Autoridad y autoritarismo

La Comunidad de Madrid ha propuesto convertir al profesorado de la enseñanza estatal en autoridad pública. Esto se traduciría en que las agresiones físicas al docente se convertirían en delito y que su palabra tendría preeminencia en un posible conflicto.
¿Es esta la solución a los problemas de indisciplina en las aulas, especialmente las de secundaria? Más bien se trata de dar satisfacción a la caverna educativa, representada, entre otros, por ciertos sindicatos corporativos y por asociaciones de la enseñanza católica –cuyo profesorado, al no ser funcionario, no saboreará las supuestas mieles de la condición de autoridad pública-.
Lo que subyace a esta propuesta es una idea decimonónica del hecho educativo, de un modelo en el que el profesor se sube una tarima y llena con su saber las cabezas vacías del alumnado. Es lo que Paulo Freire llamó concepción bancaria de la educación. Ni qué decir tiene que para que este modelo funcione se precisa un régimen de control disciplinario que garantice que alumnos y alumnas estén en disposición de aprender, es decir, callados, sentados, aseados y con el libro de texto abierto en la página correspondiente.

En ciertos colegios públicos, la comunicación con las familias es tan fluida y abierta que, salvo casos de enfermedad mental, las agresiones que han desatado el pánico moral en este comienzo de curso son simplemente inconcebibles.