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LOE
Una para
todos
Mientras todos los
partidos y organizaciones han hecho un esfuerzo sin precedentes para
flexibilizar sus posiciones y lograr un consenso, el Partido Popular, la
Conferencia Episcopal y organizaciones de corte católico y conservador
como la CONCAPA han utilizado todas las armas en una guerra en la que
han pesado más los intereses políticos de unos y los privilegios de los
otros, antes que la cuestión educativa.
Pese a todo, y como fruto del diálogo, habemus LOE.
Texto: Carolina Fernández /
Fotos: Fer
Un gobierno, una ley
Este podría ser el eslogan que definiera su evolución en las últimas
legislaturas, siempre bajo fuertes polémicas. Lo cierto es que la
educación en nuestro país se va dibujando con lentitud. Desde que
vivimos en democracia hemos estrenado seis leyes educativas que nos han
ido sólo relativamente bien, puesto que todos los informes sobre
educación sitúan a nuestro país en la segunda mitad de las tablas, tanto
en resultados como en inversión.
Sin querer ir más atrás, podemos recordar que la LODE (1985) sirvió en
su día para democratizar los centros educativos. El gobierno socialista
de Felipe desarrolló el derecho a la educación obligatoria y lo alargó
hasta los dieciséis años con la LOGSE (1990) De la etapa bajo el mandato
de Aznar guardamos la imagen de su ministra Pilar del Castillo
encabezando lo que se denominó la "contrarreforma" de la anterior ley
socialista. Nos referimos claro a la muy polémica Ley de Calidad de la
Educación, que traía cambios que se implantarían gradualmente. No ha
dado tiempo. El pasado 22 de julio el Consejo de Ministros aprobó el
proyecto de la nueva ley educativa, la LOE, que ha sido ratificada
seguidamente por el Congreso. Es la respuesta del Gobierno de Zapatero
que ha vuelto a despertar las iras de los sectores más conservadores de
la sociedad. Y vuelta a empezar.
Sin embargo hay una diferencia fundamental entre la Ley de Calidad del
PP en la anterior legislatura y la LOE, planteada por el PSOE. La
primera nació en el seno de una mayoría absoluta, y bajo ese sello se
desarrolló y fue finalmente aprobada. Vino precedida de fuertes
protestas, arrastró a miles de estudiantes a la calle, aunque ni eso ni
la huelga general en colegios e institutos públicos bastaron para
amilanar a Pilar del Castillo, que consiguió que la ley obtuviese el
visto bueno del Congreso y del Senado. La reválida fue rescatada de la
memoria de nuestros padres, y las clases de religión serían puntuables y
contarían en el expediente académico. Según diversos sectores, la Ley de
Calidad estaba diseñada para apoyar un sistema laboral basado en el
empleo barato y de poca cualificación. Se dijo de ella que favorecía la
segregación, al seleccionar a los alumnos distribuyéndolos en
itinerarios distintos en función de su rendimiento y sus resultados. Por
su parte, los defensores de la escuela pública en ningún momento se
sintieron respaldados por una ley que favorecía claramente a la
enseñanza privada y a la educación concertada. Zapatero augura una
vuelta a los valores educativos del franquismo.
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Desde el principio la LOE buscó agradar a cuantos más mejor,
por lo que es considerada por casi todos como imperfecta,
aunque sin embargo la mejor de las posibles. Con la
excepción del Partido Popular. |
El debate fue intenso en la
calle, pero no lo fue tanto en los salones oficiales. De hecho apenas
hubo negociación. Fueron presentadas 1.200 enmiendas, sin que se llegase
a un consenso. La Ley salió adelante únicamente con el voto a favor del
Partido Popular y de Coalición Canaria. El resto de partidos,
especialmente el PSOE, manifestaron su malestar con la tramitación.
Carme Chacón criticó la soberbia de la que hizo gala el gobierno de
Aznar a lo largo de todo el proceso, caracterizado por la falta de
diálogo y de voluntad de negociar.
