anuel
González Orviz comenzó su lucha social desde muy joven, fue alumno del
Orfanato Minero, donde aprendió a ganarse la vida paso a paso. Ha sido
concejal por IU en Castrillón, donde tuvo responsabilidades de obras y
urbanismo. Ha estado también involucrado en la redacción del acuerdo de
gobierno entre PSOE e IU en Asturias. Este profesor de pedagogía
terapéutica reconoce que "difícilmente se va a poder acceder a la
vivienda si no hay un empleo".
-La Consejería de Vivienda y Bienestar Social ha sacado
un proyecto integral para la eliminación en tres años del chabolismo en
Asturias. ¿Es que esta cuestión no se ha abordado con suficiente
profundidad anteriormente?
-No exactamente. Hay experiencias, como la de Avilés, donde se
ha abordado la erradicación del chabolismo de una forma integral, no
sólo con medidas de política de vivienda sino también de otro tipo, como
formativas, laborales, de inclusión social. Esta actuación conviene
contextualizarla en el marco de los acuerdos del Partido Socialista e
Izquierda Unida para formar gobierno, en el cual hablábamos de un plan
de inclusión. Nosotros nos resistimos a que la medida que en estos
momentos está en los medios, que son los módulos, sea la única, y de
hecho así lo hemos realizado a través de la coordinación entre la
Dirección General de Servicios Sociales, Comunitarios y Prestaciones,
que es la que se encargaría de esa parte. Por otro lado está la propia
Dirección General de Vivienda con una línea específica que es la de las
viviendas de sustitución.
Desde Vivienda tiene que haber una política más global, no sólo con las
viviendas de sustitución, sino con el acceso a vivienda normalizada y
las fórmulas intermedias que hay, que son las de vivienda de promoción
pública, o también las ayudas de alquiler.
-¿En qué va a consistir este Plan de erradicación del
chabolismo en nuestra comunidad, con un plazo de tres años?
-Aparte del acuerdo político, la razón por la que hacemos este
Plan es que, si las dificultades para acceder a la vivienda son
importantes para muchas personas, aún lo son más para las que se
encuentran en una situación de riesgo de exclusión social. En
colaboración con los ayuntamientos elaboramos un censo y hemos detectado
ciento veinte unidades familiares. Planteamos esta especie de plan de
choque porque las viviendas no tienen posibilidad de ningún tipo de
reparación ni de rehabilitación: estamos hablando de chabolas, y lo
único que hay que hacer es sustituir. La fórmula más rápida es ir a este
tipo de viviendas de sustitución, y buscando las otras políticas que
habíamos planteado. Hemos incorporado en el presupuesto 1,7 millones de
euros con destino a lo que será el futuro plan o programa de inclusión.
Esto nos va a permitir entre veinticinco y treinta y cinco actuaciones
año, y erradicaríamos en pocos años el conjunto de las chabolas que en
este momento tendríamos censadas. Esto no quiere decir que sean todas y
que no vaya a haber más.
Es fundamental la colaboración de los ayuntamientos para la
disponibilidad de suelo. Y no sólo para esta actuación, sino también
para el conjunto del paquete, es decir, suelo para vivienda de promoción
pública, suelo para la implantación de este tipo de viviendas, y luego,
cumpliendo la directiva europea, que garantice la visibilidad. Es decir,
que en ningún momento este tipo de actuaciones puedan estar alejadas de
núcleos urbanos, como una forma de segregación. La medida no debe ser
segregadora sino integradora.
-¿No hay riesgo de que se generen bolsas de marginación
y problemas de movilidad en las familias alojadas?
-No creo que las ciudades en Asturias sean de una dimensión tal
que impidan una buena accesibilidad y comunicación. Cuando se habla de
cambiarse de barrio, podemos estar hablando de diez o quince minutos de
diferencia, y lo que estamos tratando es de mejorar las condiciones. Y
así se lo hemos dicho a los ayuntamientos. Es decir, unos lugares que
estén perfectamente comunicados, que tengan saneamiento, que tengan
abastecimiento de agua y que tengan energía eléctrica. No vamos a
eliminar una infravivienda para tener una insuficiencia dotacional en el
sitio a donde vamos. Se trata de que se cumpla lo que dice la
Constitución, con independencia del origen o etnia de los ciudadanos.
