-¿Por qué decidiste ser juez?
-En el año 1988 se modificó la Ley Orgánica del Poder Judicial, permitiendo que además del sistema tradicional de acceso a la judicatura, que eran las oposiciones libres, hubiera un segundo método de acceso mediante concurso mixto. Entonces vi la oportunidad de dejar de pedir un poco de humanidad para los ciudadanos que aparecían en mi despacho de abogado buscando justicia, o a veces clemencia; dejar de pedir y empezar a administrar, partiendo de que el juez es un ser humano que se equivoca. La verdad es que no tengo muy claro eso del poder de la Justicia; poder tienes muy poco, pero sí la posibilidad de aplicar la Ley de la manera más racional y humana posible.

-¿Persigues algún ideal?
-Yo siempre me he considerado, y lo digo con minúsculas, un intelectual de izquierdas. Por tanto la respuesta es sí. Cuando alguien dice que los jueces tenemos que ser neutros se me ponen los pelos de punta. Un juez tiene que ser imparcial y honesto; pero es malísimo que sea neutro, es decir, sin ideología, sin ilusiones, sin objetivos en el ejercicio de su profesión. Yo persigo un ideal, pero siempre circunscrito a interpretar la Ley, a administrar justicia en un caso concreto, porque no creo mucho en la Justicia, en mayúsculas. La Justicia es intentar resolver de manera civilizada unos conflictos que los propios ciudadanos no han sabido resolver por su cuenta y riesgo.

-Hace años un político andaluz dijo: "la Justicia es un cachondeo". ¿Tenía razón?
-Yo diría mejor que es un desastre. Cachondeo es algo poco serio, y la Justicia en este país sí es seria, a veces demasiado. Muchos colegas míos piensan que llevar una toga negra infunde autoridad y potestad y que un juicio es, como quien dice, el juicio final. Hay que desdramatizar este rigor formal, absolutamente innecesario, pero desde luego que la Justicia no puede ser un cachondeo, una charla de café ni un debate superficial. Dicho esto, hay que reconocer que la Justicia no está a la altura de lo que la sociedad pide y tiene derecho a exigir, porque para algo paga sus impuestos. Por desgracia llegamos tarde y llegamos mal, muchas veces no resolvemos de acuerdo con el sentido común de la ciudadanía. La Ley tiene muchas interpretaciones y cuando su aplicación literal choca con tu sentido común, algo no funciona: o no estás analizando correctamente el caso o la norma no ha sabido adaptarse al cambio de los tiempos. Para eso está el juez, porque si no habría un ordenador con todas las normas en su base de datos, al que se le darían los elementos del caso y que resuelva, que como no es humano no se equivocará. La cuestión judicial es bastante más compleja.

-Si el Poder Judicial es uno de los tres pilares de la democracia, ¿cómo está tan supeditado al poder político?
-Por desgracia, la capacidad legislativa de un país no está sujeta a control judicial hasta después de que se han aprobado las leyes. Los jueces podemos cuestionar esa actividad legislativa, pero lo hacemos siempre a posteriori, cuando el daño ya está hecho. Esto lo digo porque a veces se nos pide algo que no podemos hacer, que es prevenir la eficacia de una ley, cuando para eso está el poder legislativo, nosotros entramos después. Lo que sí es verdad es que cuando los jueces actuamos muchas veces no lo hacemos con el sentido crítico e incluso con la intención didáctica que sería necesaria. La ciudadanía espera que los jueces, ante un conflicto concreto, sepan dar una solución que no solamente sea práctica sino que además sea pedagógica, y eso muchas veces no lo hacemos, entre otras cosas por el lenguaje críptico, farragoso y muchas veces ininteligible que utilizamos.

-¿Qué es lo primero que se echa en falta en la Justicia española?
-En principio, criterios de eficacia. Es un servicio público en el que no se optimizan, ni de lejos, los pocos recursos que hay. Es cierto que faltan recursos humanos y materiales, pero aún así, con los que tenemos, podría funcionar muchísimo mejor. Es un ejemplo de administración excesivamente burocratizada, lenta, formalista, en la que se pierden recursos, tiempo y medios.

-¿Por qué se destina tan poco presupuesto?
-Lo tengo absolutamente claro: porque al poder político le interesa que sea así. El gobierno -me refiero al gobierno central del Estado, pero también a los autonómicos y locales-, es consciente de que una de las funciones del Poder Judicial es controlar la legalidad de su actividad. Si no tiene medios, evidentemente, no puede cumplir ese objetivo, y si encima llega tarde, da una carta a un político, no excesivamente democrático, que tiene el recurso de decir a la ciudadanía: "yo ya hago las leyes, son los jueces quienes no las aplican bien y a tiempo".

