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El ciudadano se pregunta muchas veces si realmente no existen dos tipos de justicia: una para ricos y otra para pobres.

OCTUBRE 2005

POR UNA JUSTICIA DEMOCRATICA


Enfrentamientos entre partidos por el control del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Conflictos de competencias entre Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional. Jueces que dicen ampararse en la objeción de conciencia para eludir la aplicación de una ley aprobada en el Parlamento. Filtraciones del contenido de sumarios que están bajo secreto. Suspensión de la ejecución de condenas, indultos, permisos carcelarios de los que parecen beneficiarse los denominados delincuentes de "guante blanco"...¿Qué está ocurriendo en el poder judicial ?
Texto: Mariló Hidalgo

Ante este espectáculo, los ciudadanos no pueden por menos que preguntarse por el estado de salud de nuestra Justicia. Y se lo preguntan con cierta preocupación porque los jueces son la esencia de un sistema democrático y son quienes además deberían de tutelar los derechos de los propios ciudadanos frente a cualquier abuso o intento de abuso. Como garantiza nuestra Constitución, la Justicia emana del pueblo y es administrada por Jueces y Tribunales "sometidos únicamente al imperio de la Ley". Apoyándonos en esta máxima, vamos a repasar algunas de las cosas que preocupan al sencillo ciudadano de a pie.

 LA VENDA CAIDA
¿Se han parado alguna vez a observar con detenimiento a la figura con la que se representa a la Justicia? Una mujer vestida con una túnica, con el cabello largo y suelto y, con los ojos vendados. En una mano porta una balanza y en la otra, una espada. La venda en los ojos representa la imparcialidad de la Justicia; el sometimiento a la Ley. Representa también la libertad para juzgar en conciencia, al margen de presiones e influencias externas. La balanza representa el equilibrio de la mente, de las decisiones para que vayan a favor de una y otra parte. Garantiza la equidad. Por último, la espada simboliza la fuerza para cumplir la Ley, el cumplimiento.
Una de las primeras cuestiones que el ciudadano pone en tela de juicio es el tema de la independencia, una cuestión que afectaría principalmente a las altas esferas de la judicatura como consecuencia del actual sistema de elección de candidatos. "La democracia -asegura el periodista Francisco Rubiales, autor de La Democracia Secuestrada- exige que la Justicia sea independiente y ser independiente significa tener criterio y opinión. Si un juez considera que una ley es injusta o que no se atiene a una norma mayor, como la Constitución, debe objetarla. Los ciudadanos tienen derecho a disentir y los jueces, por la naturaleza de su misión, todavía más, si cabe. La independencia de la justicia no es un asunto baladí. Es tan importante, que si la justicia no es independiente, no es Justicia. Y es un hecho demostrado que los partidos políticos y el poder ejecutivo han invadido los terrenos de la justicia. La desfachatez llega al extremo de que los partidos nombran jueces y magistrados públicamente, utilizando el sistema de cuotas, según los porcentajes obtenidos en las urnas, como si ese sistema fuera trasladable a toda la sociedad y a los poderes básicos del Estado, sin pudor, violando así los criterios de independencia de los poderes, imprescindibles para la democracia". En efecto, el actual sistema judicial recoge que los vocales del CGPJ serán elegidos por el Parlamento, más exactamente por los partidos políticos que están representados. Esto ha hecho que en ocasiones los tira y afloja entre los grupos mayoritarios para ver quién se lleva al final el gato al agua, hayan bloqueado nombramientos de los magistrados durante meses. Pero afortunadamente, el sistema también dispone de garantías para aquellos jueces decididos a luchar por su independencia. Así, han sonado voces muy críticas desde dentro de la judicatura denunciando precisamente esto. El magistrado de la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo, José Antonio Martín Pallín llegó a renunciar a la presidencia de dicha Sala, después de denunciar públicamente que los nombramientos se realizaban en corrillos por los pasillos y eso le hacía sentirse "objeto de mercadeo".

La denuncia pública de la injusticia, a través de los medios de comunicación, suele ser la vía más eficaz para que un caso sea revisado.

