Las universidades privadas tendrían que desaparecer, o en caso contrario, exigir la misma nota por carrera que las públicas, para evitar así que sean los hijos de las personas que tienen un mayor poder adquisitivo los que tengan en sus manos la posibilidad de acceder a carreras que por sus méritos académicos no podrían realizar.

LA LEY DEL CASTILLO
POR JOSE ROMERO SEGUIN

Legislar es la máxima expresión de gobernar, y gobernar la de mandar, y mandar la de imponer, e imponer la de dictar, y dictar no es sino una de las más groseras formas de trascender. Pero cuando se tiene poder, cómo sustraerse a la tentación de poner tu nombre a una ley, y más si esa ley regula algo tan esencial como es la vida universitaria. Por eso, la "seño" del Castillo, ministra de la "cosa", no ha querido dejar pasar la ocasión para hacerse su Ley.
La Ley del Castillo, Kafkiana coincidencia que revela cierto paralelismo, entre la célebre novela y la célebre Ley, en lo dramático, absurdo y claustrofóbico de su contenido. Elimina el selectivo y pone una reválida y una prueba selectiva en cada universidad, defiende según parece lo privado en detrimento de lo público, y sustituye la endogamia profesional por la injerencia partidista. Si es así, estupendo ejemplo de mutación del mundo cotidiano para hacerlo incomprensible, pero de eso se trata, no. Debería, aunque esta sea su hora, entender la "seño" del Castillo, adicta a la fama, que los catedráticos, doctos como ella en la materia, también tienen derecho a trascender, y si no pueden legislar, si pueden al menos gobernar sus feudos y establecer las pautas sucesorias con arreglo a su divino criterio. No conozco el texto completo de la Ley, y observo que no hay excesiva urgencia por darlo a conocer por ninguna de las partes en conflicto, pero afirmo, y de eso no me cabe la menor duda, que los estudiantes, los estudiantes digo, tenían ya razones más que suficientes para manifestarse antes de la famosa LOU. Y no sólo ellos, sino un grupo, por cierto mayoritario, de ciudadanos que no pueden pagar a sus hijos una universidad privada. Y aún esos que lo pueden hacer, y que si fuesen mínimamente no ya coherentes, sino previsores, tendrían en cuenta que en un futuro no muy lejano, van a ser esos hijos suyos que sacaron la carrera a costa de dinero, los profesionales que les van a prestar servicios vitales.
La discusión está a mi juicio en si se entiende la universidad como una máquina de hacer profesionales, o es por el contrario un lugar donde se combina la formación científico-técnica con la humanista. Y si su acceso se regula bajo criterios de cantidad o de calidad.
Si la cuestión es permitir el acceso a las distintas carreras a los mejores, se debería empezar por impedir que una persona que ha sacado un cinco de media entre el selectivo y el bachiller, y dicha nota no le llegue para acceder a una universidad pública, donde piden para realizar esa carrera un 7.67, pueda hacerla en una universidad privada. Puesto que ello supone una discriminación brutal respecto a ese otro alumno que sacó un 7,66 y que teniendo mucho mejor nota que él se le impide el acceso, al no poder sus padres hacer frente al elevado coste de la universidad privada.
Si buscamos a los mejores, no podemos permitir que por la puerta de la peseta o el euro, se cuelen los mediocres, porque una vez que estos jóvenes obtengan su titulación en la universidad privada, serán de pleno derecho, médicos, abogados, economistas, arquitectos, profesores, etc., es decir, la élite del mundo laboral, y tendremos que soportarlos y aceptarlos como los mejores, puesto que otros no hay, mientras que hemos dejado en la cuneta a otros muchos con mejor historial académico y hasta mejor disposición vocacional.
Todos deberían tener derecho a intentar realizar la carrera que su instinto vocacional les pide, pero si no se puede, y se restringe el acceso a ella a miles de jóvenes siguiendo criterios selectivos tan restrictivos, no se pude consentir que se burlen los controles por la vía de las universidades privadas.
Las privadas tendrían que desaparecer, o en caso contrario, exigir la misma nota por carrera que las públicas, para evitar así que sean los hijos de las personas que tienen un mayor poder adquisitivo los que tengan en sus manos la posibilidad de acceder a carreras que por sus méritos académicos no podrían realizar.
Y en esto todos tenemos algo que decir, porque todos vamos a ser clientes de esos futuros profesionales, y no hay derecho a que tengamos que soportar a personas que de entrada están bajo sospecha, la de no haber sido capaces de alcanzar en el ámbito público el nivel exigido para acceder a la profesión que desempeñan. Esta sospecha puede ser injusta por genérica, pero que no por ello deja de ser cierta, dentro del ámbito de rigidez e injusticia que supone el actual sistema de selección, claramente restrictivo.
Al margen de otras consideraciones sin duda esenciales, entiendo que la justicia, en éste, como en otros muchos casos, comienza por la igualdad de oportunidades, algo que hoy por hoy no existe.
Se deben combatir las injusticias, no las leyes, por que aceptadas unas, las otras no vienen sino a regularlas, a darles carta de naturaleza. ∆