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Se ha convertido en un hábito –muy saludable, por cierto- criticar la desigualdad. Entre los críticos se encuentran instituciones tan conservadoras como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
No hace mucho éstas y otras entidades de similar perfil, y muchos economistas de la corriente dominante, sostenían que la desigualdad era el combustible que aseguraba un adecuado funcionamiento de las economías; estimulaba el ahorro, favorecía la inversión y, al mismo tiempo, proporcionaba los estímulos necesarios para el aumento de la productividad. Por increíble que pueda parecer, estos principios forman parte de la enseñanza de la economía en muchas universidades. En efecto, los estudios publicados en los últimos años ofrecen datos incontestables al respecto del aumento de la fractura social en España y en el conjunto de la Unión Europea. Buena parte de los trabajos se centran en las devastadoras consecuencias de la Gran Recesión y de una gestión errónea e interesada por parte de los gobiernos. Algunos autores, trascendiendo la coyuntura, afirman, con razón, que la desigualdad ha seguido una senda continuamente ascendente desde la década de los ochenta del pasado siglo, cuando el neoliberalismo –ideas e intereses- se apoderaron de las instituciones y las políticas públicas imponiendo la lógica del "todo mercado". Un gobierno decente tiene que comprometerse con políticas orientadas a una distribución del ingreso y la riqueza más equitativa. Hay que corregir la desigualdad. A la luz de los ríos de tinta derramados, parecería existir un amplio consenso en torno a este asunto, pero ¿como avanzar en esta dirección? Este es el "pollo del arroz con pollo". Llegados a este punto, el de las soluciones, se abren camino las dos recetas mágicas por excelencia: el crecimiento y el empleo. Es verdad que el estancamiento y la anemia de nuestras economías han agravado las desigualdades, si bien no debemos olvidar que, en paralelo, las políticas aplicadas por los gobiernos europeos –el nuestro, por desgracia, a la cabeza- y por la propia Comisión Europea han beneficiado a las élites y las oligarquías. Por lo demás, estas políticas, lejos de promover la recuperación –esta era su principal justificación- nos han encerrado en un bucle del que todavía no hemos salido. De cualquier modo, el crecimiento no es en modo alguno la solución. De hecho, el todavía modesto crecimiento actual y el menos modesto de las últimas décadas han sido compatibles con una inequidad en ascenso. ¿Serán las cosas distintas en los próximos años? No hay ninguna razón para suponerlo, más bien lo contrario, dados los desequilibrios en las relaciones de poder que antes mencionaba y la debilidad de las instituciones redistributivas. Estas han soportado la carga de la crisis financiera, incluidos los rescates a los bancos. Además del recorte experimentado en sus presupuestos para hacer frente a esa carga, hay que mencionar el enorme lastre asociado a un relato, el del poder, que coloca, injustamente, el desorden de las cuentas públicas en el origen de la crisis, cuando, en realidad, ha sido su consecuencia. ¿Y qué decir respecto al empleo, la otra vía para reducir las fracturas sociales? Por supuesto, los altos niveles de desempleo actúales son una de las causas fundamentales del aumento de la desigualdad. Muchos trabajadores han perdido su puesto de trabajo y son muchos también los que ahora son desempleados estructurales o incluso se han convertido, a la fuerza, en población inactiva. Sin duda, hay que situar la creación de empleo en el centro de la política económica. Todos se apuntan a esta milagrosa receta, pero lo cierto es que los gobiernos han aplicado políticas que lo han destruido (masivamente, en el caso de la economía española); y ahí están los tozudos datos para confirmarlo. Hay que precisar, además, que una parte creciente de los empleados se encuentran cerca o por debajo del umbral de la pobreza y que los salarios de la mayor parte de los trabajadores han bajado o se encuentran estancados. También en este caso conviene poner el retrovisor, para apreciar que el aumento en el número de trabajadores pobres y la contención salarial ya tienen un amplio recorrido en esta Europa que algunos reivindican como modelo a seguir. ¿Es ese el empleo que tanto se reivindica?. ¿Cómo se pueden defender políticas de equidad y al mismo tiempo mantener intactas o con cambios cosméticos las reformas laborales que se han llevado por delante la negociación colectiva? Sí, por supuesto, hay que reactivar la economía y hay que poner en marcha planes encaminados a la creación de puestos de trabajo, otorgando la centralizad que se merecen la salud, la educación, los cuidados, el medio ambiente y la innovación. Estos aspectos no son una derivada automática e inevitable del crecimiento, sino el nudo gordiano de una política económica que debe abrir las puertas a otra economía sostenida en la equidad y la sostenibilidad. Para avanzar en esa dirección urge cambiar las políticas aplicadas hasta ahora y los políticos que las han protagonizado, pues nos han llevado por el camino equivocado. Hablar y escribir sobre la desigualdad no es suficiente. En este sentido, vivimos instalados en la ceremonia de la confusión. Es confuso, por ejemplo, que el FMI y la OCDE, al mismo tiempo que nos advierten sobre las consecuencias negativas de la desigualdad, pidan o exijan una nueva vuelta de tuerca a la reforma del mercado de trabajo. ¿Cómo se pueden defender políticas de equidad y al mismo tiempo mantener intactas o con cambios cosméticos las reformas laborales que se han llevado por delante la negociación colectiva? También resulta inconsistente, por decirlo con suavidad, clamar contra la inequidad y mantener intacto el actual sistema tributario, caracterizado por una profunda regresividad o entregar recursos a manos llenas a los grandes bancos. Resulta, en fin, contradictorio e incompatible con una sincera y coherente defensa de la equidad situar la política económica en la lógica del cumplimiento de los objetivos fiscales impuestos por la Comisión Europea. Un gobierno decente tiene que comprometerse con políticas orientadas a una distribución del ingreso y la riqueza más equitativa. Aplicando una fiscalidad progresiva, reduciendo las bolsas de fraude y limitando las desorbitadas retribuciones de los directivos y grandes accionistas; recuperando la negociación colectiva, democratizando las relaciones laborales y empoderando a los trabajadores; y promoviendo una iniciativa europea encaminada a la aprobación de un plan de emergencia productiva y social dirigido a las periferias y una revisión en profundidad del Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento. Se habla mucho en estos días de la investidura y de la formación de un gobierno, pero apenas se pone sobre la mesa lo que verdaderamente importa a la gente. Δ Fernando Luengo, Profesor de economía aplicada de la Universidad Complutense de Madrid. fernandoluengo.wordpress.com
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