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OCTUBRE 2005
POR UNA
JUSTICIA DEMOCRATICA
Enfrentamientos entre partidos por el control del
Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Conflictos de competencias
entre Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional. Jueces que dicen
ampararse en la objeción de conciencia para eludir la aplicación de una
ley aprobada en el Parlamento. Filtraciones del contenido de sumarios
que están bajo secreto. Suspensión de la ejecución de condenas,
indultos, permisos carcelarios de los que parecen beneficiarse los
denominados delincuentes de "guante blanco"...¿Qué está ocurriendo en el
poder judicial ?
Texto: Mariló Hidalgo
A nte este espectáculo, los ciudadanos no pueden por
menos que preguntarse por el estado de salud de nuestra Justicia. Y se
lo preguntan con cierta preocupación porque los jueces son la esencia de
un sistema democrático y son quienes además deberían de tutelar los
derechos de los propios ciudadanos frente a cualquier abuso o intento de
abuso. Como garantiza nuestra Constitución, la Justicia emana del pueblo
y es administrada por Jueces y Tribunales "sometidos únicamente al
imperio de la Ley". Apoyándonos en esta máxima, vamos a repasar algunas
de las cosas que preocupan al sencillo ciudadano de a pie.
LA VENDA CAIDA
¿Se han parado alguna vez a observar con detenimiento a la figura con la
que se representa a la Justicia? Una mujer vestida con una túnica, con
el cabello largo y suelto y, con los ojos vendados. En una mano porta
una balanza y en la otra, una espada. La venda en los ojos representa la
imparcialidad de la Justicia; el sometimiento a la Ley. Representa
también la libertad para juzgar en conciencia, al margen de presiones e
influencias externas. La balanza representa el equilibrio de la mente,
de las decisiones para que vayan a favor de una y otra parte. Garantiza
la equidad. Por último, la espada simboliza la fuerza para cumplir la
Ley, el cumplimiento.
Una de las primeras cuestiones que el ciudadano pone en tela de juicio
es el tema de la independencia, una cuestión que afectaría
principalmente a las altas esferas de la judicatura como consecuencia
del actual sistema de elección de candidatos. "La democracia -asegura el
periodista Francisco Rubiales, autor de La Democracia Secuestrada- exige
que la Justicia sea independiente y ser independiente significa tener
criterio y opinión. Si un juez considera que una ley es injusta o que no
se atiene a una norma mayor, como la Constitución, debe objetarla. Los
ciudadanos tienen derecho a disentir y los jueces, por la naturaleza de
su misión, todavía más, si cabe. La independencia de la justicia no es
un asunto baladí. Es tan importante, que si la justicia no es
independiente, no es Justicia. Y es un hecho demostrado que los partidos
políticos y el poder ejecutivo han invadido los terrenos de la justicia.
La desfachatez llega al extremo de que los partidos nombran jueces y
magistrados públicamente, utilizando el sistema de cuotas, según los
porcentajes obtenidos en las urnas, como si ese sistema fuera
trasladable a toda la sociedad y a los poderes básicos del Estado, sin
pudor, violando así los criterios de independencia de los poderes,
imprescindibles para la democracia". En efecto, el actual sistema
judicial recoge que los vocales del CGPJ serán elegidos por el
Parlamento, más exactamente por los partidos políticos que están
representados. Esto ha hecho que en ocasiones los tira y afloja entre
los grupos mayoritarios para ver quién se lleva al final el gato al
agua, hayan bloqueado nombramientos de los magistrados durante meses.
Pero afortunadamente, el sistema también dispone de garantías para
aquellos jueces decididos a luchar por su independencia. Así, han sonado
voces muy críticas desde dentro de la judicatura denunciando
precisamente esto. El magistrado de la Sala Segunda de lo Penal del
Tribunal Supremo, José Antonio Martín Pallín llegó a renunciar a la
presidencia de dicha Sala, después de denunciar públicamente que los
nombramientos se realizaban en corrillos por los pasillos y eso le hacía
sentirse "objeto de mercadeo".
