JUNIO 2003
TEMA DEL MES - EL PRECIO DE LA
LIBERTAD DE EXPRESION
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"Cuando un periodista
dice o denuncia una violación de derechos humanos, puede ser
amenazado por cualquiera, bien por grupos insurgentes, por el
narcotráfico, o por los militares"
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Cada vez es más patente que los derechos fundamentales de los
ciudadanos, después de los acontecimientos del 11-S, están siendo
recortados en muchos países en donde la libertad de expresión brilla
por su ausencia. Latinoamérica es un buen ejemplo de ello. Colombia se
lleva la palma.
Juan Carlos Muñoz Lopera es un
defensor de derechos humanos colombiano, investigador del Instituto
Popular de Capacitación de Medellín, quien fue acogido en España por
el "Programa de Protección Temporal de Defensores de Derechos Humanos
en Peligro" de Amnistía Internacional, tras haber sido declarado
objetivo militar por un grupo paramilitar en Colombia.
-¿Cómo ha cambiado la cuestión de las libertades en
Latinoamérica después de lo del 11-S ?
-Hay una preocupación muy grande. Creo que ha cambiado mucho
porque bajo el supuesto del peligro del terrorismo, todos los
gobiernos han tomado medidas y han legislado en relación a esto. Y lo
han hecho para cercenar mucho más las libertades de los civiles, de la
población en general. Dicen mucho las medidas que se han venido
tomando en Bolivia, o en Colombia, cuando se prohíbe la libre
circulación, cuando se prohíbe que se difundan ciertos comunicados en
los medios de comunicación, o cuando hay esas grandes marchas de la
población hacia las cabeceras municipales o hacia la capital, que
muchas veces son reprimidas o negadas. O incluso en la situación, como
la que se presentó el año anterior, con el acompañamiento de algunos
brigadistas internacionales que fueron deportados del país. Eso es muy
preocupante.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha hecho análisis sobre
qué es el terrorismo, planteando una serie de pautas que lo definen,
pero parece ser que a partir del 11-S para muchos gobiernos esta
definición no vale.
Ahora, cada gobierno define y conceptualiza sobre qué es terrorismo,
como justificación a las medidas que se van a tomar en cada uno de los
países. En esas medidas está la criminalización y la satanización que
se hace de los líderes sindicales, de los defensores de los derechos
humanos, de los líderes populares. Y pueden ser condenados fácilmente
bajo un supuesto, sin tener ningún tipo de pruebas.
-Tu situación es un ejemplo vivo de lo que está ocurriendo en
Latinoamérica ¿Qué razones te obligaron a salir de tu país?
-Lo que me hizo salir de Colombia fue mi trabajo de defensa de los
derechos humanos, mi trabajo de investigación sobre las causas del
conflicto, sobre el porqué de los homicidios, de los asesinatos, de las
masacres, de las desapariciones y secuestros. Empezamos a investigar sobre
proyectos de desarrollo en algunas regiones del país y nos encontramos con
que había responsabilidad gubernamental, que había responsabilidad de un
grupo de extrema derecha e incluso responsabilidad de empresas
multinacionales. Cuando iniciamos todo este tipo de investigación empezamos
a ser amenazados los miembros de la ONG con la que yo trabajaba allí.
-¿A qué ONG te refieres?
-Al Instituto Popular de Capacitación, es una ONG de derechos humanos
ubicada en el Departamento de Antioquia, que es una provincia al exterior
del país; allí el conflicto se ha recrudecido de manera alarmante en algunas
zonas, como la del Chocó, la zona del Magdalena Medio e incluso ha llegado a
las ciudades. En estos momentos podría decirse que la ciudad está en manos
de los grupos de extrema derecha, de los grupos paramilitares.
-Si no hubieses decidido abandonar el país hubiera corrido peligro tu
vida...
-Mi situación es un poco complicada. Inicialmente me sacó Amnistía
Internacional en un programa que tienen sobre defensores de derechos humanos
en alto riesgo; después llegaron mi compañera y mi hija, pero el resto de mi
familia está allí. Incluso con algunos problemas. En estos momentos hay una
gran preocupación por la situación de la familia, y el problema está en la
imposibilidad para sacarla pronto del país.
-¿Puede decirse que Colombia hoy es el ejemplo más representativo de
lo que está pasando en Latinoamérica en cuanto a la violación de derechos
humanos y libertad de expresión?
-Sí, e incluso organizaciones de medios de comunicación a nivel
internacional han planteado que es el segundo país en el mundo, después de
Israel, donde es más difícil hacer la labor de periodismo; el tercero es
Afganistán.
Siempre la idea es que, los medios de comunicación deben hacer valer el
derecho a poder decir la verdad, a buscar la información, pero bajo decretos
gubernamentales se les imposibilita que esto sea así, como los definidos por
el Gobierno colombiano para la zona de rehabilitación y consolidación, en
donde el periodista, nacional o extranjero, tiene que solicitar un permiso
con ocho días de antelación para visitar las zonas. Esto coloca la verdad en
entredicho, porque en ocho días se puede maquillar, organizar y saber de una
vez qué es lo que van a buscar en las zonas. La información va a estar
desvirtuada, por tanto, no va a haber posibilidad de que a nivel nacional, o
internacional, se conozca la verdad de lo que pasa en las comunidades en
muchas regiones del país. Cuando un periodista dice o denuncia una violación
de derechos humanos, una masacre, o un acto contra la población civil, bien
sea de grupos armados insurgentes, o de los paramilitares gubernamental,
puede ser amenazado por cualquiera, bien por grupos insurgentes, por el
narcotráfico, o por los militares. Es una situación muy difícil para los
medios de comunicación, o para los periodistas comprometidos con la verdad.
Aunque también nos podemos encontrar con periodistas que simplemente se
dedican a dar la versión oficial y a propagarla. ∆ |
