El periodista Manu Leguineche -corresponsal y testigo de muchas guerras- recoge en su libro "Los ángeles perdidos" el testimonio de varios niños bosnios que presenciaron la repetida violación de sus madres y hermanas, que vieron cómo se llevaban a sus padres y hermanos mayores a los nuevos campos de concentración que, como luego tuvimos oportunidad de ver a través de la televisión, no tenían nada que envidiar a los campos de exterminio nazi. Alik -un refugiado de trece años- relata a Leguineche cómo los soldados serbios llegaron un día a su casa y le prendieron fuego. "Después nos metieron en un tren -relata el joven-; una vez allí, ordenaron a los hombres que se tumbaran. Eligieron a los que se disponían a matar, entre ellos a mi tío y a un vecino, los ametrallaron. Después los soldados ordenaron que los hombres se situaran en los vagones delanteros y las mujeres y los niños en los últimos. Cuando arrancó el tren, desengancharon el convoy de las mujeres y se llevaron a los hombres al campo. Yo lo vi todo". En Ruanda desgraciadamente vimos cómo se repite la barbarie. En plena guerra civil el Gobierno ruandés planificó fríamente el genocidio de más de un millón de personas, la mayoría tutsis, que fueron ejecutados por el propio Ejército y las milicias extremistas. Se estima que entre 250.000 y 500.000 mujeres fueron violadas, sufrieron injurias, enfermedades venéreas, así como problemas psicológicos y exclusión social. Los niños fueron también objetivo militar. Muchos niños nacidos de parejas hutu-tutsi fueron asesinados por sus padres, bajo presión de las milicias radicales. Alrededor del 96% de los supervivientes, testigos de torturas y matanzas de familiares y amigos, sufrieron graves traumas psicológicos. A finales de 1995, en Ruanda había 47.000 huérfanos, según informa el Centro de Investigación para la Paz (CIP).

Radovan Karadzic -presidente de la República Serbia de Bosnia- y su jefe operativo del ejército, Ratko Mladic; el general croata Blaskic, un ex primer ministro de Ruanda, altos mandos de ese ejército y militares de distinto rango, más un gran número de acusados -que todavía no saben que lo son- sobre los que existen expedientes, denuncias y testimonios, han sido acusados de genocidio y crímenes contra la humanidad. Por primera vez en la historia están siendo enjuiciados por Tribunales ad hoc, creados expresamente por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para juzgar los crímenes contra la humanidad ocurridos en la ex Yugoslavia y Ruanda.

Pero la sangre derramada de tantos y tantos inocentes, pone sobre el tapete una vez más la necesidad de un Tribunal permanente que pueda juzgar a personas que violen el derecho internacional y pide a gritos un nuevo sistema de justicia, ya que hasta ahora no existía ninguna organización permanente por la que se pudiese hacer responsable a un individuo que hubiera violado las leyes internacionales. En Irak o Haití, el recurso empleado como medida de presión había sido el de imponer sanciones, embargos o utilizar la fuerza armada. Pero este tipo de acciones han demostrado que dañan más a los inocentes civiles que a los que provocan la violación. Irak -por ejemplo- vivió tras su derrota en la Guerra del Golfo, otro período si cabe peor. Además de ser condenada al silencio y al aislamiento, fue castigada con el embargo económico. Una situación que dura ya demasiado y que está cobrando miles de víctimas, principalmente entre la población infantil.

En este momento, la comunidad internacional se encontró ante una oportunidad que no debía desaprovechar: hacer realidad aquel grito de "nunca más" que la humanidad en pleno había lanzado al mundo después de la pesadilla de la Segunda Guerra Mundial. El lugar para hacerlo efectivo era la Conferencia de Roma. Allí se sentarían las bases para crear un Tribunal Penal Internacional (TPI) permanente. La fecha clave: el 18 de julio de 1998.

En junio dieron comienzo las Conferencias diplomáticas por las que el Tratado Internacional debería convertirse en Proyecto y el 18 de julio, Kofi Annan, Secretario General de Naciones Unidas, presentó al mundo el acta de nacimiento del Tribunal.

El TPI nació muerto para un sector crítico que esperaba más compromisos. Para la gran mayoría es algo razonablemente positivo. Es la gran esperanza del siglo XXI. .