La denuncia pública de la injusticia, a través de los medios de
comunicación, suele ser la vía más eficaz para que un caso sea revisado. |
¿No rompe esto con el principio de la separación de poderes, nos
preguntamos? Para Rubiales la respuesta es sí. "Los partidos han violado
la independencia judicial y han conseguido infiltrarla tanto que la
Justicia infiltrada ni siquiera es capaz ya de denunciar la invasión que
ha sufrido por parte de los partidos". Como algún juez apunta, el
sistema hoy es así y a él hay que ceñirse, pero también deja caer que es
la sociedad española quien tiene en sus manos el poder para cambiarlo.
Sigamos con otro tema. El juez, como cualquier otro ciudadano tiene
derecho a expresar libremente sus pensamientos, ideas u opiniones. Este
derecho está limitado por ley sólo en la medida en que este hecho
interfiera en el ejercicio de su actividad jurisdiccional. Los jueces no
podrán opinar por tanto, sobre aquellos asuntos que investigan o que
tienen que juzgar para no comprometer su imparcialidad. Deben aplicar la
Ley, estén o no de acuerdo con ella. Dicho esto, hay un caso que sin
duda ha sorprendido a la opinión pública. Se trata de ese pequeño grupo
de jueces que se niega a casar a parejas homosexuales, amparándose en la
objeción de conciencia. Estos jueces consideran que la Ley de
Matrimonios entre Homosexuales, aprobada por el Parlamento el pasado 3
de julio, es anticonstitucional. Nos encontramos ante un nuevo pulso, en
este caso ante el legislativo que se deberá de solucionar en los
próximos meses por los órganos competentes. Aquí, la opinión dominante
es que ningún juez tiene objeción de conciencia en este tema ya que está
sometido al imperio de la Ley. "La entrada en escena de los partidos
-apunta Rubiales- ha desquiciado el sistema de justicia, generando
frustración y esquizofrenia, problemas que se manifiestan en las
objeciones, las invasiones de competencias y en el distanciamiento del
juez con respecto al aparato legislativo, todavía más dominado por los
partidos. Cualquier juez o magistrado honesto no tiene otro remedio que
escandalizarse ante la situación y eso genera muchos problemas en la
administración de justicia, que si no es independiente, no es justicia
sino un mecanismo más de poder y otras cosas como venganza, influencias,
represalias, castigos al adversario, premio a los amigos, advertencias,
etc."
BALANZA Y ESPADA
Siguiendo con el símbolo de la Justicia, la balanza y la espada
representarían la equidad y la fuerza necesaria para hacer cumplir la
Ley. Si esto es así, el ciudadano no puede por menos que mostrar
perplejidad cuando aparecen publicadas sentencias, que aunque se explica
que son dictadas con arreglo al derecho, él desde su "ignorancia",
considera terriblemente "injustas". Ello le lleva a preguntarse muchas
veces si realmente no existen dos tipos de justicia: una para ricos y
otra para pobres.
Los empresarios Alberto Alcocer y Alberto Cortina, "Los Albertos", que
fueron condenados a tres años y cuatro meses por estafa podrían no
llegar a cumplir la condena porque una reciente sentencia del Tribunal
Constitucional habla de una prescripción del delito. Polémica resolución
que ha sido criticada por el Tribunal Supremo que acusa al
Constitucional de asumir sus competencias. Mientras, en la calle se
habla de la "suerte" de "Los Albertos", de la suerte de Mario Conde, de
Juan Alberto Perote, de Roldán, de Vera, del poderoso Emilio Botín, de
Javier de la Rosa, de Emilio Ibarra... y un largo etcétera de
personajes. Unido a ellos aparecen palabras como indulto, prescripción
de la pena, tercer grado, permisos carcelarios, pago de fianzas
millonarias... situaciones que no están al alcance de todos los
mortales. Nos comentan que aunque la Ley es una para todos, el hecho de
tener un buen equipo de abogados que conozcan a la perfección los
procedimientos, los entresijos de la justicia, junto con el hecho de
tener dinero para poder afrontar el coste del proceso sea cual sea y
dure lo que dure, son factores que sin duda pueden "echar una mano" en
un determinado momento.
