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Foto: (c) ACNUR
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TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL
¿QUIÉN TEME LA JUSTICIA?
Desde siempre los pueblos llevan reclamando justicia, y en este
mundo cada vez más globalizado los ojos se vuelven hacia los tribunales
internacionales, con autoridad para juzgar altos mandos militares y
políticos sin tener en cuenta las fronteras. Pero frente al sentir de
gran parte del mundo occidental, EEUU, Israel, China, Irak o Libia se
oponen firmemente a un tribunal con autoridad global.
Texto: Marta Iglesias
Y a antes se venía
padeciendo la falta de un organismo que juzgara atrocidades cometidas
contra la humanidad, aunque la gota que colmó el vaso e impuso la
necesidad de una justicia neutral para todos los países fue la guerra de
la antigua Yugoslavia. Le siguieron las matanzas de Ruanda. Casi con un
pie en el siglo XXI no se podía permitir que los países tratasen con
semejante desprecio la vida humana y el Consejo de Seguridad de Naciones
Unidas decretó en 1993 la posibilidad de formar tribunales especiales
para juzgar crímenes contra la humanidad, situaciones que pudiesen
desencadenar guerras o situaciones de catástrofe masiva. Fue a partir de
esta legislación impuesta cuando nacieron el Tribunal Penal
Internacional de La Haya (1993) y el Tribunal Penal Internacional de
Tanzania (1994). Hasta el momento no les han llovido más que críticas.
En Tanzania el Tribunal no ha logrado sentar en el banquillo a ningún
cargo realmente representativo. Por su parte, el Tribunal Internacional
de Justicia de La Haya centra todas las miradas, inmerso como está en el
juicio a Milosevic, acusado de crímenes de guerra, crímenes contra la
humanidad y genocidio. Es el primer dirigente de un país sometido a la
justicia internacional y el juicio centraliza las esperanzas de mucha
gente: víctimas de su política en la ex-Yugoslavia y ciudadanos de todo
el mundo que ven un camino para que sus causas puedan ser juzgadas fuera
de su país. Pero frente a los pasos vacilantes del Tribunal, se
encuentran las críticas. Por un lado Milosevic no reconoce la
legitimidad del tribunal que le juzga y por otro EEUU está decidido a
cerrarlo. Pierre-Richard Prosper, embajador especial estadounidense para
supervisar los crímenes de guerra declaró que "la integridad de ambos
tribunales y el profesionalismo de las personas que los dirigen se han
puesto en entredicho tras varios alegatos de corrupción y abuso de
poder". Este esfuerzo estadounidense por cerrar los Tribunales Penales
de la ONU "está en el contexto general de que EEUU ha vuelto a lo
unilateral". Declara Magdalena M. Martín Martínez, profesora de Derecho
Internacional de la Universidad de Málaga: "A este país ya hace tiempo
que no le interesa ninguna organización internacional, ni ningún tema
internacional. Además el coste de estos tribunales es bastante alto y
depende de Naciones Unidas, del que EEUU es el principal aportador. Así
que sus motivos se reducen a ahorro, por una parte, y al rechazo a los
foros internacionales, por otro". De manera que el embajador especial
estadounidense ya ha puesto una fecha de cierre para estos tribunales
-2007 ó 2008-, con el consiguiente malestar por parte de la ONU, que es
el único organismo con autoridad competente en el caso, y de Europa, que
apoya masivamente estos Tribunales.
