enito Aláez Corral es
profesor titular de Derecho Constitucional en la Universidad de Oviedo
-¿Goza de buena salud nuestra democracia?
-Sinceramente sí. Nuestra democracia en términos absolutos goza de muy
buena salud. En términos relativos podemos discrepar, porque es muy bueno
ser hipercrítico.
Nuestra democracia posiblemente sea más saludable que otras, como la
colombiana, la mexicana. Es más saludable incluso que la democracia
norteamericana o la italiana.
Nuestro sistema, como consecuencia de haber vivido cuarenta años de
dictadura, pudo recoger las experiencias de otros países y organizar un
organigrama perfeccionable, pero que no contempla vacíos o lagunas. En
nuestro país sería impensable hacer lo que está haciendo Bush sin saltarse
la Constitución. No es imaginable tampoco el grado de corrupción y de
desgobierno democrático que existe en un país como Italia, y eso es por la
propia estructura de gobierno que existe en nuestro país.
-La democracia no es el gobierno de la mayoría, sino el gobierno en el
que se respeta la minoría. ¿Esto es una utopía?
-Tratando de hacer una valoración de conjunto, creo que en general sí
que hay respeto por las minorías, aunque hay casos excepcionales. Un ejemplo
patente a mi modo de ver es la Ley de Partidos. Como profesional del
derecho, que no como ciudadano, no voy a prejuzgar la voluntad del
legislador. Voy incluso a conceder el beneficio de la duda y a pensar que la
intención es realmente tratar de buscar un instrumento para acabar con el
terrorismo. Pero el efecto que producen las disposiciones normativas de la
Ley de Partidos, en particular el elenco de causas de ilegalización de los
partidos políticos, es en ocasiones el de excluir, voy aceptar que
involuntariamente, a las minorías de la garantía de derechos y libertades
que la Constitución le reconoce, en particular del derecho de la libertad de
expresión o del derecho de asociación. Y eso es intolerable.
-¿Qué mecanismos existen en nuestro sistema para corregir esa situación?
-Digamos que la corrección más radical sería que el Tribunal
Constitucional dijese que eso es contrario a la Constitución; o que el
Tribunal Europeo de Derechos Humanos dijese que es contrario al Convenio
Europeo de Derechos Humanos, y por tanto nulo. Esa sería la corrección más
radical. Si esto no funcionase también hay mecanismos correctores en el
propio sistema que pueden tratar de hacer que la falta de respeto a las
minorías sea la mínima posible. Y esto es a través de la interpretación
judicial básicamente, porque los jueces están sometidos a la Constitución, y
pueden y deben aplicar la Constitución en la interpretación de las leyes.
En el caso por ejemplo de la ilegalización de Batasuna, se han presentado
dos demandas: la del gobierno y la de la fiscalía. En cuanto a la primera,
no voy a hacer ninguna valoración sobre quién la hizo, pero demuestra cierto
desconocimiento de los procesos de garantía de los derechos
constitucionales. Por otra parte, la demanda de la fiscalía -seguro que en
la mente de todos está quién es el Fiscal General del Estado- aún siendo
discutible y sin que yo la comparta como profesional del derecho, está a
años luz de la demanda del gobierno. Es mucho más escrupulosa, más
profesional, y menos extensa en esa limitación de los derechos y las
libertades de una minoría, lo que conduce a un mayor respeto de la
Constitución.
-A nivel teórico nuestra Constitución quizás sea avanzada, pero en la
práctica queda mucho por hacer.
-Para que un sistema funcione democráticamente no basta con tener una
Constitución sobre el papel, sino que es necesario que se ponga en práctica.
Si no existe un sistema de justicia gratuita, qué más da que uno sepa que
puede recurrir y exigir, si no tiene los medios para poder hacerlo.
-¿Qué influencia está ejerciendo el gobierno del PP?
-Con la entrada del PP en el poder, creo que la moral y el derecho se
están mezclando y se tiende hacia un pensamiento único. El juez es el que
tiene que distinguir claramente moral y derecho, tanto en beneficio como en
perjuicio del ciudadano. Es decir, el juez tiene que saber cuáles son sus
límites, y que aunque le parezca moralmente muy adecuado no obedecer una ley
que le parece injusta, en un estado democrático la ley hay que obedecerla.
Lo que hay que hacer es tratar de conseguir por otras vías que la ley se
cambie. Hay que actuar sobre los sistemas sociales, y eso no se consigue
meramente con ley y orden, porque aunque son necesarios, no alcanzan
objetivos sociales.
No podemos pedirle al derecho que mezcle moral y derecho en beneficio del
ciudadano. Podemos pedirle que separe moral y derecho allí donde actúa el
poder judicial, es decir en el ámbito del derecho, pero más allá lo único
que podemos hacer es no votar al Partido Popular. ∆
