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En la película de la corrupción faltan los más malos
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El día de las últimas elecciones autonómicas y municipales la preocupación por la corrupción estaba en la cabeza de la mayoría de los ciudadanos como uno de los tres problemas más importantes del Estado español. ![]() Concretamente, el 53% de los españoles, según el CIS, situaban la corrupción y el fraude como el segundo problema más grave de nuestra sociedad, por detrás del desempleo. La larga noche electoral confirmó el esperado peor resultado de la historia del bipartidismo y la irrupción en toda la geografía española de nuevos partidos que habían hecho de la corrupción y la regeneración de la democracia su dimensión favorita de competición. Los ciudadanos protagonizaron otro hecho histórico esa noche electoral. Por primera vez fueron más los que buscaron información política de confianza sobre los resultados electorales en una cadena privada, la Sexta, relegando el especial electoral de la televisión pública a un rácano 8% de share, la mitad de la audiencia que había cosechado en la noche electoral de 2011. El cambio político que se ha producido en España tras las últimas elecciones seguramente no se hubiera dado con esa magnitud si en España no hubiera corrupción y si los medios de comunicación alternativos tanto audiovisuales como nuevos periódicos digitales no nos la hubieran contado supliendo la estrategia de desinformación desarrollada por el Partido Popular para distorsionar la realidad a través de los medios de comunicación públicos. Esta estrategia de manipulación informativa desarrollada por el gobierno del Partido Popular ha coincidido, con el momento en que más ciudadanos con ganas de información e interés por la política había en la sociedad española.Hay suficiente evidencia acumulada en los últimos años para saber que la televisión pública ha hecho todos los esfuerzos posibles por ocultar, minimizar o sencillamente manipular los escándalos de corrupción que han afectado al Partido Popular y a sus distintos gobiernos. Al día siguiente de las elecciones, un periodista del ente público, Xavier Fortes, denunciaba la enésima manipulación de la televisión pública haciéndose eco de como él y sus compañeros habían estado luchando durante los últimos años para mantener su dignidad profesional ante las presiones e intentos de censura desarrollada por los dirigentes de RTVE. En un documento, los periodistas de la radiotelevisión pública plasmaban su preocupación por la falta de credibilidad de los servicios informativos, 1500 profesionales que no han dejado de movilizarse a través de continuas sentadas y protestas en su redacción. Durante esta época negra se ha denunciado desde la existencia de listas negras con los nombres de periodistas poco afines al Partido Popular hasta la petición de la dimisión del jefe de contenidos por 'manipular" la información que vinculaba a la secretaria general del partido Popular, Maria Dolores de Cospedal con el caso Bárcenas. Esta estrategia de manipulación informativa desarrollada por el gobierno del Partido Popular ha coincidido, para su desgracia, con el momento en que más ciudadanos con ganas de información e interés por la política había en la sociedad española. La consecuencia es clara: por primera vez en su historia los telediarios de la televisión pública dejaron de ser los más vistos por los ciudadanos, logrando a lo largo de 2011 menos audiencia que El Intermedio, dirigido por el Gran Wyoming. Un resultado impredecible para un partido acostumbrado a usar los medios de comunicación pública a su servicio, sin costes políticos o electorales, como era el caso de Madrid y la Comunidad Valenciana. ![]() Pero ha habido un efecto colateral negativo en el enfoque que se ha dado a la corrupción, incluso en los medios que más están contribuyendo con su denuncia e investigaciones. Los medios de comunicación privados han percibido con claridad que más allá de las motivaciones éticas o de justicia que latían detrás de sus denuncias de los casos de corrupción había un grupo potencialmente numeroso de ciudadanos que estaba interesado, por primera vez en mucho tiempo, en este tipo de noticias, y que además estaba indignadísimo con la clase política. Todo el peso de la corrupción destapada y denunciada por los medios ha caído sobre los hombros de la clase política. En las encuestas del CIS, que dan cuenta de la hartura de la ciudadanía con los casos de corrupción y fraude, también aparece señalada