¿No rompe esto con el principio de la separación de poderes, nos preguntamos? Para Rubiales la respuesta es sí. "Los partidos han violado la independencia judicial y han conseguido infiltrarla tanto que la Justicia infiltrada ni siquiera es capaz ya de denunciar la invasión que ha sufrido por parte de los partidos". Como algún juez apunta, el sistema hoy es así y a él hay que ceñirse, pero también deja caer que es la sociedad española quien tiene en sus manos el poder para cambiarlo.
Sigamos con otro tema. El juez, como cualquier otro ciudadano tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, ideas u opiniones. Este derecho está limitado por ley sólo en la medida en que este hecho interfiera en el ejercicio de su actividad jurisdiccional. Los jueces no podrán opinar por tanto, sobre aquellos asuntos que investigan o que tienen que juzgar para no comprometer su imparcialidad. Deben aplicar la Ley, estén o no de acuerdo con ella. Dicho esto, hay un caso que sin duda ha sorprendido a la opinión pública. Se trata de ese pequeño grupo de jueces que se niega a casar a parejas homosexuales, amparándose en la objeción de conciencia. Estos jueces consideran que la Ley de Matrimonios entre Homosexuales, aprobada por el Parlamento el pasado 3 de julio, es anticonstitucional. Nos encontramos ante un nuevo pulso, en este caso ante el legislativo que se deberá de solucionar en los próximos meses por los órganos competentes. Aquí, la opinión dominante es que ningún juez tiene objeción de conciencia en este tema ya que está sometido al imperio de la Ley. "La entrada en escena de los partidos -apunta Rubiales- ha desquiciado el sistema de justicia, generando frustración y esquizofrenia, problemas que se manifiestan en las objeciones, las invasiones de competencias y en el distanciamiento del juez con respecto al aparato legislativo, todavía más dominado por los partidos. Cualquier juez o magistrado honesto no tiene otro remedio que escandalizarse ante la situación y eso genera muchos problemas en la administración de justicia, que si no es independiente, no es justicia sino un mecanismo más de poder y otras cosas como venganza, influencias, represalias, castigos al adversario, premio a los amigos, advertencias, etc."Los partidos políticos y el poder ejecutivo han invadido los terrenos de la justicia. Los partidos nombran jueces y magistrados públicamente según los porcentajes obtenidos en las urnas, violando así los criterios de independencia de los poderes.

 BALANZA Y ESPADA
Siguiendo con el símbolo de la Justicia, la balanza y la espada representarían la equidad y la fuerza necesaria para hacer cumplir la Ley. Si esto es así, el ciudadano no puede por menos que mostrar perplejidad cuando aparecen publicadas sentencias, que aunque se explica que son dictadas con arreglo al derecho, él desde su "ignorancia", considera terriblemente "injustas". Ello le lleva a preguntarse muchas veces si realmente no existen dos tipos de justicia: una para ricos y otra para pobres.
Los empresarios Alberto Alcocer y Alberto Cortina, "Los Albertos", que fueron condenados a tres años y cuatro meses por estafa podrían no llegar a cumplir la condena porque una reciente sentencia del Tribunal Constitucional habla de una prescripción del delito. Polémica resolución que ha sido criticada por el Tribunal Supremo que acusa al Constitucional de asumir sus competencias. Mientras, en la calle se habla de la "suerte" de "Los Albertos", de la suerte de Mario Conde, de Juan Alberto Perote, de Roldán, de Vera, del poderoso Emilio Botín, de Javier de la Rosa, de Emilio Ibarra... y un largo etcétera de personajes. Unido a ellos aparecen palabras como indulto, prescripción de la pena, tercer grado, permisos carcelarios, pago de fianzas millonarias... situaciones que no están al alcance de todos los mortales. Nos comentan que aunque la Ley es una para todos, el hecho de tener un buen equipo de abogados que conozcan a la perfección los procedimientos, los entresijos de la justicia, junto con el hecho de tener dinero para poder afrontar el coste del proceso sea cual sea y dure lo que dure, son factores que sin duda pueden "echar una mano" en un determinado momento.
¿Qué opciones tiene entonces el ciudadano para recurrir las decisiones que considera arbitrarias? En principio todas las que ofrece la Constitución, que son varias. Aún así, el ciudadano se siente en ocasiones desamparado e impotente. "La Justicia española proporciona pocas vías para recurrir, apelar y restituir lo que está mal hecho -asegura Rubiales-. La única fuerza que la justicia teme es la Opinión Pública, algo que no debería ocurrir si la venda estuviera puesta sobre los ojos. De hecho, la denuncia pública de la injusticia, a través de los medios de comunicación, suele ser la vía más eficaz para que un caso sea revisado. Otro déficit de la Justicia, como quedaba establecido en mi libro 'Democracia Secuestrada', es que la justicia se limita a castigar el delito y no ha desarrollado ni un milímetro la otra vía que existe para hacer un mundo mejor y más justo, que es el fin último de la Justicia. Esa vía es el estímulo de la virtud, de los valores y del buen comportamiento de los ciudadanos. Un ejemplo sencillo: si se le regalara un coche a cada conductor que cumpliera 30 años sin haber cometido una sola infracción, el resultado sería sorprendente: el índice de accidentes bajaría y las arcas del Estado ahorrarían mucho dinero de lo que nos cuestan ahora los miles de muertos y heridos en las carreteras, sanitaria, social y laboralmente".