¿Qué opciones tiene entonces el ciudadano para recurrir las decisiones
que considera arbitrarias? En principio todas las que ofrece la
Constitución, que son varias. Aún así, el ciudadano se siente en
ocasiones desamparado e impotente. "La Justicia española proporciona
pocas vías para recurrir, apelar y restituir lo que está mal hecho
-asegura Rubiales-. La única fuerza que la justicia teme es la Opinión
Pública, algo que no debería ocurrir si la venda estuviera puesta sobre
los ojos. De hecho, la denuncia pública de la injusticia, a través de
los medios de comunicación, suele ser la vía más eficaz para que un caso
sea revisado. Otro déficit de la Justicia, como quedaba establecido en
mi libro 'Democracia Secuestrada', es que la justicia se limita a
castigar el delito y no ha desarrollado ni un milímetro la otra vía que
existe para hacer un mundo mejor y más justo, que es el fin último de la
Justicia. Esa vía es el estímulo de la virtud, de los valores y del buen
comportamiento de los ciudadanos. Un ejemplo sencillo: si se le regalara
un coche a cada conductor que cumpliera 30 años sin haber cometido una
sola infracción, el resultado sería sorprendente: el índice de
accidentes bajaría y las arcas del Estado ahorrarían mucho dinero de lo
que nos cuestan ahora los miles de muertos y heridos en las carreteras,
sanitaria, social y laboralmente".
La Justicia española proporciona pocas vías para recurrir, apelar y
restituir lo que está mal hecho.
Lo comentado hasta aquí puede ser el argumento que justifique los datos
del último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas que
situaba a la Justicia como el servicio público peor valorado por los
españoles. A pesar de ello, hay también razones para ser optimistas.
Existe un gran número de jueces que luchan desde sus distintas
responsabilidades, por una justicia diferente y cercana. Son
silenciosos, discretos, están bien preparados, se mantienen firmes ante
las presiones y cuando hacen sonar su voz, es como un soplo de aire
fresco. Para todos ellos, nuestro apoyo y reconocimiento. ∆ |
JUECES PARA LA DEMOCRACIA
Por una justicia diferente
Esta asociación, formada por el sector progresista de la judicatura,
trabaja por una organización judicial
realmente funcional, fiel a los valores superiores del
ordenamiento constitucional: "libertad, justicia, igualdad y pluralismo
político" y por la democratización de la
"carrera judicial". Reivindican la crítica interna/externa y un tipo de
juez comprometido con la realidad del pueblo. Reclaman independencia
frente al poder y apertura a la sociedad.
Su portavoz, el magistrado
Don Raimundo Rodríguez Achútegui, repasa algunos de los asuntos más conflictivos.
-Nos gustaría conocer su opinión sobre el hecho de que varios jueces
se hayan negado a aplicar determinadas leyes escudándose en la objeción
de conciencia. ¿No está el juez sometido al imperio de la Ley?
-Es indudable que el juez está sometido a las exigencias de la ley,
que tiene que salvaguardar por ordenarlo la Constitución misma, en su
art. 117, que dispone que los jueces actúan "sometidos al imperio de la
ley", y la Ley Orgánica del Poder Judicial. De hecho, no tiene otra
legitimidad que tal sumisión, por lo que el juez no emite sus opiniones
sino que aplica el ordenamiento jurídico. De lo contrario se convierte
en un prevaricador, lo que supone tanto como delincuente.
En estos casos, sin embargo, quienes han decidido no aplicar una norma
que garantiza ciertos derechos a algunos ciudadanos, no han objetado, o
al menos no lo han hecho de madera franca y abierta. Han utilizado,
incorrectamente a mi juicio, un recurso legal, para obviar temporalmente
la aplicación de una ley aprobada por el Parlamento. Ese medio es la
llamada "cuestión de inconstitucionalidad", que puede ser utilizada
cuando el juez, en un litigio, tiene dudas sobre el acomodo de una norma
legal a la Constitución. Lo que ocurre es que aquí no hay litigio
alguno, sino un expediente de Registro Civil en el que no hay dos partes
enfrentadas. Muy al contrario, las dos partes están tan de acuerdo que
quieren casarse, pero han surgido ciertos reparos ideológicos o morales,
más que jurídicos, en tres jueces, de un colectivo de más de cuatro mil.
