de la justicia: la nota conseguida fue un 4,9.
-¡Suspendíamos!, pero es que creo que en las encuestas de los últimos cinco años, no hemos aprobado nunca...

-Algunos miembros del Consejo justificaron este suspenso diciendo que se trataba de un problema de imagen. ¿Está usted de acuerdo con esta valoración?
-No comparto en absoluto la opinión de la mayoría del Consejo, aunque por fortuna no es unánime. Existe una minoría que está de acuerdo con los ciudadanos, y yo pertenezco a esa minoría: Jueces para la Democracia. Nosotros creemos que el problema es de mucho más calado. No es cuestión de imagen. El ciudadano muestra con esa valoración negativa su frustración y pesimismo frente a todo ese alud de promesas y reformas del Código Penal que desde hace unos años se está produciendo por parte del poder Ejecutivo. El ciudadano nos critica tres cosas: Que continuamos tramitando los procesos con excesiva lentitud, aún admitiendo que con el tema de los juicios rápidos se ha ganado celeridad en algún tipo de procesos. El segundo problema es la falta de sintonía de los jueces con la sociedad. Lamentablemente, creo que seguimos expresándonos con un lenguaje que el ciudadano medio no entiende. Un lenguaje excesivamente críptico, opaco, innecesariamente técnico. Los defensores de ese lenguaje dicen que es por el necesario rigor de la terminología penal. Cosa que no comparto, ya que creo que cuando uno escribe y redacta una sentencia en una terminología que el ciudadano medio no entiende lo que está ocultando son sus propias carencias, la incapacidad de motivar y explicar las razones por las cuales está declarando probados unos hechos y otros no, y por los cuales llega a una convicción de inocencia o culpabilidad. La tercera, más que achacable a los jueces, es achacable al Gobierno, y es que se está dando al derecho penal y a la justicia penal un protagonismo que no debería de tener. Todos los conflictos sociales se están pretendiendo canalizar a través de la justicia penal: violencia doméstica, responsabilidad penal del menor, etc. Lo que se le está diciendo al ciudadano desde el Ministerio de Justicia es: "no se preocupen, que el derecho penal lo va arreglar todo...". Y eso es mentira.

-Venimos comprobando que cuando se habla de la delincuencia paralelamente se habla de política represora, de aumento de la pena, y no se mencionan conceptos como educación o reinserción, que debería ser el fin último de la pena. ¿Es éste el camino?
-Eso no sólo no va a cambiar nada, sino que va a generar más frustración en la ciudadanía porque ellos piensan, con toda la razón "¿este problema no había dicho el Gobierno que lo iba a solucionar?" Y claro, el Gobierno lo que hace, a través de la mayoría parlamentaria que tiene y siguiendo sus líneas de política criminal de tolerancia cero, es aprobar leyes y endurecer penas. Cuestión que sólo sirve para incrementar la población penitenciaria que en los últimos cinco años ha aumentado más de un 20%, superando la cifra de 58.000 ciudadanos presos en todo el Estado Español. Las causas son mucho más complejas: problemas de marginación, falta de acceso al mercado laboral de muchos jóvenes, insuficiencia de medios de acogida de los ciudadanos inmigrantes irregulares, etc. Lo cual, por desgracia, está abocando -y no lo justifico- en un aumento de los ciudadanos que infligen la ley para ganarse la vida, evidentemente no respetando los derechos de sus conciudadanos.

-Como juez, ¿este tipo de situaciones no le producen cierta frustración?
-La verdad es que tengo, no sólo a título personal sino en nombre de muchos compañeros, una sensación de impotencia y desasosiego. Nosotros, como operadores jurídicos, tenemos la sensación de que estamos participando en este callejón sin salida que no nos va a llevar a lo que realmente sería deseable, que sería un mayor nivel de seguridad ciudadana, mayor nivel de protección de las víctimas, de los delitos y un descenso o por lo menos un control de estabilización de lo que es la delincuencia.