La Justicia española proporciona pocas vías para recurrir, apelar y restituir lo que está mal hecho.

Lo comentado hasta aquí puede ser el argumento que justifique los datos del último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas que situaba a la Justicia como el servicio público peor valorado por los españoles. A pesar de ello, hay también razones para ser optimistas. Existe un gran número de jueces que luchan desde sus distintas responsabilidades, por una justicia diferente y cercana. Son silenciosos, discretos, están bien preparados, se mantienen firmes ante las presiones y cuando hacen sonar su voz, es como un soplo de aire fresco. Para todos ellos, nuestro apoyo y reconocimiento. ∆

 

Don Raimundo Rodríguez Achútegui - "Hay un grupo de vocales que han demostrado una beligerancia sistemática a cualquier iniciativa ya no sólo gubernamental, sino del propio Parlamento. Me parece que el cambio político que trajeron las últimas elecciones ha sido mal asimilado"


 JUECES PARA LA DEMOCRACIA
Por una justicia diferente

Esta asociación, formada por el sector progresista de la judicatura, trabaja por una organización judicial realmente funcional, fiel a los valores superiores del ordenamiento constitucional: "libertad, justicia, igualdad y pluralismo político" y por la democratización de la "carrera judicial". Reivindican la crítica interna/externa y un tipo de juez comprometido con la realidad del pueblo. Reclaman independencia frente al poder y apertura a la sociedad.

Su portavoz, el magistrado Don Raimundo Rodríguez Achútegui, repasa algunos de los asuntos más conflictivos.
-Nos gustaría conocer su opinión sobre el hecho de que varios jueces se hayan negado a aplicar determinadas leyes escudándose en la objeción de conciencia. ¿No está el juez sometido al imperio de la Ley?
-Es indudable que el juez está sometido a las exigencias de la ley, que tiene que salvaguardar por ordenarlo la Constitución misma, en su art. 117, que dispone que los jueces actúan "sometidos al imperio de la ley", y la Ley Orgánica del Poder Judicial. De hecho, no tiene otra legitimidad que tal sumisión, por lo que el juez no emite sus opiniones sino que aplica el ordenamiento jurídico. De lo contrario se convierte en un prevaricador, lo que supone tanto como delincuente.
En estos casos, sin embargo, quienes han decidido no aplicar una norma que garantiza ciertos derechos a algunos ciudadanos, no han objetado, o al menos no lo han hecho de madera franca y abierta. Han utilizado, incorrectamente a mi juicio, un recurso legal, para obviar temporalmente la aplicación de una ley aprobada por el Parlamento. Ese medio es la llamada "cuestión de inconstitucionalidad", que puede ser utilizada cuando el juez, en un litigio, tiene dudas sobre el acomodo de una norma legal a la Constitución. Lo que ocurre es que aquí no hay litigio alguno, sino un expediente de Registro Civil en el que no hay dos partes enfrentadas. Muy al contrario, las dos partes están tan de acuerdo que quieren casarse, pero han surgido ciertos reparos ideológicos o morales, más que jurídicos, en tres jueces, de un colectivo de más de cuatro mil. En mi opinión un juez encargado del Registro Civil no puede plantear cuestión de constitucionalidad porque el art. 163 de la Constitución autoriza a hacerlo a un juez en un "proceso", y aquí no lo hay. La Ley Orgánica del Tribunal Constitucional lo permite si hay litigio, que tampoco concurre. Lo lógico, en consecuencia, es que el Tribunal Constitucional ni siquiera admita la cuestión. Y si lo hace, lo que es improbable, estoy seguro que declarará que la dignidad de las personas, cualquiera que sea su orientación sexual, les hace merecedoras de un trato igual a sus semejantes, evitando cualquier discriminación y asegurando la igualdad que garantiza el art. 14 de la Constitución.

