LAS CARCELES 
DEL TERROR

170.000 presos comunes sufren constantes violaciones de derechos humanos en un sistema penitenciario con capacidad sólo para 74.000.

Texto y fotos: Amnistía Internacional

El 10 de diciembre de 1998, día del 50 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 400 reclusos de la cárcel municipal de Osasco, en São Paulo, fueron arrastrados fuera de sus celdas por la policía y obligados a correr entre dos filas de policías que, a medida que pasaban, les propinaban golpes y patadas, observados por el juez que autorizó la "operación". Los policías gritaban "hoy es el día de los derechos humanos, y éstos son los derechos de los presos".
Así comienza un informe de Amnistía Internacional que denuncia que los presos son las víctimas olvidadas de las violaciones de los derechos humanos en Brasil. Hacinados en celdas insalubres, viven con el temor a ser atacados por otros reclusos o por los agentes de la autoridad. El informe desgrana auténticas historias de terror, pero señala también casos en los que se han logrado, pese a los escasos recursos, condiciones humanas de reclusión, lo que demuestra que las soluciones son posibles.
Brasil cuenta con unos 170.000 presos comunes recluidos en más de 500 prisiones y en miles de comisarías de policía y cárceles municipales que sólo tienen capacidad para unos 74.000. Cada año se producen decenas de muertes bajo custodia, pero la mayoría ni se investigan ni se documentan. Los funcionarios no se atreven a entrar en algunos recintos, convertidos en cotos controlados por los presos más violentos. Motines y fugas periódicas se saldan con baños de sangre y con frecuentes actos de brutalidad policial. 

Violencia "usual"

Un ejemplo: el 29 de mayo de 1998 estalló una lucha entre bandas rivales en la prisión de máxima seguridad de Barreto Campelo, en Pernambuco; murieron 22 presos y 13 resultaron heridos. A nueve los quemaron vivos. El secretario de Justicia del estado comentó que ese tipo de incidentes era "usual" y culpó al exceso de reclusos y a la escasez de personal: 23 funcionarios de prisiones y 9 policías militares vigilaban una prisión con más de mil presos de máxima seguridad, el doble de su capacidad.
La Policía Civil utiliza sistemáticamente la tortura para extraer confesiones. En las prisiones y comisarías también se recurre a las palizas para controlar a un número siempre en aumento de detenidos. El sistema en sí ofrece escasa protección a los presos para que denuncien violaciones de derechos humanos.
Las condiciones de reclusión constituyen por sí mismas un trato inhumano. Los detenidos corren peligro de contraer enfermedades mortales como la tuberculosis o el SIDA y quienes ya las sufren no reciben un tratamiento adecuado. Reclusos parapléjicos han muerto bajo custodia por falta de asistencia médica.
Otro ejemplo: a varios presos parapléjicos recluidos en el Hospital Central de la Penitenciaría Estatal de São Paulo les negaron deliberadamente la asistencia médica, lo que provocó lesiones graves e incluso muertes, según una investigación realizada en marzo de 1999 por la Fiscalía del estado. Uno de los parapléjicos no había sido sometido a examen médico durante más de dos años. La responsabilidad de la atención recaía sobre otros presos. El tratamiento improvisado para las escaras, que todos ellos sufrían consistía en aplicar una mezcla de café en polvo y azúcar sobre las heridas en carne viva, y cortar la carne descompuesta. Las escaras iban empeorando con el tiempo, y la carne llegaba a pudrirse hasta el hueso. Los presos se fabricaban sus propias sondas urinarias generando graves infecciones.

Mujeres y niños

Las condiciones de reclusión no son mucho mejores para las mujeres y los niños. Las prisiones no están preparadas para atender a necesidades específicas de las reclusas, como la atención prenatal, y no se toma en cuenta la responsabilidad que las mujeres tienen en la atención básica a la familia. Los niños muchas veces son detenidos porque los policías consideran que pueden correr peligro o que pueden haber cometido un delito. La espera de 45 días en un centro de detención lúgubre y sucísimo suele ir seguida de una orden de reclusión en condiciones similares a las anteriormente descritas.
El desprecio que muchas personas manifiestan hacia los delincuentes se aprovecha para justificar los tratos más espantosos a que puede someterlos la policía. Varios políticos han hecho incluso campaña utilizando el eslogan: "El único delincuente bueno es el delincuente muerto".

Prisiones sin control 

Hay muchos centros que, en la práctica, están dirigidos por un pequeño grupo de presos violentos. Según un estudio, la mayoría de las víctimas de los "incidentes penitenciarios" son presos, y los propios reclusos son responsables de más del 80% de estas muertes bajo custodia. En muchas prisiones grandes, los pabellones de las celdas son zonas vedadas para los funcionarios y son controladas por los "presos de confianza".
En marzo de 1999, por ejemplo, la Fiscalía del estado de São Paulo recomendó  que se juzgara a dos altos cargos del departamento de prisiones por no haber intentado impedir las actividades de una banda de presos violentos que actuaba en cárceles y comisarías, a pesar de que las conocían desde febrero de 1997. El grupo, conocido como Primeiro Comando da Capital, organizaba motines y fugas, ordenaba y cometía asesinatos de otros reclusos y traficaba con drogas y armas.
Otro ejemplo: los reclusos del ala Céu Azul de la penitenciaría masculina de Manaus afirmaron que la dirección de la prisión utilizaba a ciertos presos para golpear y castigar a los otros "el alcalde no hace más que decir "prefiero matar a la serpiente con su propio veneno, para no mancharme las manos". Los presos "de confianza" incluso han apuñalado a otros presos, porque el alcalde les permite llevar armas".

 La solución es posible

La crisis del sistema penitenciario ha provocado un debate social y político en Brasil, comisiones de investigación incluidas, además de un programa de construcción de prisiones. Se ha reformado la legislación para permitir a los jueces aplicar penas alternativas a la prisión para los delitos menos graves, aunque se aplica de forma muy desigual.
Pero tales medidas no parecen suficientes. Algunas prisiones pequeñas, administradas por fundaciones benéficas, han demostrado que hay soluciones. Por ejemplo, la Penitenciaría Juiz Plácido de Souza, en Caruaru, Pernambuco, alberga a muchos más presos de los que admite su capacidad (202 reclusos en un espacio concebido para 50) Voluntarios cubren la falta de asistencia letrada gratuita y de personal médico, y cada turno está cubierto por tan sólo dos funcionarios de prisiones. Pese a ello, los administradores de la prisión han conseguido reducir la violencia. Muchos presos trabajan en la elaboración de artesanía regional o en un programa de reciclado de trapos para limpiar automóviles. También hay un programa educativo. La cifra de reincidencia es muy baja, del 10 por ciento (esta cifra llega a alcanzar el 70 por ciento en otros centros).
Quizá la principal innovación es el esfuerzo para apoyar la relación de los presos con sus familiares. A la prisión se le ha dado un entorno lo más acogedor posible, y se organizan días especiales para los niños con talleres de arte y teatro. En una ocasión, los funcionarios de la prisión incluso acompañaron a los reclusos y a sus hijos a visitar el zoo local. La participación de organizaciones no gubernamentales y grupos comunitarios en estos establecimientos demuestra que es posible introducir cambios incluso con recursos limitados y escasez de personal.