La LOE nace bajo un espíritu distinto. Desde el principio buscó agradar
a cuantos más mejor, por lo que es considerada por casi todos como
imperfecta, aunque sin embargo la mejor de las posibles. Con la
excepción, claro, del Partido Popular, que no ha variado un ápice sus
posiciones. Es más, organizaciones defensoras de la escuela pública se
quejan de que las concesiones a la derecha han sido excesivas. Y es que
resulta imposible contentar a todos. Lo que no se puede decir es que no
se haya hablado. La ministra Mª Jesús San Segundo subrayó que "ha habido
más reuniones que nunca en la historia con las comunidades autónomas".
No importa: el Partido Popular se quejó de la falta de diálogo, y cargó
con fuerza en contra de la ley. Y ha ido más allá: amenaza con aplicar
su propio criterio educativo en las Comunidades Autónomas en las que
gobierna.
Es
la guerra
La batalla planteada por el Partido Popular ha sido tan agresiva, que se
adivinan otras intenciones que van mucho más allá del tema educativo.
Forma parte de su estrategia global desde que ocupa los bancos de la
oposición: disentir por norma, con o sin fundamento, generar polémica,
escapar del diálogo y del consenso. "Simplemente, han incluido el tema
de la LOE como un punto más en su agenda de la crispación. En el tema
del Estatut el problema es la palabra nación. En el tema de la LOE el
problema es la religión, que por cierto se va a seguir impartiendo igual
que desde hace quince años; y el tema de las enseñanzas comunes, que
también van a seguir igual que hace quince años, ocho de los cuales
fueron bajo el gobierno del PP. A partir de ahí que cada uno saque
conclusiones", resume César Luena, presidente de la Federación de
Estudiantes Progresistas de España (FAEST). "Lo que el PP no entiende
-continúa Luena- es que la mayoría de la sociedad y de los grupos
políticos están en otra onda diferente. Se ha cedido por la parte de la
izquierda, se ha cedido por la parte conservadora, y se ha llegado a un
gran acuerdo. Solamente el PP queda al margen porque no ha entendido que
se puede crear una ley amplia aplicable tanto por un gobierno de
izquierdas como por uno de derechas, o los gobiernos nacionalistas de
las Comunidades Autónomas". ¿Qué busca con esta actitud el Partido
Popular? Al margen de los temas que se aborden, el objetivo es claro:
hacer el mayor daño posible al Gobierno de Zapatero. "Sencillamente el
PP no está por la labor. Se autoexcluye de las negociaciones.
Consideramos que lo que pretende es otra cosa distinta al consenso que
persiguen otras organizaciones", opina Ginés Martínez vicepresidente de
la Confederación Española de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA).
El
Triunvirato
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Las iglesias fueron utilizadas para
movilizar a cuantos más fieles mejor, bajo la amenaza de que
si la LOE salía adelante sus hijos se quedarían sin clases
de religión. Los padres católicos, temerosos, salen
a la
calle. |
Había que sumar fuerzas. A la estela del PP se unieron las
organizaciones más conservadoras, CONCAPA principalmente. Ambas contaron
además con el apoyo activo de la Conferencia Episcopal; un apoyo tan
activo que en muchas ciudades españolas los párrocos aprovecharon el
púlpito para movilizar a cuantos más fieles mejor, bajo la amenaza de
que si la LOE salía adelante sus hijos se quedarían sin clases de
religión. Los padres católicos, temerosos, se movilizan. El gobierno
advierte de que se está tergiversando el contenido objetivo de la ley
para confundir a la opinión pública. La LOE, aclaran, en ningún momento
sentencia la abolición de la religión en las aulas, es más, contempla la
obligatoriedad de los centros a ofrecer la asignatura, pero rechaza que
tenga que haber una optativa obligatoria. "Quizás el gobierno no ha
sabido explicar bien en qué consistía la ley o no ha sabido hacer frente
a todo el ruido mediático -reconoce César Luena, presidente de la
FAEST-. Las organizaciones que mostrábamos un apoyo crítico a la ley
tampoco hemos sabido ponernos de acuerdo para plasmar que la LOE no es
la mejor ley, pero es una buena ley que recoge aspectos de todos, que es
digna para la educación pública y que tiene unos valores progresistas. A
lo mejor no hemos sabido mostrar nuestra opinión como lo han sabido
hacer la CONCAPA y la Conferencia Episcopal, que organizan una
manifestación con intención claramente política y no educativa".
