Por Gonzalo Olmos Fernández-Corugedo
Parece que al fin la sociedad española va
cobrando conciencia sobre la magnitud del disparate urbanístico
que en los últimos años ha convertido todo un país en terreno
urbanizable, salvo excepciones. Ha tardado más de lo deseable la
opinión pública en reaccionar, los medios de comunicación en
afrontar el debate, y las instituciones públicas en abrir una
reflexión sobre el camino que llevamos. Y es que el devenir del
desarrollo urbanístico en España es sobre todo una historia de
paradojas de un tiempo a esta parte. Entre 1990 y 2005 la
superficie urbanizada se incrementó en un 40%, pero la población
en España no creció, sin embargo, al mismo ritmo, sino que lo
hizo en un 14% (de 38,8 millones de habitantes a 44,1). El
parque inmobiliario español es más vasto que nunca, con 12
millones de viviendas construidas en tres lustros, pero la
multiplicación de la oferta no ha afectado al precio de la
vivienda, que entre 1996 y 2004 se incrementó ocho veces más que
el crecimiento del salario medio. Nunca hubo tantas viviendas en
pie y nunca antes tantos jóvenes tuvieron las sobrehumanas
dificultades para acceder a este bien de primera necesidad. Pese
a que se han intensificado los controles legales, se ha
desarrollado la normativa relativa a la protección del medio
ambiente, y las exigencias administrativas son superiores, se ha
producido aún así una vía de agua de enormes dimensiones en
nuestro sistema jurídico, que se cifra en 100.000 viviendas
ilegales, horadándose igualmente la confianza en los encargados
de velar por el cumplimiento de la ley.
¿Sobre qué podrido eje gira esta lógica perversa que convierte
el derecho a un techo en un privilegio
y el suelo en objeto de mercado antes que en bien social? |
Asturias no se ha librado de estas fiebres, aunque la calentura
no ha sido tan aguda en esta tierra. Pese a ello, tenemos
algunos ejemplos que nos hablan de este exasperante desatino
urbanístico. El caso de Oviedo es paradigmático. A pesar de
contar con no menos de 14.000 viviendas vacías, y a pesar de que
en 2004 aún no se habían desarrollado o edificado,
respectivamente, 1/3 de los suelos clasificados entonces como
urbanizables o urbanos, se procedió en 2005 a revisar el
planeamiento urbanístico ampliando los suelos urbanizables de
forma muy notable, en todo el municipio, afectando a entornos
eminentemente rurales como San Claudio, La Manjoya o Las Caldas.
Aunque la capital cuenta con un 16% de los edificios en
situación de conservación deficiente, una cifra alarmante, en
lugar de primar la rehabilitación se apuesta por seguir
reclasificando y edificando, convirtiendo el entorno rural del
municipio en hábitat en peligro de extinción.
Si en Oviedo o en cualquier otra ciudad mediana o grande hay
viviendas suficientes para albergar a los jóvenes que demandan
piso; si miles de viviendas están vacías y sin embargo se sigue
construyendo, ¿sobre qué podrido eje gira esta lógica perversa
que convierte el derecho a un techo en un privilegio y el suelo
en objeto de mercado antes que en bien social? Los factores
determinantes posiblemente sean, principalmente, tres. En primer
lugar, la inversión especulativa de capitales ávidos de
rendimientos fáciles y que no están dispuestos a jugársela en
sectores productivos con mayores riesgos. En segundo lugar, la
privatización de la ordenación del territorio y el urbanismo,
fruto de la incapacidad y el desinterés (cuando no la
connivencia) de los responsables municipales para hacer valer
los intereses colectivos frente a los intereses empresariales
particulares. Y, en tercer lugar, la generalización entre los
sectores de rentas altas y medias-altas de la inversión
inmobiliaria como opción económica para obtener rendimientos (de
la futura venta, de los arrendamientos correspondientes, etc).
Conviene decirlo aunque sea incómodo: la acumulación de
propiedad inmobiliaria es cosa de grandes constructoras, cierto,
pero también de algunos sectores privilegiados dispuestos a
pescar en el río revuelto del frenesí urbanístico, sin pararse a
pensar en las consecuencias sociales de sus decisiones o en la
legitimidad moral de las plusvalías obtenidas.
El urbanismo salvaje no es tanto causa del problema, sino
consecuencia de algunas ambiciones desmedidas; de la
admisibilidad social y legal de plusvalías fuera de lo
razonable; y de la consiguiente especulación planeada por una
minoría en perjuicio de la mayoría. ∆ |