-En los medios de comunicación se apunta a un proceso de 'marbellización' de la cornisa cantábrica. ¿Qué hay de realidad en todo esto?
-Es real, a pesar de que políticos y técnicos de la administración estén queriendo desviar la atención sobre esto. Sólo contabilizando unidades de actuación y urbanizaciones contempladas en los planes urbanísticos de los concejos costeros, se construirán 60.000 viviendas. Además hay que contar todo lo que van a crecer los núcleos rurales en los que se están levantando pequeñas urbanizaciones, ya que aunque sea con casitas individuales, su crecimiento está muy por encima de lo que prevé la ley. Todo sumado supone bastante más de 60.000 nuevas viviendas en todo el litoral.

-¿Corre peligro el litoral asturiano?
-Sí, ahora mismo el peligro ya está encima. Ha sido una decisión política y se está cumpliendo. La administración sabe que los procedimientos van a su favor. Nosotros, desde AVALL, iniciamos hace 15 años un procedimiento contra las normas subsidiarias de Planeamiento del concejo de Llanes, y hace 4 ó 5 años lo ganamos. Con ello evitamos que se destrozara mucho más, pero tardaron casi diez años en resolver un contencioso administrativo y en esos diez años se ha construido todo. Ese es el problema. Porque mientras no haya una decisión de la justicia se continúa construyendo sin ningún escrúpulo. Y una vez que hay una decisión, normalmente se recurre al Supremo. El problema es que luego, no se derriba nada.

-Será cuestión de tiempo.
-Sí sabemos que en Cantabria hay doce órdenes de derribo de grandes urbanizaciones, y esta primavera seguramente empezará a caer una de ellas. Es un proceso de mucha polémica que también ha sido largo, pero al final se ha llegado. De alguna manera nosotros queremos hacer saber a la opinión pública que esto también va a ocurrir aquí. El proceso de urbanización parece imparable, porque el dinero está empujando y los políticos hacen la vista gorda, pero nosotros vamos a ser constantes y vamos a llegar hasta el final. Lo que tenga que ser derribado, se derribará.

-Comunidades como Asturias tienen un Plan para el litoral, conocido como POLA. ¿Qué lagunas presenta este plan?
-Para empezar, el POLA cuando se propuso era bastante respetuoso y restrictivo con esta demanda urbanística. A los políticos se les llena la boca con este plan que se supone que protege la línea de 500 metros de costa, pero no es verdad porque no sólo están creciendo los núcleos rurales, incluso se están transformando esos núcleos rurales en núcleos urbanos con capacidad para poder hacer urbanizaciones importantes. Es decir, en la práctica no está ocurriendo así, y no sólo no se están protegiendo esos espacios con el POLA, sino que tampoco se está velando por los llamados 'espacios protegidos'. En la franja costera hay una serie de zonas que están protegidas por decisión europea, los LIC (Lugares de Interés Comunitario) y los ZEPA, lugares de protección de aves, que tienen una normativa a nivel europeo que debería observarse rigurosamente, y eso no se está haciendo. El problema es que zonas protegidas empiezan a tener ya elementos urbanos, y ése es el primer paso para que en la siguiente revisión del Plan se pueda urbanizar.

"Las mayores concentraciones urbanísticas vienen de las grandes constructoras. En los concejos hay otras más pequeñas que se van a ver en la imposibilidad de seguir trabajando."

-¿Qué medidas estáis planteando desde AVALL?
-Pensamos que tiene que haber una moratoria inminente de todo el desarrollo urbanístico que se está planteando, hasta que se pongan en práctica todas las leyes y normativas que quedan por desarrollar para defender espacios naturales. Hay muchos modelos en Europa en los que fijarse.
De momento desde AVALL estamos utilizando otros medios legales para impedir que esto salga adelante, por ejemplo, una vez que se pone en marcha un contencioso, nosotros -lo estamos haciendo en Llanes- automáticamente ponemos unas notas en el registro de la propiedad que digan "esta parcela está pendiente de resolución judicial" y así a ver quién compra. Es una forma de disuadir a la población para que se sepa que a pesar de que han dado el visto bueno inicial, no tienen todas las garantías legales de que vaya a tener un final digno y elegante.
También estamos recurriendo a otras fórmulas, yendo a por los funcionarios corruptos que hay en la administración y a por los políticos que están permitiendo todo esto. Un plan urbanístico no sale adelante si no tiene la firma de un funcionario -llámese arquitecto municipal o secretario municipal- que da el visto bueno. Nosotros ya hemos llevado al banquillo a varios técnicos responsables de determinadas ampliaciones o convenios urbanísticos.