Finalmente,
la LOE
Por fin, decíamos, la LOE sale adelante. "Es la mejor ley que podía
salir, en la medida en que intenta que puedan estar implicados el máximo
de organizaciones y partidos posible -explica Ginés Martínez,
vicepresidente de CEAPA-. No es lo que nosotros pretendíamos, pero somos
conscientes de que para que pudiéramos tener una ley lo más ampliamente
consensuada ha tenido que haber renuncia por parte de todos. No se puede
llegar a acuerdos manteniendo posturas radicales y sin flexibilidad para
negociar". Para Carlos López, secretario general de Federación de
Trabajadores de la
Enseñanza
(UGT), "hay todavía aspectos preocupantes en la LOE, pero en conjunto ha
aportado sentido común, porque no renuncia a la calidad de enseñanza,
pero la une a otra palabra: la equidad". También organizaciones de
estudiantes, como FAEST, han tenido que flexibilizar posiciones. "Desde
nuestra visión instaríamos a las administraciones a hacer un plan de
centros públicos para derogar los conciertos y sacaríamos la religión de
las escuelas. O más allá: derogaríamos el Concordato. Pero tanto
nosotros como otras organizaciones hemos estado por la labor de llegar a
un punto de encuentro. Hemos mostrado un apoyo crítico a la LOE,
respetando ciertas negociaciones con la escuela privada".
Las organizaciones por la escuela pública manifiestan su descontento con
una ley que, dicen "debilitará a la escuela pública desde sus primeras
etapas, privándola de recursos económicos que permitirían compensar
desigualdades", en palabras de Dulce Amieva, profesora de Educación
Infantil de la Escuela Pública y miembro del sindicato SUATEA. Y
continúa: "No puedo compartir que sea una buena ley en conjunto, es una
ley que intenta contentar, fundamentalmente a la derecha-iglesia,
permitiéndoles conservar y aumentar privilegios".
Religión sí. Religión no
Las aulas de religión son el ring donde se producen las diputas más
sonadas. De un lado, la España católica. De otro, la España laica. Los
sectores afines a la Iglesia no quieren ni oír hablar de que a la
religión se le resten horas ni categoría en el currículo escolar. Y por
supuesto que no se convierta en una "maría".
Los más progresistas,
amparados en el laicismo del Estado español que proclama la
Constitución, quieren sacarla del programa académico y dejarla en el
círculo de la intimidad personal. En el medio de ambas posturas, la LOE
mantiene que los centros ofrezcan obligatoriamente la asignatura, sin
que deba existir una optativa. Acudiendo a la Constitución, en su
artículo 27.3 encontramos que "Los poderes públicos garantizan el
derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación
religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones". "Yo
creo que en la Constitución está la verdadera reforma educativa que
contempla las clases de religión -explica Carlos López, secretario
general de FETE-UGT-. Que sea computable o no dependerá del gobierno que
lo gestione en ese momento". En esta ocasión, no se han escatimado
medios para evitar un supuesto paso atrás de la religión en las aulas.
"A partir de junio del curso pasado se inició la guerra escolar -
comenta Carlos López-En esas fechas la comunidad educativa estaba a
punto de firmar un acuerdo que se rompió a causa de algunas
organizaciones, entre ellas la CONCAPA, que es prácticamente el Partido
Popular. En ese momento empezó la beligerancia, que yo considero que
entra dentro de la guerra de desgaste político que pretende llevar a
cabo el Partido Popular".
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"Hay todavía aspectos preocupantes en
la LOE, pero en conjunto ha aportado sentido común, porque
no renuncia a la calidad de enseñanza, pero la une a otra
palabra: la equidad".
Carlos López, secretario general de FETE-UGT |
Los días previos a la manifestación del pasado día 12 de noviembre, en
contra de la LOE, la religión se convirtió pues en uno de los argumentos
fundamentales para convocar manifestantes. Sorprendió el activismo
desplegado por la Conferencia Episcopal para movilizar a padres,
profesores y alumnos. "La Conferencia Episcopal nos dejó atónitos a más
de uno al entrar en la guerra escolar y reivindicar dos aspectos que no
se ajustaban a la realidad -explica Carlos López- Cuando acudieron a la
manifestación del 12 de noviembre luchaban por defender la religión,
cuando la religión desde el primer momento es de oferta obligatoria.