"El juez no emite sus opiniones sino que aplica el ordenamiento jurídico. De lo contrario se convierte en un prevaricador, lo que supone tanto como delincuente"

-Desde hace unos meses la relación entre magistrados del Constitucional y del Supremo, es conflictiva. Se acusan mutuamente de invasión de competencias. ¿Cuál es la causa real de tanta tensión?
-Sin duda ha habido una relación difícil entre Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo. El primero es el máximo garante de los derechos fundamentales y del control de constitucionalidad de las normas, y el segundo el máximo órgano de la organización judicial. Aunque teóricamente su labor no puede solaparse, porque técnicamente está muy diferenciada su función, lo cierto es que a través del recurso de amparo puede revisarse un aspecto de las sentencias del Tribunal Supremo, y el Tribunal Constitucional puede amparar a quien estima ha visto vulnerados sus derechos, dejando sin efecto sentencias de la jurisdicción ordinaria. De ahí que se produzca esa relación dificultosa, que algunos pronunciamientos polémicos han exacerbado. No obstante conflictos como éste se viven cotidianamente entre administraciones públicas, y en la propia jurisdicción entre diferentes jueces. Creo que con ejercicio de responsabilidad y prudencia podrían evitarse, aunque serán inevitables roces.

-Recientemente el Magistrado Martín Pallín criticaba el sistema de nombramiento del CGPJ, comentaba que los nombramientos de jueces se negociaban en los pasillos. ¿No cree que se están eligiendo jueces más en función de su afinidad ideológica que de su mérito y capacidad?
-En ocasiones ha dado esa impresión, y Jueces para la Democracia ha criticado en muchos momentos el oscurantismo del CGPJ a la hora de proceder los nombramientos. Nos parece que en una materia tan importante como ésta debe hacer un esfuerzo de motivación, de explicación de las razones por las que elige a unos candidatos y aparta a otros. Ese esfuerzo es perfectamente posible y además cumpliría con las exigencias constitucionales que caracterizan la función pública con estos principios. Por otro lado hay principios constitucionales que deben atenderse, como los de pluralismo, que es uno de los valores superiores que proclama el art. 1 de la Constitución, y el de igualdad, que justificaría optar por los candidatos femeninos sobre los masculinos mientras siga existiendo la enorme desproporción actual.

"Hay que garantizar que la justicia alcanzará a todos, no sólo a los pequeños delincuentes o a quienes tienen menos recursos, sino a quienes amparados por su posición privilegiada, pretenden que el ordenamiento jurídico no les afecte"

