Vale la pena refrescar nuestra memoria para recordar que a finales de 1997 tuvo lugar en nuestro país un fenómeno social sin precedentes. La muerte de Ana Orantes, quemada viva por su marido, conmocionó a la opinión pública. También ella le había denunciado por televisión. En las principales ciudades españolas cientos de ciudadanos salieron a la calle para reclamar protección para las víctimas y el fin de la violencia doméstica. Las diputadas de todos los partidos se unieron para pedir reformas legales. Los medios de comunicación empezaron a prestar atención a un problema tradicionalmente silenciado. "Sólo es la punta del iceberg", advertían los responsables de los servicios sociales. Se conocen únicamente los casos que se denuncian. Y se denuncian muy pocos.

Han pasado ya dos años, y la sensación de impotencia no ha variado.
Hoy por hoy, las noticias sobre malos tratos a las mujeres aparecen en la prensa por oleadas. Sólo cuando llega la sangre al río y se comete un crimen con premeditación, alevosía, recochineo, tracas y poco menos que anuncios por megafonía, entonces se produce un estallido de indignación popular que dura un poco más o un poco menos, pero que acaba extinguiéndose sin que se hayan tomado realmente medidas eficaces para evitar males futuros.
Poco a poco, con demasiada lentitud, la sociedad va tomando conciencia de un problema que miles de mujeres viven todos los días en silencio. Tanto desde los medios de comunicación como desde los diferentes organismos se las anima a hablar, a romper el aislamiento de los cuatro muros de su casa, sin embargo una vez dado el primer paso, o bien no se dispone de medios, o bien no existe la agilidad suficiente para hacerlos funcionar, o bien no hay una voluntad clara de ponerse de parte de la víctima potencial en vez de facilitarle la labor al potencial agresor.

¿Quién tiene la culpa? Cuando sucede algo grave vuelven a revisarse sentencias antiguas que ahora parecen absurdas, pero que entonces nadie se preocupó de rectificar. Resulta sorprendente que a la juez de Vigilancia Penitenciaria que le aseguró la libertad condicional a este homicida reciente, que ya en una ocasión le había pegado cuatro tiros a una novia embarazada, la recibiesen con ovaciones en un día en que deberían haber declarado una jornada de reflexión, a la que una parte de los jueces españoles se ha sumado ya. No es tolerable una respuesta corporativa: tapar las deficiencias del sistema o esconder las reponsabilidades personales. Ningún juez puede lavarse las manos diciendo que "se ha limitado a aplicar las leyes". Mientras la justicia, o parte de ella, no admita su responsabilidad en casos como estos, no hay nada que hacer. La indefensión que padecen las víctimas de los malos tratos domésticos es una derrota del sistema, que se muestra incapaz de dar la mano a quien solicita ayuda. Los entresijos de la justicia, sus complicados métodos y razonamientos, son un misterio para la mayoría de los españoles, que sin embargo sí entienden el lenguaje del miedo y sí distinguen cuando la judicatura olvida el lado humano de su labor.