con datos en la mano asegura que estos centros financiados con dinero
público "infringen la ley con total descaro" ante la permisibilidad de la
Administración.
-Los colegios concertados están cometiendo un fraude". ¿En qué te basas
para hacer este tipo de afirmaciones?
-La propia Ley Orgánica 8/1985 de 3 de julio que regula el derecho a la
educación dice que la escuela concertada tiene la obligación de impartir
gratuitamente las enseñanzas y establece criterios muy estrictos para cobrar
dinero a los alumnos. El hecho es que a través de diferentes mecanismos como
las cuotas del APA, actividades extraescolares, transporte, etc. se están
cobrando sobreprecio a los padres de alumnos que van a estos centros. De
hecho estudios realizados por varias asociaciones de consumidores, entre
ellas la OCU, demuestran que llevar a un niño a este tipo de centros supone
algo así como un 300% más caro que una escuela pública. Están cobrando y por
tanto están efectuando fraude. Esto en lo relativo al tema económico. Porque
también están cometiendo fraude a la hora de seleccionar a los alumnos. Hay
mecanismos para ello. Es innegable ver dónde se concentran los niños
inmigrantes, marginados, básicamente en la escuela pública (79,7% según
Unicef) o bien en colegios concertados de bajo nivel (20,3%). En una escuela
privada de élite no verás a ningún niño de estas características.
-¿Desde cuándo ocurre esto?
-Desde el principio, en tiempos de Felipe González. Cuando el PSOE
aprobó esta Ley Orgánica lo hizo para no tener que hacer excesivas
inversiones en la escuela pública y sobre todo por un compromiso con la
Iglesia católica. En ningún momento tuvo voluntad política de aplicarla tal
y como está escrita, ni siquiera de aplicar el Concordato tal y como está
escrito. Por un lado va la norma y por otro las distintas administraciones
hacen la vista gorda con la escuela concertada.
-En la Comunidad de Madrid -como en su día denunció un concejal
socialista- se descubrieron casos de padres que llegaron a falsificar su
declaración de la renta, inventar enfermedades de sus hijos e incluso,
falsificar libros de familia para conseguir puntos y poder ser admitidos en
estos centros. ¿Es que no existe ningún mecanismo de control?
-Lo común es eso que comentas, la trampa para conseguir una plaza. En
algunas administraciones autonómicas sí que se están haciendo mecanismos de
control en el sentido de que aparte de presentar la declaración de renta se
autoriza al colegio, en este caso al Consejo Escolar, para que recabe de la
administración la información tributaria que demuestre la veracidad del
documento presentado. Pero en los colegios concertados el Consejo Escolar no
funciona como los públicos, sino que está diseñado para mantener el
status quo del centro. Por eso no se admite a ningún niño que no se
estime oportuno. Tú puedes presentar una queja ante la inspección pero
claro, ¿quién quiere meter a su hijo por la fuerza en un centro? Al final
esto no se hace por temor a represalias. Estos centros cobran dinero de la
Administración Pública, llevan a cabo una política de admisión
segregacionista e inculcan valores poco democráticos.
-Precisamente con esto señalas en uno de tus artículos que existen
colegios de Opus Dei donde separan y diferencian a niños de niñas vulnerando
principios constitucionales y que además reciben dinero público.
-Conozco concretamente uno que se puede consultar por Internet: Colegio
Guadalaviar de Valencia, concertado y femenino. Con la Ley Orgánica de
Educación en la mano no se podría hacer y se hace.
-¿No crees que éste sería un buen momento para que aprovechando la
reivindicación del estado laico, este tema pueda ser revisado y se aplique
la ley?
-Para mí, Francia es un ejemplo. Desde la derecha a la izquierda han
aprobado que la escuela sea única, pública y laica. En España esto es un
poco más complicado porque nuestra Constitución -que fue objeto de muchas
renuncias por parte de la izquierda para llegar a una transición pacífica-,
reconoce el derecho de crear centros docentes como una libertad pública y
como tal exigible ante un juez. Pero fíjate que injusto. Yo me quedo en la
calle sin vivienda y no puedo exigir ni vivienda ni comida ante un juez.
Pero sí puedo exigir el derecho a crear un centro público de educación. Esa
es una de nuestras lacras sociales. ¿Solución? Se tendría que hacer una
mayor inversión en educación, como prometió este gobierno y autorizar la
existencia de centros educativos, pero sin subvención. El que quiera
estudiar en este tipo de centros que lo pague íntegramente. Esta solución
sería perfectamente constitucional.
-Un estudio realizado por la revista Consumer aporta datos y dice que un
colegio concertado le cuesta a un padre tres veces más que un colegio
público, cuando en teoría un 80% suele estar subvencionado por el Estado.
Cobran dinero público y funcionan como centro privado.
-Ahí está el fraude. Con la ley en la mano no deberíamos de subvencionar
ese 80%. El concierto es una opción voluntaria del colegio y si se acogen a
ella deben de respetar y cumplir las normas. El primer paso, antes de
reformar la ley, sería el hacerla cumplir.
-¿Cómo visualizas la escuela del siglo XXI?
-Eso depende de lo que decidamos hacer con la escuela pública. Si la
abandonamos a su suerte o luchamos por ella. Si decidimos luchar, esa
escuela debería de ser pública, plural, obligatoria y laica. Un centro donde
los niños tuviesen una plaza en base a criterios territoriales,
independientemente de cualquier otro criterio. Donde la Religión como tal,
se recibiera fuera de las aulas. Sí se podría estudiar la religión como
filosofía, como parte de la historia del pensamiento pero si las diferentes
confesiones religiosas quieren hacer proselitismo deben hacerlo fuera de las
aulas. Este sería el modelo. ∆