En mi opinión un juez encargado del Registro Civil no puede plantear
cuestión de constitucionalidad porque el art. 163 de la Constitución
autoriza a hacerlo a un juez en un "proceso", y aquí no lo hay. La Ley
Orgánica del Tribunal Constitucional lo permite si hay litigio, que
tampoco concurre. Lo lógico, en consecuencia, es que el Tribunal
Constitucional ni siquiera admita la cuestión. Y si lo hace, lo que es
improbable, estoy seguro que declarará que la dignidad de las personas,
cualquiera que sea su orientación sexual, les hace merecedoras de un
trato igual a sus semejantes, evitando cualquier discriminación y
asegurando la igualdad que garantiza el art. 14 de la Constitución.
"El juez no emite sus opiniones sino que aplica el ordenamiento jurídico.
De lo contrario se convierte en un prevaricador, lo que supone tanto
como delincuente" |
-Desde hace unos meses la relación entre magistrados
del Constitucional y del Supremo, es conflictiva. Se acusan mutuamente
de invasión de competencias. ¿Cuál es la causa real de tanta tensión?
-Sin duda ha habido una relación difícil entre Tribunal
Constitucional y Tribunal Supremo. El primero es el máximo garante de
los derechos fundamentales y del control de constitucionalidad de las
normas, y el segundo el máximo órgano de la organización judicial.
Aunque teóricamente su labor no puede solaparse, porque técnicamente
está muy diferenciada su función, lo cierto es que a través del recurso
de amparo puede revisarse un aspecto de las sentencias del Tribunal
Supremo, y el Tribunal Constitucional puede amparar a quien estima ha
visto vulnerados sus derechos, dejando sin efecto sentencias de la
jurisdicción ordinaria. De ahí que se produzca esa relación dificultosa,
que algunos pronunciamientos polémicos han exacerbado. No obstante
conflictos como éste se viven cotidianamente entre administraciones
públicas, y en la propia jurisdicción entre diferentes jueces. Creo que
con ejercicio de responsabilidad y prudencia podrían evitarse, aunque
serán inevitables roces.
-Recientemente el Magistrado Martín Pallín criticaba
el sistema de nombramiento del CGPJ, comentaba que los nombramientos de
jueces se negociaban en los pasillos. ¿No cree que se están eligiendo
jueces más en función de su afinidad ideológica que de su mérito y
capacidad?
-En ocasiones ha dado esa impresión, y Jueces para la Democracia ha
criticado en muchos momentos el oscurantismo del CGPJ a la hora de
proceder los nombramientos. Nos parece que en una materia tan importante
como ésta debe hacer un esfuerzo de motivación, de explicación de las
razones por las que elige a unos candidatos y aparta a otros. Ese
esfuerzo es perfectamente posible y además cumpliría con las exigencias
constitucionales que caracterizan la función pública con estos
principios. Por otro lado hay principios constitucionales que deben
atenderse, como los de pluralismo, que es uno de los valores superiores
que proclama el art. 1 de la Constitución, y el de igualdad, que
justificaría optar por los candidatos femeninos sobre los masculinos
mientras siga existiendo la enorme desproporción actual.
"Hay que garantizar que la justicia
alcanzará a todos, no sólo a los pequeños delincuentes o a
quienes tienen menos recursos, sino a quienes amparados por
su posición privilegiada, pretenden que el ordenamiento
jurídico no les afecte" |
-Un sector del Consejo cuestiona la
constitucionalidad de los Juzgados de violencia doméstica; cuestiona la
constitucionalidad del matrimonio entre homosexuales; expresa
abiertamente su malestar por la reforma de la Ley del Divorcio... En
algún sitio ya denominan a este grupo como la "Segunda Oposición" a
Zapatero. ¿Cuál es su visión sobre este tema?
-Ciertamente hay un grupo de vocales que han demostrado una beligerancia
sistemática ante cualquier iniciativa ya no sólo gubernamental, sino del
propio Parlamento. Me parece que el cambio político que trajeron las
últimas elecciones ha sido mal asimilado, y que en el CGPJ todavía se
mantienen posiciones exageradas en algunas cuestiones, que podrían
matizarse de manera más constructiva.