-Un sector del Consejo cuestiona la constitucionalidad de los Juzgados de violencia doméstica; cuestiona la constitucionalidad del matrimonio entre homosexuales; expresa abiertamente su malestar por la reforma de la Ley del Divorcio... En algún sitio ya denominan a este grupo como la "Segunda Oposición" a Zapatero. ¿Cuál es su visión sobre este tema?
-Ciertamente hay un grupo de vocales que han demostrado una beligerancia sistemática ante cualquier iniciativa ya no sólo gubernamental, sino del propio Parlamento. Me parece que el cambio político que trajeron las últimas elecciones ha sido mal asimilado, y que en el CGPJ todavía se mantienen posiciones exageradas en algunas cuestiones, que podrían matizarse de manera más constructiva.
Desde luego me parece más que razonable que el CGPJ muestre su parecer discrepante cuando considera que hay aspectos mejorables de una norma. Y creo que es bueno que los plazos de mandato de este órgano constitucional propicien la convivencia de sensibilidades diferentes entre poder ejecutivo y CGPJ. Pero también estimo que podrían plantearse las discrepancias de forma menos encendida, más ecuánime y prudente, como caracteriza a la judicatura. La función principal del CGPJ es asegurar la independencia judicial, y en eso no puede haber concesión alguna. Pero que se pretenda torpedear cualquier iniciativa, y que se traslade la impresión de que algunos vocales son un ariete de la oposición, es una actitud rechazable.

-Según su opinión ¿qué le falta a la Justicia de nuestro país? ¿De qué está necesitada?
-El cambio de mentalidad que ha supuesto considerar que en la administración de justicia hay un indudable aspecto de servicio público tiene que terminar de calar en las mentalidades de todos los profesionales del derecho. Nadie discute hoy ese carácter, pero las actitudes han de corresponderse con los hechos. Es decir, hay que colocar al ciudadano como protagonista de la administración de justicia. Para ello me parece que hace falta un auténtico "plan de calidad". En primer lugar para dotar de planta suficiente a las zonas afectadas por una sobrecarga inadmisible, que se concentran en Madrid, el arco mediterráneo y Canarias. Pero en los demás lugares sería preciso mejorar en instalaciones judiciales, atención al público y disminuir la dilación. La reforma de la oficina judicial sigue pendiente, y aunque hay planes para modernizarla, todavía no es una realidad. Hay que unificar la carrera judicial, disminuyendo sus diferencias, cambiar el sistema de enjuiciamiento criminal, haciéndolo más garantista, y continuar el proceso de atribución de competencias a los Tribunales Superiores de Justicia y moderación de las del Tribunal Supremo. Por otro lado, el proceso de transferencias debe terminar, ya que no todas las CC.AA. las tienen, y realizar un esfuerzo presupuestario por el que apostaba el fenecido Pacto de Estado por la Justicia. Por último, algunas de las reformas sugeridas por el Libro Blanco no se han puesto en marcha y hora es ya de acometerlas.

"Queremos que los ciudadanos perciban una justicia amable. Que los jueces sean accesibles, que sus resoluciones sean comprensibles y se dicten con rapidez"

-¿Cuál es el compromiso de la Asociación de Jueces para la Democracia?
-Queremos que los ciudadanos perciban una justicia amable. Que los jueces sean accesibles, que sus resoluciones sean comprensibles y se dicten con rapidez. Que se garantice que tutelaremos los derechos de los ciudadanos frente a cualquier intento de abuso. Nos parece que es posible que los ciudadanos confíen en que la administración de justicia les tutelará con eficacia, que cuando se acuda a un Palacio de Justicia no se vaya con temor, que se pueda pedir una cita con los jueces y te reciban, que la justicia tenga un rostro benévolo.
También creemos que hay que garantizar que la justicia alcanzará a todos, no sólo a los pequeños delincuentes o a quienes tienen menos recursos, sino a quienes amparados por su posición privilegiada, pretenden que el ordenamiento jurídico no les afecte. Y por supuesto garantizar los derechos de los más débiles, de los extranjeros sin papeles, de los desfavorecidos. Una justicia que trate con rigor a quien abusa y con todas las garantías a los ciudadanos. En esa idea hay muchos jueces y creemos que podremos seguir avanzando con el esfuerzo de muchos ciudadanos y de los profesionales del derecho. ∆

 

D. José Antonio Martín Pallín.


"El sistema actual ha llevado a un fracaso y a un desprestigio del poder judicial difícilmente superable en las repúblicas más bananeras del mundo."
 