La nueva
Corte Penal Internacional
Pero mientras que el Tribunal Internacional de La Haya y el Tribunal
Internacional de Tanzania partieron de una decisión unilateral de la
ONU, en este momento asistimos al nacimiento de un organismo votado sólo
por los gobiernos interesados en una justicia global. Para ello nos
remontamos a 1998, cuando tuvo lugar el Estatuto de Roma, en el que
representantes de 180 gobiernos y ONG elaboraron un texto tipificando
los delitos que podría juzgar este nuevo tribunal permanente, bautizado
como Corte Penal Internacional (CPI). Tras la firma de los 120 Estados
que estuvieron de acuerdo con el texto, se solicitaba la ratificación de
60 gobiernos para que la CPI comenzase su andadura. Hubo que esperar
cuatro años para alcanzar las 139 firmas y las 66 ratificaciones
obtenidas el pasado abril de 2002. Durante la aprobación del Estatuto,
de nuevo hubo declaraciones totalmente en contra. "Solamente siete
estados han dicho que no abiertamente -declara la profesora Martín-. Los
únicos occidentales son EEUU e Israel, que se ha negado a firmar por lo
que está haciendo en Palestina, que se considera crimen de lesa
humanidad. Luego están Irán, Irak, Yemen -que son donde están los
presuntos campos de terroristas-, China que ya sabemos que no tiene
asimilado el tema de los DDHH, y Libia". Pero pese a que EEUU se marchó
en 1998 de la reunión declarándose en contra, Clinton dejó más tarde un
"caramelo envenenado" a su sucesor: el último día de su mandato firmó el
Estatuto. El hecho deja a Bush en una incómoda posición, ya que aunque
el Senado no lo ratifique, también le ata de pies y manos para hacer
algo en contra. Tal es el caso de la ley ASPA que, encabezada por el
polémico senador Helms, autopermitiría a EEUU llegar a invadir La Haya
para rescatar a uno de sus ciudadanos o aliados llevado contra su
voluntad ante juicio. Oyendo las declaraciones del senador puede saberse
el sentir político de EEUU hacia estos foros: "El Tribunal Penal
Internacional es un monstruo, tenemos que descuartizarlo antes de que
crezca y acabe devorándonos". ¿A qué se debe esa oposición desmesurada?
¿Qué tiene que temer? En palabras de la profesora Martín, "para ellos
eso es peligroso porque son la gran potencia del mundo, están presentes
en todos los conflictos y a veces actúan de una manera que no siempre es
conforme al derecho internacional. Como son los que más intervienen, los
que tienen desplegadas más tropas en el extranjero y más bases militares
fuera, temen que los primeros en ser procesados sean sus soldados, sus
jefes militares o incluso ministros involucrados en crímenes
internacionales". Y es que aunque EEUU no haya ratificado el Estatuto,
si sus soldados se encuentran en algún país que sí lo haya hecho, éste
tiene la obligación de entregarlo a la CPI, si renuncia a juzgarlo en su
propio territorio.
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Foto: (c) MSF |
Las carencias de la nueva justicia
Pese a que la creación de la nueva CPI supone un gran avance jurídico,
no es la mejor ley que podría tenerse. José Carlos García Fajardo,
presidente de la ONG Solidarios y profesor de Pensamiento Político y
Social en la Universidad de Madrid, nos hace la introducción: "Su sede
estará en La Haya y sus actuaciones comenzarán a partir del próximo 1 de
julio. Pero sólo podrá juzgar los crímenes contra la humanidad que
sucedan a partir de esa fecha. No tendrá jurisdicción sobre los
cometidos con anterioridad y cuyos autores viven entre nosotros, a pesar
de que dichos crímenes nunca prescriben. Esta es una de las más grandes
limitaciones con las que nace este necesario Tribunal Penal
Internacional. Pero hay otras más que tratarán de limitar sus
competencias o anular su eficacia". Hay que tener en cuenta que el texto
con el que se fundó la CPI recoge sólo los puntos donde todos los países
estaban conformes, por lo que no son considerados crímenes la agresión,
el terrorismo o el narcotráfico, al no haber acuerdo. En la misma línea,
una de las carencias más graves es el no considerar como crimen de
guerra la utilización de armas de destrucción masiva, ya que las
potencias nucleares -Francia, Reino Unido, Rusia, EEUU...- consideraron
que en un supuesto muy grave tienen derecho a utilizar sus armas
nucleares en legítima defensa. Con lo cual la CPI supone un avance
legislativo en el que no hay vuelta atrás, pero al que aún le queda
mucho por recorrer. "Una vez más, tocará a la sociedad civil organizarse
para denunciar estas violaciones, amenazas y ataques a pesar de la
impresionante e inmoral campaña mediática que EEUU ejerce sobre los
grandes medios de comunicación. Junto a la celebración por la creación
del Tribunal Penal Internacional debemos permanecer alerta pues quienes
temen a la acción de la justicia es porque albergan intereses perversos
e inconfesables", declara García Fajardo. ∆ |