-¿Por qué eres tan crítico con la Audiencia Nacional?
-No soy el único. Hay una corriente jurisdiccional importante, sobre todo en el sector de izquierdas, que la cuestiona. La Audiencia Nacional nació en una época de transición en la que el fenómeno terrorista era gravísimo, y no había implicación de los jueces y fiscales en las normas constitucionales. Pero mantener durante años un órgano judicial de excepción, creado para unas circunstancias concretas, es un gravísimo error. Por ejemplo, rompe el derecho constitucional al juez en el territorio donde se comete el delito, expresando además que el poder legislativo no confía en el judicial en este tipo de materias. ¿Temen que los jueces del País Vasco no sean capaces de sobreponerse a su miedo, que es totalmente legítimo, y no sepan juzgar un caso de terrorismo en su propio territorio? Pues le hacen un flaco favor a la judicatura, de alguna manera nos ofenden a todos. El juez que no sea capaz de superar eso tiene que colgar la toga e irse a casa, nadie le obliga a esto. Sin que tengamos que ser mártires, simplemente cumplir la obligación que hemos asumido.

-¿Qué opinas de la Ley Antiterrorista y de la nueva Ley de partidos?
-La Ley Antiterrorista es una legislación de excepción temporal, que pone trabas a las normas generales. Si un detenido común tiene derecho a escoger un letrado que le defienda, ¿por qué un detenido al que se le aplica esta legislación no tiene este derecho? Se le otorga un letrado de turno de oficio, que además está en Madrid y que está obligado por imperativo legal a aceptar el caso. Evidentemente, más que defender, asiste. Yo entiendo que eso son vulneraciones muy peligrosas de derechos fundamentales, es una legislación que habría que derogar cuanto antes. Pero el Proyecto de Ley actual incide en esta misma vía, para resolver un problema concreto se pretende aprobar una legislación para todo el Estado. Y es peligrosa, porque la frontera con la conculcación de derechos como la libertad de expresión, el derecho de reunión o de asociación política, es muy tenue. El actual clima político y social, sobre todo desde el 11-S, puede llevar a cometer excesos con mucha facilidad.

-Algunas de tus sentencias favorables al movimiento okupa han sido polémicas. ¿Cómo conjugar el derecho a la propiedad privada con el derecho a una vivienda cuando chocan entre sí?
-A veces es difícil. Para mí, y muchos otros juristas dicen lo mismo, el derecho a la propiedad privada no es absoluto, sino que tiene contenido social. La propiedad de un objeto tiene sentido cuando sirve para algo. Un edificio se ha construido para estar habitado, para ser una fábrica o un almacén... Dejarlo abandonado para que pasen los años, que el solar se revalorice y poder venderlo por cien veces más de lo que costó, va en contra de esa finalidad social. No cuestiono la propiedad privada, pero me parecen defendibles los movimientos okupas, cuando utilizan un espacio que estaba abandonado, muchas veces en estado de ruina, lo acondicionan y realizan actividades en él, por alternativas que nos puedan parecer. ¿Cómo compaginar eso con el derecho constitucional a la vivienda digna? Fomentando un control férreo a la especulación privada. Y promocionando la edificación y las nuevas viviendas de protección oficial. Los poderes públicos tienen mucha responsabilidad en esa materia, que no están ejerciendo como debieran.

-En tu libro "In-justicia", propones que los magistrados superen una prueba psicotécnica. ¿Es que no están suficientemente preparados?
-Por suerte, de las aproximadamente 400.000 resoluciones que se dictan al año en los tribunales españoles, solamente hay mil que no entiende no sólo la ciudadanía sino los propios juristas; a veces no las entiende ni el que las ha dictado. ¿Cómo disminuir ese número? En países como Inglaterra o Dinamarca exigen a los aplicadores e interpretadores del derecho que no sólo sean expertos en leyes, sino también en materias como criminología, antropología o sociología, para comprender no sólo el texto legal sino las circunstancias que rodean a un conflicto humano. Aparte de esta formación multidisciplinar, creo que sería muy bueno hacer exámenes psicológicos cada cierto tiempo para garantizar que, además de los conocimientos técnicos, tienen también capacidad de lógica, raciocinio, sensibilidad. En España el que tiene más memoria y consigue aprenderse todos los temas de la oposición entra en la carrera judicial, aunque luego no sepa razonar. Y lo que es peor, permanece toda la vida porque es un cargo vitalicio.

-¿Qué problemas te ha creado hablar tan claro?
-La verdad es que llevo unos 24 años en el mundo del derecho y tengo la sensación de tener muchos amigos pero también bastantes enemigos. Sobre todo dentro del aparato institucional de la Justicia, no se me perdona que intente decir las verdades en voz alta. Éste es un mundo en el que se hace todo de tapadillo, siempre hay que lavar la ropa sucia en casa. Y yo a eso me he opuesto siempre, es una cuestión de principios y de dignidad. Una de las pocas maneras de mejorar las cosas es reconocer lo que no funciona bien, y para ello es necesario que se sepa. Si no hacemos este análisis de autocrítica, ¿cómo vamos a superarlo? Pero eso en el mundo de la judicatura es un principio que no ha calado: "no es necesario decir lo que no funciona, ya bastante nos critican desde la sociedad o desde los medios de comunicación". Yo siempre he pensado que nos critican en parte porque no somos nada transparentes, siempre hemos cerrado las puertas de los tribunales a la sociedad y estoy convencido de que es un error.