 Críticas desde dentro

El magistrado de la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo, D. José Antonio Martín Pallín, decidió renunciar a la presidencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y se atrevió a denunciar el "mercadeo" en el CGPJ.

-El procedimiento seguido para la elección de los vocales del CGPJ se hace por cuotas de partido. Usted denunció que los nombramientos de los jueces se negocian en los pasillos. ¿Se trata de un abuso de los políticos? ¿Se trata de una falta de dignidad por parte de los jueces para rechazar ese nombramiento con determinadas "condiciones", como usted llegó a hacer?
-Ese procedimiento es incorrecto por mucho que digan que la elección por los jueces es corporativa y que no está legitimada. Se ha demostrado que la elección por parte de los representantes legitimados de la soberanía popular es todavía peor que la elección por los jueces, porque se ha convertido en un reparto de cuotas y en un reparto de puestos en función de valores que no tienen nada que ver con lo que es la función judicial. El sistema actual ha llevado a un fracaso y a un desprestigio del poder judicial difícilmente superable en las repúblicas más bananeras del mundo.

-¿Cómo tendrían que ser las cosas para garantizar un poder judicial independiente e imparcial?
-En primer lugar es importante que los políticos se crean que tiene que haber un poder independiente e imparcial en el sentido de que comprendo que ellos están revestidos de la legitimación de los votos y nosotros no. Y que nosotros tenemos la facultad de anular algunas resoluciones, algunas leyes y plantear cuestiones de inconstitucionalidad, etc. Pero las reglas del juego son así, están dispuestas en la Constitución y nadie puede renegar de ellas. Creo que es preciso un cambio en la conciencia de los políticos para que vean que es preferible un poder judicial independiente a un poder judicial indiferente o servil. Y por otro lado, serían necesarios y deseables los debates entre los jueces y las elecciones internas, ambas cosas pondrían al descubierto las fragilidades humanas y políticas de muchos candidatos.

"Me parece asombroso que una persona que tiene formación jurídica diga que autorizar o no un matrimonio es una función jurisdiccional. Temo por la seguridad de los ciudadanos en manos de ese juez o esa jueza, porque demuestra una ignorancia inexcusable"

-Un sector del Consejo cuestiona la constitucionalidad de los juzgados de violencia doméstica y el matrimonio entre homosexuales, al tiempo que expresa su malestar por la reforma de la Ley del Divorcio. ¿Cuál es su visión sobre este tema?
-Respecto al primer tema creo que nadie cuestiona la legitimidad de los juzgados, lo que se cuestiona es la diferencia de penas en relación con una bofetada del marido a la mujer o de la mujer al marido. Y eso lo comparto. Además creo que estamos de acuerdo todos los sectores desde una visión puramente técnica. Se trata de un principio de igualdad ante la Ley y por tanto eso habrá que corregirlo. Pero no se cuestionan los juzgados ni tampoco todas las medidas de acompañamiento de la Ley Integral, que me parecen positivas (asistencia social, protección económica, etc.). Con lo único que estoy en desacuerdo es con la desigualdad de penas. En relación con el matrimonio entre homosexuales, sí es un problema político sustancial que afecta a la nación española pues los representantes de la oposición deberían tener el valor de dar el paso adelante y presentar con cincuenta senadores o cincuenta diputados un recurso de inconstitucionalidad. Entonces ya veríamos lo que decía el Tribunal Constitucional. Me parece asombroso que una persona que tiene formación jurídica diga que el autorizar o no un matrimonio es una función jurisdiccional. Temo mucho por su formación jurídica y por la seguridad de los ciudadanos en manos de ese juez o esa jueza porque demuestra una ignorancia inexcusable. Y por otro lado, el que lo haga por otros motivos ¡allá él!... No entro en otras motivaciones y me gustaría pensar que no existen.

-Se refiere usted a ese grupo de jueces que se niegan a aplicar la Ley amparándose en la objeción de conciencia.
-Pues sí, más o menos... Eso es absurdo, ancestral. Hace treinta años que la Dirección General de los Registros es la que tiene la última palabra sobre estos matrimonios y por tanto que ahora se plantee esto me causa asombro, perplejidad y preocupación porque pueda haber intereses no muy dignos debajo de esas posturas.

