Este año entra en vigor una directiva de la Unión Europea que reconoce las patentes sobre la vida, y hace dos prohibiciones explícitas: la clonación y modificación genética de seres humanos y el uso de embriones humanos para fines industriales. Si hace falta prohibirlo es que es posible y las aplicaciones económicas parecen no tener fin. Las patentes aseguran el futuro de esta nueva industria.
Los motivos para patentar tanto células y genes humanos como semillas vienen a ser los mismos: se cree que los beneficios de la terapia génica serán millonarios en un futuro relativamente cercano. De nuevo las patentes se hacen imprescidibles para que esta nueva industria sea rentable.

El bloqueo es uno de los problemas más importantes. Las empresas patentan un gen en cuanto lo aíslan, aún sin conocer sus aplicaciones. Los científicos tienen que pagar en la medida en que su investigación se va encontrando con material genético patentado. Y si no pueden pagar no investigan. Punto. Las empresas tienen derecho legal para denegar el uso de "sus" genes a quien no pague las licencias. De esa manera controlan los posibles descubrimientos y se reservan en muchos casos derechos sobre su aplicación comercial. Las investigaciones quedan paralizadas hasta que todos los intermediarios se han asegurado su porción del pastel. Es lo que se llama vivir de rentas, versión siglo XXI.

La bioprivatización o biopiratería, que es especialmente feroz con los indígenas. Al menos el 80% de la población mundial depende de plantas manejadas por indígenas para atender sus necesidades médicas, y al menos la mitad de los habitantes del planeta usan semillas y productos agrícolas descubiertos por pueblos indígenas. Las industrias del norte -con las farmacéuticas a la cabeza-, se han dedicado a enviar corresponsales a las aldeas indígenas para conseguir conocimientos sobre plantas. Así acceden al uso de las más de 35.000 especies vegetales. Las localizan en esas tierras desconocidas. Para elaborar un medicamento, las empresas centradas en el sector farmacéutico necesitan estudiar diez mil plantas. En cambio, si se cambia el laboratorio por el Amazonas o Papúa Nueva Guinea y se consulta a sus chamanes, se elabora una fármaco por cada dos plantas que se estudian. Se reduce el tiempo, se reduce el gasto -que suele ascender a 230 millones de dólares-, y el producto sale antes porque el trabajo de investigación ya lo han hecho los médicos indígenas durante cientos de años. De esta manera las empresas farmacéuticas facturan casi nueve billones (con "b") de pesetas. Por supuesto, ellos no reciben jamás un duro. Una vez que la planta en cuestión sirve para algo, la empresa la patenta y los indígenas pueden llegar incluso a tener que pagar cantidades astronómicas por consumir algo que hasta hace poco le regalaba la tierra. Es un futuro posible.

La agricultura biotecnológica se presentó en su día como la varita mágica para solucionar el hambre en el mundo. Sin embargo, es evidente que de momento no sólo no ha conseguido tan noble propósito, sino que además va en camino de arruinar el modo de vida de millones de agricultores en todo el mundo, que se enfrentan a un sistema pensado para los grandes, no para los pequeños. Las multinacionales pelean encarnizadamente por situarse a la cabeza del sector, y asegurarse de cara al nuevo milenio un buen puesto como intermediarios imprescindibles entre el hombre y la tierra. La feroz batalla para hacerse con las patentes de los nuevos descubrimientos es la prueba de que los intereses económicos siguen estando por encima de los intereses humanos. Son muchas ya las voces, tanto de organizaciones como particulares, que piensan que si no somos capaces de establecer una diferencia entre la fórmula de la Coca-Cola y el genoma humano, es muy posible que no estemos preparados para seguir adentrándonos en los secretos de la vida.