Otra reivindicación era la libre elección de centros, cuando es un tema
que nunca estuvo cuestionado en la LOE. Por tanto eran dos argumentos de
tipo político porque en realidad esos dos puntos no estaban siendo
atacados".
Asistimos a un espectáculo insólito: párrocos arengando a sus fieles
para movilizarse contra una ley del gobierno socialista, obispos tras
las pancartas, etc. La Iglesia alentó y tomó parte activa en un
despliegue sin precedentes en la historia de nuestra democracia, jugando
un delicado papel entre lo religioso y lo político. Cabe preguntarse por
qué:
"Todos somos conscientes del descenso de la religiosidad en España desde
la transición hasta ahora -explica Ginés Martínez, vicepresidente de
CEAPA-. La Iglesia históricamente ha tenido siempre unos privilegios en
torno a la enseñanza, porque dispone de una red de centros, y porque ha
tenido un papel histórico en los cuarenta años de franquismo. Lo que
ahora ocurre es que se resiste a que desaparezcan esos privilegios. No
quiere perder un foro estupendo, como es la escuela, para adoctrinar a
la población. Con eso no le hace ningún favor al sistema educativo". Los
padres representados por la CEAPA opinan: "La asignatura de religión es
un arma de doble filo. Mientras se trate simplemente de una enseñanza de
tipo histórico-religioso, vale, pero el adoctrinamiento no debe entrar
en la enseñanza porque es algo de ámbito privado. Cada familia debe
buscar los medios". En medio de toda esta marejada, la Iglesia católica
española, que afirma proclamar las enseñanzas de Jesucristo "con
atrevimiento y sin miedos", en palabras del presidente de la Conferencia
Episcopal Ricardo Blázquez, ha rechazado en varias ocasiones las
acusaciones de connivencia política con el Partido Popular, pese a la
evidente confluencia de intereses.
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Para
los partidarios de la escuela pública, la "libre elección de
centro"
es una puerta para la segregación. |
¿Cuestión
de dinero?
Hay en paralelo otros temas sobre la mesa, concretamente el apartado que
más ampollas está levantando tiene que ver con lo económico. Ya lo
advirtió hace unas semanas la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa
Fernández de la Vega, quien denunció que la Iglesia "ha incumplido su
objetivo de autofinanciación" y que "se está llegando a un punto en el
que las aportaciones del Estado tendrán que ir a menos". Unas
aportaciones que establecen los acuerdos firmados entre el Estado
español y la Santa Sede en 1979, y en virtud de los cuales recibe al año
en torno a los 3.000 millones de euros, en distintos conceptos. Parte se
financia directamente, parte en sueldos de los profesores de religión, y
otra parte, la más importante, mediante la subvención a los colegios
concertados, además de sustanciosas ventajas fiscales. Estamos ante un
pulso entre la Iglesia y el Estado en el que el tema económico juega un
papel fundamental.
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La Iglesia recibe del Estado español
en torno a los 3.000 millones de euros anuales, en diversos
conceptos. Una gran parte a través de subvenciones
a los
colegios concertados. |
Javier López, profesor de
Educación Secundaria, opina que "efectivamente la Iglesia está echando
un pulso al Estado sabiendo de antemano que lo va a ganar. Ya hace algún
tiempo, cuando el Gobierno del Partido Socialista, en una de sus
veleidades, advirtió a la Iglesia del recorte de las subvenciones, algún
obispo desaforado contestó con el órdago de ver lo que pasaría en las
urnas. Muy fuertes tienen que ser los miedos del partido en el poder
para claudicar una y otra vez ante la Iglesia. El Gobierno sabe que va
de farol y la Iglesia está representando el papel de víctima. Hasta que
los acuerdos con la Santa Sede no desaparezcan y el Estado oficie de
verdad de no confesional no escaparemos de esta farsa". Para Ginés
Martínez, la Iglesia se resiste a perder cualquier privilegio: "Deben
ser los propios católicos los que subvencionen su institución. Son cosas
que deben volver a su sitio. Eso pasaría por algo que parece que aún
está muy lejos, que es la modificación de los Acuerdos de la Santa Sede
con el Estado español. Creemos que es algo obsoleto, porque hoy en día
la sociedad española es multicultural y multirreligiosa. Ya no puede
estar bajo una religión sola". "La Iglesia-Derecha pretende más dinero
de todos para ellos -explica Dulce Amieva-. Es la única confesión
religiosa que no se autofinancia, no pagan impuestos, sus templos son
reparados con cargo a las Administraciones Públicas, los profesores de
religión son contratados por los Obispados, pagados por las Consejerías
y si el Obispado les rescinde el contrato, es la Consejería quien les
indemniza… además de recibir, lógicamente, subvenciones para sus
servicios sociales, como otras ONG. Por otra parte, la CONCAPA, los
padres, no pretenden otra cosa que mantener el clasismo, que sus hijos
no se mezclen".