Desde luego me parece más que razonable que el CGPJ muestre su parecer
discrepante cuando considera que hay aspectos mejorables de una norma. Y
creo que es bueno que los plazos de mandato de este órgano
constitucional propicien la convivencia de sensibilidades diferentes
entre poder ejecutivo y CGPJ. Pero también estimo que podrían plantearse
las discrepancias de forma menos encendida, más ecuánime y prudente,
como caracteriza a la judicatura. La función principal del CGPJ es
asegurar la independencia judicial, y en eso no puede haber concesión
alguna. Pero que se pretenda torpedear cualquier iniciativa, y que se
traslade la impresión de que algunos vocales son un ariete de la
oposición, es una actitud rechazable.
-Según su opinión ¿qué le falta a la Justicia de
nuestro país? ¿De qué está necesitada?
-El cambio de mentalidad que ha supuesto considerar que en la
administración de justicia hay un indudable aspecto de servicio público
tiene que terminar de calar en las mentalidades de todos los
profesionales del derecho. Nadie discute hoy ese carácter, pero las
actitudes han de corresponderse con los hechos. Es decir, hay que
colocar al ciudadano como protagonista de la administración de justicia.
Para ello me parece que hace falta un auténtico "plan de calidad". En
primer lugar para dotar de planta suficiente a las zonas afectadas por
una sobrecarga inadmisible, que se concentran en Madrid, el arco
mediterráneo y Canarias. Pero en los demás lugares sería preciso mejorar
en instalaciones judiciales, atención al público y disminuir la
dilación. La reforma de la oficina judicial sigue pendiente, y aunque
hay planes para modernizarla, todavía no es una realidad. Hay que
unificar la carrera judicial, disminuyendo sus diferencias, cambiar el
sistema de enjuiciamiento criminal, haciéndolo más garantista, y
continuar el proceso de atribución de competencias a los Tribunales
Superiores de Justicia y moderación de las del Tribunal Supremo. Por
otro lado, el proceso de transferencias debe terminar, ya que no todas
las CC.AA. las tienen, y realizar un esfuerzo presupuestario por el que
apostaba el fenecido Pacto de Estado por la Justicia. Por último,
algunas de las reformas sugeridas por el Libro Blanco no se han puesto
en marcha y hora es ya de acometerlas.
"Queremos que los ciudadanos perciban
una justicia amable. Que los jueces sean accesibles, que sus
resoluciones sean comprensibles y se dicten con rapidez" |
-¿Cuál es el compromiso de la Asociación de Jueces
para la Democracia?
-Queremos que los ciudadanos perciban una justicia amable. Que los
jueces sean accesibles, que sus resoluciones sean comprensibles y se
dicten con rapidez. Que se garantice que tutelaremos los derechos de los
ciudadanos frente a cualquier intento de abuso. Nos parece que es
posible que los ciudadanos confíen en que la administración de justicia
les tutelará con eficacia, que cuando se acuda a un Palacio de Justicia
no se vaya con temor, que se pueda pedir una cita con los jueces y te
reciban, que la justicia tenga un rostro benévolo.
También creemos que hay que garantizar que la justicia alcanzará a
todos, no sólo a los pequeños delincuentes o a quienes tienen menos
recursos, sino a quienes amparados por su posición privilegiada,
pretenden que el ordenamiento jurídico no les afecte. Y por supuesto
garantizar los derechos de los más débiles, de los extranjeros sin
papeles, de los desfavorecidos. Una justicia que trate con rigor a quien
abusa y con todas las garantías a los ciudadanos. En esa idea hay muchos
jueces y creemos que podremos seguir avanzando con el esfuerzo de muchos
ciudadanos y de los profesionales del derecho. ∆ |
"El sistema actual ha llevado a un fracaso y a un desprestigio del poder
judicial difícilmente superable en las repúblicas más bananeras del
mundo."
Críticas desde dentro
El magistrado de la Sala Segunda de lo Penal del
Tribunal Supremo,
D. José Antonio Martín Pallín,
decidió renunciar a la presidencia de la
Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y se atrevió a denunciar el
"mercadeo" en el CGPJ.
