-¿Qué se entiende como Salario Social Básico?
-Se trata de una prestación económica periódica que garantiza unos ingresos mínimos sobre la base de la unidad económica de convivencia. Formalmente ése es el derecho que regulamos. Por otro lado, una de las características del modelo social europeo es que cada territorio define el umbral por debajo del cual se complementan los ingresos de la unidad de convivencia.

-¿Quiénes pueden ser beneficiarios de este salario?
-Todas las familias y las personas miembros de la unidad de convivencia que se encuentren en situación de pobreza grave y severa, es decir, los que disponen de unos ingresos inferiores a un tercio de la renta media disponible. Con carácter general, los titulares pueden ser todas las personas mayores de 25 años con residencia legal en el Principado de Asturias y que reúnan una serie de requisitos, obviamente uno de los cuales es la prueba de necesidad. Para edades inferiores a los 25 años, el anteproyecto de ley prevé que también podrían ser beneficiarias aquellas personas en situación de orfandad absoluta; quienes constituyan una unidad de convivencia independiente que tengan menores o personas dependientes a cargo; discapacidad reconocida en grado igual o superior al 45%, y otras situaciones, como las de menores de 25 años que concluyan su estancia en instituciones tutelares de menores o en instituciones penitenciarias. Otra situación, que está pendiente de alegaciones y que podría incorporarse también es la de personas menores de 25 años que hayan sido objeto de violencia doméstica. Estamos hablando de una ampliación del universo de beneficiarios muy notable.

-¿Qué obligaciones contraen dichos beneficiarios?
-Son variadas y de distinta realización según el tipo de nivel del beneficiario. Una, inevitable, es destinar la prestación a los fines que vienen establecidos en la ley, que es dar cobertura de las necesidades básicas. Otra obligación es informar a la Administración de las alteraciones de su situación: empadronamiento, cambio en el número de miembros de la unidad de convivencia o alguna novedad de ingresos que procedan de otras fuentes; no obstante la Administración hará sus comprobaciones periódicas. Otro punto es participar activamente en la ejecución de las medidas personalizadas o programas personalizados de incorporación social que se acuerden entre el beneficiario y el centro de servicio social correspondiente. Luego está, lógicamente, recuperar la prestación indebidamente percibida. Con todo ello se reconoce que la ley es moderna, en el sentido del reconocimiento de los derechos de las personas: la garantía de ingresos mínimos y la de participar en proyectos que faciliten su incorporación social.

-Dicho salario social ¿a cuánto asciende?
-Este anteproyecto de ley es de diciembre de 2004, en consecuencia el baremo retributivo está en estos momentos en base a los cálculos que se hicieron en ese año y que habrá que actualizar en 2005. El baremo retributivo en ese momento oscilaba entre unidades de convivencia de un miembro, 355,00 euros mensuales, hasta 587,75 euros para unidades de seis o más miembros. En el momento que se apruebe el anteproyecto de ley barajamos que la actualización oscilaría en un baremo que va entre los 365,00 euros y los 602,00 euros. Es el tercer baremo más alto en el Estado español.

-¿Cómo ves las reacciones de los agentes sociales al respecto?
-Las hay variadas y contradictorias. Hay agentes sociales, particularmente los sindicales, que están muy interesados en mejorar los dispositivos de protección social e incluso hacen propuestas más amplias tanto en el baremo retributivo como en la definición de la prestación. Y hay otros agentes que tienen sus cautelas, ya que consideran que sería un exceso de protección social.