Educación...
a la derecha
El control del sistema educativo siempre ha sido una de las
preocupaciones de la derecha, y más cuanto más extrema. La delgada línea
entre educación y adoctrinamiento se difumina cuando entran en juego
determinados valores.
"El PP sabe lo que se trae entre manos: en el fondo está haciendo
campaña electoral a largo plazo, es decir, creando una masa de futuros
votantes -denuncia César Luena-. Por una parte, la patronal, la privada,
los poderosos económicamente quieren que haya grandes escuelas con más
calidad y más servicios que los que el Estado puede ofrecer. ¿Para qué?
Pues para que haya diferenciación social, para hacer una segregación en
la sociedad y crear un modelo de vida competitivo. Cuando a un chaval
desde joven se le educa bajo este modelo es muy difícil que después
tenga una actitud cooperativa en la sociedad, es decir, se fomenta el
individualismo. Por otra parte tenemos el modelo jesuita de toda la
vida, que es adoctrinar en valores conservadores, de un catolicismo
radical. La finalidad de todo esto es crear un modelo de pensamiento
conservador y competitivo en los chavales. Repito: el Partido Popular
sabe lo que hace".
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"La Iglesia se resiste a que
desaparezcan sus privilegios. No quiere perder un foro
estupendo, como es la escuela, para adoctrinar a la
población".
Ginés Martínez, vicepresidente de CEAPA. |
El representante de la Federación de Asociaciones de Estudiantes va más
allá: "¿Qué es lo que en realidad le importa al PP? Pues dos cosas:
tener contentos a dos grandes lobbies que le apoyan. Por un lado la
jerarquía católica, que no los católicos. Con la LOCE les dio el
caramelo de la religión y ahora no los quiere defraudar. Y por otro
lado, pretende mantener ciertas prebendas o privilegios para la patronal
de la enseñanza. La libertad de elección de centros no debe generar una
especie de neoliberalismo en la educación. La educación es un derecho,
no es un negocio".
El tema de la libre elección de centro ha sido otro de los pilares de
esta "guerra". "Los conciertos educativos fueron creados por el PSOE
para extender el derecho a la educación en un momento en que la Escuela
Pública no podía garantizarlo a toda la población -recuerda -Dulce
Amieva-.
Ese derecho universal
quiere confundirse con el cacareado "derecho de libre elección de
centro". Este término fue acuñado por el movimiento segregacionista de
los padres del Sur de los EE.UU. en los años 50, con el objeto de evitar
que sus hijos se educasen en compañía de escolares de color, un
"derecho" que hoy, como entonces, pretende asegurar y encubrir la
selección del alumnado en los centros concertados". Para Dolores
Pascual, profesora de Secundaria, lo que en realidad se defiende es el
mantenimiento de una serie de privilegios y el "derecho a elegir qué
compañero/a de pupitre quiero para mi hijo/a, pero costeado con el
dinero de todos". Para los defensores de la escuela pública, como Javier
López, profesor de Secundaria, está en juego la transmisión de una serie
de valores: "Este asco contra los inmigrantes, contra el pueblo llano y
contra los más desfavorecidos es el valor principal que quieren inocular
entre sus huestes. Cuando un padre de familia esgrime el derecho a la
libre elección de centro, lo que en realidad está diciendo es que no
quiere que su hijo se mezcle con los menos pudientes por si pudiera
contaminarse. Y asociados a éste todos los valores que vienen de la
mano: enseñanza elitista, segregación de sexos, etc." ∆ |
