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SUPLEMENTO ASTURIAS
- ENERO 2006
TEMA DEL
MES
Foto: L.G. |
TIMO A LOS COMPRADORES
DE VIVIENDA
La Unión de Consumidores de
Asturias (UCE-Asturias) ha denunciado recientemente que en Oviedo
los compradores de vivienda están pagando de forma ilegal a los
promotores
y constructores tasas que no les corresponden. |
T anto en Asturias como en el resto de
España, promotores y constructores están imponiendo sus condiciones en el
mercado de la vivienda. Muchas de estas condiciones entran de lleno en el
terreno de la ilegalidad. En nuestra región tenemos el ejemplo de la
situación en la que se encuentra el Ayuntamiento de Oviedo. De todo ello nos
habla Dacio Alonso, presidente de la UCE.
-Parece que no acaba de encontrarse una solución
razonable al problema de la vivienda.
-Efectivamente, es uno de los problemas más importantes de los ciudadanos
asturianos, además del empleo. En los últimos años se ha dejado hacer al
mercado, y ello ha posibilitado que los principales actores de ese mercado,
que son los promotores y constructores, obtuviesen el máximo beneficio
posible. El artículo 47 de nuestra Constitución, que habla del derecho a una
vivienda digna, ha sido gestionado fundamentalmente por los promotores y
constructores. Ni en Asturias ni en el resto de España se le ha puesto
ninguna cortapisa a la vivienda libre, sin ninguna intervención pública. Por
tanto, han podido fijar libremente el precio. Eso ha llevado a las familias
asturianas, y españolas en general, a una situación preocupante debido al
nivel de sobreendeudamiento por el impacto del pago de la hipoteca, a la
que, se dedica más del 50% de la renta disponible mensual, y eso durante
treinta años en la vida. Esto es una espada de Damocles que atenta a nuestro
juicio contra la dignidad de las personas.
-¿Por qué se ha llegado hasta ese punto?
-Porque los últimos gobiernos del Estado, en concreto del Partido Popular,
dejaron hacer libremente a promotores y constructores. El artículo 47 de la
Constitución no sólo dice que el ciudadano tiene derecho a una vivienda
digna, sino que insta a los poderes públicos a que intervengan y garanticen
ese derecho. Y al no hacerlo, a las personas no les ha quedado más remedio
que comprar la única vivienda disponible, la vivienda libre. Es tanto como
que uno se compra un coche del precio de un Mercedes, cuando su capacidad
económica es para comprarse un utilitario. El poder público tiene la
responsabilidad de intervenir en el suelo y producir un parque de vivienda
protegida y en alquiler para que esas familias de rentas medias y rentas
bajas, emigrantes y jóvenes, puedan tener garantizado el derecho a la
vivienda. En la actualidad nos parece positivo que haya un plan de vivienda
en el Estado y un plan de vivienda en Asturias. El responsable de lo que ha
ocurrido hasta ahora fue el anterior Gobierno y el responsable de que no
ocurra de nuevo lo mismo tiene que ser el Gobierno actual.
-Dentro de este contexto tenemos el caso de Oviedo.
Recientemente han denunciado que el Ayuntamiento ha llegado a cobrar tasas
ilegales.
-En efecto, un ejemplo de todo esto es Oviedo. Los promotores y
constructores gozan de total impunidad, hacen lo que quieren incluso al
margen de lo que diga la ley, bajo el "pretexto" de que el efecto locomotora
del ladrillo y la construcción genera empleo y aumenta el producto interior
bruto.
"El artículo 47 de
nuestra Constitución, que habla del derecho a una vivienda
digna,
ha sido gestionado fundamentalmente por los promotores y
constructores"
-¿En qué aspectos se detecta todo eso?
