El Estado tiene la obligación de trabajar, poco a poco, en el cambio de costumbres. Sólo así se podrá llegar a un momento en que la ciudadanía rechace un producto, el tabaco, que es responsable de enfermedades y muchas muertes cada año.

ENERO 2006

LA HORA
VIOLETA

ECHANDO HUMO
POR ISABEL MENENDEZ

En tu interior sabes que también será bueno para ti" es el eslogan de una campaña que el gobierno ha puesto en marcha para sensibilizar a la población sobre la necesidad de abandonar el hábito del tabaco y de respetar la legislación sobre el uso de espacios comunes. Y es que, cuando lean estas líneas, ya habrá entrado en vigor la Ley de Prevención del Tabaquismo que, entre otras novedades, prohíbe fumar en los espacios laborales, en los transportes públicos o en los bares que no dispongan de espacios segregados. Así mismo, la nueva legislación incrementa la edad mínima para comprar tabaco (hasta los 18 años) y prohíbe la venta en centros culturales y deportivos. Restricciones todas ellas destinadas a disminuir una conducta, la de las personas fumadoras, que es nociva para ellas mismas pero que, además, produce efectos negativos en la salud de las personas que las rodean. La ley ha hecho correr ríos de tinta durante los últimos meses, aunque apenas hemos escuchado a las y los fumadores pasivos. A quienes hemos leído y oído es a quienes argumentan que su libertad se ve afectada por esta legislación, comparando la situación que legisla el uso del espacio público en relación al tabaco con otras radicalmente distintas, como la caza de brujas.
Una no deja de sorprenderse cuando escucha nombrar en vano a la libertad. Dicen algunas personas fumadoras que se sienten perseguidas y estigmatizadas, situación a la que habría que sumar la posible discriminación laboral. Ello porque la Organización Mundial de la Salud, en una decisión que considero francamente consecuente con los fines de dicha institución, ha informado que no contratará a personas que sean fumadoras. En la misma línea, algunos personajes que firman notas de opinión han asegurado que el nuevo marco legislativo es fundamentalista, una afirmación no sólo exagerada y desproporcionada sino también poco atinada y demagógica. Escucho exabruptos que, mezclando las churras con las merinas, claman ante la permisividad para beber alcohol en los trenes mientras que se prohíbe fumar. Claro que no mencionan que el primero de los términos usados en la comparación (el alcohol) únicamente produce daños en quien lo consume, mientras que fumar en espacios cerrados, como los vagones de un tren, es perjudicial para la salud de otras personas que no desean afectar su salud con la nicotina. Otra argucia dialógica viene de la mano de quienes hablan del cinismo de un Estado que vende la sustancia nociva, y por tanto cobra impuestos por ello, y luego pretende que las personas no la consuman. Me gustaría saber cuál sería su opinión si se decidiera prohibir totalmente su uso, al estilo de la Ley Seca. O cuáles serían los argumentos descalificatorios si se decidiera clausurar las fábricas de cigarrillos, con el coste laboral que supondría.
Lo cierto es que hoy sabemos que el tabaco es malo para la salud, muy malo, algo que se desconocía en otros momentos de la historia. Por tanto, el Estado tiene la obligación de trabajar, poco a poco, en el cambio de costumbres. Sólo así se podrá llegar a un momento en que la ciudadanía rechace un producto, el tabaco, que es responsable de enfermedades y muchas muertes cada año. Lo de menos es el coste sanitario que conlleva, aunque sea importante tenerlo en cuenta. Lo relevante es que cuando alguien enciende un cigarrillo, está consumiendo unas sustancias que únicamente producirán efectos negativos en su organismo. Ningún bien y muchos males, algo ampliamente demostrado por la medicina. La responsabilidad social exige, por tanto, que las políticas públicas trabajen por su erradicación y no por su tolerancia. Cualquier discurso en sentido contrario es demagógico. No es un problema de libertad sino de responsabilidad. ∆