l Poder Judicial expedienta por falta
muy grave a tres magistrados de la Sala Cuarta de la Audiencia Nacional. El
Ministro Rajoy hace unas declaraciones acusando a estos jueces de entorpecer
la labor policial que se estaba llevando a cabo en aquel momento con "El
Negro", el narco fugado. Después de estos hechos, más de trescientos
juristas elaboran un manifiesto donde acusan al Ejecutivo de interferir en
la actuación de la justicia. ¿Qué está pasando en la Audiencia Nacional?
Margarita Robles, magistrada de la Audiencia Nacional y una de las firmantes
de dicho manifiesto nos habla de este tema.
-El Poder Judicial expedienta por falta muy grave a los magistrados
Cezón, López Ortega y Ollero por liberar a "El Negro" y, con inusual
rapidez, son apartados de sus funciones. Recientemente usted y otros
juristas firmaron un manifiesto de apoyo a los jueces suspendidos. ¿Para
denunciar qué?
-Es importante hacer mención a que éste es un manifiesto que ha sido
firmado por más de trescientos juristas: abogados, catedráticos, fiscales y
personalidades del mundo del derecho, no sólo magistrados. Hay que señalar
esto para que se vea que no se trata de ningún acto de corporativismo. Si
hubiera sido realizada sólo por jueces podría haberse entendido como una
acción defensiva de la judicatura y no ha sido así. Nosotros partimos de una
doble consideración. Primero, que ha podido haber un error judicial y si es
así, debería traducirse en las responsabilidades oportunas. En segundo lugar
nos preocupa que de alguna forma se haya tomado esta decisión con los
magistrados de la Sección Cuarta, no por el caso concreto, sino por otras
resoluciones que han tomado estos jueces y han sido en su momento
criticadas. Entendemos que puede haber un cierto embate contra la
independencia del Poder Judicial. El hecho, además, de que se proceda a la
suspensión de estos Magistrados sólo con la admisión a trámite de la
querella, abre un precedente que nunca se había producido. La mayoría de los
firmantes somos muy críticos y pensamos que cuando un juez incurre en una
falta hay que exigirle responsabilidades, pero nos preocupa que detrás de
esto pueda haber un cierto ataque a la independencia del Poder Judicial
cuando se dictan resoluciones que no entran -por decirlo de alguna forma- en
lo "políticamente correcto".
-Hemos escuchado en algún momento hablar de "hostigamiento a la
independencia judicial", que en el caso de estos tres jueces podría estar
debido en concreto a sus decisiones sobre las organizaciones del entorno de
ETA, que por lo visto no fueron del agrado del Ejecutivo.
-El manifiesto recoge la preocupación de que sea el Poder Ejecutivo
el que diga lo que tengan que hacer los jueces. Desde hace muchísimos años
esto no había pasado. No se puede decir en ningún Estado de Derecho -como
hizo el Ministro- que lo que hacen los jueces no le gusta a la Policía. Es
la Policía quien tiene que dar instrumentos a los jueces y deben ser éstos
los que decidan. Sino, nos encontraríamos ante un retroceso en el sistema de
garantías. Hasta hace unos meses nadie dudaba de que el atestado policial
había que valorarlo pero no puede ser una prueba única. Ahora, sin embargo,
parece que nos estamos pasando al extremo contrario en que el atestado
policial tiene que ir a misa. Con todo esto, parece que tenemos la batalla
perdida en la opinión pública porque se ha querido presentar a los jueces de
la Sección Cuarta como delincuentes, corruptos y demás; y a los firmantes
del manifiesto como corporativistas. Esto es un gran error.
-¿Son frecuentes este tipo de "presiones" en la Audiencia Nacional?
-Hombre, más que presiones lo que se está creando es un caldo de
cultivo. Por ejemplo, hay que recordar que cuando el Tribunal Constitucional
dictó la sentencia que puso en libertad a los miembros de la mesa de HB
revocando la Sentencia del Tribunal Supremo, hubo críticas durísimas contra
el TC. Hay varios casos en los que se han dictado resoluciones que no
complacen a determinados sectores... y luego pasa lo que hemos visto.
-En medios judiciales se comenta que tanta rapidez a la hora de
expedientar a estos tres jueces tiene relación con el hecho de que en breve
estaría sobre sus mesas temas como Gescartera o Berlusconi por el caso de
Telecinco. ¿Qué opina usted de esto?
-Ahí cada cual puede sacar sus propias conclusiones. Yo lo único que
digo es que nunca se había producido una suspensión sólo con la admisión a
trámite de una querella. Si con otros jueces no se hizo y en este caso se
hace... Ahí cada uno es libre de pensar lo que quiera.
-Este caso se ha llevado hasta la ONU ante el Relator Especial sobre la
independencia judicial, que piensa mirar con lupa todo lo ocurrido. ¿Es que
hace falta recurrir a instancias internacionales para garantizar la
independencia judicial en nuestro país?
-Espero que una vez que las aguas vuelvan a su cauce exista una
reflexión mucho más serena. Porque si nos cargamos la independencia judicial
-que no quiere decir que los jueces hagan lo que les dé la gana- y a los
jueces que tutelan las garantías; si pensamos que frente a la seguridad, las
libertades tienen que ir en retroceso, es que nos estamos cargando el Estado
de Derecho. Espero que haya una reflexión y serenidad en el país y que no
nos ofusquemos por el espíritu del 11 de septiembre. Nos estamos jugando
mucho. En un estado democrático lo más importante es la tutela de las
garantías. Lo que da grandeza moral al Estado de Derecho respecto a los
terroristas, es que nosotros sí respetamos las reglas del juego democrático.
-A juzgar por los casos que salen a la luz, parece que las mayores
presiones se viven en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
-Yo creo que las presiones directas no existen. Es todo el entorno
mediático que se crea. Como, por ejemplo, las campañas que se hicieron
contra jueces de la Sala Segunda del Tribunal Supremo con el caso Gómez de
Liaño o de Segundo Marey. No es que ningún político llame y diga, sino que
se crea un determinado ambiente en la opinión pública. Ahí los medios de
comunicación deberían ser mucho más responsables. ∆