-Haciendo un análisis de los cinco últimos años de este municipio y haciendo
una estimación a la baja, se han construido en Oviedo unas cinco mil
viviendas. Estudiando los contratos de compraventa de los compradores de
vivienda hemos visto que en su mayoría aparecen tres cláusulas que el
promotor impone al comprador de vivienda: plusvalía, subrogación de la
hipoteca y enganche de agua. En el contrato contempla la plusvalía de forma
sofisticada y eufemística: "Si la hubiere, la pagará el comprador". Cuando
se sabe que siempre la hay. La ley dice que, la plusvalía es el beneficio
que grava al que se beneficia de la venta; pero curiosamente, el promotor y
el constructor en el contrato de compraventa se la imponen al comprador. Hoy
la plusvalía media en Oviedo está en torno a los 2.000 euros. Si
multiplicamos 2.000 euros por 5.000 viviendas dan un importe de 10 millones
de euros -1.666 millones de las antiguas pesetas- que los compradores de
vivienda estuvieron pagando ilegalmente al constructor y al promotor en
estos cinco últimos años.
-¿Qué se hace con la subrogación hipotecaria?
-El promotor y constructor contrata con una entidad financiera un crédito
hipotecario para hacer el edificio, y cuando lo finaliza liquida lógicamente
esa hipoteca, pero curiosamente impone en el contrato al comprador que se
subrogue en su hipoteca, y no en la que él pueda elegir libremente con una
entidad financiera y con unos intereses y condiciones que le sean más
adecuadas. Esto es ilegal. Hay numerosas resoluciones judiciales y
jurisprudencia abundante que considera que esta cláusula es abusiva y no se
le puede imponer al comprador. La subrogación hipotecaria le cuesta al
comprador una media también de unos 2.000 euros, que para las 5.000
viviendas significan otros 10 millones de euros.
-¿Y de la tercera cláusula qué nos dice?
-Al comprador se le obliga a pagar los enganches de agua de su comunidad de
propietarios. Los enganches de agua vienen obligados a través de una
ordenanza fiscal, la nº 109 del Ayuntamiento de Oviedo. Esta ordenanza
fiscal que en su artículo cinco dice que: el promotor y constructor cuando
solicitan licencia pagarán esos enganches, pero lo hacen a instancias de la
comunidad de propietarios. Es decir, el enganche de agua lo paga
provisionalmente el promotor, pero luego tiene que pagarlo la comunidad de
propietarios. Esa ordenanza fiscal es ilegal y así está manifestado desde
hace mucho tiempo. Lo dice el propio secretario del Ayuntamiento de Oviedo,
que en el mes de julio emitió un informe a petición del propio alcalde, en
el que dice: uno, que la ordenanza es ilegal y que no puede obligarse al
comprador a que pague el enganche del agua. Dos, que la UCE en el 2003
impugna formalmente esa ordenanza fiscal, advirtiendo de la aplicación
ilegal de esta ordenanza. No nos hicieron ningún caso y ni siquiera nos
dieron respuesta. Ahora, a instancias de este informe, para el año 2006 ya
se va a corregir. Y la UCE pregunta: ¿cuándo va a empezar el Ayuntamiento a
devolver a los ciudadanos la tasa del enganche del agua, correspondiente a
5.000 viviendas vendidas, lo que significa en torno a 660 mil euros?
-¿Cómo es posible que un ayuntamiento esté aplicando
desde el año 2001 al año 2005 una ordenanza fiscal que es manifiestamente
ilegal?
-Las dos primeras cláusulas se pueden entender, en el sentido de que es una
imposición abusiva que el vendedor le impone al comprador, pero esta tercera
cláusula se refiere a un ayuntamiento, una corporación de derecho público.
Nosotros hemos pedido formalmente al Ayuntamiento que se anule esa ordenanza
y que además de oficio se les devuelva a todos y cada uno de los ciudadanos
de Oviedo que han comprado un piso la cantidad que indebidamente se les ha
cobrado. Y además le hemos pedido al alcalde que pida disculpas a los
ciudadanos. ∆ |
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