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Usted
llega a casa por la noche y enciende la luz.
Calienta la cena en el microondas, se sienta a ver la televisión... Y mientras
hace todo eso, el contador sube. Muchos actos cotidianos implican usar la
electricidad, y por eso hasta el más pequeño consumidor está obligado a
instalar un equipo de medida en su casa, para que la factura que reciba esté de
acuerdo a su consumo. Ese contador se puede alquilar o comprar, y los
particulares suelen optar por el alquiler. Son unas cien pesetas, una cantidad mínima
desde el punto de vista del consumidor, pero un fuerte ingreso para las compañías
eléctricas que la cobran; también para los fabricantes, que ven como sus
productos se venden igual. Es un negocio seguro que ahora está siendo
cuestionado.
La posible trampa salta
a la luz por una denuncia que pone un ex-trabajador del sector eléctrico,
argumentando que el precio de los contadores es abusivo. A raíz de esta
denuncia, la UCE (Unión de Consumidores Españoles) ha elaborado un informe que
combina las cifras comparativas con un relato casi policiaco, en el que pone de
manifiesto el oscurantismo que hay en torno a este tema. En el informe hay
muchas preguntas, pocas con respuestas claras, muchas conjeturas y poca forma de
probarlas. Y hay, sobre todo una llamada a la transparencia del Ministerio de
Industria. Teniendo en cuenta que
el Ministerio fija un precio para los alquileres, un máximo del 1,25% del
precio de venta, también es posible hacer la operación inversa: calcular el
precio de venta a partir del alquiler. Por ejemplo, según los cálculos de la
UCE, un contador de tarifa simple costaría poco más de 8.000 pesetas. Con
estas cifras en la mano, el informe cuenta el difícil camino de la verificación:
en las tiendas de material eléctrico no se vende ninguna clase de equipo
disponible en alquiler, de modo que la UCE se dirige a los almacenes de
suministros, casi inaccesibles para el particular. El precio orientativo para
ese contador simple resulta ser de unas 11.000. Tres mil pesetas más que las
estimadas, pero a esto hay que sumarle el 27% de impuestos y los gastos de
instalación, que por supuesto corren por cuenta del usuario. Ante tanta
complicación y semejante desembolso, el usuario en cuestión suele optar por un
sencillo alquiler de unos veinte duros.
Pero para una visión global del asunto hace falta introducir un elemento más:
los precios sobre los que se calcula el alquiler, que son precios de catálogo y
no reales. Esto quiere decir
que esos veinte duros están calculados en base a un precio irreal, ya que el
mercado siempre es al por mayor -ya hemos visto que las ventas a particulares
son mínimas, por no decir inexistentes- y por lo tanto se beneficia de
importantes descuentos. Según informaciones confidenciales de la UCE,
pendientes de confirmación, los contadores de tarifa simple cuestan unas 5.000
pesetas en el mercado.
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Resumiendo:
como al usuario se le pone difícil y caro comprar un equipo de medida, opta por
alquilarlo, convirtiéndose en una fuente de ingresos segura para las compañías
eléctricas. Además, el precio de alquiler parece estar calculado muy por
encima de lo que deberían, de modo que los ingresos son aún mayores. Si
realmente se cumpliese lo del 1,25% del precio de venta, el contador estaría
amortizado en menos de siete años. A partir de ahí, lo que siga cotizando el
particular durante el resto de su vida son ganancias limpias para las compañías
eléctricas. Sea como sea, ellas siempre ganan.
La solución a este enigma pasa por la transparencia de las empresas eléctricas,
pero sobre todo por la libre competencia, que hará que las compañías ajusten
precios para atraer al consumidor. En la práctica esa competencia no afecta
para nada al pequeño consumidor, ya que el mercado está en manos de tres
grandes compañías -Endesa, Iberdrola y Unión Fenosa-, repartidas por todo el
territorio de modo que comparar servicios y contratar con quien mejor nos
parezca es casi una utopía. Eso sólo lo pueden hacer las grandes empresas, y
no todas: de hecho, ha habido que modificar el calendario de la liberalización,
porque en tres años sólo ha abierto mercado para 8.000 grandes consumidores,
de los veinte millones de usuarios que hay. El usuario doméstico, que es quien
paga la energía más cara y está más indefenso ante los defectos del
servicio, no tiene más remedio de momento que aguantar con lo que tiene.
Mientras, la denuncia sigue su curso y esperamos el veredicto; a ver si arroja
algo de luz sobre el asunto.
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