-Son muy comentadas sus interpretaciones innovadoras de la ley. ¿Qué criterios y valoraciones sigue usted a la hora de juzgar a alguien?
-El margen en el que nos movemos todos los jueces es la ley. Nosotros no somos legisladores, no podemos decir qué es delito y qué no lo es. Eso corresponde a los diputados que son elegidos por el pueblo. Nosotros administramos e interpretamos la ley en nombre del pueblo. En ese sentido el Código Penal del 95 permite un margen de interpretación bastante amplio, aunque lamentablemente a base de reformas parciales, está prácticamente desconocido. Por ejemplo, permite a los jueces penales no sólo medir un amplio abanico de la pena a imponer en función, no tanto de la gravedad del delito, sino de las características del delincuente, sino que además nos permitía aplicar muchas más medidas alternativas a lo que es la respuesta tradicional del Estado de Derecho a los delitos, la cárcel. Me refiero a programas formativos, tratamientos terapéuticos alternativos al sistema penitenciario cuando se trata de un problema de drogas o de carencias educativas o profesionales. Tengo la sensación de que esto lo estamos aplicando muy pocos jueces en España, quizás por el riesgo que uno asume de que el programa fracase y que ese delincuente cometa un nuevo delito. De ser así, todo el mundo exigiría responsabilidades a quien dejó a esa persona en la calle... Personalmente creo que tanto jueces como fiscales debemos asumir riesgos y apostar por esta vía. El porcentaje de éxitos merecería la pena.

-Después de todo lo que ha comentado, ¿no tiene la sensación de ser un juez incómodo para el poder ejecutivo?
-No sólo tengo la sensación, sino que soy consciente de que así es (risas), pero creo que eso es bueno. Los jueces no debemos ser meros aplicadores de la ley, temerosos con el poder político. Este poder también se equivoca y los jueces, que tratamos día a día con las víctimas de los delitos y con los autores de esos delitos, tenemos que recordarle de cuando en cuando al poder político que su política criminal a veces va en la dirección equivocada, y que en determinados momentos se pueden aplicar otro tipo de sistemas. Y esto incomoda al poder político cuando pienso que tendría que ser un acicate, precisamente para replantearse si todas las reformas y planteamientos van en la dirección adecuada. Aprovecho para comentar que esta línea crítica no sólo surge por parte de quince o veinte jueces en España, sino que son muchos los catedráticos de derecho penal que sintonizan con esas ideas, lo que ocurre es que al poder político le es más fácil admitir críticas puramente teóricas como son las realizadas desde el mundo universitario, que las que provienen de los operadores jurídicos reales que trabajan con los problemas ciudadanos día a día.

-La justicia que tenemos en estos momentos parece que trabaja más con los efectos que con las causas. A la hora de legislar, ¿cree que en el fondo interesa a alguien transformar las conductas delictivas o se prefiere cara a la galería, mostrar el castigo para los que delinquen?
-Quiero pensar que nuestros legisladores y responsables políticos tienen un verdadero interés en erradicar los índices de criminalidad. No me resigno a pensar que admiten que eso ya es inevitable y que se limitan a hacer única y exclusivamente demagogia. Y más en períodos electorales como los que nos encontramos actualmente. Quiero pensar que no es así.

-Últimamente se habla de endurecer la Ley del Menor para evitar delitos como los que han tenido lugar recientemente. ¿Cuál es su opinión?
-Estoy absolutamente en contra del endurecimiento de la Ley del Menor, ya que no es una ley penal sino una ley orientada básicamente a reeducar a los jóvenes que han cometido ese delito; e intentar resolver, si es que aún es posible, sus carencias educativas. Es una legislación orientada a recuperar a la persona para que sea un adulto que entienda que no se puede ir lesionando ni atacando los derechos de los demás.

-Cambiemos de tema. ¿Qué opinión le merece que la mayoría conservadora del Poder Judicial se haya quedado sola en la defensa del Pacto de la Justicia?
-Desde "Jueces para la Democracia" hace más de un año que decíamos que este Pacto estaba prácticamente muerto. Un Pacto que contenía, siguiendo las propias indicaciones del CGPJ, un centenar de propuestas para mejorar la justicia en nuestro país y que después de haber transcurrido dos años, sólo se han realizado siete de esas cien propuestas, pues sólo podía terminar mal. Y si a ello añadimos que el consenso de todas las fuerzas políticas con las que contó ese Pacto, se ha utilizado por parte de la derecha -tanto política como judicial- para instrumentalizar el endurecimiento y las reformas en materia penal; y para controlar también al propio órgano de gobierno de los jueces (en materia de nombramientos, de informes, de propuestas de ley que les remite el Gobierno), pues creo que ha sido lo peor que podría pasarle a la Justicia. Además hay un segundo elemento que entra en juego y es la insuficiente dotación presupuestaria que se le ha dado a este Pacto. Sirve de poco aprobar declaraciones de principios y programas de actuación si luego no se tienen los medios económicos, humanos y materiales para hacerlo realidad.