-En todo este entramado ¿qué parte tienen los constructores?
-Está habiendo muchos intereses, es una rueda. Hay grandes promotoras inmobiliarias a nivel nacional que están metiendo el morro aquí porque les interesa. Las mayores concentraciones urbanísticas que se están planteando vienen de las grandes constructoras. En los concejos hay otras más pequeñas que se van a ver ante la imposibilidad de seguir trabajando... En Llanes el año pasado empezó a haber paro entre los trabajadores de la construcción, porque las grandes promotoras y constructoras se traen hasta sus peones.
Y todo esto se hace arreglándolo previamente con el ayuntamiento, que les da una información privilegiada. Es una prueba de que se hace a espaldas del resto de la población. Lo primero son los acuerdos con las promotoras y luego sale el plan urbanístico, ése es el procedimiento, no al revés, que es como debería ser pensando en el bien público.

-Muchas poblaciones van a cuadriplicar su población, sobre todo en periodo estival. ¿Existen estudios sobre consumo de agua, energía y uso de infraestructuras?
-No, la administración sabe que hay una serie de leyes y de normas que se tienen que aplicar y no lo están haciendo. En ninguno de los planes urbanísticos que hemos revisado -y prácticamente estamos revisando todos los de la costa-, hay un estudio de necesidades de agua, obligatorio en la Confederación Hidrográfica del Norte. Y se quedan tan tranquilos, cuando en la práctica está ocurriendo que en verano hay poblaciones que ya no tienen presión de agua. Paralelamente aparece la genialidad de la implantación de campos de golf a lo largo de la costa, cuando los campos de golf son muy agresivos, no sólo porque consumen montones de millones de litros de agua, sino porque además al lado de cada uno de ellos hay una urbanización como mínimo de 400 viviendas.
Y como consecuencia empiezan a multiplicar una serie de infraestructuras que no se necesitan porque se van a utilizar dos meses al año. Tampoco se ha pensado en el tema de los residuos, en lo único que se ha pensado es en las infraestructuras viarias. La autovía es lo que ha provocado el aluvión de turismo de segunda residencia, que es lo que va a masificar toda la costa.

-Llanes es el ejemplo más claro de especulación urbanística.
-Sí, porque es el primero. Nosotros hace ya 14 años alertábamos sobre el desarrollo que se estaba planteando, nos parecía depredador, y ahora lo estamos viendo ya en la práctica. Las segundas residencias son las que están machacando la costa, consumen mucho terreno y energía, y se hacen exclusivamente para especular, porque en la práctica la mayoría de los que compran la segunda residencia la ponen a su vez en alquiler.
Es muy descarado lo que se está haciendo en Llanes, pero hay otras actuaciones en la costa que aún lo son más. Sin ir más lejos, Caravia, es un desastre total. Es un concejo muy pequeño, y con lo que se va hacer se cuadriplicará la población.

-¿Se pueden crear poblaciones fantasma?
-Sí, pero no les importa porque se está haciendo puramente para especular. Da lo mismo que efectivamente se llene todo de cemento y que se use sólo uno o dos meses al año.

-Con este panorama ¿qué medidas va a tomar vuestra plataforma?
-Cada vez que sale un plan urbanístico en un concejo, o la aprobación de un plan parcial absolutamente machacante, nos personamos para que vean que los vecinos de allí no están solos, que somos todos los que estamos alegando. Además, en este caso AVALL se ha ganado a pulso ser una asociación de utilidad pública y por tanto tenemos justicia gratuita, que ofrecemos al resto de las asociaciones. Normalmente cuando se llega a un contencioso uno de los problemas grandes es el económico. Si nos personamos con justicia gratuita vamos a avanzar y los políticos se lo van a pensar dos veces.
También desde ACA vamos a plantear que podamos participar en organismos desde los cuales se estén decidiendo las cosas, como la CAMA, y sobre todo la CUOTA, que es la que da el visto bueno a todos estos planes urbanísticos.