"No podemos hablar
de la problemática de la vivienda como algo teórico y luego
olvidarnos de la gestión del suelo. Los ayuntamientos se
tienen también que poner las pilas" |
-¿Qué requisitos deben cumplir los chabolistas que
deseen acceder a estas viviendas?
-Como cualquier ciudadano residente en nuestra comunidad, pueden
acceder a las diferentes viviendas de promoción pública, y en función de
sus ingresos tienen ayudas a las diferentes líneas de alquiler. Pero, si
están ahí, es porque no han tenido acceso a esas líneas, porque tienen
un déficit cultural de acceso a la información y a los mecanismos de la
Administración. Por eso la intervención tiene que ser en colaboración
con la propia Administración local y autonómica, a través de la
Dirección General de Prestaciones y así se ha hecho este censo. La
cuestión es sustituir una infravivienda por una vivienda de mejor
calidad, pero con las mismas condiciones, es decir, pagando sus
alquileres, asumiendo sus obligaciones... Nosotros garantizaremos el
ejercicio de los derechos, pero también exigiremos compromisos que van
más allá de lo que es el pago de los alquileres, como son los programas
formativos de atención a la familia, de inserción sociolaboral, etc.
siempre respetando la diversidad cultural.
-Hay casos que se dan facilidades pero luego surgen
problemas con ellos en el núcleo de viviendas donde están integrados
¿Cómo se pretende paliar este tipo de situaciones?
-Si hay un conflicto hay que abordarlo, y si subyace en él un
problema de racismo, razón de más. Yo planteo que nadie -estamos
hablando de población marginal mayoritariamente gitana- tiene problemas
con los gitanos con un cierto nivel de ingresos. Nadie tiene problemas
con Peret ni los tenía con Lola Flores o con Kofi Annan, que es un
ciudadano de color. Sin embargo, tenemos problemas con los inmigrantes
de origen magrebí, subsahariano y tenemos problemas con los gitanos que
vienen en estas condiciones. Es un problema de clasismo y hay que
abordarlo de forma integral, porque son ciudadanos que tienen que
ejercer sus derechos. La Administración debe facilitar viviendas a
todos. Los ayuntamientos tienen que tener un planteamiento integral para
esta población marginal, pero también viviendas de promoción pública y
además facilitar suelo para ello. El problema laboral no está en los que
buscan trabajo, sino en el derecho que todos los ciudadanos tenemos al
trabajo. Se trata de abordar el conflicto, no de ver cómo se disputa la
escasez de vivienda, la escasez de puestos de trabajo, cuando hay
riqueza para promover vivienda y cuando hay riqueza para facilitar
empleo.
-¿No es esto una cuestión de justicia más que de
caridad?
-Por supuesto que es una cuestión de justicia y que afecta al
conjunto de los ciudadanos. El artículo 46 de la Constitución, que se
refiere a vivienda, es un derecho fundamental. En un estado de bienestar
no podemos entender las prestaciones de los pilares del estado sin la
vivienda.
-A muchas etnias se les ha facilitado viviendas pero
éstas no han estado ligadas a su actividad tradicional y ello ha
originado problemas. ¿Cómo se contempla esto?
-Nosotros, salvo actuaciones del pasado muy esporádicas, no
hemos tenido esos conflictos. Recuerdo una actuación en un ayuntamiento
donde hubo un gran conflicto un año antes de las elecciones, y tras las
elecciones, cuando a nosotros nos tocó entregar las viviendas no pasó
absolutamente nada. Les hemos dicho a las fuerzas políticas de los
ayuntamientos que no se juega al frontón con este asunto. En algunos
casos nosotros tratamos de ligar la actividad tradicional que
desarrollan al tipo de vivienda que se les facilita, pero también
hablamos de la función educativa: así como el camionero no puede
pretender tener el camión fuera de casa o el que trabaja en la fábrica
no puede llevarse la máquina y ponerla en el portal, todo el mundo debe
aceptar y adaptarse a las normas mínimas de convivencia y en eso lo
estamos haciendo. Para ello se mantienen reuniones previas para la
constitución de la comunidad y se explica a los comuneros cuáles son las
condiciones. Los problemas no van más allá de lo que pueda haber en una
vivienda libre, pero mientras que a las viviendas libres se le pone
sordina, a los de las viviendas protegidas les suelen poner mayor eco.