la clase política. En cambio, no aparece la clase empresarial como un problema grave para los ciudadanos; no figura la acumulación de poder económico que acumulan nuestras multinacionales, ya sean del sector de la construcción, energético, financiero o de las telecomunicaciones, como una de las causas de fondo de esa corrupción que ha acabado por escandalizar a la mayoría de la ciudadanía. ![]() La clase política es la máxima y casi única sacrificada, estigmatizada como una elite extractiva que saquea las cuentas públicas. El ensañamiento con los políticos ha sido brutal y no siempre justo. Las investigaciones que pudieran conectar a los empresarios y empresas corruptoras con los contratos obtenidos gracias a sus donaciones a partidos o políticos no han avanzado tanto en los últimos años como las relacionadas con el comportamiento indigno de algunos políticos. Los escándalos protagonizados por la familia Botín, los contratos obtenidos por ACS 0 por el resto de las constructoras señaladas en los múltiples casos de corrupción, entre otros ejemplos, no han obtenido tanto espacio en los medios de comunicación alternativos. La reconstrucción de los papeles del ex tesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, donde anotaba tanto el nombre del corruptor/donante como el nombre del político que recibía sus pagos en negro, sigue dando de qué hablar en las tertulias televisivas y en las páginas de los diarios digitales, pero casi siempre enfocando a los dirigentes populares que presuntamente cobraron los sobres. El anterior gráfico es muy representativo para saber cuándo y por qué la corrupción y el fraude se convirtieron en una de las principales preocupaciones de los españoles. El gráfico mide la evolución de la percepción de la corrupción y el fraude como uno de los tres principales problemas de los españoles entre 2008 y mayo de 2015, fecha de celebración de las últimas elecciones autonómicas y municipales. Se aprecia claramente cómo el fraude y la corrupción era una preocupación residual, moviéndose por debajo del 10%, hasta enero de 2013, cuando salta hasta el 43%, coincidiendo con el afloramiento de los papeles de Bárcenas, el descubrimiento de que el Partido Popular tenía una caja B, que pagaba sobres con dinero negro a la mayoría de sus altos cargos, incluidos su presidente, y que el ex tesorero tenía una cuenta en Suiza por valor de 22 millones de euros (que más adelante se convertirían en 44 millones). Según el juez Ruz, el Partido Popular ha tenido siempre una caja B con la que ha engañado a todos los contribuyentes, lo que ha permitido enriquecer las cuentas de cuantos políticos y, sobre todo —y de lo que menos se habla—, ha permitido a determinadas empresas seguir acumulando poder económico y siempre de espaldas al fisco. Esto último es lo que más afecta a la enorme desigualdad que padece España. Esa acumulación de recursos llevada a cabo de forma fraudulenta reduce la capacidad recaudatoria del Estado, limitando la posibilidad de desarrollar políticas sociales para mejorar la vida de las personas más desfavorecidas. ¿Qué empresas eran las que hacían trampas aprovechándose de su poder para que los ciudadanos pagáramos un sobrecoste del 35% por la recogida de nuestras basuras? Pues casi las mismas que aparecen en los papeles de Bárcenas.Resulta llamativo que las denuncias sobre el descomunal fraude fiscal relacionado con las cuentas opacas destapadas por el ex trabajador de la filial suiza del HSBC, Herve Falcciani, no se convirtieron en un escándalo para la opinión pública. O por lo menos, si nos atenemos a las encuestas del CIS, no variaron su percepción sobre el fraude o la corrupción como problema. La denuncia del candidato del Partido X a las últimas elecciones europeas, que incluía la lista de más de 500 grandes defraudadores españoles que tenían cuentas opacas en Suiza saltó a la luz en junio de 2010. La preocupación por el fraude y la corrupción apenas varió en todo el verano de 2010 y siempre se movió por debajo del 10%, como se puede ver en el anterior gráfico. Si nos fijamos en otra fecha clave, junio de 2011, para que los escándalos relacionados con el fraude fiscal protagonizados por la élite económica pudieran haber provocado un aumento de la preocupación por la corrupción y el fraude, tampoco nos encontramos cambios en la opinión pública. En esos días se supo que el Estado había notificado y facilitado la regularización de su situación a la mayoría de los defraudadores fiscales, incluidos el fallecido presidente del Banco Santander, que fue obligado a