AGOSTO 2007
FUNCIONARIOS
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Cómo es posible que un funcionario
público, sea del rango que sea, fije la cuantía de su propio sueldo
hasta donde la conciencia le indique (y ya vemos que la mayoría
tienen la conciencia muy ancha). |
Veamos.
Hasta donde yo sé, un alcalde es un funcionario. Un concejal es un
funcionario. Un ministro es un funcionario. Un presidente es un
funcionario. Siguiendo la definición del diccionario, funcionario es
aquel que desempeña un empleo público. Público, para los amnésicos, y
continuando con el diccionario en la mano, quiere decir perteneciente o
relativo a todo el pueblo.
Pero hete aquí que el administrador público, al ver tanta pasta junta y
al alcance de la mano, se ciega y se olvida de su condición de
funcionario. El cajero se cree el dueño del banco. Y ahí estamos.
Después de las elecciones empieza el espectáculo. Primero fueron los
pactos, los chanchullos, las negociaciones, el trapicheo de concejalías
y consejerías, la suma de esfuerzos para que finalmente no gobierne el
más votado, sino la suma de todos los despechados juntos. Un esperpento.
Cuando ya tienen los sillones repartidos y asegurados, el paso siguiente
es el sueldo. Sin arreglar ese punto nadie mueve un dedo, evidentemente,
no se va a trabajar de balde. Todo se detiene hasta que se cierran las
condiciones del contrato. Ahí es donde alucinamos. Primero, por las
cantidades desorbitadas que se manejan, y segundo, por la soltura con
que se dispone de los dineros públicos, y tercero, porque no se monte ya
mismo una revolución popular de tintes épicos para echar a determinados
energúmenos de sus asientos, y reclamar de una vez por todas leyes que
protejan el dinero de todos y pongan a los funcionarios en el lugar en
el que tienen que estar.
No se puede explicar cómo un país que presume de democrático puede
tener, ya no un vacío legal, si no un agujero negro de dimensiones tales
que permite situaciones tan surrealistas como éstas. Cómo es posible que
un funcionario público, sea del rango que sea, fije la cuantía de su
propio sueldo hasta donde la conciencia le indique (y ya vemos que la
mayoría tienen la conciencia muy ancha). Cómo es posible que no existan
leyes que impidan situaciones como ésta, que protejan el dinero público,
que regulen los salarios de los trabajadores que se benefician
directamente de las arcas comunes. Y seguimos: cómo es posible que una
persona con un proceso judicial abierto por asuntos relacionados con su
gestión, pueda presentarse a unas elecciones (y encima ganarlas, pero
eso ya forma parte de la peculiaridad nacional). Cómo es posible, por
poner un ejemplo con nombre y apellidos, que un señor como Carlos Fabra,
que tiene encima una investigación judicial por cohecho, tráfico de
influencias y fraude fiscal, ocupe un cargo público como la presidencia
de la Diputación de Castellón, sin que pase nada. Y que se acabe de
subir el sueldo un 10%, y nada. Y que le acaben de poner más de treinta
asesores. Y nada. Y que coloque a su hija en el Senado a la manera en
que se gobierna en muchos pequeños feudos de España: a dedo y por
cojones. Y nada de nada. Todo continúa adelante. ¿Cómo es posible? ¿Qué
credibilidad tiene un partido político que permite que sus miembros
actúen con semejante arbitrariedad, sin ceñirse a ningún tipo de código
de conducta? Quizá es que no existen tales códigos de conducta; muy
bien, entonces es momento de que la ley cubra el hueco.
Tendrán que perdonar, pero las personas normales, la gente de a pie que
lleva al niño a la guardería, paga la hipoteca, hace horas extra y
vigila la cuenta bancaria para que no se desmadre, o sea, la mayoría del
país, no entendemos nada de nada. Eso nos lleva a preguntarnos qué
esperpento de democracia es ésta que vivimos, o si el asunto es otro
bien distinto y el verdadero partido se está jugando fuera del campo,
mientras a los votantes nos dan las migajas, nos organizan unas
elecciones cada cierto tiempo, nos llenan los oídos de propósitos y nos
entretienen con el interminable espectáculo diario de los rifirrafes
entre gobierno y oposición.
Porque si en esas estamos, no sé por qué no podrían seguir los mismos
métodos el resto del cuerpo de la función pública, empezando por los
ordenanzas. ¿Qué problema habría?
O todos o ninguno. / CF |