-El procedimiento seguido para la elección de los
vocales del CGPJ se hace por cuotas de partido. Usted denunció que los
nombramientos de los jueces se negocian en los pasillos. ¿Se trata de un
abuso de los políticos? ¿Se trata de una falta de dignidad por parte de
los jueces para rechazar ese nombramiento con determinadas
"condiciones", como usted llegó a hacer?
-Ese procedimiento es incorrecto por mucho que digan que la elección
por los jueces es corporativa y que no está legitimada. Se ha demostrado
que la elección por parte de los representantes legitimados de la
soberanía popular es todavía peor que la elección por los jueces, porque
se ha convertido en un reparto de cuotas y en un reparto de puestos en
función de valores que no tienen nada que ver con lo que es la función
judicial. El sistema actual ha llevado a un fracaso y a un desprestigio
del poder judicial difícilmente superable en las repúblicas más
bananeras del mundo.
-¿Cómo tendrían que ser las cosas para garantizar un
poder judicial independiente e imparcial?
-En primer lugar es importante que los políticos se crean que tiene que
haber un poder independiente e imparcial en el sentido de que comprendo
que ellos están revestidos de la legitimación de los votos y nosotros
no. Y que nosotros tenemos la facultad de anular algunas resoluciones,
algunas leyes y plantear cuestiones de inconstitucionalidad, etc. Pero
las reglas del juego son así, están dispuestas en la Constitución y
nadie puede renegar de ellas. Creo que es preciso un cambio en la
conciencia de los políticos para que vean que es preferible un poder
judicial independiente a un poder judicial indiferente o servil. Y por
otro lado, serían necesarios y deseables los debates entre los jueces y
las elecciones internas, ambas cosas pondrían al descubierto las
fragilidades humanas y políticas de muchos candidatos.
"Me parece asombroso que una persona que tiene formación
jurídica diga que autorizar o no un matrimonio es una
función jurisdiccional. Temo por la seguridad de los
ciudadanos en manos de ese juez o esa jueza, porque
demuestra una ignorancia inexcusable" |
-Un sector del Consejo cuestiona la
constitucionalidad de los juzgados de violencia doméstica y el
matrimonio entre homosexuales, al tiempo que expresa su malestar por la
reforma de la Ley del Divorcio. ¿Cuál es su visión sobre este tema?
-Respecto al primer tema creo que nadie cuestiona la legitimidad de los
juzgados, lo que se cuestiona es la diferencia de penas en relación con
una bofetada del marido a la mujer o de la mujer al marido. Y eso lo
comparto. Además creo que estamos de acuerdo todos los sectores desde
una visión puramente técnica. Se trata de un principio de igualdad ante
la Ley y por tanto eso habrá que corregirlo. Pero no se cuestionan los
juzgados ni tampoco todas las medidas de acompañamiento de la Ley
Integral, que me parecen positivas (asistencia social, protección
económica, etc.). Con lo único que estoy en desacuerdo es con la
desigualdad de penas. En relación con el matrimonio entre homosexuales,
sí es un problema político sustancial que afecta a la nación española
pues los representantes de la oposición deberían tener el valor de dar
el paso adelante y presentar con cincuenta senadores o cincuenta
diputados un recurso de inconstitucionalidad. Entonces ya veríamos lo
que decía el Tribunal Constitucional. Me parece asombroso que una
persona que tiene formación jurídica diga que el autorizar o no un
matrimonio es una función jurisdiccional. Temo mucho por su formación
jurídica y por la seguridad de los ciudadanos en manos de ese juez o esa
jueza porque demuestra una ignorancia inexcusable. Y por otro lado, el
que lo haga por otros motivos ¡allá él!... No entro en otras
motivaciones y me gustaría pensar que no existen.
-Se refiere usted a ese grupo de jueces que se niegan
a aplicar la Ley amparándose en la objeción de conciencia.
-Pues sí, más o menos... Eso es absurdo, ancestral. Hace treinta años
que la Dirección General de los Registros es la que tiene la última
palabra sobre estos matrimonios y por tanto que ahora se plantee esto me
causa asombro, perplejidad y preocupación porque pueda haber intereses
no muy dignos debajo de esas posturas.
