Hace ya cuatro años que el Ministerio de Medio Ambiente no se reúne
con el Consejo Asesor de Medio Ambiente (CAMA), aunque existe un Real
Decreto que establece que este grupo debe ser informado de los proyectos
legislativos que afectan al entorno natural. En este tiempo han sido
aprobados, sin seguir este proceso, desde el Plan Hidrológico Nacional
hasta la Ley de Residuos. Esta crisis ha tomado un nuevo rumbo desde que
los grupos ecologistas que forman parte del CAMA presentaron una denuncia
ante el Defensor del Pueblo.
El Consejo Asesor de Medio Ambiente
(CAMA) está integrado por personas que representan diferentes sectores de
la sociedad que tienen que ver con el medio ambiente, desde grupos
ecologistas hasta miembros universitarios. El Secretario General de WWF/Adena,
Juan Carlos del Olmo, nos orienta sobre esta actitud mantenida por el
Ministerio de Medio Ambiente y la denuncia aceptada por el Defensor del
Pueblo.
-¿Por qué han tenido que pasar cuatro años sin reuniones para que
formalizáseis la denuncia?
-Porque lo hemos intentado por todos los medios, pero la situación se
ha hecho insostenible ya que el Ministerio ahora tiene mucha prisa en
sacar lo que se llama la Estrategia de Desarrollo Sostenible. Y es que
este año el Gobierno Español va a ostentar la presidencia de la UE, y una
de las cosas que tiene que presentar es esta estrategia que dimana de la
Cumbre de Río del 92. Pero, según las bases establecidas, no es concebible
una estrategia de desarrollo sostenible para un país si no ha habido un
proceso abierto de participación pública.
-¿En qué situación se encuentra esta Estrategia?
-En tres meses quieren tenerla aprobada a matacaballo, pero para
nosotros eso no es un proceso de participación pública. Lo que hicieron es
ponernos encima de la mesa un tocho y preguntarnos qué opinábamos. Y esto
no es lo que nosotros deseamos, nosotros queremos participar desde la
base, desde el CAMA, que es el órgano creado para hacer este tipo de
cosas. No queremos participar desde una reunión completamente informal, y
sin tiempo para trabajar cosas tan gordas como cuál va a ser el modelo de
desarrollo de este país de aquí a 50 ó 60 años. Participar directamente en
este tipo de asuntos es un derecho que tenemos y que hemos reclamado por
activa y por pasiva al Ministro, así que sólo nos ha quedado la vía de
acudir al Defensor del Pueblo, que ha aceptado la queja porque le ha visto
base.
-Aparte de este Plan Marco de Desarrollo Sostenible, ¿qué leyes en
contra de principios básicos medioambientales han sido aprobadas sin
informar al CAMA?
-Pues muchas, desde el propio Plan Hidrológico Nacional (PHN) que ha
sido tan discutido y al que nosotros nos oponemos, hasta la Ley de
residuos, la Ley de impacto ambiental o la Ley de infraestructuras. El PHN,
por ejemplo, es una cosa de la que tendría que haber estado informada el
CAMA, pero si sacamos un dictamen negativo, el propio Ministerio tiene un
problema. Entonces cuanta menos opinión, menos participación y menos
información haya, pues mucho mejor para sacar adelante sus proyectos.
-¿La política medioambiental en España sigue las directrices europeas?
-No sigue el espíritu de respeto al medio ambiente, ni existe en
España entre nuestros políticos el nivel de evolución ni de concienciación
sobre el respeto al medio ambiente que ya ha adquirido la propia UE. Lo
que pasa es que España está obligada a trasponer las propias directivas
europeas y convertirlas en Ley en nuestro país, con lo cual no tiene más
remedio, aunque la filosofía de fondo sigue siendo muy diferente. Ahí
tienes el PHN o el Plan de infraestructuras, que tenemos recurridos y
denunciados en Bruselas, porque creemos que van en contra del espíritu de
lo que la UE pretende en cuanto a defensa del patrimonio natural.