-¿Y respecto a la reforma de la Ley del Divorcio?
-No lo considero una cuestión crucial.

-¿Cree usted que la sociedad española tiene la justicia que se merece?
-No creo ser el más indicado para decirlo. Eso habría que preguntárselo a la sociedad española. Creo que funciona dentro de los parámetros de la UE y es mucho más aceptable que lo que los catastrofistas e interesados dicen en los medios de comunicación. Pero prefiero que se lo pregunten a la sociedad española.

"Es preciso un cambio en la conciencia de los políticos para que vean que es preferible un poder judicial independiente a un poder judicial indiferente o servil"

-Se acaba de inaugurar el año judicial, ¿cuáles cree que son los asuntos más importantes para este nuevo curso?
-Uf!!! Necesitaríamos mucho tiempo para enumerarlos. Por poner alguno, creo que es necesario reformar el recurso de amparo, que no es una cuestión exclusivamente del poder judicial, sino una decisión política. El recurso de amparo habría que encomendárselo al auténtico poder judicial, que son los Tribunales de justicia. El Tribunal Constitucional no es poder judicial, es otra cosa. Habría que hacer una reestructuración del Tribunal Supremo y también una reestructuración de las competencias de los Tribunales Superiores de Justicia.

-He leído varios artículos de opinión suyos en la prensa. No es frecuente ver las opiniones de jueces en los medios, menos aún las críticas. ¿Se siente obligado a decir lo que piensa?
-Me siento obligado a decir lo que pienso y tengo una norma de inexcusable cumplimiento y es que nunca he emitido una opinión sobre un asunto que dependa de mi decisión. He hablado sobre la eutanasia, reacción ante el 11-S, sobre la dialéctica del terror y la seguridad, sobre problemas incluso de carácter filosófico como la libertad de amar... Hay medios que consideran que mis opiniones son interesantes para sus lectores. Pero repito, nunca opinaré sobre asuntos que dependan de mi decisión.

-¿Y cómo son recibidas las críticas por parte de sus compañeros de judicatura?
-Frecuentemente vienen a mi despacho a apoyarme y felicitarme por mis opiniones. Me imagino que no todos y no en todas las ocasiones. En ningún caso me considero poseedor de la verdad universal. ∆

 

 FUSION OPINA

La justicia debería ocupar el más alto nivel en el edificio que representa al Estado. Un nivel inalcanzable para todos los demás poderes, un nivel que sólo se relacionase con la esencia pura de la Ley y que la administrase con igual pureza.
Pero para ello se necesitaban seres humanos que hubieran trascendido el binomio bien-mal, que fueran insobornables, que hubieran comprendido que los otros poderes buscan su propio beneficio, sin mirar los costes que ello pueda suponer.
Pero los "dioses" de esta sociedad son los políticos, y los políticos no entienden de justicia, sino de política, que es otra cosa. El sistema permite que los políticos sean en muchos casos intocables, salvo alguna excepción, para que se confirme la regla.
Luego está la ley, las leyes. Una sociedad moderna, del siglo XXI, no puede regirse por leyes que no han evolucionado desde su creación, y el origen de algunas, de la mayoría, se pierde en el túnel del tiempo.
Todo ello crea un plato difícil de digerir y, como consecuencia, una falta de credibilidad y de confianza en el ciudadano, que es el fin último, el protagonista directo de la ley.
Pero la verdadera democracia se sustenta sobre una justicia fuerte, inalterable, insobornable y en constante evolución.
Todo lo contrario, que es lo que existe, da pie a una pérdida progresiva de valores, a una desmembración del Estado y, lo que es peor, a una fuente de conflictos permanente.
Pero, como en todo lo demás, lo que falla es el hombre, el ser humano, su integridad moral y, sobre todo, su inteligencia, porque quien utilice la ley para su propio beneficio es un ignorante que se está creando su propia autodestrucción. ∆

   

   
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Última revisión: abril 07, 2011. 
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