-¿Y respecto a la reforma de la Ley del Divorcio?
-No lo considero una cuestión crucial.
-¿Cree usted que la sociedad española tiene la
justicia que se merece?
-No creo ser el más indicado para decirlo. Eso habría que preguntárselo
a la sociedad española. Creo que funciona dentro de los parámetros de la
UE y es mucho más aceptable que lo que los catastrofistas e interesados
dicen en los medios de comunicación. Pero prefiero que se lo pregunten a
la sociedad española.
"Es preciso un cambio en la
conciencia de los políticos para que vean que es preferible un poder
judicial independiente a un poder judicial indiferente o servil"
|
-Se acaba de inaugurar el año judicial, ¿cuáles cree
que son los asuntos más importantes para este nuevo curso?
-Uf!!! Necesitaríamos mucho tiempo para enumerarlos. Por poner alguno,
creo que es necesario reformar el recurso de amparo, que no es una
cuestión exclusivamente del poder judicial, sino una decisión política.
El recurso de amparo habría que encomendárselo al auténtico poder
judicial, que son los Tribunales de justicia. El Tribunal Constitucional
no es poder judicial, es otra cosa. Habría que hacer una
reestructuración del Tribunal Supremo y también una reestructuración de
las competencias de los Tribunales Superiores de Justicia.
-He leído varios artículos de opinión suyos en la
prensa. No es frecuente ver las opiniones de jueces en los medios, menos
aún las críticas. ¿Se siente obligado a decir lo que piensa?
-Me siento obligado a decir lo que pienso y tengo una norma de
inexcusable cumplimiento y es que nunca he emitido una opinión sobre un
asunto que dependa de mi decisión. He hablado sobre la eutanasia,
reacción ante el 11-S, sobre la dialéctica del terror y la seguridad,
sobre problemas incluso de carácter filosófico como la libertad de
amar... Hay medios que consideran que mis opiniones son interesantes
para sus lectores. Pero repito, nunca opinaré sobre asuntos que dependan
de mi decisión.
-¿Y cómo son recibidas las críticas por parte de sus
compañeros de judicatura?
-Frecuentemente vienen a mi despacho a apoyarme y felicitarme por mis
opiniones. Me imagino que no todos y no en todas las ocasiones. En
ningún caso me considero poseedor de la verdad universal. ∆ |
FUSION OPINA
La
justicia debería ocupar el más alto nivel en el edificio que representa
al Estado. Un nivel inalcanzable para todos los demás poderes, un nivel
que sólo se relacionase con la esencia pura de la Ley y que la
administrase con igual pureza.
Pero para ello se necesitaban seres humanos que hubieran trascendido el
binomio bien-mal, que fueran insobornables, que hubieran comprendido que
los otros poderes buscan su propio beneficio, sin mirar los costes que
ello pueda suponer.
Pero los "dioses" de esta sociedad son los políticos, y los políticos no
entienden de justicia, sino de política, que es otra cosa. El sistema
permite que los políticos sean en muchos casos intocables, salvo alguna
excepción, para que se confirme la regla.
Luego está la ley, las leyes. Una sociedad moderna, del siglo XXI, no
puede regirse por leyes que no han evolucionado desde su creación, y el
origen de algunas, de la mayoría, se pierde en el túnel del tiempo.
Todo ello crea un plato difícil de digerir y, como consecuencia, una
falta de credibilidad y de confianza en el ciudadano, que es el fin
último, el protagonista directo de la ley.
Pero la verdadera democracia se sustenta sobre una justicia fuerte,
inalterable, insobornable y en constante evolución.
Todo lo contrario, que es lo que existe, da pie a una pérdida progresiva
de valores, a una desmembración del Estado y, lo que es peor, a una
fuente de conflictos permanente.
Pero, como en todo lo demás, lo que falla es el hombre, el ser humano,
su integridad moral y, sobre todo, su inteligencia, porque quien utilice
la ley para su propio beneficio es un ignorante que se está creando su
propia autodestrucción. ∆ |
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