"Nadie tiene
problemas con los gitanos con un cierto nivel de ingresos.
Es un problema de clasismo y hay que abordarlo de forma
integral" |
-Una de los puntos importantes para esa oferta son las
administraciones locales ¿cómo está eso contemplado?
-Hace poco hemos hablado con diecisiete ayuntamientos y les
hemos dicho que en la medida que presenten suelo nosotros vamos a
empezar las actuaciones. No podemos hablar de la problemática de la
vivienda como algo teórico y luego olvidarnos de la gestión del suelo.
Los ayuntamientos se tienen también que poner las pilas, no sólo en este
asunto sino en todo. Cada uno de ellos debe hacer una reflexión sobre
qué actuaciones concretas ha hecho y pensando en sus ciudadanos. Al fin
y al cabo son los ciudadanos los que van a recibir ese producto final,
que es la vivienda, y la van a pagar, no es una cuestión que se les
regale.
-No obstante la vivienda es cara en Asturias. ¿Por qué?
-Creo, aún reconociendo que es cara, que desde septiembre para
acá hemos conseguido cambiar la tendencia. Como se sabe, frente a una
media del trece y pico por ciento en el conjunto del Estado, aquí hemos
tenido un crecimiento del 1,7% en las viviendas nuevas. Esto nos ha
puesto por debajo incluso de la inflación en este último año. Por
tanto, es interesante continuar con este tipo de política que pondera y
potencia la vivienda protegida y crea una nueva figura que es la
vivienda protegida-concertada. Hay incluso promociones inmobiliarias
privadas que ya están dispuestas a entrar con suelo propio que ellos
mismos van a ofertar. El elevado precio de la vivienda se debe a una
cuestión de que en España la vivienda se entiende siempre como una
inversión. Y se entiende como tal para aquellas familias que compran o
heredan una vivienda, que luego la venden con un sobreprecio para poder
acceder a otra segunda vivienda o a una vivienda de mejor calidad. Tiene
un papel de inversión para grandes grupos o para agentes ahorradores de
más recursos que lo que hacen es comprar viviendas. Hay que cambiar la
mentalidad. La vivienda es un bien de uso, no es una inversión. Además,
el crecimiento de riqueza que las familias obtienen con la vivienda no
deja de ser un crecimiento teórico, porque cuando tienes una vivienda
arrastras con ella una hipoteca, antes durante veinte años, hoy durante
treinta años, y el poder deshacerte de esa vivienda para la mayoría de
las familias supone quedarse en la calle, pues el 80% de la población
que compra una vivienda generalmente no suele cambiarla. Se trata de que
esas viviendas sean asequibles, porque si hay que cambiar, debido a la
inestabilidad y la movilidad laboral, la vivienda no debe suponer un
freno.
-Muchas familias al no poder comprarse una vivienda
recurren al alquiler, que también es caro. ¿Qué hacer al respecto?
-Hay que potenciar el mercado del alquiler y para ello hemos
puesto en marcha varias medidas. Dentro del plan estatal hay una ayuda
de seis mil euros para rehabilitar viviendas con destino a alquiler.
Nosotros, dentro del programa estatal, pero también dentro del programa
autonómico, tenemos ayudas al alquiler. No queremos que estas ayudas
tengan un efecto inflacionista sobre el alquiler, de ahí que controlamos
cuál es el precio final de estas viviendas. Y otra de las medidas que
hemos planteado es poner suelo y permitir que promotores privados
construyan viviendas con destino a alquiler. ∆