devolver a las cuentas del Estado 200 millones de euros que nunca hubiese declarado si no hubiera sido pillado. Este escándalo que afectaba al principal banco del país no fue seguido con la misma insistencia por los medios de comunicación como se hizo con los escándalos protagonizados por la clase política, provocando la percepción de que los políticos profesionales se dedicaban a robar sistemáticamente a los españoles. Se puede ver en la serie del CIS del gráfico anterior que la preocupación por el fraude no se multiplicó exponencialmente por este hecho, ni aparecieron en las encuestas ciudadanos señalando a la clase empresarial y a la elite económica como uno de los principales problemas de nuestro país. Que la Audiencia Nacional admitiera a trámite una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción contra el fallecido presidente el Banco Santander, Emilio Botín, y su hija, Ana Patricia Botín, por presuntos delitos de fraude fiscal y falsedad no aumentó la percepción de fraude. El presidente del Banco Santander acusado de fraude no provocó ni el mismo ni parecido maremoto en la opinión pública como los papeles Bárcenas publicados en enero en 2013, y los medios de comunicación no hicieron sangre de forma insistente y continuada como suele ser habitual en las denuncias por corrupción política. El 28 de enero de 2015 ocurrió algo insólito: todos los diarios de papel más vendidos podían encontrarse en los kioskos compartiendo la misma portada comprada por el Banco Santander en la que se retrataba su generosidad con los jóvenes españoles a través de un programa de becas para incorporarse a las empresas. ![]() La regeneración de la élite económica es aún más necesaria que la de los políticos.El caso de las basuras puede ser paradigmático del desenfoque de la corrupción como espectáculo político. En noviembre de 2014 el Tribunal de Competencias imponía una multa a 39 contratistas públicos por repartirse los clientes en las licitaciones públicas entre 1999 y 2013. ¿Qué empresas eran las que hacían trampas aprovechándose de su poder para que los ciudadanos pagáramos un sobrecoste del 35% por la recogida de nuestras basuras? Pues entre ellas, las más grandes: Ferrovial, ACS, FCC y Sacyr. Casi las mismas que aparecen en los papeles de Bárcenas, algunas de las que están detrás del caso Palau. ¿Alguien recuerda esta situación? Seguramente no. Pagaron su multa y se acabó el caso. Los medios de comunicación privados tienen problemas en hacer una campaña continuada de denuncia de las empresas más poderosas con la misma intensidad con la que se ensañan con la clase política. Desde los principales medios no se ha desarrollado una investigación sistemática y continúa que pudiera darnos pistas sobre los más de 40.000 defraudadores fiscales que se acogieron a la amnistía fiscal del Partido Popular. En esta amnistía, los medios han preferido enfocar a los 705 cargos públicos y políticos que tuvieron que regularizar un dinero de dudosa procedencia o, por lo menos, no declarado. La última ocurrencia del Partido Popular ha sido proponer la ocultación de la corrupción de la elite limitando el derecho a la información y la libertad de expresión. El ministro de Justicia pretende prohibir la grabación de imágenes de las detenciones judiciales, como consecuencia del impacto que tuvo en la opinión pública la detención del ex presidente de Bankia, Rodrigo Rato. En vez de desarrollar medidas que puedan impedir este tipo de comportamientos que han florecido en los alrededores políticos y económicos del Partido Popular, lo que se pretende es un apagón total para que los ciudadanos no se alarmen gratuitamente y los corruptos no pierdan su reputación. Los políticos han perdido la suya, pero han empezado a regenerarse: nuevos partidos y nuevas caras, para que los ciudadanos les puedan votar. Lo que hacen falta son más cámaras y que estén enfocadas sobre los que han acumulado su poder económico en estos años protagonizados por el fraude y la corrupción. La regeneración de la elite económica es aún más necesaria que la de los políticos. Δ Braulio Gómez Fortes. Investigador de la Universidad de Deusto. Informe 'Desinformación y pseudoinformación'. www.fuhem.es/ecosocial
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Comentarios
Solo deseo que este tiempo pase,de paso a uno nuevo donde la justicia social y cambio de paradigma podia decir.Haga que el ladron page con la carcel y no esten dandose aun la gran vida a cuenta nuestro...BASTA YA DE TANTO LADRON!
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